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Los hombres y las ideas

 


Por Gabriel Boragina ©

Muchas ideas caen en desprestigio cuando su práctica demuestra que no cumplen con los propósitos en que se basan. Es lo que ha ocurrido repetidamente con el marxismo. Diferentes personajes han intentado poner en ejercicio real sus postulados, tanto hombres bienintencionados como sus contrarios y, sin embargo, pese a las mejores intenciones, los resultados siempre han sido -más tarde o más temprano- negativos.

En otros casos, como el argentino del momento, se pregonan las ideas de una doctrina a la que se señala "adherir" y estar ejecutando, pero, sin embargo cuando se analizan los pasos dados, y los que se anuncian que se van a dar, puede advertirse que los mismos son opuestos o incompatibles (parcial o totalmente) con la teoría que se expresa defender y "estarse aplicando".

 Esto produce un doble descrédito. Por un lado, se desacredita la persona concreta que dice una cosa pero ejecuta su opuesto u otra distinta y, por el otro, se denigra ese sistema que el mismo sujeto indica que está llevando a cabo "fielmente".

Ahora bien, como explicamos tantas veces, el liberalismo es el único ideario que beneficia sin excepción a todo el mundo. Cualquier otro sistema diferente a él siempre producirá ganadores y perdedores, si bien en distintas proporciones.

Naturalmente, los que pertenezcan al bando de los beneficiados estarán muy contentos y felices con las políticas que los eleven económicamente y, por consiguiente, apoyarán al líder que explica que, gracias a esas políticas y la escuela que subyace en ellas, esos beneficiados lo son.

Por el contrario, los que se vieron perjudicados tenderán a condenar, tanto a ese líder como a sus políticas aplicadas y, por carácter transitivo, a la disciplina sobre la base de la cual se proclamó que se adoptaron las medidas en cuestión.

Esta consecuencia no permite diferenciar un intervencionismo de otro, ya sea que se intervenga en nombres de la izquierda o en el de la derecha. Por eso, L. v. Mises acertó en distinguir claramente el intervencionismo de cualquier signo con su único opuesto, el liberalismo o capitalismo como también dijo

Y lo que hay hoy en la Argentina es sólo eso, un intervencionismo de derecha, pero con notorios rasgos de fuerte populismo por la presencia de un "líder" único a quien hay que seguir y acordar con él, so pena de lo peor.

Dado que ese "líder" exterioriza "levantar las banderas del liberalismo", esto produce, sin duda, un enorme daño, no sólo a los que no discuten, ni controvierten (por ignorancia, temor o por deliberada complicidad) ese falso discurso, sino que perjudica de manera mucho más gravosa al ideario liberal en sí mismo, que queda, de ese modo, completamente estigmatizado delante de la sociedad.

Esta lamentable secuela radica en confundir al hombre con sus ideas y creer que se tratan de una sola y misma cosa. Lo que lleva a otro error mayúsculo: interpretar cualquier conducta de esa persona como ramificación de las ideas que predica pero no practica.

Un paralelo famoso, y muy conocido de lo dicho, es el caso de la secta de los fariseos en el tiempo de Jesucristo, cuyo comportamiento mereció su fuerte y frecuente condena. Tergiversaban no sólo la letra de la ley sino que, en sus propias acciones, no se conducían conforme a la misma, excepto en sus aspectos menores y puramente exteriores, aparentando estar "cumpliendo" con lo que, en el fondo, no creían.

Salvando las distancias de tiempo y materia, lo mismo es aplicable a cualquier teoría y, por supuesto, no escapa a esta regla el liberalismo del que tratamos.

Lo que nos preocupa no es el deslustre personal de los transitorios protagonistas (pasados, presentes o fututos) de tal farsa (sea consciente o inconsciente esta última). Lo realmente lamentable son las consecuencias sociales, tanto en su aspecto material como intelectual.

Ello, dado que una teoría a la cual se le atribuyen efectos que, a la postre, se demuestran como malsanos no permitirá en el futuro su reproducción por parte de gente que la conozca al detalle, la domine, comprenda y la aplique de la manera correcta con el intento y el efecto de verificar sus excelentes derivaciones.

Como tantas veces referimos, en Argentina es la segunda vez que está aconteciendo lo mismo. La primera sucedió durante el gobierno de Carlos Menem que, alegando estar aplicando lo que le gustó en llamar una "economía popular mercado" (que –además- contó con el apoyo de ciertos liberales de renombre) pero cuya implementación se combinó con el tradicional intervencionismo económico, produjo los efectos previstos por los economistas austriacos, como el tantas veces citado L. v. Mises.

Al no existir un conocimiento pleno y una convicción social profunda en lo que se trataba y estaba llevando a cabo, el que –dígase de paso- tampoco estaba en la persona del propio presidente y el resto del gobierno, los corolarios adversos fueron atribuidos tanto a su persona como al fracaso del liberalismo como tal. La resulta fue -como se sabe- el retorno de un intervencionismo de signo contrario, y se entendió estar necesitando girar a la izquierda después de que "la derecha había tenido su oportunidad”.

Un camino idéntico parece que se está reproduciendo en la actualidad con el gobierno de "La libertad avanza", con la diferencia que el anunciado a los cuatro vientos libertarianismo, declamado porfiada y ardorosamente en la campaña, aparenta haberse descartado.

El temor de un genuino liberal es que la experiencia actual sea más breve y más traumática que la anterior señalada, y que el liberalismo, por haberse identificado con solamente una persona que en rigor no lo representa salvo en la pura perorata, después de esta, resulte definitivamente descartado por completo y en forma absoluta, aunque siempre exista la humana tendencia a repetir los mismos errores cometidos en el pasado.

A ello contribuye el sistema constitucional y jurídico argentino basado y construido en sólidos fundamentos contrarios al liberalismo, especialmente luego de la desastrada reforma constitucional de 1994 que, tergiversó el sustrato liberal tradicional que tenía la originaria inspirada en las ideas de Juan Bautista Alberdi.

El legislador liberal


 

 Por Gabriel Boragina ©

 

Me he referido otras veces a este asunto pero en forma tangencial y -en general- concerniente a determinados temas puntuales (por ejemplo, el cierre del banco central)[1]. Separemos las cuestiones:

 

¿Qué es un legislador liberal?

Según la mayoría de la gente cree que un ''legislador liberal'' es el que únicamente puede surgir de un ''Partido Liberal'', en especial de los que en alguna parte de su nombre oficial tengan las palabras ''liberal'', ''libertad'' o similares.

Esto es un gravísimo error. Muchos partidos que han tenido o tienen actualmente expresiones que incluyen los términos indicados no sólo no son liberales sino que hasta incluso adoptan posturas francamente antiliberales.

Lo primero para ser legislador liberal es -precisamente- ser liberal de palabra y de conducta, lo que no es monopolio de ningún partido político, ni tiene relación alguna con el nombre del partido en cuestión.

Las ideas liberales deberían impregnar a todos los partidos políticos, siendo deseable incluso que lo hicieran en aquellos de origen socialista. Esto no es utópico. Ya ha ocurrido.

Un caso célebre fue el PSOE español en la época de Felipe González, que, de la mano de su entonces ministro de economía, Solchaga Catalán, debió haber sido el primer Partido Socialista que en el gobierno se vio (ya fuera forzado o convencido) decidido a adoptar ciertas medidas de corte liberal. En Argentina, pasó algo levemente parecido durante el primer gobierno peronista de Menem.

Por la misma vía de razonamiento, es preferible la proliferación de múltiples partidos liberales, y no, como sostienen algunos, un partido único liberal. Es realmente patético que alguien que se diga a si mismo ''liberal'' propicie en materia política un partido liberal monopólico.

 

¿Cuál es el papel de un legislador liberal?

Legislar implica una actividad que puede revestir dos modalidades: una positiva y otra negativa.

Más del 90% de la legislación argentina hoy es de orden positivo, es decir, de leyes que imponen algo a alguien. El que impone es el legislador, y el sujeto impuesto (a quien se le impone) es el legislado (y lo impuesto es también a este último denominado ciudadano asimismo).

Un legislador liberal no debería votar o proponer leyes del primer tipo (afirmativo) que imponen cargas u obligaciones a otros, que impliquen afectar derechos propios o de terceros, porque tales normas nada tendrían de liberales, en la medida que obligan a llevar a cabo o cumplir con ciertas conductas de orden positivo (de dar, de hacer, o de no hacer) no acordadas con terceros.

Por descarte (y por doctrina) las leyes que debería votar o proponer, deberían ser todas de orden negativo, es decir, derogatorias de leyes positivas o afirmativas.

Por ejemplo, si un proyecto de ley crea y obliga a pagar un nuevo gravamen, el legislador liberal no sólo debería votarlo negativamente sino que debería proponer otra ley que derogue todas las demás leyes que hayan creado otros impuestos confiscatorios, excesivos o innecesarios.

Su éxito como legislador, al final de su periodo, estaría determinado por la cantidad de leyes positivas que impidió que se sancionaran o de leyes negativas que consiguió que se aprobaran.

De todos modos, las cosas no son tan sencillas.

 

Nuestra realidad

En el pasado fui entusiasta con la idea de que muchas medidas de corte liberal podrían ser más fácilmente tomadas si el liberalismo podía incorporar en el congreso nacional un número suficiente de legisladores liberales.

Hoy me doy cuenta de lo simplista de mi suposición, dado que la cuestión es bastante más compleja de lo que entonces suponía.

Los factores que complejizan el punto son de varios órdenes. Vamos a enumerarlos y tratarlos por separado seguidamente:

 

  1. Factores supralegales

En el caso argentino el mayor obstáculo para una gestión legislativa liberal lo representa el texto mismo de la Constitución nacional luego de la desafortunada reforma ocurrida en 1994.

El resultado de tal modificación fue una mixtura de normas que se superponen unas a otras en unos casos y se contradicen mutuamente en los restantes. Poco o nada queda de aquella maravillosa CONSTITUCIÓN liberal originaria inspirada por el genial Juan Bautista Alberdi.

Como indiqué en la nota citada[2] el obstáculo mayor -a mi humilde modo de ver- lo representa el art. 75 inciso 19º en cuanto le confiere al congreso las siguientes atribuciones:

''19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento''

Sin decirlo de esta manera, dicha norma le otorga rango constitucional al estatismo más rancio en todas sus formas, y no daría cabida a ningún proyecto de ley de contenido liberal. Para peor, tampoco es la única clausula en este sentido.

Esta más que claro que, ninguna ley del congreso puede obtener los objetivos programáticos que estatuye el inciso 19º. Sólo el mercado libre podría lograrlos. Sin embargo, la constitución no los pone en manos del mercado sino del congreso.

Pero hay otros ingredientes de orden cultural que examinaremos a continuación rápidamente:

 

  1. Educación cívica y constitucional.

El otro punto problemático está constituido por el pavoroso desconocimiento e ignorancia del texto constitucional por parte de la población. No sólo el grueso de la gente ignora la Ley Fundamental sino que los más ignaros ''interpretan'' o directamente inventan normas ''constitucionales'' de acuerdo a lo que escuchan o ven en algún programa periodístico (de los muchos que consumen ávidamente durante todo el día) o leen en los diarios, o en las redes sociales.

Este analfabetismo ciudadano puede tener que ver con la mentalidad fascistoide del argentino promedio y con la inobservancia de la misma constitución nacional durante largos periodos en la que fue desconocida por los propios gobiernos argentinos, tanto durante las numerosas intervenciones militares del pasado como en los gobiernos civiles de corte populista después de ellas.

Incluso muchos que apoyan a cierto candidato ''libertario'' de moda, parecen ignorar que gran parte de las propuestas de su ídolo chocan con varias cláusulas constitucionales, y -cuando se les hace notar este punto- no pocos de ellos sugieren que -en dicho caso- se deben ignorar o directamente pasarse por alto esos textos constitucionales, a fin de que su líder idolatrado quede con ‘’el camino allanado’’ y ''manos libres'' para hacer lo que quiera, a la usanza de cualquier otro dictador populista de los tantos que han abundando en estas tierras.

Sobre el cierre del Banco Central (Segunda Parte)

Por Gabriel Boragina ©

(VER AQUÍ LA PRIMER PARTE)

Pero no sólo los particulares están excluidos de estas prerrogativas que se arroga el gobierno federal sino que tampoco las provincias pueden hacerlo. Veamos:

''Artículo 126.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden…ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal;….ni dictar especialmente leyes sobre…bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado…...’’

Es decir, el monopolio monetario es exclusivamente estatal nacional, ni provincial, ni mucho menos privado.

Concluimos, entonces, que si bien (desde el punto de vista económico) estamos convencidos de los beneficios que traería a la economía de cualquier país la eliminación de la banca central, como así también y en forma simultánea el curso legal y forzoso de la moneda, desde el ángulo jurídico y constitucional se impone primero la remoción de estos obstáculos constitucionales para poder llevar a cabo la tan perorada reforma monetaria. Y el verdadero problema se centra en estos aspectos:

  1. Debe haber un consenso mayoritario en la necesidad de privatizar la moneda y la banca.
  2. Al mismo tiempo -o en segundo lugar- un similar acuerdo en una reforma constitucional que remueva los incisos indicados del artículo 75 de la Carta Magna.

La realidad es que, hoy por hoy, en la Argentina no existen ni las condiciones 1 ni 2.

Ni en la ciudadanía está (ni siquiera próximo) ese consenso, ni en la llamada clase política muchísimo menos, y aún estamos convencidos que, si se lograra el requisito 1, seria harto difícil (por no decir imposible) que se arribara al número 2.

El problema en Argentina (como hemos dicho muchas veces) es que las reformas constitucionales siempre han sido muy peligrosas y en contra de la ciudadanía, y en favor de la dirigencia política. Por eso, ha sido siempre la dirigencia política las que las han promovido y no la ciudadanía que, aunque declama la constitución con alguna frecuencia, ignora en mayor parte su contenido.

Tal ha sido el caso de la desastrada reforma de 1994, que ha incorporado textos que se contradicen unos con otros (especialmente con los que no se modificaron de la constitución originaria) siendo el resultado de injertos ideológicos incompatibles con la Constitución Fundadora Alberdiana, los que dieron como resultado lo que el presidente durante cuyo mandato fue llevada a cabo calificara con certeza como un mamarracho.

Se corre el riesgo que, de proponerse una reforma con el fin de eliminar cláusulas contrarias la libertad de mercado, los políticos (que son quienes en definitiva las llevan a cabo y las hacen posibles) incluyan otras que aumenten su poder. Con lo que –paradójicamente- al ampliar el poder de ellos se disminuye el de los individuos.

Fue el caso de la reforma del 94 que disminuyó la cantidad de votos necesarios para llegar a la presidencia de la nación, eliminó el colegio electoral restando representación a las provincias en favor de la Capital Federal, y estableció un sistema de doble vuelta entre quienes no alcanzaron a obtener mayoría absoluta de votos.

Los economistas estatistas (muchos de ellos también legisladores, o sus asesores), por su lado, son bien conscientes del tremendo poder político que el manejo de la moneda les confiere a los gobernantes, y difícilmente consentirían remover las normas constitucionales que les otorgan tales artículos de la Ley Fundamental.

Si sólo nos detenemos a pensar que muchos de los sueldos de esos legisladores que tendrían que votar la ley para reformar la constitución se pagan merced a la potestad de emitir billetes que esa misma constitución le dispensa al congreso mediante la creación de bancos estatales, podremos de inmediato comprender lo ilusorio que es cifrar las esperanzas en que esos mismos legisladores estén ‘’deseosos’’ de derogar lo que (en muchos casos) es y será la única o principal fuente de sus ingresos.

Otro tanto cabe decir respecto a las idénticas atribuciones que la constitución le concede al congreso para establecer impuestos sin límite alguno.

Ni la emisión de moneda, ni la creación de impuestos tienen ningún contrapeso, ni en el texto constitucional originario ni en el reformado

Todo lo contrario: la ‘’nueva’’ constitución delega al gobierno mayores atribuciones y poderes que lo que lo hacia su precedente, lo que necesariamente y por vía indirecta implica un mayor gasto público, y todos los esfuerzos que se puedan hacer por los sucesivos gobiernos que eventualmente se propusieren de veras reducirlo, encontrarán el escollo de la misma constitución para sus propósitos.

Y las leyes que se dictaron (y se siguen dictando en consecuencia de la constitución) no han hecho más que ampliar su volumen.

El banco central es una fuente de riqueza inagotable para todos los gobiernos, no sólo en Argentina sino en el mundo conteniendo, desde luego, aquel histórico bastión del liberalismo que alguna vez supieron ser los EE.UU. (y que obviamente ya no lo son).

Su incorporación en una constitución (en el caso, la Argentina) es una de las mayores desgracias que a un pueblo puede ocurrirle. Y los esfuerzos de cualquier legislador liberal (envolviendo a los que honestamente lo son) serán vanos, en tanto no se remueva dicha barrera constitucional.

Lo único que puede revertir esta situación (como ya aclaramos anteriormente) es que -de repente- el gasto público creciente cayera en una impopularidad tan inmensa que una mayoría de peso suficiente reclame su supresión junto con la eliminación de todas las instituciones que lo crean, y que este fenómeno extraño coincida con un clamor por una reforma constitucional que barra de una vez (y para siempre) con cualquier cláusula constitucional que otorgue cualesquier clase de poder a los gobiernos para manipular la moneda.

Ya dijimos que (en la Argentina por lo menos) que esto sucediera seria -hoy por hoy- similar a la ocurrencia de un milagro de proporciones gigantescas.

Una propuesta liberal/libertaria que no contemple los parámetros dados previamente, demuestra (en el mejor de los casos) no otra cosa que pura ingenuidad y puerilidad, por una completa falta de comprensión y de conocimiento del aspecto legal del problema.

No basta tener en claro el objetivo sino ser consciente de los medios para llevarlo a cabo y del contexto socio cultural donde se pretende hacerlo.

La "propiedad" en el peronismo (1ª Parte)

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