Por Gabriel Boragina ©
“F. La coerción jurídica en la práctica. Saliendo ahora del
aspecto puramente filosófico y emplazando el tema en su aspecto práctico,
resulta evidente que, desde el punto de vista subjetivo, no existen derechos
(de signo positivo o negativo) cuya realización no esté respaldada por la
fuerza de una sanción, pues los ejemplos citados en contrario son poco
convincentes. Se dice que un derecho no susceptible de coacción es el que se
tiene frente al deudor insolvente o al delincuente prófugo, así como el que
afecta a las obligaciones de hacer. El razonamiento es por completo erróneo: el
deudor insolvente puede ser constreñido mediante apremios personales (como ya
se hizo en épocas pasadas) o mediante inhabilitaciones para ciertos actos o
para el ejercicio de ciertos derechos; el prófugo no es que no pueda ser
constreñido, sino que no se lo encuentra para aplicarle la sanción, y en las
obligaciones de hacer, la coacción queda determinada por la sustitución en
indemnización de daños y perjuicios.”[1]
Comencemos aclarando que lo filosófico tiene consecuencias prácticas. No se trata de un mero elucubrar. No está clara la alusión a
los Derechos subjetivos, ni tampoco la distinción entre positivos y negativos.
Por lo pronto, los términos sanción y
coacción no son sinónimos, en tanto
la sanción es la declaración del
castigo descripto en la norma, la coacción
se refiere al plano de la acción efectivamente realizable por la cual se cumple
el objeto de la sanción. Teniendo en cuenta esta distinción, si bien casi todas
las normas prevén una sanción o castigo para su incumplimiento, es cierto que
-en contraposición a lo expuesto por el autor- tal prevista sanción, en
muchísimos casos, no puede ser efectivizada. Es lo que en doctrina se conoce
como un Derecho ilusorio o de
imposible cumplimiento. En el caso de los ejemplos dados, se omite que el
deudor para ser constreñido debería ser hallado primero, y que las
inhabilitaciones no logran el objetivo primario del acreedor, que es recuperar
lo adeudado. Lo mismo puede decirse para los dos ejemplos restantes, el del
prófugo y de las obligaciones de hacer. Si el obligado no es encontrado y
además es insolvente la coacción no puede efectivizarse. Es decir, el hecho
está sancionado legalmente pero no puede concretarse la sanción por una
imposibilidad material de hacerlo. A pesar de los esfuerzos dialécticos del
autor lo cierto es que existen situaciones de facto donde la coercibilidad no
resulta posible de momento o de manera definitiva (por ejemplo, en los casos de
prescripción de acciones y Derechos).
“Se alega también que otro caso de derecho sin coacción es el
que afecta a la relación entre el Estado y los particulares, carente de fuerza
coercitiva a favor de estos últimos. Esto tampoco es cierto, por lo menos de un
modo absoluto; pues la jurisdicción contencioso-administrativa se encamina
precisamente a que los tribunales de justicia impongan coactivamente al Estado
el cumplimiento de sus obligaciones incumplidas o de las normas vulneradas en
perjuicio de los particulares.”[2]
No obstante, la práctica jurídica indica que la mayoría de
las sentencias que se dictan en el fuero mencionado -en caso que favorezcan al
particular- son meramente declarativas, aun cuando condenen al “estado” y lo “sancionen”.
Ya hemos aclarado previamente que -en los hechos- lo que sucede es que el “estado”
se estaría sancionando a sí mismo, porque el poder judicial es nada más que una
rama del poder político del “estado”, lo cual deviene en una incongruencia, no
solamente desde el punto de vista formal, sino sustancial. Tengamos en cuenta
además que el poder de policía no reside en el poder judicial, sino en el
ejecutivo. Llegado el caso -y suponiendo una situación extrema- ¿echaría mano
el poder ejecutivo de su propio poder policial para ejecutar una sentencia
dictada contra quien controla ese poder policial, es decir, contra sí mismo?
Nuevamente, se presenta la dicotomía entre la sanción legal contenida en la ley
y declarada en la sentencia, por una parte, y la concreción efectiva de la pena
o condena por la otra. Difieren el plano material del formal. Si se quiere
describir cómo funciona la coerción jurídica en la práctica no puede
desconocerse esta realidad de quienes hacen del Derecho profesión. ¿Qué poder
coactivo tendrían los tribunales contenciosos administrativos contra el Poder
Ejecutivo (Administrativo precisamente) formando ambos partes del “estado” y
que no implique -desde un punto de vista del Derecho Constitucional- la
intromisión de un “poder” u “órgano” del estado en otro poder u órgano del
mismo “estado”??
“Y en lo que al Derecho Internacional se refiere, se puede
sostener no que exista pese a no estar amparado por la coacción, sino que no
existe un Derecho Internacional y que lo procedente sería hablar de hechos
internacionales. Precisamente de lo que tratan juristas y políticos es de
convertir esos hechos en un Derecho, creando a tal fin organismos
internacionales que fijen las normas de relación entre los Estados, pero que
tengan también la facultad de interpretarlas judicialmente y la fuerza material
necesaria para imponer sus fallos (tribunales y ejércitos internacionales).”“[3]
Si aceptamos, como lo hemos hecho, que la coacción no
constituye elemento fundamental del Derecho y que este existe con independencia
de aquella, este principio general resulta aplicable a todo lo que reciba el
nombre de Derecho, independientemente de la calificación que reciba; en el
caso, es extensivo tanto al Derecho nacional
como internacional. La existencia de
un Derecho internacional sólo podría tener sentido en el supuesto de lo que se
ha dado en llamar -por algunas materias- un Derecho internacional privado (en oposición a otro Derecho
internacional “público”). Este Derecho internacional privado trata de regular los vínculos jurídicos y las relaciones
establecidas entre ciudadanos de diferentes países, entre ellas temas tales
como la adquisición o perdida de la ciudadanía, estado civil, relaciones
comerciales entre ciudadanos de distintos países entrarían en el marco de su
campo. Pero el autor en comentario, aunque no lo aclara en su definición, no
estaría hablando de este Derecho sino del opuesto (el público).
