Cómo funciona el intervencionismo


Por Gabriel Boragina ©

En el intervencionismo:
"La autoridad busca influir en el mercado por la intervención de su poder coactivo, pero no quiere eliminar completamente el mercado. Desea que la producción y el consumo sigan líneas distintas de las prescritas por el mercado no intervenido y quiere alcanzar su objetivo inyectando en el funcionamiento del mercado órdenes, y prohibiciones para las que tiene dispuesta la aplicación del poder de la policía y su aparato de coacción y compulsión."[1]
Es decir, lo que el gobierno declara es que no busca el control de todo el mercado, y que tampoco lo hace o hará de manera permanente, sino transitoria para "corregir" lo que habitualmente se dan en llamar las "fallas del mercado" que en rigor no son tales. Dichos propósitos no necesariamente estarían inspirados con fines de perjudicar a la gente o -al menos- a no toda la gente. El intervencionismo, a menudo, está infundido en otra doctrina económica que se denomina distribucionismo que -a su vez- descansa en la desgraciada tesis de la "justicia social" y que -a su turno- halla su fuente en el Dogma Montaigne que se resumía en el falso apotegma por el cual "la riqueza de los ricos es causa de la pobreza de los pobres". En otras palabras, detrás de la decisión última de intervenir en la economía de mercado existe toda una serie de falsas preconcepciones que pretenden justificar los propósitos intervencionistas.
"Pero son intervenciones aisladas: sus autores afirman que no planean combinar estas medidas en un sistema completamente integrado que regule todos los precios, salarios y tipos de interés y que por tanto ponga en el control completo de la producción y el consumo en manos de las autoridades."[2]
Creen que, en el tiempo y el espacio tales disposiciones aisladas no afectan el funcionamiento del mecanismo de mercado, y que podrán dejarse de tomar las mismas o suspenderlas sin efectos secundarios o colaterales. En realidad, es cierto que si se suspende o se eliminan por completo aquellas el mercado tratará de restablecer la situación al punto anterior a la intervención gubernamental, pero la experiencia histórica ha demostrado que pocos o ningún gobierno que haya interferido con el mecanismo de mercado ha dejado de hacerlo, pese a que en algún momento ello haya sido su designio. La práctica ha confirmado que cuando las autoridades adoptan una providencia intervencionista a ella le sigue otra, y luego otra, y así sucesivamente.
"Sin embargo, todos los métodos de intervencionismo están condenados al fracaso. Esto significa: las medidas intervencionistas deben necesariamente generar condiciones que desde el punto de vista de sus propios defensores son menos satisfactorias que estado previo de cosas que pretende alterar. Estas políticas son por tanto contrarias a sus propósitos."[3]
A pesar de las mejores intenciones el camino al infierno está plagado de un gran número de ellas (como dice el célebre refrán). No hay ningún modo de evitar ni eludir los efectos de los actos que tratan de violar las leyes del mercado. Estas se cumplen de forma inexorable, y en contra aun de los deseos más nobles que inculquen al gobernante más benemérito del mundo (sí que el tal existió, existe o existirá). El contexto que se genera al entorpecer las leyes de mercado empeora siempre el entorno, poniéndolo en un grado peor al que tenía antes de la intervención, y con la cual se pretendía solucionarlo. El intervencionismo hace de lo malo algo peor.
"Los salarios mínimos, ya sean aplicados por decreto del gobierno o por presión y coacción sindical, son inútiles si fijan los salarios al nivel del mercado. Pero si tratan de aumentar los niveles salariales por encima de los que habría determinado el mercado laboral no intervenido, generan desempleo permanente en una buena parte de la potencial fuerza laboral."[4]
Mal que le pese a la mayoría de las personas el salario no es otra cosa que el precio del factor productivo que se llama trabajo, siempre ha sido así y siempre será así, en tanto los recursos sigan siendo más escasos que las necesidades que hay de ellos. En consecuencia, ese salario solo puede fijarse por intermedio del libre juego de la oferta y de la demanda si lo que se quiere es que todos los factores productivos de ese mercado especifico estén empleados o, en distintos términos, si se quiere que todo aquel que desea trabajar encuentre una ocupación en que hacerlo. Si el salario de mercado se altera por parte de los gobiernos es cuando aparece el desempleo.
"El gasto público no puede crear empleo adicional. Si el gobierno proporciona los fondos necesarios gravando a los ciudadanos o tomando prestado del público, deroga con una mano tantos trabajos como crea con la otra. Si el gasto público se financia tomando prestado de los bancos comerciales, significa expansión del crédito e inflación. Si en el curso de esa inflación el aumento en las materias primas excede al aumento en los salarios nominales, caerá el desempleo. Pero lo que hace que disminuya el desempleo es precisamente el hecho de que estén cayendo los salarios reales."[5]
En el primer caso, no hay ninguna "creación" de empleo sino solo una ilusión del mismo. Lo que -en realidad- sucede es que se transfirieren los empleos del sector privado al sector público (estatal). Los puestos de trabajo que aparecen en el sector burocrático son los mismos que desaparecen del privado. No hay pues ninguna "generación" de empleo. Además de ello, se evita con esta orden que puedan crearse genuinos puestos de trabajo en el sector productivo de la economía que es siempre el privado.
En el segundo caso, los préstamos que el gobierno toma de los bancos deberán ser amortizados a su tiempo, y como el gobierno jamás cuenta con recursos propios se verá obligado a volver a tomar crédito o emitir dinero para cancelar el principal y los intereses. L. v. Mises alude, asimismo, a la denominada producción secundaria de dinero también conocida como dinero bancario, que es aquel creado sin respaldo real.
La expansión monetaria y crediticia ocasiona una ilusión de auge, en el que si los ingresos que obtienen los empleadores superan los salarios nominales se reducirá el desempleo, pero a cambio los nuevos empleados y los antiguos ganarán cada vez menos.

[1] Ludwig von Mises, Caos planificado, fuente: http://mises.org/daily/2454 (Publicado el 3 de febrero de 2007). pág. 8
[2] L. v. Mises ibidem, pág. 8-9
[3] L. v. Mises ibidem, pág. 9
[4] L. v. Mises ibidem, pág. 9
[5] L. v. Mises ibidem, pág. 9

Psicología del votante político promedio


Por Gabriel Boragina ©

Siempre me ha interesado analizar las razones por las cuales en épocas electorales la gente vota como lo hace. Mis lectores ya saben que he dedicado varios trabajos con esa finalidad.
La praxeología investiga cuales, son las consecuencias de la acción humana, la psicología -en cambio- cuales son los móviles o causas de determinada acción, y porque esos y no otros.
El tema es complejo e intervienen muchísimos factores, lo que lo hacen precisamente más complejo todavía.
Voy a reducirme al caso argentino que es el más curioso y atípico en cierto sentido, aunque en otros es bastante previsible conociendo la idiosincrasia de ese pueblo.
En lo praxeológico ya hemos dicho que todo resultado electoral responde persistentemente a la categoría a priori de la acción humana: el hombre siempre actúa buscando pasar de un estado de inferior satisfacción a otro de superior. Por eso, constantemente, se inclinará en el cuarto oscuro por aquel candidato que personalmente considera que le brindará mayores beneficios.
Ahora bien, al buscar esta mejora los móviles pueden fundarse en razones que encuentran su base en el pasado o en el presente. Puedo votar a X porque en el pasado estuve mejor con él, o porque lo estoy ahora en el presente. En el caso argentino, la coyuntura del momento tiene mayor peso que cualquier razón histórica a la hora de votar.
Por ejemplo, si durante los primeros tres años y 9 meses de gobierno del partido X el nivel de vida del elector fue -por caso- de 10 y durante los tres últimos meses (de -supongamos- un periodo de cuatro años de gobierno) ese nivel de vida baja a 5 o 4, serán estos últimos tres meses de gobierno los que determinarán para la mayoría cual será el destino de su voto, que devendrá en negativo para el partido al frente del mando en dicho momento.
Y viceversa, si durante los primeros 3 años y 9 meses antes de las próximas elecciones el nivel de vida del elector promedio fue de 5 y los últimos dos o tres meses (que incluyan al final del último mes la fecha de las elecciones nacionales) el nivel de vida pasa a ser superior a 5, esto determinará el triunfo del partido gobernante.
El pasado pasa a ser irrelevante para este amplio sector del electorado y que -al menos en el caso argentino- es invariablemente el mayoritario. Todo lo cual denota la visión cortoplacista del argentino medio en materia política y economía, donde lo que importa es el ahora, no el pasado ni el futuro. En el mejor de los casos el pasado eternamente será el inmediato, igual que el futuro, pero no van más allá.
Y en esto, objetivamente, poco cuenta lo que realmente la acción política haya tenido que ver con la suba o baja del nivel de vida del elector en cuestión, aunque subjetivamente le sea relevante.
El grueso de la masa tiende a no vincular sus acciones personales con el resultado de las mismas, atribuyendo su buena o mala fortuna al ejercicio político, y es teniendo en cuenta este que decidirá el signo de su voto. Tanto si en lo personal o familiar le va bien o le va mal económicamente, tenderá a creer que poco o nada tienen que ver sus actos particulares con su éxito o fracaso, sino que estos "se deberán" exclusivamente a lo que el gobierno al mando haga o deje de hacer a ese respecto.
Este efecto es fruto del relajamiento general que -desde hace muchísimo tiempo- la "cultura" socialista ha venido produciendo en la conciencia de la responsabilidad personal, la que aquella viene carcomiendo y debilitando hasta hoy día prácticamente desaparecida.
No cabe duda que los actos de gobierno influyen sobre la sociedad civil y a veces en gran medida, pero en una proporción más importante las personas son responsables de sus actos, aunque exista una mayoría que no lo entienda así ni lo asuma.
La coyuntura económica recurrentemente depende de dos variables: la que manejan los gobiernos al intervenir en la economía y la de las personas particulares que se acomodan, reaccionan o resisten aquella coyuntura. Sin embargo, el común de las personas sólo tiene en cuenta la primera, y en función de ella elige un gobierno u otro conforme imputan al primero o al segundo sus mejores éxitos económicos al momento de emitir el sufragio.
En esa evaluación cortoplacista priman las condiciones económicas de los que concurren a los comicios al momento de ser convocados a ello.
Alguien cuyas malas o nulas aptitudes laborales le impiden conseguir un empleo es bastante probable que lo asigne al gobierno de turno, aunque objetivamente este no tuviera nada que ver con esa puntual situación. No obstante, dicha persona -si estamos en época electoral- votará en contra de ese partido en el poder y a favor de otro que prometa en su plataforma política generar puestos de trabajo u haga hincapié en otros "beneficios" laborales. Si -por el contrario- consigue el puesto, su voto será favorable al gobierno de turno, cuando, en realidad, la causa puede obedecer simplemente a haber hallado a un empleador con un menor nivel de exigencias que los otros donde fortuitamente el aspirante haya ido a "golpear las puertas".
Inversamente, alguien cuyas calificaciones laborales son sobresalientes adjudicaría la obtención de un empleo (que tuviera en cuenta dichas cualidades) a una favorable coyuntura laboral "gestada" por el gobierno de turno cuando no fuera objetivamente esta la causa de la nueva colocación lograda sino las primeras. Al contrario, en las más agudas crisis laborales exclusivamente los más competentes obtienen los escasos empleos disponibles. Si no consiguiera trabajo en su área votaría en contra
Únicamente una minoría no dependiente psicológicamente de la política reconocería en sus propias cualidades personales la causa de sus logros y fracasos en la proporción correspondiente que tienen comparativamente en relación a las injerencias políticas. Dependerá pues de cuál sea el grado de politización de la población.
En los países cuyos gobiernos menos interfieren en la economía es donde las condiciones económicas son más favorables a todos, incluyendo aptos y no aptos para el trabajo. Pero esta realidad será interpretada de manera diferente por los ocupados y por los desocupados en épocas electorales.

Déficit y superávit fiscales


Por Gabriel Boragina ©

 déficit. Una cantidad, normalmente expresada en términos monetarios, que expresa que una suma es inferior a otra. Se habla de déficit cuando los pagos superan a los ingresos y el balance, en consecuencia, es negativo. El déficit fiscal indica la misma idea, aplicada en este caso a la diferencia entre ingresos y egresos públicos. Las políticas fiscales keynesianas insistieron en que los déficits fiscales eran necesarios para aumentar la demanda agregada en tiempos de recesión, ya que los gastos del Estado se añadían a la demanda de los particulares produciendo un efecto reactivador sobre la economía. Las concepciones monetaristas actuales destacan, en cambio, que los déficits fiscales son el principal motor de la inflación.” (116 C. Sabino, ob. Cit. Voz respectiva.)
Como ya dijéramos antes en este libro, los gobiernos no pueden (en rigor pueden, pero no deben) tener déficit ni superávit fiscales, sino que deben saldar siempre gastos con ingresos, de tal suerte que las cuentas nacionales queden siempre balanceadas. De existir superávit fiscal, en modo alguno se trata de un índice de crecimiento, sino de decrecimiento, ello por cuanto el superávit fiscal indica que se ha recaudado más que lo permitido por el presupuesto nacional, lo que implica que se ha expoliado a la población por la diferencia entre el monto del presupuesto y el superávit fiscal. No es pues un índice de crecimiento, excepto para el gobierno. Habrá que decir entonces que los gobiernos con superávit fiscal crecen a costa de sus gobernados, que son expoliados por la diferencia entre el monto máximo del presupuesto y el del superávit en cuestión.
[…]
…el déficit aparece cuando los débitos superan a los créditos y los pagos no alcanzan a enjugarlos, lo que creemos que es la forma correcta de expresarlo. En este sentido los pagos nunca pueden ser superiores, sino que necesariamente han de ser inferiores. El error del autor puede provenir, posiblemente, de haber equivocado la inclusión del término “pagos”, donde lo lógico y coherente sería haber colocado la palabra “deudas”, ya que el concepto típico de déficit en materia económica es precisamente ese: donde las deudas superan a los ingresos, y donde –a su vez- la suma inferior son los pagos en relación a las deudas y no a los ingresos. Ya sea que se quiso significar que se paga con un ingreso anterior (sea de impuestos recaudados o de empréstitos) debió haberse clarificado para evitar posibles confusiones. Es más preciso decir que habrá déficit cuando los ingresos no alcancen a cumplir con los egresos presentes o futuros, o como dijimos antes, cuando los débitos superan a los créditos. Tal es la noción correcta de déficit. Toda esta confusión, en realidad, no proviene del autor de la definición, sino de la teoría keynesiana a la que alude en la oración posterior, y de la cual, por lo visto, el Dr. C. Sabino toma el concepto. Lo que postulaban los keynesianos era que el gobierno debía endeudarse, pero a ellos no les gustaba usar esta palabra, entonces recurrían al vocablo déficit, para expresar una cosa distinta a la que estaban proponiendo. De este último modo, adquiere sentido la primera parte de la definición, en la que el autor supone la previa tenencia de ingresos para pagar, cuando, en los hechos, lo que se quiere transmitir es la idea de gasto, pero nuevamente, el gasto sólo puede superar al ingreso mediante un ingreso anterior.
El déficit es un concepto fiscal, por el cual se significa que los ingresos han sido (o serán) inferiores a los egresos previstos en el presupuesto nacional, provincial, municipal, etc. Este es el sentido habitual con el cual se emplea la palabra en la lexicografía impositiva. Mediante el mismo, se indica no otra cosa que, se ha recaudado o se recaudará menos que lo señalado en el respectivo presupuesto, con lo cual se verifica que el presupuesto ha sido mal calculado y peor aprobado por la legislatura respectiva, porque no refleja adecuadamente las valoraciones estimadas por el electorado sobre el particular.
El superávit expresa la idea exactamente opuesta, por la cual los ingresos exceden a los egresos (siempre en relación a lo previsto en el respectivo presupuesto). En el mejor de los casos (y suponiendo buena fe en los legisladores, cuestión ya de por si dificultosa) habrá de decirse que también se trata de otro supuesto de presupuesto mal calculado y peor aprobado por las autoridades. Recaudar más de lo previsto, implica -lisa y llanamente- que se ha expoliado a los contribuyentes por la diferencia entre la cifra aprobada del presupuesto y el monto en más obtenido mediante la recaudación. Con todo, se trata de la situación a la que tienden los gobiernos (al menos en la Argentina), y que suelen explotar demagógicamente, sobre todo cuando quieren engañar a sus súbditos, creándoles la ilusión de que la gestión de la burocracia de turno estableció “prosperidad beneficiosa” para el país, al “rebosar” sus arcas más allá de lo previsto presupuestariamente. Lamentablemente, esta prédica populista suele captar y cautivar a más de un iluso, quien no advierte que se trata del reverso de aquella otra que también esgrimen los gobiernos cuando tienen déficit fiscal.
En este último caso, arguyen, demagógicamente asimismo que, como los fondos no alcanzan a cumplir con las metas de “justicia social” fijadas por el gobierno, ergo, se deberá recurrir a otros medios de financiamiento para enjugar el déficit, tales como empréstitos (internos o externos), elevar alícuotas de impuestos, crear nuevos, fijar tarifas, acrecentar o crear nuevos aranceles al comercio exterior y –aunque nunca se dice- generar inflación. Con estas medidas –y otras similares- afirman los burócratas y sus acólitos, que se formará superávit fiscal, y al aplicarlas, efectivamente los ingresos del gobierno se elevan sideralmente, lo cual -como ya hemos expresado-, en modo alguno implica “mejora” o “crecimiento económico” del pueblo o de la nación, ya que, en estos últimos casos, el único crecimiento económico que se verifica es el de los patrimonios de los burócratas que usan tales disposiciones.
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Fragmento de mi tratado de economía La ciencia económica (tomo 3). Ediciones Libertad. págs. 317 a 321 (disponible on line)

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