Por
Gabriel Boragina ©
La regulación de los
fenómenos económicos es una fuente de la inseguridad o inestabilidad jurídica.
Se trata de un hecho que, lejos de esta localizado y ser extraño, se ha
generalizado a nivel mundial:
"Ahora, año tras año, el gobierno expropia más de 40 por
ciento de los ingresos de los productores privados, lo que hace que incluso la
carga económica impuesta a los esclavos y siervos parezca moderada en
comparación."[1]
Si bien la cita alude a los
Estados Unidos es dable imaginar que en el resto de los países -donde las
regulaciones son mucho mayores que en el país del norte- la situación no puede
ser mejor. Mas allá de la posible exageración en cuanto a la comparación con el
régimen de esclavitud, debemos tener en cuenta que es bastante probable que el
autor citado se esté refiriendo a los esclavos norteamericanos que, en
comparación con el resto de los esclavos a nivel mundial, se encontraban en una
posición relativamente mejor al de sus pares de otras latitudes.
"El oro y la plata han sido reemplazados por dinero de papel
fabricado por el gobierno, y a los estadounidenses se les roba continuamente su
dinero a través de la inflación."[2]
Las monedas metálicas
-especialmente durante la vigencia del patrón oro (hoy en día derogado en todo
el mundo)- imponían severos límites a los gobiernos en su afán de manipular el
dinero. Fueron, desde luego, también necesarios instrumentos legales para permitir
semejante confiscación de activos. De tal suerte, los gobiernos dictaron legislaciones
que derogaron el patrón oro e impusieron las tristemente célebres leyes de
curso forzoso y legal para obligar a sus ciudadanos a aceptar dinero envilecido.
Naturalmente el hecho de que el precio de la moneda quede al arbitrio de los
bancos centrales mundiales es otra fuente de incertidumbre jurídica, porque
implica que el gobierno se reserva la facultad de establecer el precio de las
transacciones y su volumen.
"El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente
claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada
detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación está
regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel (la
legislación)."[3]
Tal hemos adelantado,
resulta inevitable que esta maraña de normas se superponga y se contradigan
entre sí (como es lógico) si se tiene en cuenta que se estatuyen en el tiempo -y
no instantáneamente- por diferentes gobiernos que -a su vez- se componen de
distintas extracciones ideológicas, y que en oportunidad de ocupar el poder
pujan por hacer valer en la legislatura sus proyectos, algunos de los cuales
lucen como los más disparatados.
Estas leyes quedan
sancionadas y promulgadas y perduran junto con las normas que prescribirá la
próxima legislatura que, siguiendo el mismo patrón, vendrá a engrosar la lista
de disposiciones legales que limitan, dificultan e impiden, en muchos casos, a
los ciudadanos del llano disponer de sus bienes privados, los que pasarán a
tener de privados únicamente el sentido retórico de la palabra.
"Con el aumento de la legislación, se ha creado cada vez más
inseguridad jurídica y riesgos morales, y el caos ha sustituido a la ley y al
orden."[4]
Resulta
ser la tendencia mundial que, lejos de simplificar la legislación esta ha
proliferado por donde se mire. Hay que agregar a la lista leyes que favorecen a
ciertos grupos en detrimento de otros, por ejemplo, empresarios; sectores
sociales considerados "marginales"; grupos de presión o de poder
según alguna nomenclatura en boga, e incluso a algunos individuos determinados
en perjuicio de otros. Todo lo cual nos lleva a recordar el famoso libro de
Fréderic Bastiat que -titulado precisamente La
Ley- daba cuenta tempranamente en el siglo XIX de este tipo de desastres,
convirtiéndolo en un visionario de lo que estaba por venir. Y la temática de la
seguridad jurídica va de la mano con lo que algunos autores dieron en llamar calidad institucional:
"Estados Unidos es un país que ocupa la novena posición en
lo que se refiere a calidad institucional (ver cuadro 2, abajo) y muestra debilidades
que son comunes a todos los países, ya que a partir de la eliminación del
patrón-oro las instituciones monetarias implementaron políticas discrecionales
o, en algunos casos, ataron sus monedas a otras de países que practicaban tales
políticas."[5]
Como dijimos,
la inestabilidad monetaria -fruto de la inestabilidad jurídica- es la
generadora de la mayor cuantía de los males sociales, porque de lo que se trata
es del instrumento que permite o facilita la transacción de los derechos de
propiedad de los particulares. Si la moneda está sujeta a la inestabilidad
jurídica eso figura que toda la institución de la propiedad privada está
afectada de la misma inestabilidad, lo que -en términos de Ludwig von Mises- simboliza
lisa y llanamente su abolición. El caso de Estados Unidos se presenta como el más
preocupante, porque en épocas no muy lejanas resultó ser un ejemplo de respeto
irrestricto a la propiedad privada y un celoso defensor de las leyes que la
protegían, situación que ha varado hasta la actualidad.
"Todo el sistema monetario internacional está sujeto a la discrecionalidad
de las autoridades monetarias de los Estados Unidos, al ser el dólar la moneda
internacional por excelencia y a las de otras monedas importantes como el euro,
la libra esterlina o el yen. De la misma forma que la “discrecionalidad”
jurídica significa inseguridad jurídica, la “discrecionalidad” monetaria
significa inseguridad monetaria y financiera, lo cual representa una mala calidad
institucional en esta área en particular."[6]
En
realidad, el sistema monetario mundial está regulado por leyes, por cuanto los
conceptos de inseguridad o inestabilidad jurídica son enteramente aplicables a
cualquier propiedad, incluyendo la monetaria. En un sistema donde los bienes se
intercambian por dinero y este -a su vez- por bienes, que las leyes tengan la
potestad de modificar a su antojo el precio del dinero (usualmente se habla del
valor, pero esto no es técnicamente
correcto) representa que esas mismas leyes deciden el precio de todos los
bienes y servicios que componen una economía especifica donde las leyes
confieran a las autoridades semejantes facultades.
