Las dos utopías

 Por Gabriel Boragina ©

 La ridícula pretensión libertaria de ''destruir el estado desde adentro'' que proclama el no menos grotesco jefe del partido gobernante (LLA[1]) es tan fácil de rebatir que no se comprende como todavía hay gente que la cree.  

Está claro que si quiero dinamitar un edificio debo accionar el detonador desde fuera del edificio si no quiero estallar y volar por los aires junto con el edificio si lo hago desde adentro de él. O si quiero hundir un barco está igualmente claro para cualquier persona racional y normal que no voy a conseguirlo haciéndome elegir el capitán del barco y subiéndome muy orondo al mismo, porque no solamente se va a hundir el barco, sino yo con él, más toda la tripulación y los pasajeros a bordo. La situación seria idéntica si quiero destruir un avión. Nadie en su sano juicio alegaría que la mejor forma de hacerlo es convirtiéndome en el piloto del mismo y estrellarlo volando en dirección no al cielo sino al mar, una montaña o directamente al suelo. 

Hasta un infante de pocos años puede comprender lo absurdo de esto. Si se equipara el edificio, al barco o el avión de nuestros ejemplos al Estado, y al dinamitero, al capitán o a el piloto con el presidente de un país ''libertario'', resulta claro y patente lo irracional e infantil de esa pretensión. 

Esto vale tanto para los que entienden (la mayoría de los economistas, del periodismo y de la gente común) la palabra ''estado'' como sinónimo -sin más- de ''gobierno’ ‘como para los que la identifican (como nosotros) con la definición jurídica de ''estado'' como una designación convencional con la cual, a su vez, se desea englobar a los llamados tres elementos del ''estado'': 1) población, 2) territorio y 3) gobierno.

1. El Estado no se autodestruye: la evidencia histórica

La historia política no registra un solo caso de un Estado que haya decidido extinguirse voluntariamente utilizando sus propios órganos constitucionales. Los gobiernos pueden reducir funciones, privatizar empresas públicas, descentralizar competencias o reformar profundamente la administración, pero nunca abolirse como gobierno.

Ni siquiera los monarcas absolutos renunciaron espontáneamente a la monarquía; fueron derrocados por revoluciones o invasiones. Luis XVI no abolió la monarquía francesa: fue la Revolución Francesa la que terminó con ella. Nicolás II no desmanteló el Imperio ruso: fue la Revolución Bolchevique la que lo destruyó. El Imperio Austrohúngaro no decidió dejar de existir: desapareció como consecuencia de la derrota militar en la Primera Guerra Mundial.

Lo mismo ocurrió con el Imperio Otomano, con el Tercer Reich alemán o con el Estado iraquí de Saddam Hussein. Todos desaparecieron por derrotas militares o revoluciones, nunca porque quienes ejercían el poder decidieran extinguir el aparato estatal que les daba precisamente ese poder.

La constante histórica es inequívoca: los Estados mueren desde afuera o por revoluciones internas que sustituyen un poder por otro; nunca porque quienes gobiernan resuelvan eliminar el propio instrumento del que depende su autoridad.

2. Los gobiernos que prometieron reducir el Estado nunca eliminaron el Estado

Incluso los gobiernos más identificados con el liberalismo económico ofrecen un argumento contundente contra la tesis libertaria.

Margaret Thatcher privatizó empresas estatales, redujo regulaciones, limitó el poder sindical y disminuyó numerosas intervenciones económicas. Sin embargo, jamás pretendió abolir el Estado británico. El Reino Unido siguió teniendo Parlamento, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, policía, administración pública y sistema tributario.

Ronald Reagan sostuvo que "el gobierno no es la solución; el gobierno es el problema". Pero durante sus dos mandatos el gobierno federal continuó existiendo plenamente, el gasto público no desapareció y el Estado norteamericano siguió ejerciendo todas sus funciones esenciales.

Lo mismo puede decirse de las reformas de Roger Douglas en Nueva Zelanda, de las reformas económicas chilenas durante el régimen militar o de las transformaciones realizadas en Irlanda y Estonia. Ninguno de esos gobiernos confundió reducir determinadas funciones estatales con destruir el Estado mismo.

Es decir, la historia del liberalismo muestra gobiernos que limitaron al Estado, nunca gobiernos que lo abolieran.

3. El ejemplo de la Unión Soviética

Paradójicamente, el caso soviético confirma la tesis exactamente en sentido inverso.

Marx había anunciado que, después de la dictadura del proletariado, el Estado terminaría extinguiéndose porque desaparecerían las clases sociales.

Ocurrió exactamente lo contrario.

Cuanto más avanzó el régimen comunista, más gigantesco, centralizado, burocrático y policial se volvió el Estado soviético.

La famosa "extinción del Estado" jamás llegó.

Cuando finalmente desapareció la Unión Soviética en 1991 no fue porque el Partido Comunista hubiera decidido cumplir la profecía marxista. Colapsó por una combinación de crisis económica, presión nacionalista, pérdida de legitimidad política y fracaso estructural del sistema.

El Estado no se extinguió; simplemente fue reemplazado por otros Estados.

4. Toda organización tiende a conservarse

Existe además una explicación sociológica muy conocida.

Max Weber observó que toda burocracia desarrolla intereses propios.

Robert Michels formuló su famosa "ley de hierro de la oligarquía": toda organización termina generando una dirigencia interesada en conservar la organización porque de ella depende su propia existencia.

Anthony Downs desarrolló una idea semejante respecto de las burocracias públicas.

Incluso economistas liberales como James Buchanan y Gordon Tullock, desde la Escuela de la Elección Pública, explicaron que los funcionarios responden a incentivos como cualquier otra persona: buscan preservar presupuestos, competencias y poder.

Todo ello conduce a una conclusión sencilla: esperar que una burocracia se destruya voluntariamente equivale a esperar que una empresa vote su propia quiebra o que un sindicato decida desaparecer porque ya no hace falta.

5. La contradicción del partido anti-Estado

Aquí aparece quizás la contradicción más profunda del libertarianismo político.

Un partido político existe para conquistar el poder.

Pero el poder que pretende conquistar es precisamente el poder estatal.

Es decir, cuanto mayor sea su éxito electoral, mayor será el aparato estatal que administrará.

La paradoja consiste en que necesita fortalecer el instrumento que dice querer destruir.

Es parecido a fundar un partido cuya plataforma sea eliminar definitivamente los partidos políticos.

O crear un ministerio destinado a abolir todos los ministerios.

O constituir un ejército cuya misión sea eliminar para siempre a los ejércitos.

La contradicción es institucional antes que ideológica.

6. El incentivo político juega exactamente en sentido contrario

La ciencia política enseña que ningún gobernante obtiene apoyo popular eliminando beneficios.

Todo gobierno necesita construir mayorías.

Las mayorías suelen formarse ofreciendo bienes, servicios, subsidios, seguridad, infraestructura, jubilaciones, educación, salud o reducción de impuestos.

En todos los casos el instrumento utilizado sigue siendo el Estado.

Por eso incluso los gobiernos que llegan prometiendo reducirlo terminan utilizándolo para implementar sus propias políticas. Cambian los fines. No desaparece el instrumento.

7. La analogía empresarial

Puede añadirse otra comparación.

Nadie compra una empresa para destruirla.

Quien adquiere una compañía puede vender activos, despedir empleados, reorganizar departamentos o cambiar completamente su actividad.

Pero necesita que la empresa continúe existiendo porque constituye precisamente el instrumento mediante el cual ejerce la propiedad.

Lo mismo sucede con un gobierno.

Puede reformar profundamente la administración pública.

Puede reducir ministerios.

Puede privatizar empresas estatales.

Puede simplificar regulaciones.

Pero necesita conservar el Estado porque sin él deja inmediatamente de ser gobierno.

La experiencia histórica demuestra que ni el marxismo consiguió la desaparición del Estado mediante la toma revolucionaria del poder, ni el libertarianismo puede lograrla mediante la conquista electoral del gobierno. Ambos comparten una misma ilusión, aunque desde extremos ideológicos opuestos: creer que el poder constituye el instrumento adecuado para abolir el propio poder. Pero el poder, una vez conquistado, genera incentivos exactamente inversos. No existe registro histórico de un gobierno que haya utilizado exitosamente las instituciones estatales para eliminar al Estado. Todos los gobiernos que prometieron hacerlo terminaron administrándolo, reformándolo o ampliándolo, pero nunca suprimiéndolo. La realidad política parece obedecer una regla mucho más sencilla que cualquier utopía: quien conquista el Estado deja de combatirlo para empezar a gobernarlo.

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[1] ''La libertad avanza''

La mentira de la ''liberación'' de los alquileres

 Por Gabriel Boragina ©

El gobierno de LLA es una colección de mentiras unas tras otras. Aprovechando y explotando la credulidad de la ciudadanía, se da el lujo de, no solo mentir desde cuando estaba en campaña política, sino de continuar haciéndolo una vez obtenido el poder que tanto ansiaba.

Hoy vamos a analizar una de sus primeras mentiras mantenida en el tiempo hasta la fecha: la supuesta ''liberación'' del mercado inmobiliario en materia de locaciones, que fuera una de sus primeras medidas anunciada con gran estruendo de bombos y platillos como luego siguió siendo con el resto de sus mentiras hasta el día de la fecha. 

La falsa ''liberación'' fue introducida en un acto inconstitucional mediante el decreto ley (hoy llamados DNU) Nº 70/2023. La inconstitucionalidad del decreto la tratamos en este lugar: Un decreto inconstitucional al que remitimos al lector interesado. No volveremos sobre ese tema, sino que nos ocuparemos de su manifiesta falsedad.

La propaganda gubernamental del decreto decía entonces (y sigue diciendo ahora) que mediante el mismo se liberaba el mercado de alquileres. Un liberal entendería que esa libertad seria otorgada a ambas partes, es decir, a los dueños de inmuebles y a los locatarios (inquilinos) de los mismos. Pero en la letra del decreto no existe esa mutua liberación. El decreto mantiene las restricciones a la propiedad que el Código Civil y Comercial de la Nación impone a los dueños de inmuebles deseosos de darlos en alquiler.

Para no transformar este texto en un artículo jurídico, en un lenguaje sencillo, digamos que el código civil vigente si bien otorga libertad de contratar, restringe, en cambio, la libertad de rescindir el contrato (finalizarlo). Pero esta restricción pesa solamente sobre cabeza del propietario y no la del inquilino. En otros términos, si el lector quiere dar en alquiler una propiedad suya y después se arrepiente y quiere venderla u ocuparla el mismo, la ley no le permite hacerlo, salvo en casos muy puntuales y excepcionales que son de muy difícil prueba, pero esa facilidad y derecho si se lo otorga al inquilino. ¿Entonces desde el punto de vista liberal la pregunta a hacerse es que clase de libertad es aquella que la ley le da a una de las partes contratantes (en este caso al inquilino) y le niega a la otra parte (en el supuesto argentino al propietario del inmueble alquilado)?

Cito este caso porque es de consulta frecuente entre mis clientes, pero no se trata del único asunto donde se propagandea con desmesurada y cansina insistencia ''libertades'' que no han sido otorgadas o no lo han sido a todos, sino solo a algunos. Cualquier libertad que se otorga a unos, pero se les niega a otros no es liberalismo, precisamente porque el liberalismo no es sectario, y si lo fuera no sería liberalismo ni libertarianismo sino socialismo o intervencionismo.

Este favoritismo que otorga la ley proviene de la reforma que en el año 2015 hizo el gobierno del Frente para la Victoria (FpV) al código civil que regía entonces (el de Dalmacio Vélez Sársfield de 1871) un genuino -este último- código liberal comparado con el mamarracho de 2015. En el código histórico de Vélez no existía el engendro de la ''ley de alquileres'' creado por el intervencionismo del siglo XX (inconcebible en el siglo XIX). Esta figura jurídica estaba subsumida en la locación de cosas que en pocos artículos regulaba aspectos menores y operativos, pero que daba por sentada la libertad absoluta de contratar y de rescindir el contrato compensando la parte que rescindía a la otra. Regia el pacta sunt servanda a rajatabla.

El supuesto gobierno ''liberal/libertario'' mantiene la legislación del gobierno populista del FpV (en ese momento con C.F. Kirchner al frente). Una legislación tendiente a mantener privilegios a unos negándoselos a otros. Nada más lejos del liberalismo o libertarianismo.

Quien lea el texto del DNU 70/2023 comprobará que fueron modificados numerosos aspectos del contrato de locación: plazo mínimo, moneda de pago, mecanismos de actualización y garantías. Sin embargo, permaneció intacta la cuestión decisiva desde la perspectiva del derecho de propiedad: el propietario continúa sin poder poner fin unilateralmente al contrato por la sola circunstancia de haber cambiado de opinión, querer vender el inmueble, necesitar ocuparlo personalmente o preferir otro destino económico para su bien. En cambio, el locatario conserva la facultad legal de rescindir anticipadamente el contrato bajo determinadas y laxas condiciones. No existe, pues, una libertad simétrica entre las partes.

Ese punto es objetivamente verificable.

Por ejemplo: Imaginemos dos situaciones idénticas. Juan alquila su departamento por tres años. A los seis meses recibe una oferta extraordinaria para venderlo y necesita entregarlo libre de ocupantes. La ley le impide resolver el contrato simplemente porque cambió su proyecto económico. María alquila ese mismo departamento. A los seis meses consigue trabajo en otra provincia y decide mudarse. La ley le reconoce la posibilidad de rescindir anticipadamente el contrato pagando la indemnización prevista.

El punto aquí no consiste en discutir si esa protección al inquilino es conveniente o inconveniente. El punto es otro: si uno puede desistir y el otro no, resulta impropio hablar de una "liberalización" del contrato.

John Locke enseñaba que el fin principal por el cual los hombres constituyen gobiernos es la protección de la propiedad. Un régimen jurídico que limita de manera desigual las facultades del propietario sobre su propio bien difícilmente pueda presentarse como una ampliación de la libertad.

Bastiat criticaba los privilegios legales. Una cita muy pertinente suya es: "La ley pervertida toma de unos para dar a otros." No habla específicamente de alquileres, pero sí de privilegios legales.

Ludwig von Mises en La acción humana sostiene que: "La economía de mercado se basa en la libertad contractual." No basta permitir celebrar contratos; también importa el contenido de esa libertad.

Para Hayek, la verdadera libertad exige reglas generales aplicables por igual a todos. Cuando la ley distribuye facultades distintas según la posición jurídica de cada parte, deja de operar como norma general para transformarse en un mecanismo de privilegios. Esto hace LLA

Alberdi advertía que "la propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal". Resulta difícil conciliar esa concepción con un sistema en el cual el propietario conserva el título de dominio, pero pierde durante años la posibilidad de decidir libremente el destino económico de su inmueble.

El Código Civil de Vélez Sarsfield respondía al paradigma liberal clásico del siglo XIX. La autonomía de la voluntad constituía la regla y las restricciones legales la excepción. Las sucesivas leyes especiales de alquileres dictadas durante el siglo XX fueron desplazando progresivamente ese principio, sustituyéndolo por un creciente intervencionismo estatal en favor de una de las partes del contrato. El Código Civil y Comercial de 2015 consolidó buena parte de esa evolución.

Imaginemos una ley que autorizara únicamente al vendedor de un automóvil a rescindir el contrato, prohibiéndole hacerlo al comprador. Nadie afirmaría seriamente que ambos gozan de la misma libertad contractual. Del mismo modo, cuando la ley concede la facultad de desistir a una sola de las partes, resulta impropio presentar ese régimen como una liberación del contrato. Es una farsa, un engaño como toda LLA

La cuestión, entonces, no consiste en discutir si conviene proteger más al inquilino o al propietario. Ese es otro debate. Lo que aquí se cuestiona es la utilización de la palabra "liberalización" para describir un régimen jurídico que mantiene intacta una de las restricciones más importantes al ejercicio del derecho de propiedad. Cuando una libertad se reconoce únicamente a una de las partes contratantes y se niega a la otra, no existe una ampliación general de la libertad contractual sino una distribución desigual de facultades legales. Puede defenderse políticamente ese modelo, pero llamarlo "mercado libre" constituye, cuanto menos, una descripción inexacta y engañosa.

La conclusión es clara: LLA no solamente nada tiene de liberal ni de libertario, sino que es un partido cuasi fascista.

''Republicanos y liberales'' (2da. Parte)

  Por Gabriel Boragina ©

En la primer parte de este tema nos lamentábamos de lo que denominamos una de las desgracias (aparte de la económica y política) de LLA[1] en Argentina: la de dividir y enfrentar artificiosamente a liberales y republicanos desde el mismo gobierno. Aquí vamos a ahondar un poco más sobre este tópico.

La identificación entre liberalismo y republicanismo no constituye una invención reciente ni una interpretación caprichosa. Por el contrario, representa una de las conclusiones más firmemente asentadas en la historia del pensamiento político moderno. Aunque la tradición republicana posee raíces antiguas que se remontan a la Roma clásica e incluso encuentra importantes antecedentes en Maquiavelo, el republicanismo constitucional contemporáneo —el que caracteriza a las democracias occidentales— no puede comprenderse sin la decisiva influencia del liberalismo. Las instituciones que hoy identificamos como propias de una república constitucional son, en gran medida, el resultado de la evolución del pensamiento liberal desarrollado entre los siglos XVII y XIX.

John Locke fue quien proporcionó los fundamentos filosóficos de esta transformación. Frente a la concepción absolutista del poder, sostuvo que los hombres nacen dotados de derechos naturales anteriores y superiores al Estado: la vida, la libertad y la propiedad. El gobierno no crea esos derechos; existe únicamente para protegerlos. Cuando deja de cumplir esa función o se convierte en su principal amenaza, pierde legitimidad y puede ser sustituido. De Locke deriva la idea central del constitucionalismo liberal: el poder político no es soberano sobre los individuos, sino un mandatario limitado por derechos preexistentes.

Montesquieu dio un paso decisivo al convertir esos principios filosóficos en arquitectura institucional. Comprendió que las libertades individuales no podían quedar libradas a la buena voluntad de los gobernantes, sino que requerían mecanismos permanentes destinados a impedir la concentración del poder. Su teoría de la división de poderes constituye, precisamente, la traducción institucional del principio liberal según el cual ningún órgano estatal debe acumular facultades suficientes para convertirse en arbitrario. El republicanismo moderno encuentra aquí uno de sus pilares fundamentales: la organización constitucional del poder como garantía de la libertad.

La Constitución de los Estados Unidos representa la primera gran realización práctica de esas ideas. James Madison comprendió que la preservación de la libertad exigía no sólo dividir el poder, sino también hacer que cada poder limitara efectivamente a los demás. En El Federalista sostuvo que "si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario", frase que resume toda una concepción liberal de la política: precisamente porque quienes gobiernan son hombres y no seres perfectos, las instituciones deben impedir que el poder se transforme en dominación. El sistema de frenos y contrapesos constituye así una consecuencia directa del principio liberal del gobierno limitado.

Benjamin Constant profundizó esta tradición distinguiendo la libertad de los antiguos de la libertad de los modernos. Mientras en la Antigüedad la libertad consistía principalmente en participar de los asuntos públicos, la sociedad moderna debía garantizar un ámbito de autonomía individual inmune a las decisiones de las mayorías. La finalidad del Estado ya no era conducir moralmente a los ciudadanos sino proteger el espacio dentro del cual cada persona pudiera desarrollar libremente su propio proyecto de vida. Esa concepción reforzó definitivamente el carácter liberal del constitucionalismo republicano.

Alexis de Tocqueville añadió una preocupación complementaria. Observó que las amenazas contra la libertad no provenían únicamente del poder de los gobiernos, sino también del poder de las mayorías. Su célebre advertencia acerca de la "tiranía de la mayoría" puso de manifiesto que incluso los sistemas democráticos podían transformarse en regímenes opresivos si no existían instituciones capaces de limitar el ejercicio del poder político. La república dejaba así de identificarse exclusivamente con el principio mayoritario para convertirse también en un sistema de garantías destinado a proteger los derechos individuales frente al Estado y frente a la propia opinión pública.

En la tradición argentina, Juan Bautista Alberdi recogió directamente esta herencia intelectual. Las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina constituyen probablemente la exposición más acabada del liberalismo constitucional en nuestro país. Alberdi concebía la Constitución como un instrumento destinado a limitar el poder político y asegurar la libertad civil, la propiedad privada, la seguridad jurídica y el desarrollo económico mediante instituciones estables. Para él, la República no era simplemente una forma de gobierno, sino la organización política adecuada para preservar las libertades individuales frente a los abusos del poder.

Ya en el siglo XX, Karl Popper renovó esta tradición al formular una concepción del Estado basada en el control permanente del poder antes que en la búsqueda de gobernantes ideales. La pregunta fundamental de la política, sostenía, no consiste en quién debe gobernar, sino en cómo organizar las instituciones para impedir que quienes gobiernan puedan causar demasiado daño. Su defensa de la sociedad abierta prolonga directamente la tradición liberal iniciada por Locke y consolidada por Montesquieu y Madison: las instituciones republicanas existen precisamente para limitar el poder, garantizar la crítica, permitir la alternancia y proteger la libertad individual.

Desde esta perspectiva, resulta artificial presentar liberalismo y republicanismo como doctrinas rivales. El republicanismo constitucional contemporáneo constituye, en buena medida, la expresión institucional de los principios liberales. El liberalismo aporta la filosofía política: la primacía de la persona, los derechos individuales, el gobierno limitado y la desconfianza frente al poder. El republicanismo aporta las instituciones destinadas a hacer efectivos esos principios: la Constitución, la división de poderes, el control recíproco entre los órganos del Estado, la independencia judicial, la responsabilidad de los funcionarios y el imperio de la ley. Separar ambos conceptos significa desconocer el proceso histórico mediante el cual se edificaron las democracias constitucionales modernas.

Precisamente por ello resulta preocupante que en el debate político contemporáneo se pretenda oponer ambas tradiciones como si fueran incompatibles. Quien defiende seriamente el liberalismo clásico difícilmente pueda dejar de ser republicano, del mismo modo que un republicanismo privado de sus fundamentos liberales termina reduciéndose a un mero conjunto de procedimientos institucionales vacíos, desprovistos de la finalidad para la cual fueron concebidos: la protección efectiva de la libertad individual frente al poder político.

En consecuencia, el denuesto del republicanismo por parte de LLA es una de las imposturas mas lamentables de todas las que va a dejar su desgobierno.

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[1] Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''.

''Republicanos y liberales''

Por Gabriel Boragina ©

 

Una de las mayores desgracias que, en el terreno de las ideas, ha dejado el gobierno de ''La Libertad Avanza'' (LLA) consiste en haber instalado la falsa creencia de que liberalismo y republicanismo son conceptos distintos, cuando no directamente opuestos. Nada más alejado de la tradición del pensamiento político occidental. La separación entre ambos términos no responde a una elaboración doctrinaria seria, sino al desgaste que la práctica política del actual oficialismo ha producido sobre la palabra "liberal", hasta el punto de obligar a muchas personas a buscar una denominación alternativa para expresar ideas que, en esencia, siguen siendo profundamente liberales.

En rigor, el republicanismo no constituye una doctrina rival del liberalismo. Muy por el contrario, es una de sus consecuencias históricas más importantes. El constitucionalismo moderno, la división de poderes, la limitación jurídica del gobierno, la supremacía de la ley, la independencia judicial y la protección de las libertades individuales son instituciones que el republicanismo moderno recibe del pensamiento liberal desarrollado entre los siglos XVII y XVIII. En ese sentido, puede afirmarse que el republicanismo es fruto del liberalismo. No existe contradicción entre ambas nociones, sino una relación de continuidad: el liberalismo proporciona los principios filosóficos y el republicanismo diseña la organización institucional destinada a preservarlos.

Sin embargo, el uso político que el gobierno de LLA ha hecho del término "liberal" ha producido un fenómeno inesperado. Al presentarse permanentemente como representante exclusivo del liberalismo, mientras desarrolla políticas que poco o nada tienen que ver con los principios que dice defender, ha terminado por desacreditar la propia palabra.

Los discursos de barricada, las consignas grandilocuentes y la permanente apelación a una supuesta ''revolución liberal'' contrastan con una realidad que, promediando ya el tercer año de gobierno, muestra el incumplimiento de buena parte, o de la casi totalidad de las promesas que sirvieron de slogan para conquistar el poder.

El cierre del Banco Central, la drástica reducción del gasto público, la eliminación definitiva de la inflación, las privatizaciones masivas, los sistemas de váuchers educativos, las profundas desregulaciones económicas, la liberación integral de los mercados, la normalización del régimen cambiario, el incremento sostenido del empleo y del consumo, entre tantas otras promesas, permanecen en una mayoritaria medida incumplidas, olvidadas o muy lejos del alcance con que fueron anunciadas durante la campaña electoral.

Esa distancia entre el discurso y la acción ha deteriorado seriamente la poca credibilidad del liberalismo entre los sectores de la sociedad que tuvieron algún interés o afinidad con sus ideas, que identifican equivocadamente la doctrina con la experiencia concreta de este gobierno.

Como consecuencia de ello, muchas personas que durante años simpatizaron con las ideas liberales han dejado de llamarse a sí mismas liberales o libertarias. No porque hayan abandonado aquellas convicciones, sino porque el término ha quedado periodística y socialmente asociado al oficialismo y al fracaso de sus promesas y de su gestión concreta.

Obligados por esta circunstancia, buscan casi desesperadamente otra palabra que permita expresar sus ideas sin cargar con ese desprestigio. La denominación que con mayor frecuencia encuentran es la de "republicanos", como si ello implicara abandonar el liberalismo, cuando en realidad ambas expresiones remiten históricamente a una misma tradición política.

Este constituye uno de los daños intelectuales más profundos que deja la experiencia de ''La Libertad Avanza''. No se trata solamente de un fracaso de gestión (que lo hay y grande) o de una sucesión de promesas incumplidas. El perjuicio alcanza también al lenguaje político. Allí donde antes existía una relación conceptual clara entre liberalismo y republicanismo, hoy comienza a instalarse una división completamente artificial que sólo incrementa la confusión doctrinaria.

La consecuencia resulta especialmente grave porque esa fractura se proyecta sobre una ciudadanía que nunca tuvo, ni realmente le interesó demasiado sino, más bien, desdeñó, una formación sistemática en filosofía política. El liberalismo jamás fue una doctrina ampliamente conocida ni demandada por las masas, pero existía, al menos en los ámbitos académicos y entre quienes estudiaban historia de las ideas políticas, un consenso prácticamente unánime: un liberal era, por definición, también un republicano. Nadie consideraba seriamente que ambas categorías fueran incompatibles. Podían discutirse matices, escuelas o interpretaciones, pero nunca la pertenencia común a una misma tradición intelectual.

La situación actual es muy distinta. El descrédito del término "liberal" fruto de las políticas de LLA, ha comenzado a provocar un verdadero desdoblamiento conceptual.

Mientras el republicanismo conserva para buena parte de la opinión pública una connotación favorable vinculada con la división de poderes, el respeto por la Constitución y las instituciones, el liberalismo empieza a asociarse con prácticas políticas que históricamente le fueron completamente ajenas: oportunismo, corrupción, clientelismo, intervencionismo selectivo e incluso complicidad parlamentaria con el poder. En la percepción de muchos ciudadanos, los dirigentes que se presentan como opositores terminan votando en el Congreso Nacional la mayor parte de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, reforzando así la idea de que el llamado liberalismo no constituye más que otra variante de la política tradicional. En criollo '' más de lo mismo''.

Por ahora, esta separación entre liberalismo y republicanismo no pasa de ser, en gran medida, una cuestión de rótulos. Sin embargo, las palabras moldean las ideas y las ideas terminan modelando la cultura política. Si esta distinción artificial termina consolidándose, el daño será considerable. El republicanismo aparecerá como una corriente separada del liberalismo, mientras este último quedará progresivamente excluido de todo contenido republicano. La tradición intelectual que dio origen a la república será presentada paradójicamente como ajena a ella.

De consolidarse semejante inversión conceptual, el término "liberal" volverá a adquirir el carácter peyorativo que tuvo durante otras épocas de la historia argentina. Ya no designará al defensor de las libertades individuales, del gobierno limitado y del Estado de Derecho, sino que pasará a utilizarse para describir, casi como un insulto, a cualquier político corrupto, demagogo o intervencionista que invoque retóricamente la libertad mientras reproduce los mismos mecanismos de poder que dice combatir. Sería una ironía histórica que una doctrina cuyo principal aporte consistió precisamente en limitar el poder del Estado terminara identificada con las prácticas que siempre denunció y combatió.

Un pueblo que no se anima a algo distinto

 Por Gabriel Boragina ©

La tragedia argentina no consiste solamente en haber adoptado malas políticas económicas. Esa es apenas la consecuencia visible de un problema mucho más profundo: la incapacidad colectiva para concebir un orden político diferente del que históricamente los ha gobernado. 

Cada crisis argentina termina alimentando la esperanza de un nuevo gobierno, pero casi nunca la de un nuevo sistema. Cambian los dirigentes, cambian los partidos, cambian los discursos y hasta las consignas, pero permanece inalterada la premisa fundamental: el Estado debe seguir siendo el gran organizador de la vida económica y social. Hasta quienes predican lo contrario como el actual gobierno de LLA[1] siguen en los hechos la misma premisa estatista.

Esta es, quizás, la mayor limitación intelectual de la política argentina. Las discusiones públicas giran alrededor del tamaño del gasto, del nivel de los impuestos, del monto de los subsidios o del precio del dólar. Muy rara vez se discute si el Estado debe ejercer todas esas funciones. Se debate la administración del intervencionismo, pero no el intervencionismo mismo.

El resultado de esa forma de pensar es previsible. Cuando una receta fracasa, no se la abandona; simplemente se la reemplaza por otra variante del mismo principio. El péndulo oscila entre más o menos controles, más o menos regulaciones, más o menos emisión monetaria, pero jamás abandona el supuesto de que la solución debe provenir del poder político.

En esto la Argentina se diferencia de aquellos países que, enfrentados a catástrofes mucho más profundas, comprendieron que reconstruir no significaba reeditar el pasado sino abandonarlo.

El caso paradigmático es la República Federal de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 Alemania era un país devastado. Sus ciudades estaban reducidas a escombros; su aparato productivo destruido; millones de personas desplazadas; una moneda prácticamente inútil y una economía sometida al racionamiento y al control estatal heredado del régimen nazi.

En esas circunstancias apareció el liderazgo político de Konrad Adenauer acompañado por la extraordinaria labor intelectual y técnica de Ludwig Erhard. Ambos comprendieron que la reconstrucción no podía lograrse administrando mejor la escasez sino devolviendo libertad a la producción, al comercio y a la iniciativa privada.

La eliminación de los controles de precios, la estabilidad monetaria y la protección de la propiedad privada fueron medidas profundamente impopulares para buena parte de la burocracia de ocupación y para numerosos economistas de la época. Sin embargo, fueron precisamente esas reformas las que dieron origen al denominado Wirtschaftswunder, el "milagro económico alemán", que en pocos años transformó a una nación derrotada en una de las economías más prósperas del mundo.

No fue un milagro. Fue la consecuencia lógica de sustituir el dirigismo estatal por instituciones compatibles con una sociedad libre.

La experiencia alemana confirmó, en los hechos, aquello que Friedrich A. von Hayek había explicado desde el plano teórico: ninguna autoridad central posee el conocimiento disperso que millones de individuos generan diariamente mediante el mercado. Cuando el Estado reemplaza ese proceso espontáneo por decisiones burocráticas, inevitablemente destruye información, incentivos y riqueza.

Wilhelm Röpke advertía, por su parte, que una economía libre no puede sobrevivir dentro de una cultura permanentemente orientada a reclamar privilegios estatales. La libertad económica exige también una determinada concepción moral de la responsabilidad individual.

Algo semejante ocurrió en Italia durante la posguerra. A pesar de partir de una situación extremadamente precaria, las reformas orientadas a favorecer la inversión privada, la estabilidad monetaria y la apertura comercial permitieron el denominado "milagro económico italiano" entre las décadas de 1950 y 1960.

Décadas más tarde Irlanda protagonizó otra transformación notable. De ser uno de los países más pobres de Europa Occidental pasó a convertirse en uno de los más dinámicos gracias a una política sostenida de disciplina fiscal, baja presión tributaria sobre la inversión, apertura económica y seguridad jurídica. El denominado "Tigre Celta" no fue producto de recursos naturales extraordinarios sino del cambio de instituciones.

Más recientemente, Estonia constituye otro ejemplo elocuente. Tras la desintegración de la Unión Soviética heredó una economía profundamente atrasada. Sin embargo, la adopción de reformas orientadas al mercado, la simplificación tributaria, el respeto por la propiedad privada y una administración pública moderna permitieron convertirla en una de las economías más innovadoras de Europa.

Estos casos poseen una característica común. Ninguno esperó que el crecimiento proviniera de un Estado más poderoso. Todos apostaron a fortalecer la libertad económica y limitar la intervención gubernamental. Es lo que LLA declama, pero no práctica.

La Argentina, en cambio, parece condenada a recorrer siempre el camino inverso. Cada fracaso del intervencionismo sirve de argumento para reclamar todavía más intervención. Cada crisis generada por el exceso de gasto público concluye con pedidos de mayor gasto. Cada inflación provocada por la expansión monetaria termina justificando nuevos controles de precios.

Es un círculo vicioso alimentado por una cultura política que confunde gobierno con sociedad y Estado con nación.

El economista argentino Roberto Cachanosky ha señalado reiteradamente que el problema argentino no consiste únicamente en los errores de política económica sino en la persistencia de un modelo estatista que atraviesa gobiernos de distintos signos políticos. Mientras las reglas básicas sigan descansando sobre la discrecionalidad del poder político, la inseguridad jurídica, la presión tributaria y la permanente expansión del gasto público, el crecimiento sostenible será una excepción y no la norma.

Juan Bautista Alberdi ya había formulado esa misma advertencia más de un siglo antes. En sus Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina sostuvo que la riqueza de las naciones no nace de los decretos ni de los privilegios otorgados por el gobierno, sino de la libertad para producir, comerciar, trabajar e invertir.

Bastiat resumía esa idea con admirable sencillez al recordar que el Estado es la gran ficción mediante la cual todos pretenden vivir a expensas de todos los demás. Cuanto más se expande esa ficción, menor es el espacio para la responsabilidad individual y para la creación genuina de riqueza.

La verdadera discusión argentina, entonces, no consiste en decidir quién administrará el Estado. Esa discusión lleva décadas y los resultados están a la vista.

La cuestión de fondo es otra mucho más incómoda: determinar cuáles son las funciones que el Estado debe abandonar para permitir que la sociedad recupere la libertad de resolver por sí misma aquello que nunca debió ser monopolizado por el poder político.

Mientras esa pregunta permanezca ausente del debate público, la Argentina continuará cambiando de gobiernos sin cambiar de rumbo. Y un país que se limita a repetir las mismas instituciones difícilmente pueda aspirar a resultados distintos. Instituciones que la Constitución Nacional, además, no reconoce.

Las grandes transformaciones históricas comenzaron cuando determinadas sociedades tuvieron el coraje intelectual de abandonar los paradigmas que parecían inmutables. La prosperidad nunca fue consecuencia de administrar mejor el pasado. Siempre fue el fruto de animarse a construir un futuro diferente.

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[1] Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''.