Industrialización

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Intentando explicar la bipolaridad política

Por Gabriel Boragina ©

 

Los últimos acontecimientos políticos en materia de elecciones me llevan a renovar reflexiones que ya he tenido en otras oportunidades.

He comprobado que el elector común tiene pensamientos simples y -de alguna manera- de votar con respecto al espectro político que posee a su disposición a la hora de emitir su sufragio.

Sin mayores distinciones del mapa político, el elector medio se divide sencillamente en dos partes: una ‘‘izquierda’’ y otra ‘‘derecha’’.

Las alternativas parecen reducirse simplemente a esas dos, y en un sector de la población que siempre he identificado como un tercio del total de ciudadanos pueden (según fueren las circunstancias) unas veces votar a lo que él considera que son representantes de la ‘‘izquierda’’ y alternativamente en las oportunidades siguientes hacer lo propio por aquellos otros que él interpreta como representante de la ‘‘derecha’’.

Es así como hemos venido observando en los últimos procesos electorales que, varios países de la región que estaban siendo gobernados por partidos políticos que el vulgo normalmente cataloga como de ‘‘derecha’‘ han revertido los recientes resultados electivos hacia partidos que se autodenominan (y que en la creencia popular también se las piensa) como de ‘‘izquierda’’.

Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años con Argentina, Perú, Chile y recientemente Colombia, que se suman a la línea iniciada en el continente sudamericano por la Venezuela de Chávez, sin olvidar que en el Caribe todavía permanece la dictadura cubana en pie.

Referidos como de ‘‘derecha’’ quedarían en el continente sudamericano únicamente los casos de Brasil y Uruguay.

Pensando sobre este asunto, recordé la charla mantenida con un amigo hace algunos años atrás, que contándome que si bien había votado en la elección anterior por un gobierno que la plebe cree de ‘‘derecha’’, frente a una nueva oportunidad electoral cambiaría su voto hacia un postulante que (según ese mismo pensar convencional) estaría enrolado dentro de la línea populista. Y así, efectivamente, lo hizo.

Este episodio me lleva a reflexionar sobre la aparente paradoja en la que una misma persona no tiene ningún inconveniente en votar unas veces a la ‘‘derecha’’ y otras veces a la ‘’izquierda’’.

Cuando le pregunté a aquel amigo por qué iba votar de esa manera y -sobre todo- si esa forma de votar representaba real y fielmente su perfil de pensar político, su respuesta me produjo mayor perplejidad que la que me había ocasionado su afirmación anterior.

Y lo que me contestó (y me dio por ‘’explicación’’) fue que -según él- la manera lógica de votar consistía en darle alternativamente ‘’oportunidad’’ electoral a ambos espectros del plano ideológico, y que él no era ni de ‘‘derecha’’ ni ‘’izquierda’’ sino que discurría que lo más ''racional'' para lograr el ’’equilibrio’’ político, era que se alternaran una y otra fuerza en el poder a modo de ''compensarse entre sí'', de manera de evitar que la sociedad cayera ''en los extremos''.

Esta respuesta (que a mí en lo personal me parece un completo disparate aunque en ese momento no se lo dije porque hubiera sido entrar una polémica interminable a las puertas de una votación política objeto de la discusión sino que, fortuitamente en vísperas de tal, el  tema brotó espontáneamente como sucede en tantos círculos sociales) denotó, a mi modo de ver, la explicación más plausible de la razón por la cual en una buena cantidad de países (y en la mayoría de los sudamericanos) una veces la gente vota a la ‘‘derecha’’ y otras a la ‘‘izquierda’’.

No vamos a explayarnos nuevamente respecto del tema ‘‘izquierda-derecha’’. Quien sigue nuestros escritos ya sabe que para nosotros dicha distinción es irrelevante, es difícil precisarla y carece de todo rigor científico político y económico. Por lo que mejor -en nuestra opinión- es desecharla y dejarla de lado.

‘‘Derecha-Izquierda’’ es una súper simplificación inadmisible que no explica nada, y que pasa por alto los matices de todo fenómeno social que -como dijo F. A. v. Hayek- siempre se tratan de fenómenos complejos.

Pero más allá de academicismos científicos, lo cierto es que el entramado político mental de una cantidad no menor de electores se divide en esa acusada simplicidad, y unas veces votan a unos y otras a los opuestos con argumentos muy similares o exactamente iguales que los de este amigo, que podríamos resumir en el argumento de la compensación.

Claro que, esa forma rústica y primitiva de pensar políticamente y de votar en consecuencia es errada. Esas fuerzas opuestas no se ‘’compensan’’, sencillamente parten de supuestos filosóficos-políticos-económicos completamente diferentes, y sus acciones por lo tanto no son ‘’complementarias’’ sino conflictivas entre sí. De allí que, sucede lo que ya estamos casi acostumbrados a ver. Cuando asume un gobierno de ‘‘izquierda’‘ se dedica a destruir lo construido por el que le antecedió de ‘‘derecha’‘, y así sucesivamente a medida que se van alternando y sustituyéndose uno a otro en el poder.

Obvio que, de esta manera lejos se está de conseguir aquella fantasiosa estabilidad política con la que se justificaba mi amigo cuando trataba de explicarme porque votaba ‘‘izquierda’’ en unas elecciones y ‘‘derechas’’ en la siguientes, para volver -una y otra vez- a repetir ese círculo vicioso que este amigo veía como ''racional'' cuando en realidad era totalmente lo contrario.

Todo esto que aquí expongo, y que lo imagino un exponente de inmadurez política, puede ser -con bastante probabilidad- lo que explique estos cambios de signo ideológico entre las preferencias de los sufragantes de los países que mencioné líneas arriba. Lo que -a su turno- me estaría indicando que, aquellas personas que tienen ideas precisas e identificadas con líneas de pensamiento político definidas (como podrían ser el liberalismo y el socialismo entendidos ambos en su sentido clásico) son -en realidad- las que pertenecen a los 2/3 restantes de la sociedad, y que cuantitativamente (en términos electorales por supuesto) son los menos representativos, a la vez que, no son nunca los que definen un sufragio político.

Si ésta tesis -que aquí estamos esbozando- llegara por ventura a ser correcta, es bastante probable que en muchos de aquellos países donde hoy la ‘‘izquierda’’ ha ganado las elecciones, en una próxima contienda electoral la vuelvan a perder en manos de la ‘‘derecha’’ (siempre utilizando estos términos con la reserva del caso, porque volveremos a insistir que para nosotros hablar de ‘‘izquierda’’ y ‘‘derecha’’ no significa absolutamente nada, carece de sentido).

Meramente aludimos a lo que la gente común y corriente tiene en mente cuando se le pide una opinión política, y esta distinción se agudiza aún más todavía cuando se acercan fechas próximas a un acto electoral.

La ‘’voluntad’’ de la ley

 Por Gabriel Boragina ©

‘’Importan la leyes y ya está, sin tomar en consideración que no es lo mismo ser un francés, un suizo que un pobre indiecito en los Andes y que le están exigiendo a un indiecito en los Andes o un indiecito maya el mismo estándar legal que un ciudadano de la Confederación Helvética’’[1]

Los sistemas legales y los económicos modifican –sin lugar a dudas- el nivel socioeconómico de las personas. En algunos casos los mejoran y en otros los empeoran. Cuando ambos sistemas se encuentran armonizados (lo que rarísima vez sucede) en un orden espontáneo como al que se refiere el premio Nobel de economía F. A. v. Hayek, entonces, es allí donde las comunidades progresan y avanzan. Si, en cambio, como ocurre en la generalidad de las veces, dichos sistemas se hallan enfrentados, entonces el orden espontáneo se rompe, y las sociedades atrasan o bien (en el mejor de los casos) se estancan.

Interesa la riqueza, no sólo económica sino cultural del pueblo donde esas leyes vayan a regir. Y las leyes deben acomodarse a esa riqueza, la que -por supuesto- es desigual para todos.

‘’Importan leyes creyendo que uno moderniza un país. Así como ellos creen que se moderniza un país importando bienes de capital, como la ley es un bien de capital, así como un martillo. Tú con un martillo puedes hacer una cosa buena o una cosa mala, puedes hacer un banquillo o puedes matar a alguien de un martillazo. La ley es un bien de capital, tú con la ley puedes hacer algo bueno o algo malo, entonces bajo esa lógica importando más leyes hay más bienes de capital y ya está’’[2]

Efectivamente, es como aquí se dice. Seria (usando un ejemplo bien gráfico) como importar tractores en una zona desértica creyendo que por el hecho de considerar al tractor un bien de capital será por si mismo suficiente para capitalizar un determinado lugar.  Pero, como ya dijimos otras veces, los bienes de capital no se definen en abstracto sino en concreto, y lo que define al bien de capital es la utilidad que reportará allí donde se lo emplee. En consecuencia, un tractor no es un bien de capital en el desierto, ni en medio del mar sino que lo será en un medio cultivable, en tierra fértil. De lo contrario ni siquiera podrá ser considerado un bien económico.

Además –como señalamos antes- está el factor cultural/educativo. De nada vale un tractor en una comunidad de aborígenes que viven de la caza y de la pesca y que no tienen la menor idea de para que podría servirles un tractor. De la misma manera sucede con las leyes.

‘’Hay un caso prototípico: el Código de Etiopía. El Código de Etiopía fue encargado por el Emperador de Etiopía, Haile Selassie, a un famoso jurista suizo que nunca salió de su atelier en París, como Julio Verne, y escribió desde allí el Código de Etiopia. Recuerdo que el profesor de derecho contractual, Don Manuel de la Puente, citaba permanentemente el Código de Etiopia como una obra maestra de las ciencias jurídicas, el problema era que nunca había regido en Etiopía. Claro, un problema menor para la ciencia jurídica era que los negros milenarios de Abisinia nunca se enteraron de que tenían el mejor Código Civil del mundo’’[3]

Valen las consideraciones que hicimos arriba. El tema es que la sociedad tenderá a no cumplir con normativas ajenas a sus tradiciones y costumbres, formas de vida y -en definitiva- manera de pensar, todo lo que resumimos aquí con la palabra cultura (aunque tenga otras acepciones en otros contextos).

Si una legislación va en contra de esas tradiciones y cultura, el resultado será una especie de derecho paralelo o informal que coexista junto a un derecho formal (en el ejemplo del autor, este último esta representado por el código de Etiopía) que sólo será figurativo, pero que nadie en la realidad cumplirá.

Las leyes, además, aunque no sean importadas, suelen ignorar la realidad económica de los lugares donde se pretenden aplicar por todo lo que venimos diciendo: la creencia fuertemente arraigada entre abogados y economistas que se tratan de ciencias divorciadas y separadas por compartimiento estancos que (en el mejor de los casos) nada tienen que ver una con la otra y (en el peor) que se encuentran irreconciliablemente enfrentadas.

‘’Una cosa es pretender que el derecho sea una rama de la literatura, como lo es en efecto, y otra cosa es no darnos cuenta que puede ser una rama de la mala literatura, y el derecho desconectado de la realidad, una ley sin relación con su sociedad, es mala literatura, casi literatura de terror, de pesadilla, porque pretende regular algo que no conoce y perjudica a aquellos que pretende salvar’’.[4]

No se hace progresar a un pueblo mediante la ley sino que las leyes de ese pueblo serán el resultado de su evolución o (en su caso) involución. Cualquier imposición que venga de parte de su gobierno (que es el que hace -en definitiva- las leyes) será ignorada o rechazada como si fuera un cuerpo extraño de la misma manera que no puede estatuirse por decreto un idioma ajeno al de lugar donde se hable otro diferente si es que los usos y costumbres no lo aceptan. Es por ello que -a la larga- siempre los usos y las costumbres se irán imponiendo, lo que no implica decir que estos usos y costumbres sean inmutables en el tempo ni nada parecido, porque realmente no lo son.

‘’Hay una característica adicional que la ley como fuente del derecho tiene y que no puedo dejar de mencionar. La ley tiene un carácter instrumental. Yo que eso les encarga a los Doctores que han estado antes en esta discusión, de acuerdo con mi punto de vista y alguno que yo sigo, el derecho carece de objetivos, el derecho sólo proporciona medios’’.[5]

Sólo las personas tienen objetivos. Todo lo demás de lo cual las personas se valen para obtener esos objetivos, no son más que medios. Y la ley sólo es un medio más de todos los demás. Por ello, los dictadores del mundo se han valido de la ley para obtener sus objetivos maléficos. Muchos dicen que violaban la ley, pero en realidad lo que hicieron (y siguen haciendo en numerosos lugares) es desplazar una ley por otra. Desconocen la ley que beneficia al pueblo y ponen en su lugar otra que los favorece a los jerarcas del régimen. Eso hicieron contemporáneamente Mussolini, Hitler, Perón, Stalin, Mao tse Tung, Pol Pot, Fidel Castro, Chávez. Maduro, los Kirchner y tantísimos otros que sería muy largo de detallar aquí.


[1] Enrique Ghersi ‘’El costo de la legalidad’’. publicado por institutoaccionliberal • 16/01/2014 • El costo de la legalidad | Instituto Acción Liberal http://institutoaccionliberal.wordpress.com/2014/01/16/el-costo-de-la-...

[2] Ghersi E. ‘’El costo...’’ Ibídem.

[3] Ghersi E. ‘’El costo...’’ Ibídem.

[4] Ghersi E. ‘’El costo...’’ Ibídem.

[5] Ghersi E. ‘’El costo...’' Ibídem.

El Derecho: sus beneficios y perjuicios

 Por Gabriel Boragina ©

Aunque los juristas y economistas son poco propensos a encontrar vinculaciones entre el derecho y la economía, estas existen, más allá de la presunta o deseada autonomía que, tanto economistas como abogados, pregonan a menudo en todos los ámbitos donde estos actúan.

‘’Una legislación que aumenta los costos de transacción a los que perjudica es a los pobres no a los ricos y le hace un daño imbatible, el cual es obligarlos a vivir en la ilegalidad y privarse de las economías de escala del sistema jurídico y privarse de las ventajas comparativas del sistema jurídico y privarse finalmente de la modernidad’’[1]

Aquí se contradice a cuando antes dijo que también los ricos resultaban dañados. Pero podemos -en primera instancia- asumir como cierto que el perjuicio que les infiere a los pobres es muchísimo mayor que el que sufren los ricos.

 No obstante, hagamos nuevamente la salvedad que, si el sistema jurídico está mal diseñado (como con frecuencia sucede) el perjuicio puede ser de igual dimensión para pobres y ricos, sólo que en tiempos y modalidades diferentes. Al decir esto tenemos en cuenta que en nuestro tiempo los legisladores proyectan leyes a su medida, y la mayoría de las veces para beneficiar a los grupos políticos a los cuales responden. Y en segundo término, para procurar ventajas a quienes los hayan apoyado para llegar al poder legislativo y al ejecutivo, además.

‘’Pero los abogados no saben nada de esto, y creen que si quieres cambiar el mundo sacas una ley y dices que las casas se construyen de determinada manera porque un ingeniero nos dijo que es mejor que sean de cuatro pisos y sin ascensor, y como el asbesto hace daño, vamos a sacar el asbesto de todas las tuberías de agua , claro será un gran negocio para el que venda tuberías sin asbesto, no solo importa el costo agregado del derecho sino como se distribuye ese costo, porque no es lo mismo tener un ingreso de uno que tener un ingreso de mil. Puede haber un daño directo a las personas menos favorecidas en una sociedad con un sistema que en lugar de reducir el costo de transacción lo incremente’’[2]

Un párrafo plausible como pocos es el que vamos a comentar ahora. Nosotros muchas veces hemos insistido en que los abogados creen que el mundo se cambia simplemente legislando adecuadamente.

Pero el problema es que cada uno tiene una idea diferente acerca de cuál es la legislación más apropiada posible. El punto siempre es el mismo: los individuos somos diferentes y esas desigualdades se reflejan en lo que pensamos, en nuestras convicciones, creencias, miedos, prejuicios, etc. y olvidamos que los legisladores son seres humanos que poseen esas mismas fortalezas y debilidades que nosotros.

Y detrás de todo legislador (si es que el legislador no lo es) hay un jurista o un abogado que está asesorándolo y diciéndole como diseñar la ley para conseguir el objetivo que el legislador prefiere, y en el que -en primer lugar- estarán sus propios intereses a conseguir. Y luego, el de los grupos a los que quería favorecer, como en el ejemplo de las tuberías que nos pone el autor, que es un caso válido para proyectos de mayor envergadura que usarán la ley para beneficiar a unos (privilegiados) y a perjudicar a los demás (desfavorecidos).

Por supuesto, la ley reserva los mejores negocios a aquellos que mayor poder económico tienen, y los peores negocios a los que no lo tengan. Y podrá –incluso- excluir a unos y a otros aunque tuvieran un poder económico similar, simplemente teniendo en cuenta otras consideraciones extraeconómicas (simpatías, afectos, sentimientos, afinidades psicológicas, etc.)

‘’Si ustedes ven esta es la tragedia de América latina, así como ha habido un proceso de sustitución de importaciones, podríamos decir que en América latina ha habido un proceso de sustitución de legislaciones. ¿Cómo se ha legislado en América latina? Importando leyes. Sin tomar en consideración el ingreso de los latinoamericanos, la realidad de América latina’’[3]

En realidad, siempre ha sido así. Las colonias (tanto de América del norte como de las del sur) tenían la misma legislación que la de sus países de origen, los colonizadores. Y esto se remonta a los tiempos antiguos.

Los países o reyes que conquistaban un pueblo, una ciudad, o una nación entera, imponían sus leyes a los pueblos, ciudades o reinos sometidos. América latina no ha sido una excepción si es que echamos una somera mirada a la historia. Ha sido una constante de todas las épocas.

Pero, sin duda alguna, el autor querrá referirse a lo ocurrido luego de los procesos de independencia de las naciones latinoamericanas. Y en cierto modo le asiste razón. Con lo cual se advierte que las leyes de un lugar o se imponen por el conquistador, o se adoptan voluntariamente por el pueblo una vez que logra su liberación del poder dominante.

‘’Entonces “hay que cambiar el sistema municipal”; entonces en Francia hay una ley muy buena entonces la traen y la ponen en vigencia. “El sistema de impuestos es muy malo”; entonces el Banco Mundial sugiere el impuesto del flujo de caja entonces entra en vigencia porque el Banco Mundial dice’’[4]

En una palabra, las leyes deberían adecuarse al sistema socioeconómico del lugar donde se desea aplicar esas leyes. Pero el problema, en realidad, es el que apuntábamos antes: no hay ley neutral, de la misma manera que no hay personas neutrales. Y la ley tiene el peligro que siempre se legisla para otros o mejor dicho para obligar a otros a hacer cosas que, sin la ley, hubieran hecho de otra manera, o directamente no hubieran realizado de modo alguno.

La ley siempre se hace en función primero de los intereses del legislador que la crea, y en los lugares subsiguientes de aquellos a los que los legisladores tienen en mira, ya sean sus amigos o sus enemigos. Muy pocas leyes escapan a esta clasificación por no decir casi ninguna.


[1] Enrique Ghersi ‘’El costo de la legalidad’’. publicado por institutoaccionliberal • 16/01/2014 • El costo de la legalidad | Instituto Acción Liberal http://institutoaccionliberal.wordpress.com/2014/01/16/el-costo-de-la-...

[2] Ghersi E. ‘’El costo…’’ Ibídem.

[3] Ghersi E. ‘’El costo…’’ Ibídem.

[4] Ghersi E. ‘’El costo…’’ Ibídem.

La ‘’panacea’’ de la ‘‘dolarización’’

 Por Gabriel Boragina ©

 

En Argentina cada tanto se discute entre los economistas sobre la conveniencia o inconveniencia de sustituir el curso forzoso del peso por el del dólar o -en otros casos- darle curso forzoso a ambos signos monetarios.

No son pocos los economistas que defienden con ardor permitir o implantar el dólar como solución o panacea para todos los males de la economía. Pero -al menos en nuestra humilde opinión- no creemos que sea así.

Darle curso legal al dólar, o aun curso forzoso junto o en lugar del peso argentino puede -a lo sumo- solucionar el problema de la inflación (aunque no totalmente como diremos más abajo) pero de ningún modo implicaría automáticamente la panacea para todo el resto de las variables económicas que estuvieran fuera de foco.

Sucede que en Argentina la inflación se ha convertido en un mal crónico, al punto que en los medios de comunicación (y aun en los libros y en las cátedras de economía) se ha acostumbrado a tratarlo como si fuera el mal supremo y origen de todos los demás enredos económicos. Pero la realidad es que, sin dejar de ser cierto que se trata de una dificultad de gran entidad, la ‘‘dolarización’’ no corrige el resto de los manejos desastrosos que los gobiernos hacen con la economía, no sólo en Argentina son en la mayor parte del mundo.

Si al dólar se le da curso legal mientras se conserva el curso forzoso del peso, no se está ‘’dolarizando’’ la economía excepto que todo el mundo decida usar el dólar como moneda de cambio, lo que en la Argentina sería bastante probable que la gente hiciese. Actualmente se lo usa como reserva de valor frente al peso, que constantemente se deprecia frente al dólar.

Pero en el supuesto que se le diera curso legal y forzoso recién en ese punto se puede hablar de una economía ‘‘dolarizada’’ y se podría dar por ``resuelto`` (aunque no tanto como veremos enseguida) el fenómeno de la inflación, ya que el gobierno no podría emitir dólares por ser una moneda originaria de un país extranjero.

Pero no tener inflación no es lo mismo a tener una economía estable, o como decía L. v. Mises, sana. Sencillamente sería no tener una economía inflacionaria. Es un paso, pero no el único, ni mucho menos el definitivo.

La ‘‘dolarización’’ no elimina de por sí (y como por ‘’arte de magia’’) el resto de las distorsiones económicas a las que normalmente se entregan los gobierno como el argentino, tales, por ejemplo, la presión tributaria, el gasto estatal, los controles de precios, los aranceles a las exportaciones, etc.

Pongamos el caso de mercado laboral. Supongamos que el salario de mercado para la actividad X fuera -por caso- de 100 dólares y el gobierno decidiera fijar un salario mínimo de USD 110. De cualquier manera se produciría una desocupación por la diferencia de USD 10. Conclusión: ’‘dolarizar’’ no resuelve el dilema del desempleo del trabajador. Porque es político y no económico.

En materia de comercio exterior, en otro ejemplo, un aumento de las exportaciones acarrearía un ingreso de dólares que lo depreciaría, pero si -al mismo tiempo- se restringieran las importaciones y hubiera escasez de capital e inversiones esto no redundaría en beneficio alguno para el consumidor, porque sólo podría comprar en el mercado interno a precios iguales o mayores que si -por el contrario- esos mercados estuvieran liberados.

Tampoco es del todo cierto que el gasto estatal (mal llamado público a nuestro juicio) se remedie mágicamente ‘’dolarizando’’ esa economía. Los gobiernos, simplemente, perderían uno de los medios favoritos a través del cual frecuentan a aumentar ese gasto (la emisión monetaria) pero de hecho, aun en economías ‘‘dolarizadas’’, les quedará todavía recurrir a la suba de impuestos y a los empréstitos internos y externos. Tampoco por este lado se observa que la ‘‘dolarización’’ solucione el inconveniente. Incluso hasta se podría decir que lo agrava, porque tanto las inversiones como los salarios reales se reducirán en la misma proporción.

Si el gobierno se financia través del crédito externo, el gasto se incrementaría, y los particulares perderían poder de compra en la misma medida que ese gasto suba, porque –adicionalmente- los precios comenzarían a elevarse.

Si ‘‘dolarizar’’ la economía fuera la ‘’mágica solución’’ para todos los descalabros económicos, entonces EEUU no tendría problemas de desempleo, presión fiscal, comercio exterior, gasto público, controles de precios, descapitalización, mercados negros, excedentes, faltantes, evasión, etc. Sin embargo, no hace falta ser economista para saber que dichas anomalías existen también en el país del norte, sólo que no en la misma dimensión que los de los demás del mundo. Las políticas económicas -en balance- han venido siendo allí un poco más sensatas que en otros lares (y en comparación con esos lugares). Sólo eso.

Pero aun así, la ‘‘dolarización’’ de un país que la adopta tampoco suprime la inflación sino que cambia la inflación interna por la externa. Se limita a modificar su origen y localizarlo en el exterior y no a nivel local. Hace dependiente a la nación que dolariza de la tasa de inflación que tiene el país de origen de la moneda en curso, esto es: la Reserva Federal norteamericana.

Si los directores de la FED de pronto perdieran el juicio y decidieran emitir ''a lo loco'' como lo hacen muchos de los países latinoamericanos con sus monedas autóctonas, la inflación treparía en todos los países ‘’dolarizados’’ a ese mismo ritmo. Y se notaría en la relación precios/bienes de los mercados internos y también externos. Con lo que tampoco es cierto que la ‘‘dolarización’’ de otros países elimina de una vez y para siempre (como algunos parecen creer) el drama inflacionario. Sólo lo hace dependiente de la inflación estadounidense.

Nada de lo dicho arriba sería diferente si, en lugar del dólar, decidiera volverse -por ejemplo- al patrón oro.

No se trata tanto de un tema exclusivamente económico sino de política económica, como se ve.

Por eso me parece hasta cierto punto desorbitado el énfasis y entusiasmo que algunos economistas ponen en el tema al proponerlo como una ''solución inmediata'' y otros (más errados todavía) como la ''única'' a todos los desaciertos económicos de un país.

 

 

Intervencionismo, informalidad, pobreza y riqueza.

 Por Gabriel Boragina ©

‘’…esa es la monstruosa tragedia del intervencionismo y del positivismo jurídico: que queriendo hacer el bien, hacen el mal porque no entienden que la ley es más costosa para el pobre que para el rico, a todos le cuesta pero al rico le cuesta menos que al pobre, porque el rico tiene más y el costo del rico de suyo será menor que el costo de oportunidad del pobre’’.[1]

Como hemos dicho siempre, no hay acción sin costo. Un sistema legal (cualquiera que él fuere) es fruto de la acción humana, por lo tanto no puede escapar a este axioma praxeológico.

Probablemente lo que quiere decir el autor, es que el intervencionismo y el positivismo jurídico coadyuvan a la expansión del sistema legal. El diseño de ese sistema legal tiene un costo representado por el tiempo y el dinero que se emplea en la elaboración, estudio, debate y sanción de las leyes que se hacen en los parlamentos o congresos del mundo. A eso, hay que añadirle los costos que las distintas leyes impondrán a aquellos a quienes vaya dirigida. Obviamente dichos costos irán a perjudicar más a la gente de menores recursos que a los de mayores.

‘’Brevemente: Si cumplir con la ley cuesta cien y yo tengo de ingreso uno y tú tienes mil ¿a quién le cuesta más? Al que tiene uno le cuesta todo, y eso es lo que pasa en Lima, en Buenos Aires, en La Paz, en Caracas, en Managua, y en Guatemala me temo que también’’[2]

El autor compara los costos de la ley en las ciudades de los países que menciona, posiblemente por las asimetrías que existen en ellos en cuanto a rentas y patrimonios. Asume (sin mayores demostraciones) que en esas ciudades habría mucha gente que tiene poco y poca gente que tiene mucho. Pero sea así o no (lo cual no es tema por ahora de estas reflexiones) sigue siendo cierto que las leyes crean y asignan costos no deseados por aquellos a quienes esas leyes van dirigidas.

‘’De manera que cumplir la ley me puede costar diez o cien cuando tenemos un país en el cual hay unos pocos que tienen dinero y muchos que no lo tienen, entonces en países que además tienen una distribución del ingreso como la que tenemos en América latina, es monstruoso tener un sistema legal positivista y costoso, porque al que perjudica es al pobre, al rico también le hace daño, no diremos que los ricos están felices porque tienen que gastar plata inútilmente’’[3]

Los costos no implican solamente ``gastar plata`` como se dice aquí, porque afirmar esto tajantemente implicaría haber olvidado todo lo que explicamos cuando abordamos el tema de los costos contables y los de oportunidad sus diferencias.

 El costo –recordémoslo- es la alternativa que se pierde o se abandona para poder lograr otra cosa en su lugar más deseable que lo que se sacrifica.

Lo que presumiblemente quiera decir el autor en comentario es que, mientras el rico puede afrontar el costo pagándolo con dinero, el pobre no tiene esa posibilidad, y en su lugar deberá dejar de consumir bienes o servicios que, antes de los costos impuestos por la ley, consumía. Pensemos, por ejemplo, en una ley de control de precios y de salarios.

Si se tratan -en el último caso- de salarios mínimos, el costo de aquellos salarios que le ley eleve por encima de la productividad marginal del trabajo será el de la desocupación. En otros términos, el costo para el trabajador será el de dejar de serlo y pasar a ser un desocupado más.

‘’claro, cuando se aprueba una nueva normativa tributaria en el congreso, ¿Qué hace el rico? Contrata un abogado o un contador y se olvida de la historia ¿Qué hace el pobre? Pues no puede cumplir con la ley, tiene que desertar de la legalidad y regirse por la costumbre, máxime si en Guatemala como en Perú dicen que solo una ley deroga otra ley, cosa que como ya sabrán es una perfecta mentira y una redomada injusticia’’[4]

Pasa por alto el autor que para el rico ese contratar un profesional es otro costo más que se le agrega al que la ley le imputa. Pero la idea, seguramente, será decir que el costo del profesional será menor al impuesto que el rico procura evadir legalmente.

Por supuesto que el pobre no tendrá esa opción, y su única salida será la de quedar fuera del sistema legal, con lo cual automáticamente se convertirá en un infractor al mismo. Pone ejemplos de los países de donde el proviene (Perú) y donde está pronunciando su conferencia (Guatemala). Pero lo mismo se aplica al resto de los países de América latina.

‘’De manera que no solo es costosa la ley sino que los costos se reparten asimétricamente. Hay una relación inversa entre ingreso y costo de la legalidad, al rico le cuesta menos cumplir con la ley que al pobre, al pobre le cuesta más cumplir con la ley’’[5]

Es un corolario de todo lo que el viene exponiendo y nosotros comentando. Y esto representa una desventaja del positivismo en cuanto la ley se aplica monopólicamente desde el vértice del poder.

Esos costos artificiales impuestos por la ley crean una marginalidad que desplaza de la formalidad legal a los menos favorecidos económicamente. En tal sentido, más le beneficia al pobre regirse por la costumbre, pero se perjudica al quedar afuera del sistema legal formal que otorga privilegios a los que más tienen.

‘’Eso significa que los legisladores, que no tienen idea de lo que estamos hablando, deberían ser fusilados cuando aprueban una ley compleja e inútil que eleva los costos de transacción, porque ¿a quién hacen daños? Solo a los pobres lastiman’’.[6]

No compartimos que ``deberían ser fusilados`` (lo que estimamos una humorada por parte del autor). Creo que bastaría con una ley que dispusiera su inhabilitación para legislar (aunque en países como Argentina sería bastante difícil que esos mismos legisladores voten favorablemente una ley que limite su poder). En nuestro sistema, la ley debería ser impugnada ante la Justicia para que declare su inconstitucionalidad.


[1] Enrique Ghersi ‘’El costo de la legalidad’’. publicado por institutoaccionliberal • 16/01/2014 • El costo de la legalidad | Instituto Acción Liberal http://institutoaccionliberal.wordpress.com/2014/01/16/el-costo-de-la-...

[2] Enrique Ghersi. ibídem

[3] Enrique Ghersi. ibídem

[4] Enrique Ghersi. ibídem

[5] Enrique Ghersi. ibídem

[6] Enrique Ghersi. ibídem

Los costos de la informalidad

 Por Gabriel Boragina ©

‘’Hay un ejemplo que no me cansaré de repetir, un ejemplo prototípico, que es la ley de invasión de terreno ¿Cuándo invade la gente un terreno? Invade solamente cuando el costo de comprar un terreno por la vía legal excede al beneficio de adquirir el terreno por la invasión. Y en ese momento prefiere invadir que comprar el terreno, eso probablemente es consecuencia de malas leyes que regulan la urbanización de terreno que hacen que existan barreras de acceso a los mercados inmobiliarios que empujan a desertar hacia la informalidad a gruesos sectores de migrantes del campo a la ciudad que requieren de vecindarios nuevos para vivir. Pero es consecuencia de una evaluación de costo-beneficio’’.[1]

Es importante la observación, porque destaca como las leyes atacan al mercado encareciendo las transacciones entre particulares y entorpeciendo toda la vida económica. Fruto de la falta de comprensión de los legisladores que no entienden la relación que existe entre la economía y el derecho.

Por un lado, castigan la usurpación de propiedades ajenas. Pero por el otro, elevan los costos de transacción de mil maneras (impuestos, tasas, inflación, restricciones económicas, control de alquileres con alquileres máximos, elevación de costos, etc.) de tal suerte que, en resumidas cuentas, empujan a la gente de escasos recursos hacia la informalidad y hacia el delito, no contabilizándose como delito la manera en que las legislaciones impiden la fluidez del mercado.

En estos casos las distintas leyes se contradicen entre si y los efectos buscados al sancionarlas no se alcanzan, precisamente, porque se contraponen.

‘’Yo solo invado un terreno cuando creo que me beneficia hacerlo, aunque puede que no me beneficie, es decir, hechos los números finos, de repente me perjudicó, he perdido plata por hacerlo. Pero la gente cree que no, y como actuando suponiendo que nos beneficia y suponiendo que no nos perjudica, no necesariamente hacemos una operación matemática para tomar la decisión de cumplir con la ley, hacemos una apreciación que puede ser equivocada. Pero una apreciación que guía nuestras acciones’’.[2]

Recordemos que toda acción tiene un costo. No hay acción sin costo. La expectativa puede no cumplirse y -a la larga o a la corta- el ‘’negocio’’ de invadir puede salir mal y, a veces, muy mal.

Sin duda, el terreno invadido ha de tener sus dueños, que lo reclamará formal o informalmente. Por la vía formal a través de acciones legales tendientes a su recuperación, y civiles para ser indemnizados por los usurpadores. O penales, para que los usurpadores vayan a la cárcel. Por las vías informales, mediante la violencia directa para desalojar ellos mismos a los usurpadores.

Todos estos aparecen para el invasor como costos no previstos –quizás- a la hora de usurpar. También puede darse que hubiera alguna alternativa de adquisición legal que el usurpador no haya conocido al momento de usurpar que podría haber evitado la usurpación (por ejemplo, créditos a bajo costo obtenidos en el mercado negro o paralelo, etc.)

‘’Entonces la principal limitación de la ley es su costo, la ley tiene ventajas como fuente del derecho y tiene limitaciones, la principal es que es costosa. Pero no solo es costosa, sea que hablemos del costo de oportunidad de la ley o sea que hablemos del costo como el tiempo emprendido en formación’’.[3]

En realidad, habrá que volver a repetir en este lugar que, es una ley praxeológica que toda acción tiene su costo. Y las acciones que surgen de la ley (ya sea para el que la hace, la pone en práctica y las ejecuta como sus consecuencias) obviamente no pueden escapar, ni escapan a aquel axioma praxeológico. No sólo la ley en si misma es costosa sino que sus disposiciones llevadas a al práctica generan costos a quienes el cumplimiento de la ley está dirigido.

Un ejemplo típico son las leyes laborales, que crean costos para los empleadores y beneficios para los empleados por una falacia económica difundida por el marxismo, por la cual sólo el trabajo humano es fuente del valor de las cosas. Ergo, se parte del supuesto que ‘’el patrón explota al obrero’’, y de allí que se haga ‘’necesario’’ una ley que equilibre las cosas. Todo lo que hoy se llama ‘’legislación social’’ está basado en aquella falacia marxista aceptada por casi todo el mundo.

‘’Aceptemos por un minuto que la ley es costosa. No solo es un problema que la ley es costosa, sino que ese costo de legalidad se reparte asimétricamente y permítanme una breve explicación. El profesor Douglas North dice que existe una relación inversamente proporcional entre el ingreso de la población y el costo de la legalidad. La relación inversa significa que a mayor ingreso menor costo de la legalidad y a menor ingreso mayor costo de la legalidad. Ustedes me dirán ¿Por qué? Porque si entendemos el costo de la legalidad como un costo subjetivo, como lo que yo sacrifico para cumplir la ley, la ley nunca le cuesta lo mismo a dos personas, les cuesta más a los pobres que a los ricos’’. [4]

                La ley eleva los costos de transacción porque limita lo que las personas a las que la ley afecta pudieran haber hecho en su ausencia. Podría decirse que esta es una ventaja que tiene el derecho consuetudinario por encima de la ley positiva y formal.

Los costos que imponen las leyes formales obviamente no se distribuyen de manera proporcional para todos aquellos a quienes esa ley alcance. Pero esto no es un fenómeno exclusivo de la ley. En el campo de las transacciones comerciales los costos jamás se distribuyen de manera igual para todos los agentes económicos.

El problema de la ley es que, al estar dirigida a situaciones puntales y que regulan a unos pero no a otros, forja distorsiones en las relaciones naturales y espontáneas.

Está claro que el autor alude a las leyes civiles y comerciales, y está excluyendo a la legislación penal donde no tiene sentido hablar de pobres y ricos, excepto en aquellos casos donde la libertad se obtenga a cambio de un precio (fianza u otras denominaciones, conforme los lugares).


[1] Enrique Ghersi ‘’El costo de la legalidad’’. publicado por institutoaccionliberal • 16/01/2014 • El costo de la legalidad | Instituto Acción Liberal http://institutoaccionliberal.wordpress.com/2014/01/16/el-costo-de-la-...

[2] Enrique Ghersi. ibídem

[3] Enrique Ghersi. ibídem

[4] Enrique Ghersi. ibídem

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