Por Gabriel Boragina
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En el intervencionismo:
"La autoridad busca influir en el
mercado por la intervención de su poder coactivo, pero no quiere eliminar
completamente el mercado. Desea que la producción y el consumo sigan líneas
distintas de las prescritas por el mercado no intervenido y quiere alcanzar su
objetivo inyectando en el funcionamiento del mercado órdenes, y prohibiciones
para las que tiene dispuesta la aplicación del poder de la policía y su aparato
de coacción y compulsión."[1]
Es decir, lo que el
gobierno declara es que no busca el control de todo el mercado, y que tampoco
lo hace o hará de manera permanente, sino transitoria para "corregir"
lo que habitualmente se dan en llamar las "fallas del mercado" que en
rigor no son tales. Dichos propósitos no necesariamente estarían inspirados con
fines de perjudicar a la gente o -al menos- a no toda la gente. El
intervencionismo, a menudo, está infundido en otra doctrina económica que se
denomina distribucionismo que -a su vez- descansa en la desgraciada
tesis de la "justicia social" y que -a su turno- halla su fuente en
el Dogma Montaigne que se resumía en el falso apotegma por el cual
"la riqueza de los ricos es causa de la pobreza de los pobres". En
otras palabras, detrás de la decisión última de intervenir en la economía de
mercado existe toda una serie de falsas preconcepciones que pretenden
justificar los propósitos intervencionistas.
"Pero son intervenciones aisladas: sus
autores afirman que no planean combinar estas medidas en un sistema
completamente integrado que regule todos los precios, salarios y tipos de
interés y que por tanto ponga en el control completo de la producción y el
consumo en manos de las autoridades."[2]
Creen que, en el
tiempo y el espacio tales disposiciones aisladas no afectan el funcionamiento
del mecanismo de mercado, y que podrán dejarse de tomar las mismas o
suspenderlas sin efectos secundarios o colaterales. En realidad, es cierto que
si se suspende o se eliminan por completo aquellas el mercado tratará de
restablecer la situación al punto anterior a la intervención gubernamental,
pero la experiencia histórica ha demostrado que pocos o ningún gobierno que
haya interferido con el mecanismo de mercado ha dejado de hacerlo, pese a que
en algún momento ello haya sido su designio. La práctica ha confirmado que
cuando las autoridades adoptan una providencia intervencionista a ella le sigue
otra, y luego otra, y así sucesivamente.
"Sin embargo, todos los métodos de
intervencionismo están condenados al fracaso. Esto significa: las medidas
intervencionistas deben necesariamente generar condiciones que desde el
punto de vista de sus propios defensores son menos satisfactorias que
estado previo de cosas que pretende alterar. Estas políticas son por tanto
contrarias a sus propósitos."[3]
A pesar de las
mejores intenciones el camino al infierno está plagado de un gran número de
ellas (como dice el célebre refrán). No hay ningún modo de evitar ni eludir los
efectos de los actos que tratan de violar las leyes del mercado. Estas se
cumplen de forma inexorable, y en contra aun de los deseos más nobles que inculquen
al gobernante más benemérito del mundo (sí que el tal existió, existe o
existirá). El contexto que se genera al entorpecer las leyes de mercado empeora
siempre el entorno, poniéndolo en un grado peor al que tenía antes de la intervención,
y con la cual se pretendía solucionarlo. El intervencionismo hace de lo malo
algo peor.
"Los salarios mínimos, ya sean aplicados
por decreto del gobierno o por presión y coacción sindical, son inútiles si
fijan los salarios al nivel del mercado. Pero si tratan de aumentar los niveles
salariales por encima de los que habría determinado el mercado laboral no
intervenido, generan desempleo permanente en una buena parte de la potencial
fuerza laboral."[4]
Mal que le pese a la
mayoría de las personas el salario no es otra cosa que el precio del factor
productivo que se llama trabajo, siempre ha sido así y siempre será así,
en tanto los recursos sigan siendo más escasos que las necesidades que hay de
ellos. En consecuencia, ese salario solo puede fijarse por intermedio del libre
juego de la oferta y de la demanda si lo que se quiere es que todos los
factores productivos de ese mercado especifico estén empleados o, en distintos términos,
si se quiere que todo aquel que desea trabajar encuentre una ocupación en que
hacerlo. Si el salario de mercado se altera por parte de los gobiernos es
cuando aparece el desempleo.
"El gasto público no puede crear empleo
adicional. Si el gobierno proporciona los fondos necesarios gravando a los
ciudadanos o tomando prestado del público, deroga con una mano tantos trabajos
como crea con la otra. Si el gasto público se financia tomando prestado de los
bancos comerciales, significa expansión del crédito e inflación. Si en el curso
de esa inflación el aumento en las materias primas excede al aumento en los
salarios nominales, caerá el desempleo. Pero lo que hace que disminuya el
desempleo es precisamente el hecho de que estén cayendo los salarios
reales."[5]
En el primer caso, no
hay ninguna "creación" de empleo sino solo una ilusión del mismo. Lo
que -en realidad- sucede es que se transfirieren los empleos del sector privado
al sector público (estatal). Los puestos de trabajo que aparecen en el sector
burocrático son los mismos que desaparecen del privado. No hay pues ninguna
"generación" de empleo. Además de ello, se evita con esta orden que
puedan crearse genuinos puestos de trabajo en el sector productivo de la
economía que es siempre el privado.
En el segundo caso,
los préstamos que el gobierno toma de los bancos deberán ser amortizados a su
tiempo, y como el gobierno jamás cuenta con recursos propios se verá obligado a
volver a tomar crédito o emitir dinero para cancelar el principal y los
intereses. L. v. Mises alude, asimismo, a la denominada producción secundaria
de dinero también conocida como dinero bancario, que es aquel creado sin
respaldo real.
La expansión
monetaria y crediticia ocasiona una ilusión de auge, en el que si los ingresos
que obtienen los empleadores superan los salarios nominales se reducirá el desempleo,
pero a cambio los nuevos empleados y los antiguos ganarán cada vez menos.
