Corrupción, sociedad y liberalismo.

 Por Gabriel Boragina ©

Sostuvimos mucho antes del arribo de LLA al gobierno que la sociedad argentina no era liberal. Y cuando LLA ganó las elecciones mantuvimos esta misma tesis, explicando que aquella elección no había expresado una conversión doctrinaria hacia el liberalismo sino apenas una reacción coyuntural frente al agotamiento del ciclo kirchnerista. La sociedad argentina no debatió ideas liberales, principios filosóficos, escuelas económicas ni cuestiones doctrinarias. Jamás estuvo verdaderamente interesada en ello.

La coyuntura exigía liberarse del flagelo peronista en su vertiente “K” dominante, y cualquier candidato que apareciera como alternativa a Sergio Massa sería favorecido electoralmente. Derrotada la coalición denominada ''Juntos por el Cambio'', liderada anteriormente por Mauricio Macri —quien decidió no competir nuevamente por la presidencia— emergió un personaje hasta poco antes relativamente marginal en la política institucional: un panelista televisivo elevado rápidamente a figura nacional gracias a una exposición mediática constante y extraordinaria.

Bien se ha dicho que la prensa constituye el “cuarto poder”, y ello resulta particularmente visible en la Argentina, donde la influencia cultural y política de los medios de comunicación continúa siendo enorme. La construcción mediática de figuras políticas no es un fenómeno nuevo, pero en este caso alcanzó niveles inusitados: voluntaria o involuntariamente, gran parte del sistema periodístico contribuyó a instalar ante la opinión pública la idea de que aquel personaje representaba una ruptura radical con el sistema tradicional.

Ingenuamente, muchos creyeron que bastaba con declamar contra “la casta”, denunciar la corrupción y presentarse como ajeno al circuito político tradicional para encarnar automáticamente una alternativa moral superior. El electorado, agotado y frustrado, aceptó esa narrativa y le otorgó el triunfo. Pero el dato verdaderamente relevante no fue el resultado electoral, sino la evidencia de que la sociedad argentina no modificó en absoluto su mentalidad respecto del poder y de la corrupción.

El problema de fondo es que la sociedad argentina parece haberse anestesiado frente al fenómeno corrupto. La corrupción dejó de escandalizar; apenas genera discusiones comparativas. Lo que el ciudadano promedio espera no es un gobierno honesto, sino simplemente uno “menos corrupto” que el anterior. Allí reside precisamente la demostración más contundente de la ausencia de una cultura liberal genuina.

El liberalismo no aspira a reducir la corrupción: aspira a erradicarla. Un liberal no acepta la corrupción como un componente inevitable del sistema político, del mismo modo que no aceptaría como inevitable el robo o el fraude. Sin embargo, la mentalidad predominante en la Argentina parece haber naturalizado la degradación institucional hasta convertirla en una fatalidad cotidiana.

En este sentido, Frédéric Bastiat escribió una frase que parece describir con exactitud este fenómeno: “Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en sociedad, con el tiempo crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica”. La corrupción deja entonces de percibirse como una anomalía para transformarse en parte constitutiva del orden político aceptado socialmente.

Esto se refleja con claridad en los debates cotidianos y, especialmente, en las discusiones observables en redes sociales. Cuando alguien denuncia hechos de corrupción del gobierno actual, las respuestas oscilan casi exclusivamente entre quienes sostienen que los gobiernos anteriores fueron más corruptos y quienes afirman que fueron menos corruptos o igualmente corruptos. La posibilidad de exigir gobiernos completamente honestos ni siquiera aparece como horizonte imaginable.

Y ello demuestra que jamás existió un verdadero clima liberal dentro de la opinión pública argentina. No lo hubo antes de la llegada de LLA al poder, ni tampoco existe ahora, cuando las denuncias y sospechas sobre corrupción vuelven a ocupar el centro de la discusión pública. Lo único que cambia es el nombre de los acusados y la intensidad de la defensa partidaria.

Un liberal auténtico es ajeno a esa lógica tribal. No le interesa determinar si fulano robó más o menos que mengano. El liberal no compara porcentajes de corrupción; exige la eliminación absoluta de ella. La honestidad institucional no es para el liberal una cuestión relativa sino un principio moral.

Como señalaba Ayn Rand: “Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican influencias más que bienes, sabrás que tu sociedad está condenada”. Allí donde el poder político distribuye privilegios discrecionalmente, inevitablemente surge una estructura de corrupción destinada a capturar esos beneficios.

Del mismo modo, Ludwig von Mises explicó reiteradamente que el intervencionismo estatal genera corrupción porque amplía las oportunidades de arbitrariedad política. Cuando el Estado decide quién gana, quién pierde, quién recibe subsidios, quién obtiene contratos o quién accede a privilegios regulatorios, la lucha económica deja de orientarse hacia la producción y pasa a orientarse hacia la captura del poder político. La corrupción no aparece entonces como una desviación excepcional sino como una consecuencia lógica del sistema intervencionista.

Por eso la ausencia de una mentalidad liberal también se refleja en el hecho de que, cuando existe cierta bonanza económica, la corrupción pasa inmediatamente a un segundo plano para gran parte de la sociedad. Mientras determinados sectores obtengan beneficios materiales, tolerarán e incluso justificarán mecanismos corruptos si estos preservan sus ventajas. La preocupación moral desaparece frente a la conveniencia económica inmediata.

Friedrich Hayek advirtió en Camino de servidumbre que la expansión del poder estatal no sólo transforma la economía sino también la cultura moral de una sociedad. Cuanto mayor es el intervencionismo, más se acostumbra la población a depender de favores políticos, excepciones regulatorias y privilegios discrecionales. La corrupción deja entonces de ser vista como una patología y comienza a considerarse simplemente una herramienta más dentro de la lucha por recursos y posiciones.

En suma, nunca se avanzó verdaderamente hacia la libertad entendida en sentido liberal profundo. No antes, no ahora y probablemente tampoco en el futuro inmediato. Porque el problema central no reside únicamente en determinados dirigentes corruptos, sino en una cultura política que acepta la corrupción como un fenómeno inevitable de la vida pública.

La sociedad argentina parece concebir la existencia de gobiernos completamente honestos como algo utópico, casi extraterrestre. Sólo puede escandalizarla el grado de descaro o de torpeza de ciertos hechos, pero no la corrupción en sí misma. Y mientras exista esa resignación cultural, cualquier proyecto liberal auténtico resultará imposible.

El liberalismo no es un sistema con “poca corrupción”. Es, por definición moral e institucional, un sistema anticorrupción. Un orden basado en la igualdad ante la ley, la limitación estricta del poder y la eliminación de privilegios estatales incompatibles con una sociedad libre.

Tal como advertía Juan Bautista Alberdi, “la peor tiranía es la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia”. El drama argentino no consiste únicamente en la corrupción de ciertos gobiernos particulares, sino en la normalización social de un sistema donde el poder administra privilegios, castigos y beneficios mientras la ciudadanía acepta mansamente esa dinámica como si se tratara de un fenómeno natural e inevitable. Mientras ello no cambie, el liberalismo seguirá siendo apenas una consigna electoral ocasional y no una verdadera convicción cultural de la sociedad argentina.

Liberalismo y corrupción

 Por Gabriel Boragina ©

 Es cierto que escribimos numerosas notas con el mismo título. Pero ocurre que en la Argentina de hoy este es el verdadero tópico de actualidad, con una nota siniestra, el gobierno de LLA[1] dice representar y ejercer el liberalismo.  

Al hablar de corrupción no lo hacemos en el sentido corriente y popular que se le da al termino. Sino en el que utiliza el profesor Ludwig von Mises cuando trata el tema. 

Al respecto nos explica:

Hay múltiples esferas donde, dada una organización inter­vencionista, imposible resulta evitar el favoritismo. Piénsese, por citar un solo ejemplo, en la cuesti6n de las licencias de importa­ción. ¿A quién otorgarlas y a quién denegarlas? No existe módulo alguno que permita hacer tal distribución de manera objetiva y libre de consideraciones personales. El que efectivamente se llegue o no a pagar dinero por la adjudicaci6n, en el fondo, poco, a estos efectos, importa, pues no resulta menos recusable el, sin nada cobrar, conceder las deseadas licencias a aquéllos de quienes la Administración espera conseguir en el futuro particulares servicios (sus votos electorales, por ejemplo). El intervencionismo engendra siempre corrupción. Consignado este hecho, el economista se desentiende del asunto, deján­dolo en manos de historiadores y juristas. [2]

Pero nuestro interés de momento no reside en lo económico, ni lo jurídico, ni lo político, sin restarles la debida importancia que estos enfoques tienen, sin duda, sino en lo estrictamente liberal/filosófico.

Los grandes liberales de todos los tiempos siempre han sido contundentes en cuanto a que en el liberalismo no se debía reconocer ventajas y prerrogativas para nadie, porque la sinecura rompe la igualdad ante la ley, principio rector e irrenunciable de dicha tradición.

Ahora bien, la observación de Ludwig von Mises no constituye un caso aislado dentro del pensamiento liberal, sino que se inscribe en una tradición mucho más amplia y consistente. En efecto, diversos autores liberales han advertido, desde distintos ángulos, que toda forma de discrecionalidad estatal en la asignación de beneficios conduce inevitablemente al favoritismo y, por ende, a la corrupción. 

En esta línea, Friedrich Hayek señala que cuanto más interviene el Estado en la economía, más necesario se vuelve decidir quién obtiene qué, y que tales decisiones no pueden evitar ser arbitrarias. Es decir, allí donde no rigen normas generales y abstractas, sino decisiones particulares, el terreno queda necesariamente abonado para el privilegio.

Por su parte, Frédéric Bastiat definía al Estado como “la gran ficción mediante la cual todos intentan vivir a costa de todos los demás”, poniendo de relieve que cuando el aparato estatal es utilizado para redistribuir beneficios particulares, deja de ser un garante de derechos para convertirse en un instrumento de expoliación legalizada.

Ya Adam Smith había advertido que los empresarios tienden a conspirar contra el público cuando buscan ventajas otorgadas por el poder político, lo cual refuerza la idea de que el problema no reside en los individuos en sí mismos, sino en el marco institucional que permite —o impide— tales privilegios. 

Más contemporáneamente, Milton Friedman expresó la misma idea en términos económicos: cuando el gobierno decide quién gana y quién pierde, la corrupción no es una posibilidad, sino una consecuencia inevitable del sistema.

De todo lo anterior se desprende una conclusión fundamental: la corrupción, entendida en el sentido amplio que le da Mises —esto es, la concesión de privilegios particulares en desmedro del resto— no es un fenómeno accidental dentro de los sistemas intervencionistas, sino una consecuencia lógica de los mismos.

El episodio reciente que involucra a altas autoridades del gobierno argentino —en el que se promueve o favorece desde el poder un emprendimiento privado determinado— permite iluminar una cuestión de fondo que trasciende lo meramente coyuntural: la incompatibilidad estructural entre liberalismo y corrupción.

Si se adopta la definición amplia de corrupción desarrollada por Ludwig von Mises, el problema no radica únicamente en la existencia de sobornos o beneficios monetarios directos, sino en algo más profundo: el uso del poder estatal para otorgar ventajas particulares a unos en detrimento de otros. Bajo este criterio, cualquier intervención discrecional que favorezca intereses específicos constituye, en sí misma, un acto de corrupción, aun cuando no medie delito tipificado.

Lejos de ser una interpretación aislada, esta idea recorre todo el pensamiento liberal clásico. Friedrich Hayek advirtió que, cuanto mayor es la intervención estatal, más necesario se vuelve decidir quién obtiene qué, y que tales decisiones no pueden sino ser arbitrarias. Es decir, el problema no es moral sino institucional: allí donde el poder decide casos particulares, el favoritismo no es una anomalía, sino una consecuencia inevitable.

En términos aún más crudos, Frédéric Bastiat describió al Estado como un mecanismo a través del cual distintos grupos intentan vivir a expensas de otros, poniendo en evidencia que la captura del poder político para obtener beneficios es una tendencia constante cuando existen instrumentos para hacerlo.

Desde el plano institucional, James Madison y Lord Acton coincidieron en un punto decisivo: el poder tiende al abuso y, por lo tanto, debe ser estrictamente limitado. No se trata de confiar en la virtud de los gobernantes, sino de diseñar un sistema en el que les resulte imposible favorecer discrecionalmente a unos sobre otros.

A la luz de este marco teórico, el caso analizado adquiere un significado preciso: no es simplemente un escándalo más, ni un error político, ni una inconducta individual. Es la manifestación concreta de un esquema en el cual el poder público se utiliza para beneficiar intereses particulares. Y en ese punto exacto, el sistema deja de ser liberal. Es indistinto que esos intereses sean de los mismos miembros del propio gobierno o de quienes por fuera de ese marco se favorecen.

El liberalismo no se define por la retórica, ni por la autoidentificación ideológica de quienes gobiernan, sino por principios institucionales claros: igualdad ante la ley, normas generales y ausencia de privilegios. Cuando un gobierno promueve, recomienda o favorece desde su posición a determinados actores económicos, rompe esa igualdad y sustituye reglas por discrecionalidad.

Por lo tanto, la conclusión es directa: la existencia de este tipo de prácticas no constituye una desviación dentro de un gobierno liberal, sino la prueba de que no lo es. Allí donde hay favoritismo, prebendas o beneficios selectivos otorgados desde el poder (y para el poder, peor aún) no hay liberalismo posible, sino su negación.

En este sentido, la actual corrupción no contradice al liberalismo: lo desmiente en quienes dicen representarlo.

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[1] Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''

[2] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. Pág. 1063 a 1065

El estatismo avanza

Por Gabriel Boragina ©

 

Lejos del paraíso libertario que continuamente trata de instalar en la ciudadanía el relato oficial de LLA[1], la realidad es que lo único que avanza en la Argentina es el estatismo y no la libertad incesantemente propagandeada. 

Los mercados siguen tan intervenidos como siempre. Las reparticiones estatales rebosan de trámites burocráticos para cuestiones que en un mercado libre serian sencillas y expeditivas. La diferencia consiste -y no por obra de este gobierno- en que la burocracia se ha informatizado, es decir, se ha traslado a los teléfonos celulares y computadoras con lo único que se ha ahorrado son gastos de transportes y desplazamientos físicos, pero lo que se ha ganado en este terreno se ha perdido en fallas de apps, actualizaciones de soft constantes con pérdidas de datos, registros web inacabables o repetitivos, generación de cientos de claves y validaciones que caducan en pocas horas o minutos (incluso segundos) y deben volver a crearse, y nuevas dificultades nacidas de la tecnología (en rigor del mal uso de ella) que, en los hechos, significa un simple traslado de la burocracia tradicional (de siempre) de lo presencial a lo digital. Agravado porque nos han obligado a tratar en la mayoría de los casos con bots, que pese a la IA la generalidad de las veces no entienden el lenguaje humano, no pueden interpretarlo o lo hacen confusa o erróneamente. Todo lo cual genera una pérdida de tiempo adicional equivalente (o en algunos casos mayor) al que otrora debía invertirse en una oficina publica a la espera de que algún empleado nos atendiera. Es muy argentino aquello de que, tratando de hacer las cosas más fáciles, terminamos haciéndolas más difíciles de lo que eran o deberían haber sido. 

Siempre cito el ejemplo paradigmático de que en lugar de abreviar nuestro lenguaje, lo ampliamos de manera redundante e innecesaria. Y el ejemplo que acostumbro a dar es el de la Capital Federal que antes denominábamos con dos palabras, las dichas, o simplemente ''Buenos Aires'', para complicarlo con la ampulosa e inexacta expresión actual de ''Ciudad Autónoma de Buenos Aires'', que además de una complicación y extensión inútil es -como dije- errónea, porque constitucionalmente Buenos Aires no es una ciudad autónoma, sino que la Constitución Argentina es clara cuando expresa que lo ''autónomo'' no es la ciudad, sino su gobierno. Donde lo correcto sería denominar gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires (GADEBA) y seguir llamando a la ciudad como siempre lo hicimos ''Buenos Aires'', o simplemente Capital Federal, que es lo políticamente correcto y sabiendo todos de que es de lo que estamos hablando. 

Lo más sintomático del estatismo es su ramificación e invasión de ámbitos y sectores que otrora estaban reservados a lo privado. El fruto es lo que se ha denominado una burocracia privada. Todo lo cual en lo económico deriva en un evidente aumento de costos y reducción de beneficios.

Pero el síntoma preocupante, a mi modo de ver, es la naturalización por parte de la población de esta invasión silenciosa de la burocracia tecnológica en perímetros tradicionalmente privados, infiltración que incluso resulta violatoria del derecho a la intimidad consagrado en nuestra legislación, pero, en los hechos, superado por este fenómeno de tecnología burocrática.

Es grave que en espacios teóricamente ‘’privados’’ para abrir una cuenta bancaria, pedir un crédito privado, o realizar la compraventa de un automóvil o inmueble o, incluso, de bienes menores, se considere natural que el vendedor o prestador del servicio exija al adquirente exhibir o demostrar sus declaraciones jurídica fiscales o ingresos tributarios como condicionante al acuerdo de la operación. ¡como si estar al día con el fisco fuera garantía de solvencia!

Incluso prácticas que antes estaban reservadas a tramitaciones en la esfera estatal como la presentación o exhibición de documentos de identidad hoy en día se ha generalizado hasta tal extremo que no está lejos el día que para comprar un simple paquete de caramelos en un kiosco urbano el vendedor del quiosco exija al comprador la exhibición de su DNI. Aunque esto ahora pueda sonar como una exageración, la amplificación de esta práctica (otrora limitada a requisito de oficinas publicas) a contrataciones privadas de bienes y servicios incluso de poca monta, a mí en lo personal, me resuelta preocupante.

Pero lo peor, insisto, es la sumisa aceptación mental que acompaña e impregna este proceso de burocratización privada. Algo impensable en otros tiempos no muy lejanos. 

El cuadro asemeja bastante al trazado en la distopía de George Orwell en su novela 1984.

Aclaro que siempre fui un entusiasta de la tecnología, y que de modo aficionado incursiono en ella hasta dónde puedo. Pero persistentemente me ha preocupado cuando veo apenas ella cae en manos de gente de mentalidad estatista. Y ahora me alarma el grado de estatismo mental que ha hecho arraigo en la población argentina, donde se ha hecho costumbre firmar un chat o un email consignando al pie el número de documento de identidad como si alguien lo hubiera requerido.

Vana es mi prédica a amigos, conocidos o clientes en que no exhiban suelta y generosamente sus números de documentos en mensajes que pueden filtrarse y caer en manos de los ladrones de identidad (la nueva modalidad delictiva denominada phishing, que, por cierto, existía antes de la llamada revolución cibernética, pero a la que esta le ha brindado enorme facilidad y herramientas de excelencia para difundirse).

Pero tan peligroso o más aun (como pensaba Alberdi) que el ladrón privado lo es el estatal. Ya que la situación de poder en la que este último se encuentra convierte estas herramientas creadas para aumentar el bienestar de la gente, en armas de un dominio letal difícil de imaginar.

El estatismo económico y político es un mal, pero no lo habría si no hubiera quienes mentalmente lo avalan, consienten y naturalizan en sus pequeñas prácticas cotidianas, que es donde lo habitual y periódico se extiende a áreas mayores, hasta convertirse en comportamiento público.

Lejos entonces de avanzar la libertad como nos quiere engañar el partido hoy gobernante, lo único que avanza en la cultura y costumbres argentinas es el estatismo manifestado en pequeñas expresiones cotidianas que no son más que un ejemplo a escala de lo que ocurre a nivel macro.

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[1] Siglas del partido gobernante ‘’La libertad avanza’’.

Pobreza y estadísticas oficiales

 Por Gabriel Boragina ©

·         Se cuestiona la baja de pobreza al 28,2% en el segundo semestre de 2025 según INDEC, ya que la Canasta Básica Total subió 16% mientras los salarios promedio (formal privado 13,2%, público 10,2% e informal 23,3%) crecieron 14,6%.

·         EL INDEC un organismo oficial que en la práctica y desde hace muchos gobiernos ha perdido total credibilidad por ser fácilmente manipulable por los intereses subjetivos de los distintos partidos políticos que se turnan en el poder cumple esta cuestionada función también con el falso gobierno ''liberal'' de LLA.

·         Por más que se explique y trate de justificarse la metodología utilizada no deja de ser cierto que las metodologías pueden variar y adulterarse (no sería la primera vez que se hiciera en Argentina) por lo que sería una pérdida de tiempo ponerse a discutir este punto.

·         Según INDEC, el sector informal, con mayor concentración de pobres, tuvo un aumento salarial del 23,3% que superó el de la CBT, lo que ayudó a que más hogares superaran la línea de pobreza.

·         Resulta contradictorio decir que el sector informal es el más pobre a la vez que se afirma que tuvo el mayor ingreso salarial, porque a mayor ingreso menor pobreza lo que es un silogismo lógico. Lo mismo que trazar una supuesta ''linea de pobreza'' no es más que un arbitrismo y -por tal- cuestionable. Por lo demás ¿cómo una entidad formal como el INDEC puede medir la informalidad? ¿con que parámetros que no sean la subjetividad del funcionario que mide y que responde a otro funcionario superior que el que lo designó para el cargo, y -subiendo la escala- hasta el titular del poder?

·         Esto ocurre con todas las estadísticas oficiales que -precisamente- por ser oficiales, ya de por si dejan de ser objetivas e imparciales.

·         Se dice que la medición oficial de pobreza usa ingresos familiares totales (incluyendo transferencias como AUH con alzas superiores) y promedios semestrales, no solo variaciones puntuales de salarios versus CBT.

·         Insistiendo que un organismo oficial mal puede conocer ingresos no registrados oficialmente en ninguna parte, resulta una trampa y una broma de mal gusto incluir entre los ingresos de la población los subsidios (transferencias) que el propio gobierno sustrayendo dichos ingresos a unos le traspasan a otros. Estos subsidios o subvenciones son el fruto de los mecanismos que propone la doctrina de la justicia social populista que tan bien combatieron autores de la Escuela Austríaca de Economía como Friedrich A. von Hayek.

·         Que un gobierno que alardea de representar las ideas de esta escuela y de este autor haga uso de dicho instrumentos que el socialismo de todas las épocas ha reivindicado y puesto en práctica en donde se hubiera ensayado es la mejor demostración de la mendacidad de los jerarcas (y nunca tan bien expresada esta calificación de jerarcas) respecto de sus verdaderas intenciones.

·         Sin duda, como sucede en toda política intervencionista hay quienes se benefician de ella y quienes se perjudican. En el corto plazo pueden ser más lo que se favorecen que los contrarios, pero en el largo plazo (como ha demostrado dicha escuela) serán más los que se perjudican que los que no. Y esto es lo que a un liberal le interesa que no ocurra. Por eso (como liberales) denunciamos a este gobierno ruin y farsante.

 • Esta inconsistencia entre los datos que se pretenden presentar como técnicos y la realidad cotidiana percibida por la población no hace más que profundizar la desconfianza generalizada en las instituciones. No se trata de una mera discusión académica sobre indicadores, sino de la distancia evidente entre lo que se informa y lo que efectivamente se vive en la calle: caída del consumo, precarización laboral, aumento del endeudamiento de los hogares y deterioro del poder adquisitivo real.

• A su vez, cuando se recurre a promedios para explicar fenómenos sociales complejos, se incurre en una simplificación que distorsiona aún más la realidad. Los promedios esconden las dispersiones: no reflejan que mientras algunos sectores pueden haber mejorado levemente su situación, amplias capas de la población han empeorado sustancialmente. Este tipo de construcción estadística permite mostrar una supuesta mejora agregada que no se condice con la distribución efectiva del ingreso.

• En este sentido, la utilización de mediciones semestrales también contribuye a diluir los impactos negativos de coyunturas específicas, suavizando artificialmente los datos. La pobreza no se experimenta en promedio ni en semestres: se experimenta día a día, en la imposibilidad concreta de acceder a bienes básicos, en la pérdida de calidad de vida y en la incertidumbre constante.

• Por otro lado, la inclusión de transferencias estatales dentro del cálculo de ingresos plantea un problema conceptual profundo. No solo porque, como ya se dijo, implica contabilizar como “ingreso genuino” lo que es en realidad una redistribución forzada, sino porque además encubre el verdadero origen de esos fondos: la presión fiscal sobre otros sectores productivos. Esto no genera riqueza, simplemente la reasigna, muchas veces de manera ineficiente y con claros sesgos políticos.

• Desde la perspectiva de la teoría económica desarrollada por Friedrich A. von Hayek, este tipo de intervenciones no solo distorsiona los precios y las señales del mercado, sino que además socava las bases mismas de una sociedad libre, al concentrar poder en manos del Estado y debilitar los mecanismos espontáneos de coordinación social. La manipulación estadística, en este marco, no es un fenómeno aislado, sino parte de un esquema más amplio de intervención y control.

• Asimismo, no puede soslayarse que la medición de la pobreza en función de una “canasta básica” determinada por el propio Estado introduce un componente arbitrario adicional. ¿Qué bienes se incluyen? ¿En qué cantidades? ¿Con qué criterios de calidad? Todas estas decisiones responden, en última instancia, a definiciones políticas antes que a realidades objetivas. De este modo, la línea de pobreza no es un dato inmutable, sino una construcción susceptible de ser ajustada según conveniencias circunstanciales.

• A esto se suma la dificultad evidente de capturar la dinámica del sector informal, que por definición escapa a los registros oficiales. Pretender medir con precisión un universo que no deja huellas formales implica, necesariamente, recurrir a estimaciones, supuestos y modelos que abren la puerta a amplios márgenes de error —o de manipulación—. En consecuencia, cualquier conclusión derivada de estos datos debe ser tomada, como mínimo, con extrema cautela.

• En definitiva, el problema no radica únicamente en la veracidad de un número puntual, sino en la legitimidad del sistema que lo produce. Cuando la confianza en las instituciones estadísticas se erosiona, todos los datos que emanan de ellas quedan bajo sospecha, independientemente de su exactitud. Y sin datos confiables, la posibilidad de diseñar políticas públicas efectivas se ve gravemente comprometida.

• En este contexto, resulta particularmente grave que un gobierno que se autodefine como liberal recurra a prácticas propias del intervencionismo más clásico, tanto en materia económica como en la construcción del relato estadístico. La contradicción entre discurso y acción no solo debilita su credibilidad, sino que además desvirtúa los principios que dice defender.

• Finalmente, cabe recordar que las consecuencias de estas políticas no se manifiestan de inmediato, sino que se acumulan con el tiempo. El deterioro institucional, la distorsión de los incentivos y la pérdida de confianza generan efectos que trascienden coyunturas y gobiernos. Por ello, la crítica no se limita a un dato puntual o a una administración específica, sino que apunta a un problema estructural más profundo: la utilización del aparato estatal como herramienta de construcción política antes que como garante de reglas claras y estables.

• En conclusión, lejos de reflejar una mejora real en las condiciones de vida de la población, las cifras difundidas parecen responder más a una necesidad de validación política que a un diagnóstico honesto de la situación. Y mientras esta lógica persista, cualquier discusión sobre pobreza seguirá estando atravesada por la desconfianza, la opacidad y la falta de rigor que caracterizan a un sistema que ha perdido, hace tiempo, su pretendida objetividad.

Mas sobre corrupción y liberalismo

Por Gabriel Boragina ©

 

Volvemos con un tema de actualidad argentina y también doctrinario desde lo ético.

·         Medios de comunicación diversos han difundido noticias, donde enumeran más de 28 presuntas causas de corrupción en el gobierno de LLA, superando los meses transcurridos desde su asunción en diciembre de 2023, incluyendo escándalos como $LIBRA, Andis y sobreprecios en PAMI.

·         Estos casos, reportados por fuentes independientes, han contribuido a una caída en la aprobación del controvertido jefe del partido oficialista al 40-50% en 2026, según encuestas de Perfil, contrastando su narrativa inicial anticorrupción con un aumento en el índice de percepción de corrupción de Transparency International.

·         Tales medios periodísticos enumeran una serie de presuntas causas de corrupción en el gobierno de LLA para argumentar que superan el número de meses de gestión (al momento del relevamiento, alrededor de 2025-2026).

·         El fragmento que sigue es un listado rápido y enfático, con ejemplos de denuncias judiciales, irregularidades en contratos y escándalos reportados principalmente por medios opositores o independientes.

Aquí va el detalle de las causas más citadas en el contexto de esa enumeración:

·         Venta de candidaturas: Denuncias sobre supuesta comercialización de lugares en listas electorales de La Libertad Avanza.

·         Contrato del Banco Nación con la empresa de Martín Menem: Irregularidades en una licitación o acuerdo con una firma vinculada al diputado Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados).

·         Audios por sobornos en ICRT: Grabaciones que involucrarían pedidos de coimas en el Instituto de Cultura de la provincia o un organismo similar (ICRT).

·         Valijas que entraron sin control de Arrieta: Sospechas de ingreso irregular de dinero o bienes sin los controles aduaneros o de seguridad correspondientes (referencia a un funcionario u operador llamado Arrieta).

·         Fondos discrecionales de la SIDE: Uso irregular de recursos no auditados en un organismo (posiblemente Centro de Información o similar) para fines no especificados.

·         Sobreprecios de compras en el PAMI: Denuncias de compras millonarias con precios inflados en la obra social de jubilados, incluyendo posibles aportes obligatorios a La Libertad Avanza y licitaciones amañadas.

·         Denuncias contra Martín y Lule Menem por defraudación al Estado: Causas judiciales contra miembros de la familia Menem por presunto fraude.

·         Caso Keider: Referencia a un operador o funcionario (sólo menciona el apellido) involucrado en irregularidades.

Además, en el contexto más amplio de las críticas que medios periodísticos repiten en ese período, se destacan dos causas judiciales que más avanzaron y que suelen incluirse en estos listados:

·         Caso ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad): La más avanzada según reportes judiciales. Investiga sobornos (coimas del 3%), sobreprecios en compras de medicamentos y prótesis, y una supuesta red de corrupción. El exdirector Diego Spagnuolo fue procesado, junto a otros 18 acusados. Involucra posibles enriquecimientos ilícitos y desvíos de fondos destinados a personas con discapacidad.

·         Caso $LIBRA: Denuncia por la promoción presidencial de una criptomoneda que colapsó, causando pérdidas a inversores. Se investiga posible estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles. Incluye un acuerdo confidencial firmado en la Casa Rosada, accesos de lobistas (como Mauricio Novelli) y menciones al jefe del partido gobernante y su hermana Karina. Hay peritajes a celulares y una comisión investigadora en Diputados que sugirió posible juicio político.

Las noticias señaladas enfatizan que estos casos (y otros que enumeran rápidamente) convierten a la corrupción en el “emblema” del gobierno que prometía terminar con la “casta” y los “curros”. Muchas de estas denuncias provienen de opositores o críticos independientes y republicanos, y varias están en etapa de investigación sin condenas firmes (sólo procesamientos en ANDIS, por ejemplo).

Frente a esta rápida, parcial y somera enumeración es menester recordar que para la Escuela Austríaca de Economía (que el gobierno acusado pretende ''representar'' en su accionar) la corrupción es un fenómeno típico del intervencionismo (ver la cita de L. v. Mises en  http://www.accionhumana.com/2025/02/merece-el-juicio-politico.html) y que a diferencia de la percepción popular del concepto no requiere necesariamente para su configuración ni el tránsito ni el intercambio de dinero, sino que basta simplemente que el gobierno otorgue un favoritismo a cualquier particular para que el acto de corrupción ya aparezca conformado. L. v. Mises pone el caso del otorgamiento de licencias de importación, pero el ejemplo que da puede tranquilamente extenderse a cualquier otro bien o servicio que se encuentre regulado o -de alguna manera directa o indirecta- bajo la órbita estatal.

Aunque el gobierno no tenga una ventaja económica directa (si la consigue se trata de un agravante), el mero hecho de otorgarla a un particular en desmedro de otro (o de otros) basta para tener por establecido un caso de corrupción. No importa la cuantía monetaria del mismo y ni siquiera si esa cuantía existe. Importa la acción gubernamental de beneficiar a un particular (o -peor- a otro/s funcionario/s) con una prebenda, o privilegio de cualquier índole por sobre el resto de la comunidad. Se rompe, entre otras cosas, con un principio liberal y republicano supremo que es de la igualdad ante la ley. Y como la ley la crea el estado/gobierno es este el único responsable de la corrupción cuando esa ley es discriminatoria (o se la ignora) al destruir el principio de igualdad ante ella. 

Hay que tener en claro que para un liberal no es necesario que exista ni una denuncia, ni una causa judicial para que se hable de corrupción. La corrupción nace (en linea con el pensamiento de Ludwig von Mises) cuando el intervencionismo aparece. Si hay uno surge la otra, más tarde o más temprano, pero siempre van de la mano. Si la misma se denuncia o llega a instancias judiciales es del todo indiferente para el liberalismo. L. v. Mises es claro al respecto cuando agrega que esta noción económica es independiente de lo que historiadores o juristas pueden opinar al respecto. No la afecta. Y no se excluyen, sino que se complementan.

Esto es importante aclararlo frente a la popular (e insuficiente) idea que sólo hay corrupción si media tráfico de dinero con que se beneficia un funcionario, Y que, además, ese dinero debería ser ‘’mucho’’. Para un liberal esto último sólo significaría un simple agravante de la corrupción, y no el acto de corrupción en sí mismo. 

Pero también dijimos que desde lo ético para un liberal seria intolerable pertenecer a un gobierno en el que alguno de sus miembros fuera sospechado de corrupción. Si la renuncia espontanea del sospechado no se produce, es el miembro honesto el que debe renunciar, porque la sola permanecía en su cargo implica un aval indirecto al sospechado y a todos aquellos que toleran la situación.

Esto es así porque el liberalismo es, por sobre todo una ética, más que un ideario filosófico, político o económico. Es una plataforma moral a la que se subordinan como accesorios esos otros elementos.