Una bocanada de aire fresco

 

Por Gabriel Boragina ©

En medio de los embates autoritarios del nuevo gobierno argentino paradójicamente autoproclamado ´´liberal’’, esta semana tuvimos lo que se puede decir una verdadera ‘’bocanada de aires fresco’’ para los que creemos en la república y el liberalismo en el que se sostiene.

Nos referimos al favorable rechazo proferido por la cámara de senadores al decreto ley emitido por el poder ejecutivo más conocido como el DNU 70/23 (por sus siglas decreto de necesidad y urgencia).

Ya tuvimos ocasión de decir que el referido decreto solo lo era como su primera locución (es decir, como decreto) pero que no reunía los dos restantes requisitos, puesto que no era (ni es) ni de necesidad, ni de urgencia. Constituye solamente un muestrario del más acerbo autoritarismo antiliberal.

Esto cobra más relevancia cuando se analiza el texto del referido decreto, ya que no solo se da el tupé de derogar leyes en contra de lo prescrito por la Constitución de la Nación Argentina, sino (y quizás lo más grave) en varios de sus artículos el mismo decreto auto atribuye poderes absolutos al propio ejecutivo desconociendo la división de poderes y las competencias propias de los dos restantes: el poder legislativo y el judicial.

En otros términos, el decreto en cuestión resume en sí mismo la suma del poder público que precisamente prohíbe el art. 29 de la Constitución nacional y que la referida norma pretendía desconocer.

Por desgracia, en virtud de la normativa que regula este tipo de decretos el mismo seguirá vigente hasta que no sea expresamente rechazado por la cámara restante, es decir la de diputados.

Pero decimos que, de todos modos, pese a la lamentable realidad que significa la vigencia legal del nefasto decreto, es de valorar la conducta de la cámara de senadores en defensa de la legalidad y de la república frente al atropello perpetrado por el ejecutivo. Resta esperar que la cámara restante siga el ejemplo de sus pares y termine de derogar, de una vez por todas, el deseable intento de asumir actitudes dictatoriales.

Igualmente es sano y da pauta de algún atisbo de republicanismo que una parte del congreso haya dado ejemplo de ejercicio constitucional y, de paso, vuelve a exponer algo que venimos diciendo desde que este gobierno asumió: que podemos advertir que no existe un consenso social liberal que de sustento a este hecho fortuito marcado por una coyuntura muy especial que derivó en que esta gente fuera la elegida.

Frente al desastre vivido, se optó, en el acto electoral, por lo que, equivocadamente, se creyó seria el mal menor. Pero los primeros pasos fueron defraudatorios, los modos altisonantes y desafiantes no cambian y la economía (la base sobre la cual el ahora partido gobernante basó toda su estrategia electoral) no solo no mejora sino que da señales de empeoramiento.

Evidentemente este gobierno pensó y parece que todavía piensa en gobernar solo, ignorando a los restantes actores sociales, que parece advertir únicamente cuando se le oponen, lo que genera en el gobernante una actitud más dura e intransigente en vez de lo opuesto.

El liberalismo es esencialmente diálogo con el otro y desde el otro. Pero desde el momento que el diálogo no es lo que caracteriza a este gobierno, también lo aleja, entonces, en el mismo grado, del liberalismo.

Y esto sin perjuicio de la contradicción, que siempre señalamos, implícita en la locución ‘’gobierno liberal’’ como enseñara el ilustre maestro Ludwig von Mises.

Como liberal me hubiera gustado (y abrigué esa esperanza en vano) que, al poco tempo de dictar su decreto, el gobierno hubiera reflexionado profundamente sobre el error y lo hubiera retirado de la Comisión Bilateral Permanente donde, por mandato constitucional, debe ser sometido antes de su tratamiento por el congreso. Sin embargo, quedé muy defraudado cuando, en lugar de retirarlo de inmediato, no sólo lo mantuvo sino que defendió sus términos los que, como dijimos, son claramente antiliberales.

Es que, como indicamos muchas veces, no se puede imponer el liberalismo por decreto. Esto es algo muy básico, y que, fuera de explicaciones elaboradas, surge por simple lógica terminológica del significado del vocablo liberal, que es un antónimo de la palabra decreto. El decreto es una imposición, y liberal es anti imposición. Y siempre es así, sino estamos mezclando los términos y generando innumerables confusiones.

Un liberal no tiene nada que imponer a los demás y viceversa. Excepto cuando su libertad se ve amenazada por una imposición externa, frente a la cual nace el derecho de resistir. Por eso mismo un ‘’decreto liberal’’ directamente no puede existir. Se trata de un imposible. Pero esto es precisamente lo que este gobierno pretende. He allí la contradicción palmaria.

Pero, a falta de cualidades deliberadas que señalen un camino liberal, sigue siendo síntoma de buena salud ciudadana que los restantes actores sociales le hagan ver al gobierno que no tiene el monopolio de la libertad como parece creer, al punto de pretender imponérsela por la fuerza y por igual, a todos los que no piensan como él.

Como expresamos hace poco, en realidad, lo que nos preocupa verdaderamente es el daño potencial o efectivo que la imagen social del liberalismo sufre con todas estas contradicciones que personajes notoriamente improvisados y sólo catapultados al poder por una imagen televisiva y mediática que los mostraba repetitivamente y hasta el cansancio, llegaron al podio para luego ya tomar posesión del poder, el que solamente creen reservado para ellos y su exclusivo núcleo.

Pero hay otra cuestión que me parece más de fondo. Y es: si eventualmente el gobierno corrigiera el rumbo y comenzara de verdad a poner en práctica los principios del liberalismo, ¿Cómo recuperar la confianza cuando ‘’de movida’’ nomás persiguió sin disimulo obtener la suma del poder público y no dudó de entrada emplear todos los medios para conseguir su objetivo? Porque en este tema, como en tantos otros, sigue siendo cierto que la confianza tarda mucho en ganarse pero bastan apenas segundos para perderla. ¿Cómo volver a creer o empezar a creer? Porque, si la experiencia no nos sirve de nada significa que no hemos aprendido nada.

 

Un rumbo frustrante

 

Por Gabriel Boragina ©

 

Un liberal (entendido el liberalismo en su sentido clásico, esto es como limitación a todo poder) desearía estar viendo pasos liberales en un supuesto gobierno ‘’liberal’’ (como gusta auto etiquetarse el poder ejecutivo argentino).

Pero, por desgracia, no está siendo asi. Transcurre el tiempo, y en vez de ver pasos direccionados en pos de un perfil genuinamente liberal, se observa la insistencia en el rumbo contrario.

Apenas asumido el gobierno promulgó un decreto ley arrogándose poderes absolutos y (no conforme con ello) escasamente días más tarde envió al Congreso Nacional un proyecto de ley donde no sólo ratificaba esos poderes omnímodos sino que pedía que el Congreso le otorgara más por plazos que prácticamente abarcaban todo el de su ''mandato''.

Nada más alejado del liberalismo.

En varias notas, hicimos votos por observar un cambio de actitud y de dirección hacia el extremo opuesto, es decir, no buscar ampliar su órbita de poder sino reducirla para, de ese modo, diferenciarse de los demás gobiernos que procuran incrementarla.

Pero, hasta el momento, la espera es en vano y defraudatoria. No sólo no se ha retirado el decreto ley tristemente conocido como el 70/23 sino que, a pesar de haber fracasado el intento legislativo de aprobar la llamada ‘’ley ómnibus’’ cuyos capítulos fundamentales giran en torno a esos poderes absolutos que pretende el ejecutivo, no se ha abandonado la idea de volver a plantearla para una próxima aprobación.

Capítulo aparte son las miríadas de sentencias judiciales declarando la invalidez o inaplicabilidad del inconstitucional decreto 70/23, las que tristemente no parecen dejarle ningún mensaje ni lección al gobierno, cuyas manifiestas actitudes autoritarias dejan muy deslucido al liberalismo que para colmo insiste en esgrimir.

Paralelamente, las recientes declaraciones del titular de ese ejecutivo en cuanto a que los jubilados son el sector menos afectado por la pobreza y, por lo tanto, sería lógico postergar sus ingresos (palabras más, palabras menos) revelan como mínimo un completo desprendimiento de la realidad. pero no sólo eso sino (lo más grave a nuestro juicio) es el manifiesto desconocimiento exhibido en cuanto a que el sistema de reparto (en el cual está basado la legislación previsional) condena precisamente -y por su propia mecánica- a los jubilados a ser el grupo más afectado por la crisis económica. Es decir, en la infortunada declaración subyace un punto muy importante de torpeza en la materia económica , específicamente en cómo funciona el sistema de reparto.

Esto es muy grave cuando proviene de un economista que reclama para sí mismo el rótulo de ‘’liberal’’ ‘’libertario’’, porque demuestra que no se es ni lo primero ni lo segundo. Y más serio todavía cuando se declara desde un cargo público del máximo nivel ejecutivo.

Pero volviendo a cuestiones que tienen que ver con el liberalismo y su oposición al poder político, es preocupante que el rechazo del poder legislativo tampoco se haya visto como lo que sociológicamente es: una manifestación de la sociedad en contra de lo que ha visualizado como un proyecto hegemónico. Y más triste aun es leer y escuchar que desde el ejecutivo se insistiera en desconocer ese mensaje.

Es que la oposición, en teoría política, no sólo consiste en los partidos que adversan al oficialismo sino en todas las áreas sociales, incluso aquellas que no adscriben a ninguna facción política ni simpatizan con otras.

Hay una oposición extrapartidaria que difícilmente entra en los cálculos de los políticos, incluidos en amplios espacios de la misma opinión pública. Políticamente creen que no cuentan. A veces se los llama la mayoría silenciosa.

En terreno político no caben -opinamos- términos como negociar, porque estos vocablos los creemos aplicables sólo al ámbito del mercado, desde el instante que entendemos que sólo se puede negociar cuando se lo hace con recursos propios, algo que no sucede en el campo político donde siempre se lo ejecuta con y sobre recursos ajenos.

Pero, aun obviando lo anterior, está claro que utilizando el vocablo en el sentido popular, no está en miras del gobierno negociar con esa oposición (oposición en el sentido que la hemos definido antes y no el corriente).

Con todo, hay otra cuestión que ya hemos señalado. Si hay que ‘’negociar’’ es porque existe una filosofía (en este caso la supuestamente liberal) que no se comparte. No hay un consenso liberal. Lo que indica que este gobierno no llegó por conducto de previo consenso liberal social.

Si hay aun amplios grupos sociales a los que todavía hay que convencer de las bondades del liberalismo es porque al minuto de votar no existía esa persuasión. Y en su oportunidad explicamos a cuáles razones atribuimos nosotros el resultado obtenido.

Y si la intención del gobierno fuera realmente negociar, está más que vista su incapacidad real para hacerlo.

Otro aspecto en contra de la fama ‘’liberal’’ del gobierno es la continua incorporación de figuras políticas desgastadas que, en campaña, se censuraron tildándolas como pertenecientes a ‘’la casta’’ (una de las banderas políticas favoritas del partido gobernante).

 Sin embargo, el sucesivo ingreso de esas personas (como el caso de Daniel Scioli o, peor, de ligados al terrorismo como Vaca Narvaja) trasmiten un mensaje distorsionado a la sociedad acerca de cuál es la verdadera ideología del gobierno actual.

Por ahora, el panorama es entre confuso y contradictorio. No obstante, seguimos sin advertir un avance hacia objetivos que realmente puedan llamarse propiamente liberales o siquiera ''libertarios''.

Es cierto que muchos de los proyectos genuinamente liberales chocan en Argentina contra un valladar para nosotros importante como es la Constitución de la Nación, especialmente tras la que hemos denominado ''reforma socialista'' de 1994 (en rigor, más precisamente socialdemócrata).

Pero en ese caso, el gobierno debería sincerarse, admitir que no puede luchar contra ´''los molinos de viento'' y en un gesto heroico y fiel a ideas liberales, abdicar en pos de un gobierno que sociológicamente represente de manera genuina el actual plafón sociocultural populista de centro izquierda para expresarlo en términos vulgares.

Un gesto así permitiría un proceso evolutivo al estilo pensado por Friedrich A. von Hayek y no los actuales embates autoritarios en pos de forzar algo a lo que la evidencia indica que la sociedad argentina no está preparada, y que sólo votó fruto de una indeseada coyuntura donde los candidatos que quedaron para el ballotage configuraban dos males: uno conocido y el otro por conocer, y se eligió el mal a conocer. Hoy estamos conociendo ese mal que elegimos. Y lo mal que elegimos.

Crisis institucional

 

Por Gabriel Boragina ©

 

Días atrás, conversando sobre el resultado de las últimas elecciones en Argentina y de mi preocupación acerca de lo que podría venir, un querido amigo me decía que no era deseable la inestabilidad institucional. Y estuve en completo acuerdo con él.

Sin embargo, yo hace tiempo que creo que la "estabilidad institucional" que existe en la Argentina es meramente formal. Es decir, es una ''institucionalidad escrita'' pero poco ejercida o aparentemente ejercida. Y mi fuente es la historia donde, pese a tener una excelente Constitución desde que fue imaginada por Juan Bautista Alberdi, tanto su letra como su espíritu, fue muy pocas veces respetada y practicada.

Es que, a menudo olvidamos que, después de todo, las instituciones no son más que proyectos, ideas, y quienes elaboran y diseñan esos proyectos e ideas son simplemente personas, seres humanos, como el lector y yo.

Y cada día más me convenzo que hay una fuerte relación entre lo que se llama la calidad institucional y la calidad de esas personas que serán las encargadas del diseño de esas instituciones y de su ejercicio (las que las delinean no suelen ser las mismas personas que ejecutan lo trazado).

Por eso, también creo que hay una relación directa y muy fuerte entre lo que se llama calidad institucional y estabilidad de esas instituciones .

Y en esta línea de razonamientos, estoy convencido que cuanto más baja la calidad de las instituciones al mismo tiempo (o quizás en mayor medida) también cae la estabilidad de ellas.

En otras palabras, no creo que estemos hablando de compartimentos estancos y separables por los cuales podemos hacer abstracción del elemento humano por un lado y la calidad y estabilidad institucional por el otro, porque -insisto- si caemos en un abstraccionismo a ultranza estaremos en peligro de traspasar los limites hacia la utopía.

En el marco de las recientes elecciones, creo que se soslaya (en este tema de la estabilidad/inestabilidad institucional) que varios altos integrantes del partido ganador han hecho declaraciones públicas que, desde muchos sectores, han sido calificadas como una defensa al proceso militar que tuvo lugar en el país entre 1976 y 1983. Si esto fuera verdad, creo que la preocupación por la posibilidad de una inestabilidad institucional no resulta tan disparatada.

Insistimos. No es que deseemos (como pareciera haberse interpretado) esa inestabilidad sino que indagamos como evitarla.

Ahora bien, no hay que confundir -me parece- los mecanismos que la propia Constitución Argentina instituye en su texto para remover a las autoridades que ella misma designa, con una ''inestabilidad institucional''. Porque esos resortes constitucionales aspiran, precisamente, a sortear esa inestabilidad.

Mas si tenemos en cuenta la clásica división que hace la Teoría Política y, particularmente, el Derecho Político entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio en el cargo. De lejos, la primera depende de la segunda, porque si la segunda se pierde, también desaparece la primera. Y la Constitución Argentina así lo entiende.

Y por eso incorpora en su texto el juicio político, la resistencia y la desobediencia civil, ya que si no fuera asi bastaría haber sido simplemente elegido para un cargo para permanecer en él (se lo ejercite como se lo ejercite, bien o mal, y lo único que importaría serían el cumplimiento de los plazos) aunque el gobernante no parare de hacer estropicio sobre estropicio.

Si este fuera el caso, tiranos como Hitler (que fue elegido democráticamente por el voto popular) podrían echar mano a ese argumento en su defensa (esto es sólo un ejemplo. No estamos diciendo que sea lo que ocurre, ni lo que vaya a ocurrir en Argentina. En épocas donde todo lo que se dice se tergiversa y se toma mal o en un sentido que no tiene, vale la aclaración. Y así, por desgracia, vamos de aclaración en aclaración).

Dentro de los mecanismos institucionales está -además del juicio político- expresamente previsto el de resistencia y la desobediencia civil. Enseña el eximio constitucionalista Dr. Gregorio Badeni:

455. EL DERECHO DE RESISTENCIA

El art. 36 de la Constitución, en su cuarto párrafo, reconoce a todos los ciudadanos el derecho de resistencia contra quienes ejecuten los actos de fuerza que interrumpen el orden constitucional. Este derecho debe considerarse extensivo a los actos que realicen quienes usurpen las funciones asignadas a las autoridades nacionales o provinciales por las respectivas leyes fundamentales.

Es un tema opinable y de muy difícil decisión técnico jurídica, si es políticamente conveniente prever y regular el derecho de resistencia en un texto legal. Bien dice Linares Quintana que "el pueblo tiene un derecho natural de resistencia a la opresión y un derecho natural de revolución; ninguno de los cuales puede ni debe ser encasillado jurídicamente; ya que existen no en virtud de la Constitución sino a pesar y al margen de ella, como facultades inherentes e Inalienables del ser humano, derivadas de su libertad natural. Quienes lo ejercen, son responsables ante Dios y ante la historia por las consecuencias buenas o malas que puedan acarrear" (1476). SEGUNDO V. LINARES QUINTANA, Derecho Constitucional. Instituciones Políticas, t. II, p. 473, ob, cit.

El sistema democrático constitucional presupone su continuidad, de instituciones estables y de un gobierno que acate fielmente los preceptos de la Ley Fundamental. Sin embargo, la perversión de un gobierno constitucional o la destitución ilegal de las autoridades legítimamente constituidas, son fenómenos políticos que se producen en todas partes del mundo y con lamentable frecuencia cuando no están consolidados los valores personalistas de un sistema democrático.

En tales casos, con similar asiduidad, también se observa cómo los gobiernos inconstitucionales, ya sea por la forma en que ejercen el poder o por la forma en que accedieron a ese poder, son destituidos por la violencia mediante la reacción espontánea u organizada de un pueblo.

El derecho de resistencia se ejerce tanto frente a un gobierno inconstitucional como ante un gobierno despótico. En ambos casos, es un derecho natural y subjetivo, individual y social, por el cual se niega obediencia al detentador del poder y se procura derrocarlo mediante el empleo de la fuerza. En presencia de un gobierno que se aparta de la ley, o de los fines enunciados por ella, los gobernados también se apartan de las normas legales que regulan la sucesión gubernamental procurando restablecer el orden constitucional alterado.

Si bien el art. 36 se limita a enunciar el "derecho de resistencia" asignando su titularidad a todos y cada uno de los ciudadanos, entendemos por las razones apuntadas anteriormente que se trata del ''derecho de resistencia a la opresión". Como, destaca Romero Carranza "Para defender su libertad y dignidad, tanto los ciudadanos en forma particular como los pueblos en forma colectiva, poseen el derecho natural y subjetivo de no acatar las leyes ni las sentencias evidentemente injustas del Estado a que pertenecen, y de levantarse en armas contra el régimen gubernamental y los gobernantes que los oprimen, poseyendo, según algunos juristas, hasta el derecho de matar al tirano que pretende esclavizarlos" (1477). AMBROSIO ROMERO CARRANZA, Derecho de resistencia a la opresión, p. 17. Ed. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires 1967. [1]

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[1] Badeni, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II- 2ª Edición Actualizada. Ampliada - 2a M. - Buenos Aires- La Ley, ISBN 987-03-0947-X (Tomo II)-ISBN 987-03-0945-3 (Obra Completa). Págs. 1341 y 1342.