Por
Gabriel Boragina ©
Es habitual analizar el
tema de la corrupción -tan vigente siempre- desde el punto de vista
exclusivamente económico. Será interesante, tal vez, prestar un poco de
atención al ángulo jurídico del asunto, sin restar importancia, de ninguna
manera, al económico, ya que ambos están intrínsecamente implicados. Nuestra
Ley Fundamental toca directamente el tópico, y subsume -como se verá del
siguiente examen- lo económico en lo ético:
"El
último párrafo del art. 36 de la Constitución establece que el Congreso deberá
sancionar una ley que regule la ética pública para el ejercicio de las
funciones gubernamentales. Una ley semejante, siempre que sus disposiciones
sean claras y precisas, constituirá una garantía sumamente eficaz para la
consolidación de un sistema democrático constitucional. El incumplimiento de
las normas éticas por los gobernantes ha sido y es uno de los factores más
nocivos para la subsistencia del régimen constitucional, y uno de los
argumentos que con mayor frecuencia han utilizado sus adversarios para
pretender demostrar su inconsistencia en función del bien común de la
sociedad."[1]
La ética definida
constitucionalmente comprende, por tanto, los comportamientos de los
funcionarios públicos en su totalidad, sean estos en sus actos económicos como
no económicos. Existe un enfrentamiento directo entre violación a la ética
pública y la constitucionalidad. La cercana interrelación entre ética pública y
economía viene dada por el hecho de que todo funcionario público maneja lo que
se ha dado en llamar el erario público, lo que implica que, en el fondo, el
funcionario público es (o debería ser) un mero administrador de recursos ajenos
que, en el mejor de los casos, le han sido confiados por mandato legal a los
únicos fines administrativos.
Sin embargo, también
dispone de ellos muchas veces como si fueran propios. Tanto administrativa como
dispositivamente estas amplias facultades que tiene el burócrata son una
excelente oportunidad para verse tentado a aprovecharse de las mismas.
Nosotros preferimos la
expresión de ética política a la de
ética pública, porque opinamos que
muchas conductas individuales de particulares también afectan a la ética pública,
aun cuando esas personas estén fuera de órbita política.
"De
todas maneras, cabe recordar que existen disposiciones legales que regulan, de
manera parcial, la ética pública republicana. Por otra parte, antes de la
reforma, en modo alguno la Constitución impedía la sanción de una norma de la
especie que ahora enuncia el art. 36. La ética puede ser objeto de múltiples
definiciones, atendiendo a la corriente filosófica en que se enrola el
analista. Sin embargo, teniendo en cuenta que una Constitución no es una obra
científica ni doctrinaria, sino una norma jurídica fundamental impregnada de
realismo y sencillez, que es instrumento de gobierno y símbolo de unidad
nacional, sus palabras deben ser explicadas a la luz del lenguaje y pensamiento
del ciudadano común."[2]
A pesar que la llamada
ética pública tiene en mira los posibles desfalcos económicos que los
burócratas tienen oportunidad de llevar a cabo en ocasión de los cargos
políticos que ostentan (y de los cuales no son pocos los que no se privan de
cometerlos), desde el ángulo constitucional no se limitan a ellos, como ya se
ha aclarado. Pero, bien visto, lo ético tiene indisoluble vínculo con lo
jurídico, y este con lo económico.
Desde el momento que una
norma (como es la Constitución) se refiere a la ética como lo hace en su art.
36, ello implica incluir a esta en el campo de Derecho. Y no puede negarse que
el Derecho tiene por objeto regular conductas que no dejarán de tener
consecuencias económicas, dado que la aplicación de toda norma ha de dar por
sentado que se cuenta o que se contará con los recursos necesarios para ello.
De tal suerte que, queda claro (al menos para nosotros) el estrecho nexo entre
ética-economía-derecho. Los actos de corrupción dañan por igual a este trípode.
"Desde
esta óptica, la ética no es tanto, una ciencia filosófica que estudia las
normas a que debe someterse la conducta humana y las consecuencias que se
derivan de su aplicación, sino un arte que tipifica comportamientos
individuales y sociales encaminados al logro del bien."[3]
Siguiendo las directrices
del individualismo metodológico nos resulta bastante difícil poder reconocer la
existencia de comportamientos "sociales", excepto que se quisiera describir
a una suma de conductas individuales, donde logramos visualizar mejor el
concepto. Hecha esta salvedad, no podemos estar sino de acuerdo con lo expuesto
en la cita. Lo característico, entonces, de la ética es -según este autor- la
de ser un arte que tipifica comportamientos (para nosotros solamente
individuales, dado que la responsabilidad tiene sentido únicamente respecto de
la conducta de los individuos) encaminados al logro del bien.
"No
se trata de la ética individual, positivista o religiosa, sino de la idea
dominante en una sociedad sobre cuál debe ser el comportamiento de los
gobernantes para alcanzar el bien común. En tal sentido, el concepto vulgar de
la ética pública impone conductas al gobernante, tanto en su vida pública como
en la privada cuando, esta última, adquiere relevancia social."[4]
El autor analizado nos da
a entender que habría distintas "éticas" como ya había esbozado en su
párrafo anterior. Por un lado, distingue una ética individual (positivista o
religiosa) y la separa de otra ética que califica como "idea dominante en
una sociedad sobre cuál debe ser el comportamiento de los gobernantes para
alcanzar el bien común". Da la impresión que se apunta a lo que
habitualmente se denomina por algunos como ética "social" pero más
bien parece que desea aludir a una especie de "ética política" porque
la hace dirigir exclusivamente a los gobernantes en su comportamiento. Existiría
entonces -sintetizando, y en el concepto de nuestro autor- una ética individual
por un lado y otra ética que podríamos llamar "política" por el
restante. Pero no es cualquier "ética política", sino que es una
ética a cumplir en cabeza de los gobernantes y no de los gobernados. Para estos
últimos parece quedar reservado el campo de la ética individual.
[1] Badeni, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II- 2ª
Edición Actualizada. Ampliada - 2a M. - Buenos Aires- La Ley, ISBN
987-03-0947-X (Tomo Ii)-ISBN 987-03-0945-3 (Obra Completa) "Las Garantías
Institucionales" N° 457. Ética Pública Pág., 1347-1348
[2]
Badeni, Gregorio, ibidem.
[3]
Badeni, Gregorio, ibidem.
[4]
Badeni, Gregorio, ibidem.
