''Republicanos y liberales'' (2da. Parte)

  Por Gabriel Boragina ©

En la primer parte de este tema nos lamentábamos de lo que denominamos una de las desgracias (aparte de la económica y política) de LLA[1] en Argentina: la de dividir y enfrentar artificiosamente a liberales y republicanos desde el mismo gobierno. Aquí vamos a ahondar un poco más sobre este tópico.

La identificación entre liberalismo y republicanismo no constituye una invención reciente ni una interpretación caprichosa. Por el contrario, representa una de las conclusiones más firmemente asentadas en la historia del pensamiento político moderno. Aunque la tradición republicana posee raíces antiguas que se remontan a la Roma clásica e incluso encuentra importantes antecedentes en Maquiavelo, el republicanismo constitucional contemporáneo —el que caracteriza a las democracias occidentales— no puede comprenderse sin la decisiva influencia del liberalismo. Las instituciones que hoy identificamos como propias de una república constitucional son, en gran medida, el resultado de la evolución del pensamiento liberal desarrollado entre los siglos XVII y XIX.

John Locke fue quien proporcionó los fundamentos filosóficos de esta transformación. Frente a la concepción absolutista del poder, sostuvo que los hombres nacen dotados de derechos naturales anteriores y superiores al Estado: la vida, la libertad y la propiedad. El gobierno no crea esos derechos; existe únicamente para protegerlos. Cuando deja de cumplir esa función o se convierte en su principal amenaza, pierde legitimidad y puede ser sustituido. De Locke deriva la idea central del constitucionalismo liberal: el poder político no es soberano sobre los individuos, sino un mandatario limitado por derechos preexistentes.

Montesquieu dio un paso decisivo al convertir esos principios filosóficos en arquitectura institucional. Comprendió que las libertades individuales no podían quedar libradas a la buena voluntad de los gobernantes, sino que requerían mecanismos permanentes destinados a impedir la concentración del poder. Su teoría de la división de poderes constituye, precisamente, la traducción institucional del principio liberal según el cual ningún órgano estatal debe acumular facultades suficientes para convertirse en arbitrario. El republicanismo moderno encuentra aquí uno de sus pilares fundamentales: la organización constitucional del poder como garantía de la libertad.

La Constitución de los Estados Unidos representa la primera gran realización práctica de esas ideas. James Madison comprendió que la preservación de la libertad exigía no sólo dividir el poder, sino también hacer que cada poder limitara efectivamente a los demás. En El Federalista sostuvo que "si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario", frase que resume toda una concepción liberal de la política: precisamente porque quienes gobiernan son hombres y no seres perfectos, las instituciones deben impedir que el poder se transforme en dominación. El sistema de frenos y contrapesos constituye así una consecuencia directa del principio liberal del gobierno limitado.

Benjamin Constant profundizó esta tradición distinguiendo la libertad de los antiguos de la libertad de los modernos. Mientras en la Antigüedad la libertad consistía principalmente en participar de los asuntos públicos, la sociedad moderna debía garantizar un ámbito de autonomía individual inmune a las decisiones de las mayorías. La finalidad del Estado ya no era conducir moralmente a los ciudadanos sino proteger el espacio dentro del cual cada persona pudiera desarrollar libremente su propio proyecto de vida. Esa concepción reforzó definitivamente el carácter liberal del constitucionalismo republicano.

Alexis de Tocqueville añadió una preocupación complementaria. Observó que las amenazas contra la libertad no provenían únicamente del poder de los gobiernos, sino también del poder de las mayorías. Su célebre advertencia acerca de la "tiranía de la mayoría" puso de manifiesto que incluso los sistemas democráticos podían transformarse en regímenes opresivos si no existían instituciones capaces de limitar el ejercicio del poder político. La república dejaba así de identificarse exclusivamente con el principio mayoritario para convertirse también en un sistema de garantías destinado a proteger los derechos individuales frente al Estado y frente a la propia opinión pública.

En la tradición argentina, Juan Bautista Alberdi recogió directamente esta herencia intelectual. Las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina constituyen probablemente la exposición más acabada del liberalismo constitucional en nuestro país. Alberdi concebía la Constitución como un instrumento destinado a limitar el poder político y asegurar la libertad civil, la propiedad privada, la seguridad jurídica y el desarrollo económico mediante instituciones estables. Para él, la República no era simplemente una forma de gobierno, sino la organización política adecuada para preservar las libertades individuales frente a los abusos del poder.

Ya en el siglo XX, Karl Popper renovó esta tradición al formular una concepción del Estado basada en el control permanente del poder antes que en la búsqueda de gobernantes ideales. La pregunta fundamental de la política, sostenía, no consiste en quién debe gobernar, sino en cómo organizar las instituciones para impedir que quienes gobiernan puedan causar demasiado daño. Su defensa de la sociedad abierta prolonga directamente la tradición liberal iniciada por Locke y consolidada por Montesquieu y Madison: las instituciones republicanas existen precisamente para limitar el poder, garantizar la crítica, permitir la alternancia y proteger la libertad individual.

Desde esta perspectiva, resulta artificial presentar liberalismo y republicanismo como doctrinas rivales. El republicanismo constitucional contemporáneo constituye, en buena medida, la expresión institucional de los principios liberales. El liberalismo aporta la filosofía política: la primacía de la persona, los derechos individuales, el gobierno limitado y la desconfianza frente al poder. El republicanismo aporta las instituciones destinadas a hacer efectivos esos principios: la Constitución, la división de poderes, el control recíproco entre los órganos del Estado, la independencia judicial, la responsabilidad de los funcionarios y el imperio de la ley. Separar ambos conceptos significa desconocer el proceso histórico mediante el cual se edificaron las democracias constitucionales modernas.

Precisamente por ello resulta preocupante que en el debate político contemporáneo se pretenda oponer ambas tradiciones como si fueran incompatibles. Quien defiende seriamente el liberalismo clásico difícilmente pueda dejar de ser republicano, del mismo modo que un republicanismo privado de sus fundamentos liberales termina reduciéndose a un mero conjunto de procedimientos institucionales vacíos, desprovistos de la finalidad para la cual fueron concebidos: la protección efectiva de la libertad individual frente al poder político.

En consecuencia, el denuesto del republicanismo por parte de LLA es una de las imposturas mas lamentables de todas las que va a dejar su desgobierno.

---

[1] Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''.

Un pueblo que no se anima a algo distinto

 Por Gabriel Boragina ©

La tragedia argentina no consiste solamente en haber adoptado malas políticas económicas. Esa es apenas la consecuencia visible de un problema mucho más profundo: la incapacidad colectiva para concebir un orden político diferente del que históricamente los ha gobernado. 

Cada crisis argentina termina alimentando la esperanza de un nuevo gobierno, pero casi nunca la de un nuevo sistema. Cambian los dirigentes, cambian los partidos, cambian los discursos y hasta las consignas, pero permanece inalterada la premisa fundamental: el Estado debe seguir siendo el gran organizador de la vida económica y social. Hasta quienes predican lo contrario como el actual gobierno de LLA[1] siguen en los hechos la misma premisa estatista.

Esta es, quizás, la mayor limitación intelectual de la política argentina. Las discusiones públicas giran alrededor del tamaño del gasto, del nivel de los impuestos, del monto de los subsidios o del precio del dólar. Muy rara vez se discute si el Estado debe ejercer todas esas funciones. Se debate la administración del intervencionismo, pero no el intervencionismo mismo.

El resultado de esa forma de pensar es previsible. Cuando una receta fracasa, no se la abandona; simplemente se la reemplaza por otra variante del mismo principio. El péndulo oscila entre más o menos controles, más o menos regulaciones, más o menos emisión monetaria, pero jamás abandona el supuesto de que la solución debe provenir del poder político.

En esto la Argentina se diferencia de aquellos países que, enfrentados a catástrofes mucho más profundas, comprendieron que reconstruir no significaba reeditar el pasado sino abandonarlo.

El caso paradigmático es la República Federal de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 Alemania era un país devastado. Sus ciudades estaban reducidas a escombros; su aparato productivo destruido; millones de personas desplazadas; una moneda prácticamente inútil y una economía sometida al racionamiento y al control estatal heredado del régimen nazi.

En esas circunstancias apareció el liderazgo político de Konrad Adenauer acompañado por la extraordinaria labor intelectual y técnica de Ludwig Erhard. Ambos comprendieron que la reconstrucción no podía lograrse administrando mejor la escasez sino devolviendo libertad a la producción, al comercio y a la iniciativa privada.

La eliminación de los controles de precios, la estabilidad monetaria y la protección de la propiedad privada fueron medidas profundamente impopulares para buena parte de la burocracia de ocupación y para numerosos economistas de la época. Sin embargo, fueron precisamente esas reformas las que dieron origen al denominado Wirtschaftswunder, el "milagro económico alemán", que en pocos años transformó a una nación derrotada en una de las economías más prósperas del mundo.

No fue un milagro. Fue la consecuencia lógica de sustituir el dirigismo estatal por instituciones compatibles con una sociedad libre.

La experiencia alemana confirmó, en los hechos, aquello que Friedrich A. von Hayek había explicado desde el plano teórico: ninguna autoridad central posee el conocimiento disperso que millones de individuos generan diariamente mediante el mercado. Cuando el Estado reemplaza ese proceso espontáneo por decisiones burocráticas, inevitablemente destruye información, incentivos y riqueza.

Wilhelm Röpke advertía, por su parte, que una economía libre no puede sobrevivir dentro de una cultura permanentemente orientada a reclamar privilegios estatales. La libertad económica exige también una determinada concepción moral de la responsabilidad individual.

Algo semejante ocurrió en Italia durante la posguerra. A pesar de partir de una situación extremadamente precaria, las reformas orientadas a favorecer la inversión privada, la estabilidad monetaria y la apertura comercial permitieron el denominado "milagro económico italiano" entre las décadas de 1950 y 1960.

Décadas más tarde Irlanda protagonizó otra transformación notable. De ser uno de los países más pobres de Europa Occidental pasó a convertirse en uno de los más dinámicos gracias a una política sostenida de disciplina fiscal, baja presión tributaria sobre la inversión, apertura económica y seguridad jurídica. El denominado "Tigre Celta" no fue producto de recursos naturales extraordinarios sino del cambio de instituciones.

Más recientemente, Estonia constituye otro ejemplo elocuente. Tras la desintegración de la Unión Soviética heredó una economía profundamente atrasada. Sin embargo, la adopción de reformas orientadas al mercado, la simplificación tributaria, el respeto por la propiedad privada y una administración pública moderna permitieron convertirla en una de las economías más innovadoras de Europa.

Estos casos poseen una característica común. Ninguno esperó que el crecimiento proviniera de un Estado más poderoso. Todos apostaron a fortalecer la libertad económica y limitar la intervención gubernamental. Es lo que LLA declama, pero no práctica.

La Argentina, en cambio, parece condenada a recorrer siempre el camino inverso. Cada fracaso del intervencionismo sirve de argumento para reclamar todavía más intervención. Cada crisis generada por el exceso de gasto público concluye con pedidos de mayor gasto. Cada inflación provocada por la expansión monetaria termina justificando nuevos controles de precios.

Es un círculo vicioso alimentado por una cultura política que confunde gobierno con sociedad y Estado con nación.

El economista argentino Roberto Cachanosky ha señalado reiteradamente que el problema argentino no consiste únicamente en los errores de política económica sino en la persistencia de un modelo estatista que atraviesa gobiernos de distintos signos políticos. Mientras las reglas básicas sigan descansando sobre la discrecionalidad del poder político, la inseguridad jurídica, la presión tributaria y la permanente expansión del gasto público, el crecimiento sostenible será una excepción y no la norma.

Juan Bautista Alberdi ya había formulado esa misma advertencia más de un siglo antes. En sus Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina sostuvo que la riqueza de las naciones no nace de los decretos ni de los privilegios otorgados por el gobierno, sino de la libertad para producir, comerciar, trabajar e invertir.

Bastiat resumía esa idea con admirable sencillez al recordar que el Estado es la gran ficción mediante la cual todos pretenden vivir a expensas de todos los demás. Cuanto más se expande esa ficción, menor es el espacio para la responsabilidad individual y para la creación genuina de riqueza.

La verdadera discusión argentina, entonces, no consiste en decidir quién administrará el Estado. Esa discusión lleva décadas y los resultados están a la vista.

La cuestión de fondo es otra mucho más incómoda: determinar cuáles son las funciones que el Estado debe abandonar para permitir que la sociedad recupere la libertad de resolver por sí misma aquello que nunca debió ser monopolizado por el poder político.

Mientras esa pregunta permanezca ausente del debate público, la Argentina continuará cambiando de gobiernos sin cambiar de rumbo. Y un país que se limita a repetir las mismas instituciones difícilmente pueda aspirar a resultados distintos. Instituciones que la Constitución Nacional, además, no reconoce.

Las grandes transformaciones históricas comenzaron cuando determinadas sociedades tuvieron el coraje intelectual de abandonar los paradigmas que parecían inmutables. La prosperidad nunca fue consecuencia de administrar mejor el pasado. Siempre fue el fruto de animarse a construir un futuro diferente.

---

[1] Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''.

¿Es compatible la ética liberal con la función pública?

 Por Gabriel Boragina ©

 LLA[1] dice adherir a la teoría libertaria de Murray N. Rothbard. Pero ¿Qué pensaba realmente Murray N. Rothbard de los políticos liberales?  

Rothbard es bastante tajante en este punto: para él, la existencia de políticos “liberales” (en el sentido clásico, defensores de la libertad individual y del mercado) es una contradicción en sí misma. Su razonamiento es que el político, por definición, opera dentro de la estructura estatal, y el Estado es —según su teoría— una institución coercitiva que inevitablemente vulnera derechos de propiedad y libertad.

En La Ética de la Libertad plantea que:

·                     El liberalismo político es inconsistente: un político que dice defender la libertad, pero que ejerce poder estatal, está participando en el mismo mecanismo que genera coerción y corrupción.

·                     Compatibilización aparente: Rothbard reconoce que algunos políticos pueden promover medidas que reduzcan el poder del Estado (por ejemplo, bajar impuestos o eliminar regulaciones). Sin embargo, considera que esto es sólo una estrategia transitoria, no una solución coherente.

·                     El verdadero liberalismo: para él, la única forma de ser plenamente liberal es fuera de la política estatal, en la acción intelectual, cultural o social que erosione la legitimidad del Estado.

En síntesis, Rothbard compatibiliza la existencia de políticos liberales viéndolos como figuras que, en el mejor de los casos, pueden servir para disminuir el daño del Estado, pero nunca como representantes genuinos de la libertad, porque el marco institucional en el que actúan es intrínsecamente contrario a ella.

En La Ética de la Libertad, Rothbard aborda de manera explícita la tensión entre la teoría libertaria y la práctica política. En la Parte V: “Hacia una teoría de la estrategia a favor de la libertad”, dedica un capítulo entero a la “estrategia de la libertad”, donde analiza cómo los defensores del liberalismo pueden actuar en un mundo dominado por el Estado.

Lo que dice allí es muy claro:

·                     El político liberal como figura contradictoria: Rothbard sostiene que, aunque algunos políticos se autodenominan liberales o libertarios, el hecho de participar en el aparato estatal los coloca en una posición incoherente, porque el Estado es, en su visión, una institución intrínsecamente agresiva.

·                     El papel transitorio de los políticos liberales: reconoce que pueden impulsar medidas que reduzcan el poder estatal (por ejemplo, eliminar impuestos o regulaciones). Sin embargo, insiste en que esto es sólo un paso táctico, no una solución definitiva.

·                     La verdadera estrategia libertaria: para él, la acción más coherente es la intelectual y cultural, fuera de la política institucional, erosionando la legitimidad del Estado y difundiendo las ideas de la libertad.

En el capítulo XXIX, Rothbard escribe que incluso cuando un político libertario logra avances, “su acción está limitada por el marco coercitivo en el que opera”, y que la auténtica liberación no puede provenir de dentro del Estado, sino de su deslegitimación y eventual desaparición.

En resumen: Rothbard compatibiliza la existencia de políticos liberales viéndolos como actores útiles en la medida en que reduzcan el poder estatal, pero nunca como representantes genuinos de la libertad, porque el Estado mismo es incompatible con ella.

Citemos sus propias palabras:

Podemos definir al delincuente como el individuo que ataca a una persona o a la propiedad producida por ella. Es delincuente todo aquel que ejerce violencia contra otros individuos o contra sus propiedades: todo aquel que recurre a «medios políticos» coactivos para adquirir bienes y servicios.1 [2]

El único que utiliza medios políticos es el estado-gobierno, organización -para los libertarios- tildada de criminal, por ende, sus miembros son todos criminales o delincuentes.  Un ''político libertario'' es pues una contradicción en términos. Refuerza la idea aquí:

Si, pues, los impuestos son obligatorios, forzosos y coactivos y, por consiguiente, no se distinguen del robo, se sigue que el Estado, que subsiste gracias a ellos, es una organización criminal, mucho más formidable y con mucho mejores resultados que ninguna mafia «privada» de la historia. Y debe tenérsele por criminal no sólo a tenor de la teoría del delito y de los derechos de propiedad expuesta en este libro, sino también a tenor de las concepciones comunes del género humano, que siempre ha considerado que el robo es un delito. Como ya hemos visto, el sociólogo alemán del siglo XIX Franz Oppenheimer describió sucintamente el tema cuando puso de manifiesto que hay dos modos, y sólo dos, de alcanzar riqueza en la sociedad: a) mediante producción y libre intercambio con otros (el método del libre mercado); y b) mediante expropiación por la fuerza de la riqueza producida por otros. Este segundo es el método de la violencia y del robo. El primero beneficia a todos los participantes; el segundo beneficia parasitariamente a la clase o el grupo saqueador a expensas de los saqueados. Oppenheimer denomina tajantemente al primer método de obtención de riqueza «los medios económicos» y al segundo «los medios políticos». Y, dando un paso más, definió brillantemente al Estado como «la organización de los medios políticos».5 [3]

La conclusión es idéntica a la anterior: una organización criminal está compuesto por criminales. Si alguien que se autodenomina libertario forma parte de ella no podrá evitar ser otro delincuente más, que vigoriza la criminalidad de la organización de la que forma parte. Esto aplica tanto al jefe de la pandilla como a sus colaboradores (ministros, secretarios, asesores, voceros, y todos aquellos que dependen de ellos). Quien acepta un cargo público pese a que se llame a si mismo liberal o libertario acepta formar parte de una asociación ilícita, convirtiéndose de inmediato, a partir de la aceptación de su ingreso, en un criminal más de la banda.

El gradualismo en la teoría minusvalúa, en efecto, el objetivo preeminente de la libertad misma; no implica una simple estrategia, sino una oposición al objetivo en sí y, en consecuencia, resulta inadmisible como parte de una estrategia hacia la libertad. La razón es que una vez que se renuncia al abolicionismo inmediato, se admite que se trata de un objetivo de segundo o de tercer rango, en beneficio de otras consideraciones antilibertarias, ahora situadas en un nivel más elevado que la libertad. Supongamos, en efecto, que un abolicionista de la esclavitud declara: «Defiendo el fin de la esclavitud, pero sólo dentro de cinco años.» Esto implicaría que durante un espacio de tres o de cuatro años, y a fortiori de inmediato, la abolición sería mala, y que, por consiguiente, es mejor que la situación se mantenga durante algún tiempo. Pero esto significaría que se han abandonado las reflexiones sobre la justicia y que el objetivo abolicionista (o libertario) ha dejado de ocupar el nivel más elevado en la escala de los valores políticos. Querría decir, en definitiva, que también los libertarios propugnan la prolongación del crimen y de la injusticia. [4]

Aquí Murray N. Rothbard critica a los ''libertarios gradualistas'', lo que considera una contradicción en términos. Según él, o se es libertario o se es gradualista, pero no es posible reunir en una misma persona ambos caracteres.

Ahora bien, comparando estas enseñanzas básicas del líder intelectual (según el gobierno de LLA) en quien dicen inspirarse y guiarse, claramente este gobierno no sólo cumple la descripción de Rothbard como antilibertarios sino de -además- absolutos criminales, en atención a los numerosos hechos de corrupción que se le atribuyen y que son tapa de los diarios de los últimos años.

---

[1] Siglas del partido gobernante en la Argentina ''La libertad avanza''

[2] Murray N. Rothbard. La ética de la libertad. Unión Editorial. Madrid, España ISBN: 84-7209-294-1, pág. 89

 [3] Rothbard, ibidem, pág. 232

[4] Rothbard, ibidem, pág. 350

El tortuoso camino hacia la adultez política

 Por Gabriel Boragina ©

Siempre he comparado a la Argentina como un país adolescente en materia política. Así me lo muestra su historia plagada de proyectos contradictorios, marcados por vacilaciones, avances y retrocesos.

Artífice de su propio destino, hoy se debate entre naturalizar la corrupción y una mala política económica sin decidirse a volcarse por sus opuestos: la honestidad y la bonanza económica.

Sin embargo, ambos fenómenos no son independientes. La corrupción política y el fracaso económico no constituyen males distintos que ocasionalmente coinciden en el tiempo. Son, por el contrario, manifestaciones diferentes de una misma enfermedad institucional.

La corrupción prospera cuando el poder político dispone de amplias facultades para distribuir privilegios, otorgar beneficios discrecionales y transferir recursos de unos sectores a otros. Allí donde el Estado adquiere la capacidad de intervenir en cada aspecto de la vida económica, surge inevitablemente la tentación de utilizar esa facultad en favor de intereses particulares. El empresario deja de concentrar sus esfuerzos en satisfacer consumidores y comienza a orientarlos hacia la conquista de favores gubernamentales. El político, a su vez, descubre que puede construir poder repartiendo privilegios financiados con recursos ajenos. Incluso para favorecerse a sí mismo, como sucede en los casos de Adorni, $LIBRA y la corrupción de Andis donde está implicada la hermana del jefe de estado, entre otros muchos casos de corrupción de este gobierno.

No es casual que las economías más intervenidas sean también aquellas donde florecen los mecanismos de corrupción. La discrecionalidad es el terreno fértil sobre el que crecen el clientelismo, el tráfico de influencias y la captura del Estado por grupos de interés, muchos infiltrados dentro del propio gobierno, o de los que componen los mismos integrantes de ese gobierno.

La Escuela Austríaca de Economía advirtió tempranamente este problema. Para autores como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, el conocimiento necesario para coordinar una economía se encuentra disperso entre millones de individuos y no puede ser reemplazado por las decisiones de un grupo de funcionarios, por más preparados o bien intencionados que sean. Cuando el poder político pretende sustituir al mercado en la asignación de recursos, no sólo genera ineficiencia económica; también concentra facultades cuya utilización arbitraria resulta prácticamente inevitable. Ergo, si hay corrupción inevitablemente es porque hay intervencionismo.

Hayek observó que toda planificación económica exige otorgar a ciertos funcionarios la potestad de decidir quién recibe recursos, quién obtiene autorizaciones, quién accede al crédito y quién queda excluido. Esa concentración de decisiones transforma a la política en una actividad extraordinariamente rentable para quienes buscan privilegios. La consecuencia no es únicamente una economía menos productiva, sino también una estructura institucional más vulnerable a la corrupción.

La experiencia argentina parece confirmar esta advertencia. Durante décadas se consolidó un modelo basado en subsidios, regulaciones, controles de precios, protecciones sectoriales, emisión monetaria y expansión permanente del gasto público. Cada nueva intervención fue presentada como una solución a problemas creados por intervenciones anteriores. Sin embargo, lejos de producir prosperidad, este mecanismo generó inflación, estancamiento, pérdida de competitividad y una creciente dependencia de amplios sectores respecto del Estado.

LLA[1] simplemente cambió los destinatarios de esos beneficios estatales dirigiéndolos a los proprios integrantes del gobierno mismo.

La inflación constituye quizás el ejemplo más claro. Desde la perspectiva austríaca, el aumento sostenido y distorsivo de los precios no es un fenómeno espontáneo ni el resultado de la codicia empresarial. Es la consecuencia de una expansión monetaria destinada a financiar gastos que el Estado no puede afrontar con recursos genuinos. Cuando el poder político recurre sistemáticamente a la emisión para cubrir déficits, termina deteriorando el valor de la moneda y castigando especialmente a quienes menos herramientas poseen para proteger sus ingresos. Lo mismo sucede cuando se miente sobre imaginarios o reales superávits fiscales obtenidos a costa de recortar ingresos en el sector privado de la economía como hace LLA.

La corrupción económica aparece entonces bajo una forma menos visible pero igualmente dañina. No se trata ya del funcionario que recibe una coima o del empresario que obtiene un contrato irregular. Se trata de un sistema que permite transferir riqueza de manera silenciosa mediante la depreciación de la moneda, la manipulación de precios relativos y la distribución arbitraria de beneficios. Peor (como en el caso de LLA) cuando los recursos públicos se reparten entre los mismos miembros del gobierno de manera explícita y desembozada.

La tradición liberal siempre entendió que la honestidad pública no depende exclusivamente de las virtudes morales de los gobernantes. Depende, fundamentalmente, de la existencia de instituciones que limiten el poder. James Madison advertía que si los hombres fueran ángeles no serían necesarios los gobiernos, pero como no lo son, tampoco puede permitirse que quienes gobiernan ejerzan facultades ilimitadas. La libertad económica y el gobierno limitado no son únicamente herramientas para generar riqueza; son también mecanismos para reducir las oportunidades de corrupción.

Por ello, la verdadera discusión argentina no gira únicamente en torno a quién administra el Estado, sino acerca de cuánto poder debe tener ese Estado para intervenir sobre la vida de los ciudadanos. Cuanto mayores son las facultades discrecionales de los gobernantes, mayores son también los incentivos para utilizarlas en beneficio propio o de grupos cercanos al poder.

La madurez política de una nación comienza cuando comprende que la prosperidad no surge de decretos, subsidios ni planes económicos diseñados desde despachos oficiales. Surge del respeto a la propiedad privada, de la estabilidad monetaria, de la seguridad jurídica y de la libertad de millones de individuos para cooperar voluntariamente en el mercado. Esas condiciones no existen en la Argentina de LLA.

La Argentina parece encontrarse nuevamente ante esa encrucijada histórica. Puede continuar transitando el camino conocido de la intervención creciente, la inflación recurrente (aunque se la disfrace con estadísticas manipuladas) y los privilegios políticos, o puede avanzar hacia un orden institucional basado en la responsabilidad individual, la limitación del poder y la libertad económica. En definitiva, debe decidir si desea seguir comportándose como una adolescencia política perpetua o asumir, de una vez por todas, las responsabilidades de la adultez republicana.

---

[1] Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''.

Populismo de derecha y liberalismo: una tensión vital en la Argentina contemporánea

Por Gabriel Boragina ©

''Los populismos de nuestra región -el plural resulta apropiado, dada la diversidad de las experiencias- se caracterizan por sus imprecisiones ideológicas y por su dependencia de liderazgos personales fuertes y determinantes, lo cual los complementa y a veces hasta los hace indistinguibles de otro fenómeno muy característico de América Latina, el caudillismo, más identificado con la historia del siglo XIX. Esto impidió que llegaran a alcanzar el grado de estructuración ideológica de otros movimientos, por lo que la relación líder-masa adquirió un valor fundamental. En ausencia de una línea política clara y precisa el líder se asemejó al caudillo de otros tiempos, llevando al movimiento por las aguas turbulentas de la cambiante política, acercándose a la derecha o a la izquierda según lo aconsejaran las cambiantes circunstancias de la hora.'' [1] 

La caracterización del populismo que hace Carlos Sabino —movimientos dependientes de liderazgos personalistas, de ideologías imprecisas y de una relación líder-masa que reemplaza a una doctrina coherente— resulta especialmente útil para analizar un fenómeno que hoy se manifiesta con fuerza en la Argentina: el populismo de derecha. 

Aunque se lo suela presentar como una ruptura con el viejo populismo clásico o con las vertientes de izquierda, conserva rasgos esenciales del fenómeno originario:

·                     Ambigüedad programática,

·                     Concentración del poder político en un liderazgo carismático,

·                     Tendencia a redefinir la orientación ideológica según la coyuntura,

·                     Relación directa del líder con “el pueblo” sin intermediaciones institucionales.

La novedad reside en el contenido discursivo: ya no se apela a la justicia social o a la redistribución, sino a la lucha contra “la casta”, al orden, a la reducción del Estado y a la moralización de la vida pública. Pero esta novedad no lo convierte en liberal, ni económica ni políticamente. Y aquí radica el punto central.

 

1. Populismo de derecha: una lógica política, no una doctrina

A diferencia de una ideología, el populismo no se explica por un cuerpo conceptual estable sino por un estilo de poder. Siguiendo la descripción de Sabino, el movimiento se estructura alrededor de un líder que reclama la representación exclusiva de un “pueblo auténtico” enfrentado a un “enemigo interno”.

De allí emergen rasgos que también se observan en la Argentina:

·                    Personalización extrema de la autoridad, donde la figura presidencial se coloca por encima de la institucionalidad.

·                    Oscilación doctrinaria, que permite defender simultáneamente políticas contradictorias según la conveniencia del momento.

·                    Concepción plebiscitaria del poder, donde la legitimidad se mide por apoyo emocional más que por resultados o coherencia normativa.

Esta lógica, aunque se revista de retórica meritocrática o antiestatista, no conduce necesariamente a un orden liberal.

 

2. El liberalismo económico: reglas, instituciones y límites

El liberalismo económico se asienta sobre principios claros:

• Mercados libres,
• Propiedad privada,
• Estabilidad monetaria,
• Disciplina fiscal,
• Competencia,
• Reglas previsibles y universales.

Un populismo —de derecha, de izquierda o mixto— puede tomar elementos del programa liberal, como la promesa de reducir el gasto, bajar impuestos o abrir la economía. Pero su lógica estructural es distinta: mientras el liberalismo confía en las reglas impersonales, el populismo confía en el líder; mientras el liberalismo demanda previsibilidad, el populismo se alimenta de la excepcionalidad; mientras el liberalismo requiere instituciones sólidas, el populismo las percibe como estorbos para la voluntad política.

Por eso, un populismo puede predicar el libre mercado y, al mismo tiempo, gobernar con discrecionalidad, redefinir políticas según el clima político, confrontar con actores económicos a través de nombres propios o sostener intervenciones selectivas que contradicen el marco general del mercado.

 

3. El liberalismo político: la verdadera línea divisoria

Si la diferencia con el liberalismo económico ya es importante, respecto del liberalismo político la distancia es aún mayor.

El liberalismo político exige:

• Separación de poderes,
• Republicanismo,
• Estado de derecho,
• Libertades civiles garantizadas,
• Respeto a las minorías,
• Prensa libre,
• Instituciones que limiten el poder.

El populismo de derecha argentino tiende, como el de izquierda, a asumir que el liderazgo popular otorga una legitimidad superior a los controles institucionales. El Congreso, la Justicia, los organismos de control e incluso la prensa son percibidos como obstáculos para la “verdadera voluntad popular”.

El liberalismo, en cambio, parte precisamente del supuesto contrario: que el poder debe ser limitado, controlado y distribuido, porque ninguna mayoría coyuntural puede ser árbitro absoluto de la vida política.

Mientras el populismo ofrece una épica, el liberalismo ofrece procedimientos. Mientras el populismo promete soluciones rápidas, el liberalismo defiende procesos lentos pero estables. Mientras el populismo se orienta a la voluntad del líder, el liberalismo se ordena por la ley.

 

4. Más allá de las etiquetas: por qué es importante distinguir

La confusión entre populismo de derecha y liberalismo no es trivial.

Un país como la Argentina —marcado por crisis cíclicas, por la debilidad de sus instituciones y por la volatilidad de sus políticas— necesita reglas estables, no voluntarismo político.

Es posible que ciertos populismos adopten medidas económicas compatibles con el ideario liberal, pero la ausencia de constancia, la imprevisibilidad y el conflicto permanente con los controles republicanos generan un entorno en el que ninguna política de largo plazo puede sostenerse.

En definitiva, la cita de Sabino permite entender que el populismo, cualquiera sea su orientación nominal, no es un camino hacia el liberalismo, sino una forma alternativa de ejercer el poder. Y cuando el liberalismo se reduce a una estética o a un discurso antiestatista, pero carece de las raíces institucionales y políticas que lo definen, lo que emerge no es un orden libre, sino otra variante del viejo fenómeno: un liderazgo personal que navega, como dice Sabino, “las aguas turbulentas de la cambiante política”, cambiando de rumbo según lo exijan las circunstancias, pero sin abandonar la lógica central del populismo. 

---

[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela. Voz ''Populismo''.

La misión del liberalismo (y por qué Argentina sigue sin cumplirla)

Por Gabriel Boragina ©

La historia de las ideas políticas demuestra que pocas corrientes han sido tan mal interpretadas —y a veces tan injustamente deformadas— como el liberalismo. Nacido para limitar el poder, proteger a las personas frente al abuso estatal y asegurar las condiciones necesarias para la prosperidad, el liberalismo presenta una misión clara y contundente: garantizar la libertad individual como fundamento del orden social. Ese es el hilo que une a John Locke, Adam Smith, Alexis de Tocqueville, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman y tantos otros campeones del pensamiento liberal. Pero también es, paradójicamente, la misión que Argentina ha elegido ignorar sistemáticamente durante décadas.

Locke estableció que la razón de ser del Estado es proteger la vida, la libertad y la propiedad. Sin ese triángulo moral, no hay república que sobreviva ni ciudadanía que prospere. Smith, por su parte, demostró que el progreso económico depende de un marco institucional que permita a cada individuo perseguir sus propios fines en paz, bajo reglas generales y estables. Tocqueville advirtió que las sociedades libres requieren ciudadanos responsables, instituciones vigiladas y un Estado limitado para evitar la “tiranía suave” de los gobiernos que, con el pretexto de cuidar, terminan dominando. Ya en el siglo XX, Mises y Hayek alertaron sobre la deriva fatal del intervencionismo: cuando el Estado se atribuye funciones que exceden la protección de derechos, termina sofocando la iniciativa, distorsionando precios, destruyendo incentivos y, finalmente, minando la libertad misma. Friedman remató la cuestión: cada expansión del poder estatal implica una contracción proporcional de la libertad individual, aunque se la disfrace de “política pública”.

Todas estas ideas convergen en una tesis simple pero profunda: el liberalismo no es un programa económico, sino un programa moral. Su misión es poner al individuo en el centro, no como consumidor ni como engranaje productivo, sino como sujeto soberano de su propia vida.

Argentina: una traición sistemática a la misión liberal

En teoría, Argentina abrazó alguna vez ciertos ideales liberales —aunque siempre de manera incompleta y conflictiva—; en la práctica, los fue abandonando con sorprendente velocidad. Nuestro país eligió caminar por la senda opuesta: estatismo, corporativismo, discrecionalidad, regulaciones asfixiantes, impuestos confiscatorios y una cultura política que ve a la libertad con desconfianza y al Estado como tutor permanente.

La misión liberal exige reglas estables; Argentina ofrece volatilidad normativa.

La misión liberal exige respeto irrestricto por la propiedad; Argentina ofrece inseguridad jurídica y confiscación silenciosa vía inflación e impuestos.

La misión liberal exige gobiernos austeros y limitados; Argentina mantiene un Estado elefantiásico, voraz e ineficiente.

La misión liberal exige igualdad ante la ley; Argentina multiplica privilegios sectoriales, regímenes especiales y excepciones que benefician a unos pocos.

La misión liberal exige libertad de emprender; Argentina castiga al que produce, grava al que arriesga y desalienta al que invierte.

Así, la traición no es sólo institucional o económica: es cultural. El país fue naturalizando la idea de que siempre hace falta un “Estado presente”, aunque ese Estado no logre cumplir eficientemente ni sus funciones más elementales: seguridad, justicia, educación y moneda sana. El resultado es un círculo vicioso que los clásicos liberales describieron con precisión profética: cuanto más falla el Estado, más reclama la sociedad que el Estado intervenga; y cuanto más interviene, más destruye las condiciones para funcionar correctamente.

Los campeones del liberalismo, hoy

Si Locke viviera en Argentina, preguntaría dónde quedó la protección de la propiedad privada frente a la inflación crónica que licúa salarios y ahorros.

Si Smith analizara la maraña impositiva, concluiría que el sistema está diseñado no para incentivar el trabajo, sino para castigar la productividad.

Si Tocqueville examinara nuestras instituciones, advertiría con alarma la proliferación de feudos provinciales, el uso político de los recursos públicos y el estancamiento cívico que surge de la dependencia estatal.

Si Mises y Hayek observaran el entramado de controles, subsidios, regulaciones y distorsiones, lamentarían cómo el intervencionismo destruyó la coordinación espontánea del mercado y la responsabilidad personal.

Si Friedman estudiara nuestro Banco Central, lo citaría como ejemplo perfecto de cómo la discrecionalidad monetaria es una máquina de empobrecer.

La misión liberal como tarea pendiente

Para que la misión del liberalismo se cumpla en Argentina, no basta con reformas técnicas ni con discursos promercado. Hace falta un cambio profundo de valores: recuperar la noción de que la libertad individual no es negociable, que la ley debe ser un límite al poder y no un instrumento al servicio de intereses corporativos, que el progreso es hijo de la responsabilidad y no del asistencialismo, y que la prosperidad depende más de las instituciones que de los gobiernos.

La misión del liberalismo no es gobernar “para el mercado”, sino gobernar para la libertad. Es asegurar un marco donde cada persona pueda elegir, crear, comerciar, asociarse, invertir y proyectar su vida sin miedo a que el poder político cambie las reglas o confisque el fruto de su esfuerzo. Es devolver al ciudadano la dignidad de ser dueño de su destino.

Argentina todavía está lejos de ese ideal. Pero conocer la misión del liberalismo —y entender por qué los grandes pensadores la defendieron con tanta convicción— puede ser el primer paso para reconstruir un país que, alguna vez, creyó en la libertad y, si decide hacerlo, todavía puede recuperarla.