No es un irresponsable

Por Gabriel Boragina ©

 

Existe una tendencia muy marcada en tratar de desvincular los actos de gobierno entre los que se llevan a cabo -por un lado- por el jefe de estado y -por el otro- por sus ministros, cargando sobre las espaldas de esos últimos todas las malas políticas de la gestión y, de tal manera, justificar o exonerar de toda culpa por ella al primero de los mencionados.

Esta tendencia implica desconocer que, al menos en el caso argentino, existe una cláusula constitucional como el artículo 103 que textualmente dice lo siguiente :

Artículo 103.- Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.

El texto es clarísimo y no dejar lugar a duda alguna. El titular del ejecutivo es el primer y el ultimo responsable de cada una de las cosas que dicen y hacen sus ministros, y no puede desentenderse de ellas, como asi tampoco delegar en ellos funciones u obligaciones que posteriormente pueda desconocer en caso de fracasar. No hay escapatoria. Por mucho que se esfuercen quienes quieran excusarlo y echarle las culpas de sus errores, ignorancias y desaciertos a sus ministros, siempre será el último ejecutor, tanto de un buen como un deficiente encargo de sus colaboradores.

Al respecto, comenta el autorizado tratadista y constitucionalista Dr. Badeni :

Los ministros, si bien forman parte del órgano ejecutivo, no lo ejercen ni son sus titulares. El acto de refrendar o de legalizar al cual alude el art. 100, reiterando disposiciones similares contenidas en el Estatuto de 1815 (art. 5o del cap. II) y en el Estatuto de 1817 (art. 33), no equivale al ejercicio del Poder Ejecutivo sino a su control velando para que él no se aparte de la Constitución en un todo de acuerdo con los principios que configuran al sistema republicano de gobierno.

El Presidente es el único titular del Poder Ejecutivo y es el único que puede ejercer la función ejecutiva del gobierno. Bajo su dependencia, los ministros integran el órgano ejecutivo con el carácter de colaboradores dotados de jerarquía constitucional. Sus funciones son las de colaborar, y es recaudo republicano el que estén dotados de la suficiente independencia de espíritu para controlar la actuación del Presidente negándose a participar en la ejecución de aquellos actos que se oponen al texto de la Constitución o al interés de la Nación.[1]

Cabe acotar por nuestra parte a esta excelente cita que, ni el titular del ejecutivo ni sus ministros observan la Constitución de la Nación Argentina.

Las resoluciones de los mismos, a las que alude el articulo citado, se refieren tanto a lo que resuelven comunicar como a lo que determinan hacer, es decir, tanto a sus dichos como a sus hechos. Máxime cuando resuelven hacer declaraciones públicas en los medios, o bien privadas sabiendo que pueden trascender a tales medios más tarde o más temprano. Nadie, en el ámbito del gobierno, puede válidamente (sin violar la Constitución de la Nación) alegar que uno desconocía lo que pensaba el otro (como tan a menudo se suele escuchar en ese tan típico argentinismo por el cual ''la causa de lo malo siempre es del otro, y de lo bueno siempre es de uno'').

Sabia ha sido la Constitución (como diría el ilustre Alberdi) en incluir dicha cláusula en su articulado, pese a lo cual se la ignora cada vez que la ocasión así lo presenta a los que gobiernan.

El caso se aplica al actual poder ejecutivo argentino, donde sus visibles y notorios errores en política económica pretenden hacerse recaer exclusivamente sobre las espaldas del ministro de economía, como si su jefe inmediato no tuviera nada que ver y este fuera una víctima de aquel. Pero el truco es en vano. La obligación es indelegable, como lo indica taxativamente el art. 103 constitucional.

Bien visto, la norma es lógica, por cuanto si se piensa que los ministros no se eligen ni se designan a sí mismos en tales cargos, y se supone que sus nombramientos lo son porque se los considera verdaderos expertos en cada una de sus áreas, no puede menos que recaer la responsabilidad absoluta de sus nombramientos en aquel quien cometió el error de elegir a las personas equivocadas para que lo asistan en la función de gobernar. Demuestra así su más absoluta incompetencia e inepcia en la selección de sus colaboradores.

Y si estos cometen errores (ya sean leves o graves) los mismos son también incumplimientos de aquel que conociéndolos, igualmente y a pesar de ello, los avaló de todos modos en lugar de impedirlos, teniendo, en ambos casos, el más absoluto poder para hacerlo. Si, por el contrario, la tarea de todos fuera exitosa valdría, desde luego, el mismo principio. Pero no se trata del caso argentino este último.

Mal síntoma es una alta rotación de ministros, tanto, como la equivalente a la permanencia inmutable de aquellos mismos que no hacen más que incurrir en torpezas (sean anuales, mensuales, semanales o diarias). Uno y otro síntoma no hacen más que exhibir que, quien tiene a su cargo la decisión última de designarlos o removerlos es tan o más incapaz que las personas que nombra o echa. Y es esto lo que en lenguaje legal nos está diciendo el art. 103 de la Constitución Argentina.

Naturalmente, ni los distinguidos Constituyentes que redactaron nuestra Magna Carta, ni los tratadistas más eminentes del Derecho Constitucional (como el que hemos citado arriba) podían imaginar que mamarrachos tan impresentables como los actuales gobernantes terminarían en los altos cargos que -aquellos- pensaban estarían reservados, por lo menos, a personas que demostraran un mínimo de idoneidad.

Con todo, el propósito de estas líneas es despejar ese mito de que los únicos culpables de las defectuosas gestiones gubernamentales son los ministros y no quien los nomina. Siendo que es justamente al revés.

Lo que debería existir en la Constitución (y que correspondería ser de mayor flexibilidad que lo es actualmente) sería un mecanismo para poder remover al verdadero autor de preferir ministros incompetentes, lo que debiera proceder de una lectura correcta del fenómeno que tratamos, porque la equivocada elección proviene del que elige, y no del elegido o -en todo caso- los actos del nominado son desacertados porque quien lo seleccionó no fue capaz de contar con los conocimientos mínimos para poder evaluar si sus colaboradores iban (o no estar) a la altura de las circunstancias.

Si fuera cierto (como se comenta) que, en realidad, los actuales ministros que tiene el ejecutivo no fueron seleccionados por su causante sino que fueron impuestos por otros partidos supuestamente ''aliados'' simplemente para facilitarle la tarea de gobernar, la situación, de ser cierta, no podría ser peor. Porque la lectura de esto es que el ''ganador'' no sería en este caso más que un pelele o marioneta a las órdenes del resto de sus aliados, y su ''poder'' es meramente aparente, un fantoche, por estar condicionados a lo que otros políticos le indiquen o marquen el paso. Políticos a los que se ha denostado en campaña, llamándolos despectivamente como miembros de una ''casta'', a la cual tuvo que finalmente subordinarse para poder ‘’gobernar’’.

El aceptar tales imposiciones extrañas de gente a la que se ha despreciado en la campaña, y a la que se ha prometido erradicar de la política, para luego, contrariamente, incorporar a esa misma gente entre sus cuadros gubernamentales, habla de la más completa carencia de ideas, ideales, principios, respeto a si mismo y de dignidad de ningún tipo.

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[1] Badeni, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II- 2ª Edición Actualizada. Ampliada - 2a M. - Buenos Aires- La Ley, ISBN 987-03-0947-X (Tomo II)-ISBN 987-03-0945-3 (Obra Completa) Pág. 1684.

La lucha contra la inflación

 

Por Gabriel Boragina ©

 

En una publicación extranjera supuestamente ''liberal'', leí que el gobierno argentino esta ''luchando contra la inflación''.

Me llamó mucho la atención el título, habida cuenta de que hay consenso dentro del liberalismo que la inflación consiste en un fenómeno puramente monetario, que encuentra su origen precisamente en el seno del mismo gobierno, ya sea emitiendo moneda o permitiendo que otros lo hagan (a la primera se le llama producción primaria de dinero, y a la segunda, producción secundaria) sin contar, en ambos casos, con un respaldo equivalente, ya sea en bienes o servicios. Algunos autores la designan exógena al mercado para diferenciarla de la endógena que, por definición, sería aquella que no se encuentra regulada, ni autorizada por el gobierno.

Siendo que, en el caso argentino, nunca existió ninguna emisión monetaria por causas endógenas al mercado sino que siempre lo fue por las exógenas, de todo ello deriva que lo único que necesita el gobierno para acabar con el flagelo de la inflación es simplemente dejar de emitir dinero y eliminar la obligación de los bancos de mantener encajes, es decir, operar dentro de un sistema de reserva fraccional que no fuera fruto de un pacto expreso de los bancos con cada uno de sus depositantes.

Siendo el anterior un postulado esencial para la existencia de cualquier economía que se llame de mercado. no puede entenderse, entonces, cual sería esa ''lucha'' que se dice estar sosteniendo o que debe librar el gobierno argentino para suprimir la inflación, dado que -como se ha explicado- no depende más que de una decisión puramente política o, como decía el afamado Leonard Reed, se trata nada más que de ''apretar un botón'‘ o en el caso de la inflación, mejor dicho, desapretarlo para que las imprentas del banco central dejen de emitir dinero y. por el lado bancario, derogar la obligación de conservar encajes mínimos forzosos dejándolos a la libre voluntad de las partes contratantes, es decir, los propios bancos y sus clientes.

Si el gobierno argentino desconoce todo esto, mal puede autodenominarse ''liberal/libertario'' como lo hace sin parar.

Los que hacen de ''la lucha contra la inflación'' su bandera son precisamente los gobiernos antiliberales, que encuentran orígenes muy distintos a los señalados anteriormente, y opinan que la causa de la inflación no es monetaria sino extra monetaria, atribuyendo a las especulaciones que hacen los particulares, empresarios y comerciantes, confabulados o por separado, de quienes se dice que ''manipulan'' los precios en una constante puja por subirlos y, de esa suerte, provocan el fenómeno inflacionario.

Este discurso, aunque falso desde la óptica de la Escuela Austríaca de Economía, al menos tiene su coherencia interna, en el sentido de que, si eventualmente fuera cierto, cabría entonces pues sí, darles batalla a esos imaginarios seres ''malvados'' tachados de especuladores.

Pero no deja de ser extraño (y muy sospechoso) que un autoproclamado gobierno ''liberal/tario'' sustente el mismo pseudoargumento que, desde siempre, defendió a capa y espada la izquierda y derecha socialista para explicar las causas y orígenes de la inflación.

Y no menos curioso es que, siguiendo ese mismo ''razonamiento'' falaz, también tengan que coincidir con los socialistas sobre los ''remedios adecuados'' para armarse en esa lucha contra el imaginario dragón inflacionario.

Las recientes declaraciones del ministro de economía, Caputo, agregan más confusión sobre la ya existente en cuanto al plan económico del gobierno. En menos de una semana pasó de defender la expansión de la base monetaria (incluso señalando que era un objetivo del gobierno) para, como decimos, una semana después, condenarla enfáticamente.

Si bien algunos autores hablan de la base monetaria como si fuera un sinónimo de la oferta monetaria, lo cierto es que, es sobre la base monetaria que se calcula la oferta. Por ejemplo, el profesor Sabino en su Diccionario la define así:

base monetaria. Término empleado para designar a los activos sobre los cuales, a través del multiplicador monetario, se determina la oferta monetaria total. Ellos corresponden a las reservas internacionales netas, los activos internos y el financiamiento que dan los bancos centrales al gobierno; a ellos hay que restarles los pasivos no monetarios y el capital pagado y reservas del banco central. (V. MULTIPLICADOR; OFERTA MONETARIA)[1].

De acuerdo a esta definición, lo relevante no es la base sino la oferta, lo que revela el grado de confusión del gobierno, y lo poco claro en cuanto al objetivo que, en todo caso, dista de cualquier proyecto ''liberal/tario''.

La base monetaria sólo adquiere importancia cuando se amplía su concepto y se lo extiende a toda la gama de bienes y servicios existentes en una economía determinada. Entendida de esta manera, una economía es sana cuando la oferta monetaria nunca excede dicha base. Lo que no es el caso de la Argentina.

Pero usualmente, y tal como parecen las declaraciones del ministro Caputo, por base monetaria sólo se entienden las reservas que el banco central tiene en su poder o, como mucho, en su activo. Este concepto estrecho y limitado de la base, además de errado, es peligroso, porque estimula a los directores burócratas de la economía a ampliar la oferta generando inflación. Es decir, lo contrario a lo que declaman demagógicamente. 

En definitiva, no se ve que requiera ''lucha'' alguna, más que la decisión política de reducir la oferta monetaria a cero, con independencia de cuál sea la base monetaria, para terminar con la inflación. Si no se lo hace así (y no se lo hace) es que no se tiene idea del tema o bien, teniéndola, se quiere ejecutar la típica política económica que se viene llevando a cabo en la Argentina durante decenios. O sea, combatir la inflación en sus efectos y no en sus causas.

Y como liberales esto nos preocupa. Y más aún cuando publicaciones supuestamente ''liberales'' como la mencionada al principio, se hacen eco de expresiones antiliberales como las de la ''lucha contra la inflación'' que supone desconocer el origen real del flagelo.

No es el único error que comete el gobierno, ya que tampoco demuestra tener en claro la diferencia entre el índice de precios y la emisión monetaria, creyendo erradamente que ambos son sinónimos, o que expresan valores análogos.

En resumen, la cuestión se enmarca dentro del caos que deja traslucir el elenco gobernante, fruto de su heterogénea composición, de ideologías contradictorias, donde predominan figuras de conocida militancia populista fuera de las filas del liberalismo político y completamente alejadas del académico (inclusive del de izquierda).

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[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela.

Los males de la deflación

 

Por Gabriel Boragina ©

 

El gobierno argentino predica como ‘’logro’’ estar obteniendo índices de inflación cada vez más bajos.

Pese a que. frente a la realidad mercantil del día a día. esto no parece percibirse, hay que agregar que, ni la inflación, ni la deflación son políticas o recomendaciones liberales, sin embargo, este gobierno dice serlo.

Corrientemente, se sostiene (incluso por renombrados economistas) que la inflación es el aumento generalizado del nivel de precios, y por deflación se entiende precisamente lo contrario, su reverso.

Ambas definiciones, pese a su enorme popularidad, son erróneas.

La inflación es, en realidad, la emisión monetaria por causas exógenas al mercado. Se divide en creación primaria de dinero y secundaria. Congruentemente, la deflación es su contraria, la contracción monetaria debido a las mismas causas.

Exógenas al mercado implica, lógicamente, que no se trata de un fenómeno mercantil sino gubernamental, incluso si el emisor es privado cuando este está a las órdenes o bajo la órbita de algún ente estatal (bancos o financieras oficiales o con respaldo o autorización oficial).

El efecto o consecuencia de la inflación no es la suba generalizada del nivel de precios como se cree, sino la distorsión de los precios relativos, lo que significa que no todos los precios suben, ni en la misma proporción, ni a igual velocidad.

Su consecuencia más inmediata y visible es la depreciación del signo monetario que afectará de diferente manera a deudores y acreedores de sumas de dinero, beneficiando a los primeros y perjudicando a los segundos. Lo que será más intenso cuanto mayor sea la inflación.

Los resultados de la deflación serán exactamente los inversos. Es decir, significa que la dislocación de esos precios relativos será la misma (en cuanto a distorsión), pero en la dirección opuesta a los de la inflación.

Por ejemplo, si en un contexto inflacionario el precio del artículo A subió 8 veces en relación al precio del artículo B, en un contexto deflacionario ese precio (A) puede bajar 8 (o más) veces en relación a B. Gráficamente :

 

ARTICULO	A	B
PRECIO	10	10
INFLACIÓN	80	50
DEFLACIÓN	10	20

 

Como las afectaciones de precios no son homogéneas, en el ejemplo suponemos que en un marco inflacionario, A subió de precio 8 veces y B 5.

El cuadro intenta mostrar cómo opera la desfiguración de precios. Cuando regia el precio de mercado, los artículos A y B tenían el mismo precio ($ 10). Desatada la inflación, A pasó a costar 80, lo que significa que resulta más caro que B, con lo que (tratándose de una misma utilidad para el comprador) será preferible (en igualdad de condiciones) comprar B y no A. Podría ser el caso de dos marcas de galletitas, zapatillas, camisas, etc.

En el cuarto renglón tenemos un imaginario contexto de deflación, en el cual el precio de A cae a 10 en tanto el de B se reduce a 20. Aquí la situación se revierte. Ya no será conveniente comprar la marca B sino que será provechoso adquirir la A. es decir, el escenario inverso al del renglón 3 (inflación).

Lo que procuramos demostrar, es que tanto el precio de inflación como el de deflación no son precios de mercado sino que son precios políticos, porque no se debe perder de vista que inflación y deflación responden a manejos gubernamentales. No se tratan de decisiones de la gente sino del burócrata de turno (o de un conjunto de ellos).

Entonces, no veo motivos de alegrarse con la propaganda del actual gobierno argentino, ni razones de alborozo acerca de un supuesto contexto deflacionario.

En realidad, lo que se observa en el mercado local es una deformación cada vez mayor de precios, porque si inflación y deflación se combinan en sucesivas expansiones y contracciones de moneda (u otras de las numerosas manipulaciones gubernamentales) las distensiones se conciertan y se potencian, lo que implica alejarse, a una velocidad cada vez mayor, de cualquier tipo de precio de mercado.

Estas alteraciones inflacionarias y deflacionarias son dirigidas y manipuladas por el poder central, y llevadas a cabo por el banco central, que sólo puede operar en tres direcciones posibles: 1) expandir la oferta monetaria, 2) mantenerla constante, o 3) contraerla.

En ninguno de los tres casos la acción que tome el banco central obedece a las directivas del mercado sino a las de sus burócratas, y estos no tienen forma de saber qué es lo que realmente haría la gente en su lugar, ni por cuál de las tres opciones se inclinaría, excepto que el banco central se abstuviera de intervenir, con lo cual su existencia misma dejaría de tener razón de ser.

Es que el mercado, como enseñó el premio Nobel de economía, Friedrich A. von Hayek, es un orden espontaneo, que no puede ser dirigido por ningún burócrata, ni siquiera por el más ‘’sabio’’ (que tampoco habría forma de saber quién y por qué se lo debería considerar ‘’sabio’’. Esa supuesta ‘’sabiduría’’ siempre será un juicio de valor, y como tal, enteramente subjetivo).

El objetivo deflacionario del gobierno es una completa torpeza o una enorme ignorancia (o consecuencia de ambos factores) de los principios básicos de la economía, si es que se cree que con deflación se estaría ''liberando'' el mercado. Es como esos ilusos que arguyen que la solución a la inflación ''de costos'' es la deflación ''de costos''. Directamente desconocen la teoría del valor de la Escuela Austriaca de la Economía.

Entonces, estos verdaderos ingenieros sociales del actual gobierno argentino, que gustan posar ante las cámaras de ''liberales'' o ''libertarios'' bien harían en ponerse a estudiar los verdaderos fundamentos de la economía liberal y dejar de fingir ser lo que realmente no son.