Por Gabriel Boragina
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Continúa diciendo la "constitución"
peronista el 49:
"Art. 39. El capital debe
estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar
social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de
beneficio común del pueblo argentino".[1]
Se trata,
como en el caso del artículo anterior, del modelo fascista que bien explicita
L. v. Mises, y que persigue llegar al socialismo por una vía que, nominalmente,
aparenta mantener la propiedad en cabeza de particulares, pero que deja de ser privada
por cuanto quien substantivamente figura en los registros públicos como
"propietario" no es libre de usar y disponer de lo "propio"
que, por tal motivo, deja -en los hechos- de ser propio. Como en el caso
anterior, no se define qué debe entenderse por "economía nacional" y
cómo se cumple ese "bienestar social" y "común". Queda
implícito que tales contenidos el estado-nación se reserva el derecho a
precisarlos a su entero arbitrio y decisión. La fórmula es lo suficientemente
amplia como para dejar abierta la puerta a cualquier arbitrariedad.
Si el
"estado" se reserva concretar que debe admitirse por "servicio"
a "la economía nacional" va de suyo que es aquel quien determina cómo
debe el teórico "dueño" del capital arbitrar sobre él. En la
realidad, es el que manipula ese capital quien delimita en qué consiste ese
"servicio a la economía nacional", es decir, el gobierno peronista o
-más precisamente- su líder, J. D. Perón, quien realmente decretaba dichos
contenidos y los cambiaba a su gusto.
"Art. 40. La organización de la riqueza y
«u explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden
económico conforme a los principios de la Justicia social. El Estado, mediante
una ley, podrá Intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad,
en salvaguardia de los Intereses generales y dentro de los límites fijados por
los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la
Importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las
limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se
organizará conforme a la libre Iniciativa privada, siempre que no tenga por fin
ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la
competencia o aumentar usurariamente los beneficios."[2]
Este
párrafo del artículo da cumplimiento al punto 7 del Manifiesto Comunista pese a que habla vagamente de "límites"
los cuales no se explicitan. El gobierno se reserva (como en los casos
anteriores) definir
qué ha de interpretarse por "bienestar del
pueblo", "principios de la justicia social", "intereses
generales", todas fórmulas deliberadamente nebulosas y vacías destinadas a
que J. D. Perón las especificara a su exclusivo antojo y preferencia.
La norma
decreta la estatización del comercio exterior y condiciona el interior a la
directa intervención de la economía y su monopolización. La mención final -como
al pasar- de la "libre iniciativa privada" luce risueña comparada con
los textos de los arts. 38, 39 y este primer párrafo del 40, que instituyen por
vía indirecta los arts. 1, 7 y 9 del Manifiesto
Comunista. Los párrafos siguientes de este extenso art. 40 van demostrando
como se acaba de aniquilar toda la hipotética "libre iniciativa
privada" que concluye siendo derogada sin decirlo expresamente o -peor
aún- negando dicha anulación. Sigamos:
"Los minerales, las caídas
de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes
naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades
Imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente
participación en su producto, que se convendrá con las provincias."[3]
Se
destruye la propiedad provincial y se reserva a los privados la de los
vegetales. Es decir, el suelo (excepto los vegetales) también pertenecía a la
nación según este artículo. Conforme el ya visto art. 38 "Incumbe al
Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e Intervenir con
el objeto de desarrollar e Incrementar su rendimiento", en tanto el art. 40
-en su primer párrafo- aclaraba que "podrá Intervenir en la economía y
monopolizar determinada actividad". Es claro que no se deja margen alguno
a la propiedad privada y -por ende- a la declamada "libre iniciativa
individual".
"Los servicios públicos pertenecen
originariamente al Estado; y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o
concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares
serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación v con indemnización
previa, cuando una ley nacional lo determine."[4]
Como se
observa, esta norma cumple con el art. 6 del Manifiesto Comunista y va más allá, porque incluye a todos los
servicios públicos. El articulo decreta la estatización de jure de todos
los servicios públicos, es más, se reserva el derecho a definir qué ha de
considerarse un "servicio público" y qué no. Es decir, los servicios
dejan de ser verdaderamente "públicos" para pasar a ser estatales.
Nótese que la indemnización previa se condiciona a que una ley lo determine, lo
que significa que hasta que esa ley no se dictara el gobierno podía expropiar
sin indemnización alguna.
"El precio por la
expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será, el de;
costo de origen de los bienes afectados a la explotación menos las sumas que se
hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la
concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados
también como reintegración del capital invertido".[5]
No sólo
se ponía fin a la concesión, sino que -por encima de ello- se expropiaba a la empresa
concesionaria también. Se obligaba la expropiación de las empresas de servicios
públicos, con lo que prácticamente no había actividad privada alguna que
pudiera escapar a la estatización de casi todos los bienes, posesiones y
servicios privados. La fórmula indemnizatoria no preveía el ajuste por
inflación que ya en esa época era una de las más altas de la región, ni los
valores de mercado. Los registros históricos, no obstante, demuestran que las
empresas se confiscaban, pese a la letra de la "constitución",
[1] Dr. Carlos Sánchez
Viamonte "DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS" EN LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA.
Valoración y análisis. Su práctica. Enciclopedia Jurídica OMEBA-Tomo 5 Letra D
Grupo 5.
[2] Sánchez Viamonte, C. ibidem.
[3] Sánchez Viamonte, C. ibidem.
[4] Sánchez Viamonte, C. ibidem.
[5] Sánchez Viamonte, C. ibidem.
