Funciones estatales y fuente del impuesto

 Por Gabriel Boragina ©

Estudiamos antes que las "funciones" que los mismos burócratas y sus teóricos bautizaron de "esenciales" ya las crearon y prestaban los particulares, porque no fue el "estado" el ente creador de los seres humanos y sus necesidades, sino que ocurrió a la inversa fue la gente la que inventó la idea de "estado".

El "estado" simplemente las expolió primero y -acto seguido- las monopolizó para sí, naciendo de esta manera la idea de "estado", lo que no es más que un eufemismo para justificar el accionar delictivo de un grupo de personas que se arrogan la potestad "legal" de someter a otras mediante "leyes", amparadas -a su turno- por una supuesta "democracia"

"Agréguese a esto la rutina burocrática de las entidades encargadas de percibir los impuestos, la de los inspectores que se convierten en una auténtica calamidad y la insegura honestidad con que se aplican multas y otras penalidades, así como el voraz apetito para el soborno que suele enquistarse en ciertas administraciones, y se tendrá el cuadro que presentan algunas imposiciones mal planeadas y peor aplicadas."[1]

No se trata de que esto ocurra solamente con "algunas imposiciones mal planeadas y peor aplicadas" sino que -como explicamos- este es el efecto natural del impuesto mismo, de todo impuesto y no solamente de "algunas imposiciones mal planeadas y peor aplicadas". Por mejor planeado y mejor aplicado que este el impuesto que sea, todos los efectos descriptos por el autor tendrán siempre idéntico resultado, incluso el sistema de flat tax que es el menos agresivo de todos los impuestos, pero a la fecha resulta aplicado en pocos países, si exceptuamos los de la Europa oriental.

Por mucho esfuerzo que se haga con miras a presentar a los impuestos como "necesarios" o "ineludibles", estos son -y lo seguirán siendo en la medida de su coerción para percibirlos- un mal para todos, a la larga incluso para quienes los cobran y usan, porque estos últimos operan como verdaderos parásitos que terminan aniquilando la fuente de su alimento. Algo que, a veces, se reconoce sin que se tome -sin embargo- ninguna acción para tender, aunque sea a su reducción, no se diga ya su eliminación que sería lo ideal.

Volvamos al principio: si la gente necesitara de un "estado" y de las supuestas "funciones" que este "debería" prestar, haría como cuando va a la ferretería a comprar un candado para colocar en su puerta: pide al ferretero lo que busca, lo compra, lo paga y se lo lleva. Solo lo paga una vez al comerciante, pero el candado le presta la seguridad que necesita por largo tiempo. El ferretero no dicta leyes que obliguen al cliente a pagarle el candado todos los meses o años. Si en lugar de un candado el cliente necesita otro para un establecimiento, o 10 o 50 o más, repite el mismo proceso: vuelve a la ferretería hace las compras necesarias, las paga y se las lleva. El ferretero no le hace llenar complicadas planillas y formularios con sus datos personales y declarando cuales son los inmuebles que quiere proteger con los candados adquiridos. No le interesa ni tiene porque interesarle; él ya ha cobrado el precio de su producto y punto. En nada le importan los ingresos del cliente, ni su patrimonio.

Sin impuestos cualquier país funcionaría de la misma manera para todo lo demás, como en el ejemplo del ferretero, el candado y su cliente.

"2. Fuentes de la imposición. Llámase "fuente" de impuesto el caudal de bienes o de riqueza con que realmente se paga el impuesto. La fuente del impuesto y su base de evaluación pueden ser idénticas, pero no lo son necesariamente. Hay identidad, por ejemplo, en el caso del impuesto ordinario sobre la renta, pues la renta es la base de la evaluación y al mismo tiempo la riqueza con que realmente se paga el impuesto. Por el contrario: el "capital" en los impuestos de esta categoría (verbigracia, el impuesto sucesorio) y el "consumo" en los así denominados, son el objeto o base de la evaluación; pero es la renta la verdadera fuente de los mismos, pues con ellos realmente se pagan... Las únicas fuentes del impuesto son —a juicio de M. Gómez González—, el "capital", la "renta" y el "producto", principalmente las dos primeras. La "circulación", las "mutaciones" o "transferencias de riqueza", los "actos jurídicos", el "consumo", los "gastos", etcétera, no son fuentes, sino objetos o bases de evaluación de los impuestos."[2]

La fuente del impuesto es la voluntad del déspota (o gobierno), los bienes o riqueza del expoliado son su objeto sobre el cual materializará sus propósitos expoliatorios. No queda claro que significado le está dando el autor al termino "renta". Si lo que se quiere decir es que todos los impuestos se pagan con dinero se está diciendo una obviedad. En la antigüedad remota, los impuestos se pagaban en especie, pero, tan pronto el dinero comenzó a generalizarse, el pago de los mismos se hizo en moneda. La distinción que se hace en el texto no luce como verdaderamente importante. Podría quizás tener alguna utilidad académica pero no mucho más. Al gravar al capital y también a la renta se cae en una doble imposición por la cual el sujeto pasivo es doblemente expoliado.

Es bastante probable que los juegos de palabras que se aprecian en el tema fiscal tienden deliberadamente a confundir al sujeto pasivo, y le hagan creer que resulta "necesario" gravar de distinta manera sus distintos tipos de bienes, y con ello inducirlo a pensar que como "son diferentes" entonces deberían pagar impuestos también disimiles, y de este modo el fisco engrosar sus arcas.

Por ejemplo, cuando se habla de gravar el consumo, en realidad, se está queriendo referirse a los bienes de consumo y no al acto de consumir. Pero, claro está, gravando dichos bienes se afecta negativamente el consumo. La base de todo impuesto siempre serán los bienes gravados, se los llame como se los quiera llamar. En realidad, la base de todo impuesto es el capital por lo que tantas veces hemos explicado en nuestras obras sobre el tema. Es inútil decir -como ya vimos- que gravándose las rentas del capital no se afecta al mismo porque de esas rentas su titular las distribuirá en distintos destinos que básicamente pueden ser tres: consumo, ahorro o inversión. Pero estas tres acciones serán posibles porque hay una renta integra, si el impuesto la reduce como sucede, ello afectará tanto al consumo como al ahorro y la inversión. Y si a su turno el gobierno desea también gravar estos últimos nos hallaremos en las situaciones de dobles, triples, cuádruples, quíntuples, etc. imposiciones que, en dicha cadena terminarán destruyendo lo que ellos llaman la "fuente" del impuesto. Es a lo que tiende todo impuesto: a destrozar riqueza; efecto quizás no querido, pero más allá de las buenas intenciones es lo que resulta de todo esto.


[1] Mateo Goldstein. Voz "IMPUESTOS" en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

La obsesión fiscal

 Por Gabriel Boragina ©

"En materia de impuestos, importa de tal modo que cada uno deba pagar una suma fija, que la experiencia de todas las naciones prueba, pienso, que una desigualdad bastante considerable no es ni con mucho un mal tan grande como una pequeña incertidumbre."[1]

La igualdad propuesta consiste en pagar una suma fija, según se nos dice en este párrafo. Ahora bien, si esa suma fija fuera por caso $ 500.- seria cierto que en esa cantidad se igualan "A" que gana $ 1000.- y "B" que tiene un ingreso de $ 200.- Pero, esa "igualdad" es abstracta, porque después del impuesto "A" tendrá un patrimonio de $ 500.- y "B" aun seguirá siendo deudor del fisco por $ 300.- Ambos son "iguales" en que son más pobres que antes, con el agravante para "B" que, además de pobre, continuará siendo deudor del fisco, en tanto "A" ha cancelado su deuda. En lo financiero, después de la expoliación, "A" será titular de un patrimonio de $ 500.- y el de "B" será $ -300.- (negativo 300). Difícilmente se puede decir que en este sentido sean los dos "iguales".

Este sencillo ejemplo es suficiente para demostrar que la "igualdad" es un concepto puramente ideal, imaginario, fantasioso y que no existe en la naturaleza, y menos aún en lo social. Sería mejor descartar por completo la idea de "igualdad".

Por otra parte, el final del párrafo es oscuro. La desigualdad es la ley de la naturaleza, basta para esto la simple observación de todo lo que nos rodea. Y en cuanto a la incertidumbre, también es desigual, no todos los seres humanos experimentan la misma incertidumbre. Algunos tienen una y otros tienen otra. Si se quiere decir que "todos" somos "iguales" porque todos tenemos incertidumbres parecería -en principio- una perogrullada, pero bien visto ¿Cómo podemos saber quién las tiene y quien no y en qué materia o aspecto de la vida?

Por más vueltas que se le al asunto no será posible conciliar la "igualdad" con el impuesto.

"3" El importe debe ser percibido en la época y de la manera que conviene mejor al contribuyente. Y dice el comentario respectivo de que un impuesto percibido sobre el arrendamiento de tierras o la locación de casas, pagable a la época en que se pagan ordinariamente estos cánones, se ajustaría mejor a las conveniencias de los obligados a pagarlos."[2]

Si primero se dice que sería mejor dejarlo a la conveniencia del expoliado debería mantenerse la coherencia y no expresar -a renglón seguido- que "lo mejor" seria pagarlos cuando se perciben los frutos, porque esto podría no ser lo que más le conviniera al expoliado. Lo cual invalidaría la regla de la certidumbre que primero expusieron estos autores, dado que habría algunos impuestos que se deberían ingresar mensualmente otros trimestralmente, otros anualmente según cual fuera el bien gravado. Lo que, naturalmente, atentaría no sólo contra el patrimonio del expoliado sino contra el principio de seguridad jurídica que es el que -por otro lado- los mismos autores en estudio dicen "defender". Claramente cada párrafo analizado se dice y se desdice, no sabemos si advertida o inadvertidamente.

"Por último, el artículo 4'', expresa que todo impuesto debe ser combinado de modo que no se perciba de las cuatro maneras siguientes: 1) Si hace falta, para percibirlo, un gran número de agentes cuyos salarios absorben, generalmente, la parte mayoritaria del impuesto, y donde las pesquisas constituyen un impuesto adicional. 2) Si el impuesto desvía el trabajo y los capitales de la empresa, de un empleo productivo para darles un empleo menos productivo; 3) Si las multas y otras penalidades infligidas a los particulares que inútilmente ensayan sustraerse al impuesto, pueden a menudo arruinarlos y poner fin a los beneficios que la sociedad obtiene del empeño de sus capitales (un impuesto poco juiciosamente establecido es una gran tentación para el fraude); 4) Si el impuesto expone a los particulares a las visitas y a las pesquisas odiosas de parte as los recaudadores, el impuesto puede causar a los contribuyentes muchos desagrados y vejaciones inútiles."[3]

Llegamos a lo que podríamos llamar el pasaje más lúcido de los que hemos analizado hasta el presente si excluimos los primeros del trabajo en estudio, si bien no disminuye ni un ápice de lo que venimos exponiendo al comentar cada uno de ellos.

Verdaderamente no podemos tener certeza si estas "reglas" (por así llamarlas) se vieron cumplidas alguna vez en alguna época y en algún lugar, pero, si, estamos en condiciones de afirmar que -a la fecha en que escribimos estas líneas- se ven constantemente bastardeadas y violadas o directamente ignoradas. Ya algo hemos comentado antes sobre el maltrato que a diario reciben los expoliados obligados a acudir a las oficinas del fisco a rendir su tributo cual si fuera un templo al que acude el pueblo a presentar el holocausto como hacían los judíos (y otros pueblos también) antiguamente según nos relata la Biblia.

Lo cierto es que, estos cuatro puntos son un resumen, puede decirse que magnifico, de los efectos de los impuestos, porque la existencia misma del impuesto los hace inevitables, de manera que deviene -de alguna manera- inútil pretender sortear esas secuelas innegables que cada uno de esos cuatro puntos expone, cuando la causa reside en la existencia misma del impuesto. Para evitar lo que estas cuatro observaciones bien muestran, la única manera de hacerlo sería derogando el impuesto o, lo que es lo mismo decir, su carácter de coactivo, y que el impuesto fuera reemplazado por lo que sería una verdadera contribución (voluntaria) o, mejor aún, el precio pagado por la prestación de un servicio. Claro que eso dejaría sin "funciones" a lo que ellos llaman el "estado" pero ya estudiamos que esas "funciones" que los mismos burócratas y sus teóricos bautizaron de "esenciales" ya las crearon y prestaban los particulares, porque no fue el "estado" el ente creador de los seres humanos y sus necesidades, sino que ocurrió a la inversa fue la gente la que inventó la idea de "estado".


[1] Mateo Goldstein. Voz "IMPUESTOS" en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

[3] Goldstein, M. ibidem.

Una "nueva" ley de alquileres

 Por Gabriel Boragina ©

 

El nuevo gobierno peronista de Alberto Fernández entre muchas de sus desastrosas medidas ha reformado el Código Civil y Comercial de la Nación a través de una nueva ley de alquileres.

Como su mentor Perón en su momento, la ley en cuestión se traduce (en términos económicos) en imponer un precio político a las locaciones de inmuebles, lo que, en el caso, se trata de un pecio máximo.

Se dice -y probablemente se cree también- que de esta manera se "solucionará" o al menos se "aliviará" la "emergencia habitacional", lo que -como lo fue siempre- se trata de un craso error, ya que (tal ha ocurrido todas las veces que se acudió a este artilugio) se producirán los típicos efectos de todo precio máximo: la demanda se expandirá en forma artificial y la oferta se contraerá en la misma o mayor medida.

Todo esto lo hemos explicado muchísimas veces, la mayoría de ellas en vano.

Los controles de precios son muy populares, no sólo entre los políticos sino entre quienes los votan. Es por esto que aún existen y que se los adoptan recurrentemente.

Lo que sorprende es que aun en aquellas personas que parecen darse cuenta de que no conducen a los efectos deseados sino a los contrarios, las "soluciones" que proponen "son más de lo mismo", es decir, lejos, muy lejos de ser "soluciones" son agravantes al problema.

Entre muchos "profesionales" del sector inmobiliario (martilleros, corredores, etc.) es popular la idea de "solventar" la cuestión otorgando créditos a la construcción, planes que fomenten el sector, y demás recetas por el estilo. En otras palabras, que el "estado" se ocupe del tema, siendo que la dificultad se origina (hoy y siempre) en que, precisamente, los gobiernos se han ocupado -y en demasía- del tema. Es decir, esos supuestos "expertos" que en rigor no son tales lo que plantean es "echarle más combustible" al fuego para "apagarlo".

Parece mentira que, décadas y décadas de repetir errores no les haya enseñado absolutamente nada y que ni siquiera hubieran aprendido el ABC de la economía: que los ingresos no aumentan incrementando los gastos sino a la inversa.

En una línea similar se embarcan los que formulan aplicar un fuerte impuesto a los inmuebles desocupados para de esta manera “incentivar a sus propietarios a que se coloquen en el mercado locativo". Lo que implica el más absoluto desconocimiento de elementales nociones de economía fiscal o tributaria.

Jamás los impuestos sirvieron de "estimulo" o "incentivo" para nada, excepto para los gobiernos que los usan y los recaudan. El impuesto siempre es un desincentivo, y que -contable y económicamente- no se trata más que de un costo para el que se ve obligado a pagarlo.

Demostrarlo es harto sencillo. Supongamos el siguiente ejemplo:

 

COSTOS FIJOS

10

ALQUILER DE MERCADO

12

GANANCIA

2

 

Vamos a conjeturar que la sumatoria de todos los costos de un propietario es de 10 (cientos, miles, millones, etc.) y que la sumatoria de la renta (precio locativo de mercado) de todos los inmuebles que posee sea de 12 (cientos, miles, millones, etc.) su ganancia final -al cabo de cada periodo- será de 2 (cientos, miles, millones, etc.).

 

COSTOS FIJOS

10

ALQUILER POLÍTICO

6

PÉRDIDA

-4

 

Imaginemos que -en ese mismo momento- el gobierno dicta una ley de alquileres (como las peronistas) y "congela" el precio de los alquileres en -por decir algo- 6. Es una cuestión de aritmética simple darse cuenta que no sólo no tendrá renta alguna, sino que se le producirá una pérdida de -4 que lo obligará a reducir su nivel de vida, o bien a vender ese(os) mismo(s) bien(es) que tenía alquilado(s), para poder pagar sus deudas generadas por el precio político, ya que 6 (cientos, miles, millones, etc.) es el precio máximo, que en el cuadro hemos designado como alquiler político para que sea más realista.

Observemos seguidamente la "solución" que presentan los "peritos" en cuestiones inmobiliarias:  

 

COSTOS FIJOS

10

IMPUESTO AL INMUEBLE DESOCUPADO

3

ALQUILER POLÍTICO

6

PÉRDIDA

-7

 

Dicen esos supuestos "versados" que un impuesto que se aplique a todos aquellos inmuebles no alquilados "alentará" (??) a sus propietarios a ponerlos en alquiler. Pero conforme demuestra nuestro cuadro, el nuevo impuesto, lejos de "incentivar" al sujeto gravado a colocar sus inmuebles en alquiler, lo que en realidad está haciendo es incrementar sus costos que -en el ejemplo dado- han pasado de 10 a 13, y si se lo obliga a alquilar el bien por 6, sus pérdidas netas se elevarán a -7.

¿Dónde "ven" los "especialistas" el supuesto "incentivo”?

El único incentivo -en este caso- es a eludir el impuesto o -si es imposible- deshacerse de todos los bienes necesarios hasta poder cubrir todos sus costos y que -con suerte- le quede algo para poder sobrevivir penosamente.

Esto es, como dijimos al comienzo, el ABC de la economía, que los proclamados "entendidos" se nota que ni siquiera imaginan y, obviamente, no manejan.

El que el impuesto fuera menor al costo del alquiler político decretado por el gobierno no cambia en absoluto la conclusión de este análisis. Veamos:

 

COSTOS FIJOS

10

IMPUESTO AL INMUEBLE DESOCUPADO

4

PÉRDIDA

-6

 

Como advertimos, la situación es casi idéntica que la del caso anterior (pérdidas netas por -6) ¿dónde ven los "conocedores" el "incentivo" a poner el bien en oferta locativa?

Lo que los "especializados" inmobiliarios parecen no comprender es que la gente no vive para compensar costos (en la jerga cotidiana se suele decir "cambiar la plata") ni para meramente subsistir sino para mejorar de condición, ahorrar, ganar y progresar.

¿Qué clase de "idóneos" son esos agentes inmobiliarios que imaginan que los dueños de propiedades son seres que viven sin afrontar costo alguno? ¿creen que sus inmuebles fueron recibidos del cielo, otorgados por los dioses del Olimpo o alguna divinidad extraterrestre?

Subyace, como se observa en el análisis de esos "expertos", la teoría marxista del odio a la propiedad. Y no persiguen otra cosa que su abolición más absoluta.

La misma idea flota en las otras "soluciones" que propician, como la de que el gobierno otorgue créditos para la vivienda a "los menos pudientes" o -en el lado opuesto- a la industria de la construcción (en rigor a los empresarios del sector). Esto, en buen romance, significa tanto como pedir que el gobierno obligue a unos a pagar la vivienda de los demás, ya que esos "créditos" que el gobierno concede no serán más que subsidios que -en última instancia- saldrán de impuestos, o bien de emisión monetaria, generando inflación y fuertes distorsiones en la economía a las que -lamentablemente- ya estamos tan acostumbrados y con las que convivimos a diario.

Entelequias fiscales

 Por Gabriel Boragina ©

"A título de principios, inmutables para un buen impuesto, que respete fundamentalmente la regla de la igualdad, Stuart Mill recomienda las cuatro máximas expuestas por Adam Smith que han sido aceptadas por numerosos economistas y, por consiguiente, ofrecen las características de verdaderamente "clásicas". Estas máximas son 1» Los sujetos del Estado deberán contribuir a sostener el gobierno tanto como sea posible en relación a sus facultades, es decir, en proporción de la renta de que ellos gozan bajo la protección del Estado. De la observación o del desprecio de esta máxima surge la igualdad o la desigualdad de un impuesto. 2» El impuesto que cada uno está obligado a pagar debe ser definido y no arbitrario."[1]

La expresión "sujetos del Estado" presenta problemas, porque si se entiende que el "estado" se compone de tres partes o elementos (gobierno, territorio y población) como acuerdan la mayoría de los juristas, es evidente que uno de los tres elementos (el territorio) no puede "contribuir", por cuanto no se trata de un ser humano. Nos quedan entonces solo los dos elementos restantes como posibles "contribuyentes" (gobierno y población) pero, como el gobierno está integrado por algunos miembros de esa población será más claro hablar de gobernantes y gobernados, ya que toda población se divide en estas dos partes.

Ahora bien, ya explicamos que los gobernantes no pagan impuestos como tales, entonces, nos quedan (por descarte) que se pretende hacer recaer esa "obligación" (cuyo fundamento no se ha dado, o se dieron "fundamentos" falaces para la misma) exclusivamente sobre los gobernados (es decir, solo una parte de la población).

Esto demuestra que es falsa la cacareada pretensión de "igualdad fiscal" (los burócratas se autoexcluyen de las leyes fiscales).

En suma, sigue sin explicarse porque unas personas deben mantener a otras (gobernados a gobernantes) y además de manera "obligatoria". La respuesta típica es porque el gobierno tiene el monopolio de la fuerza para exigirlo, pero entonces preguntaríamos ¿Quién le ha otorgado ese monopolio? Hoy en día se respondería que el parlamento, pero el interrogante subsiste ¿quién le ha conferido autoridad al parlamento para otorgar monopolios a nadie, y menos aún a un grupo de personas que se auto titulan "gobierno”? Se responderá: la Constitución, pero tampoco satisface las preguntas anteriores esta respuesta, porque volveremos a preguntar ¿Quién les ha otorgado a los redactores de la constitución la facultad de otorgarles a otras personas el establecimiento de monopolios incluido el de la fuerza?, se responderá "el pueblo" lo que tampoco resuelve nuestra pregunta original, simplemente porque esta última respuesta carece de toda prueba y evidencia, ya que no existe ningún registro documental que sirva para probar que el pueblo -así en abstracto- hubiera jamás conferido a nadie facultad alguna para constituir monopolios, ni mucho menos, constituirse en monopolio por sí mismo por decreto legal. Las teorías del "contrato social, pacto social" etc. no tienen evidencia ni fundamento de ningún tipo.

No existe, pues, tal cosa como "igualdad fiscal". Y en cuanto a que "El impuesto que cada uno está obligado a pagar debe ser definido y no arbitrario" peca de inocente. porque no ha tenido en cuenta al tan extendido hoy en día impuesto definidamente arbitrario.

"La época de pago, el modo de pago, la suma a pagar debe ser determinada con un sentido y de una manera inteligible para el contribuyente y para todo el mundo. Mientras que, si fuera de otro modo, toda persona sujeta al impuesto se encuentra más o menos sometida al recaudador que puede agravar la carga del contribuyente para el cual está mal dispuesto o extorsionar por el temor de cualquier gratificación."[2]

Que estas cosas se cumplan, en el mejor de los casos, puede hacer menos evidente la arbitrariedad del impuesto, pero no la eliminan por competo. Aun conocidos esos detalles el impuesto puede seguir siendo arbitrario. ¿Quién define la arbitrariedad del impuesto? Indudablemente aquel que tiene que pagarlo, nadie más que él. Por cuanto es el único que conoce sus necesidades, patrimonio, proyectos, etc. Todas cosas que se verán más o menos afectadas por el impuesto. No es menos arbitrario el impuesto que alterará -por ejemplo- más del 50 % de mi patrimonio por el hecho que yo tenga la certeza de que el plazo de pago vencerá todos los días 5 de cada mes, que puedo pagar en efectivo o cheque, etc.

De hecho, se puede decir que la teoría que impera en materia fiscal es la contraria: la de la arbitrariedad, porque es la que efectivamente se aplica en la práctica para desgracia de todos, menos de los burócratas.

Igual de arbitrario seria que la tasa fuera baja pero que el recaudador pudiera exigirla en cualquier momento, o, de cualquier modo, etc.

La única manera de poder decir que un impuesto es menos arbitrario que otro (o menos arbitrario en sí mismo) es que el gasto que está destinado a satisfacer sea bajo. Por eso, la discusión relevante no es, en el fondo, sobre el impuesto, ya que este no es más que un efecto del gasto estatal (que es su verdadera causa). Lo vicioso del impuesto es su carácter de coactivo, pero su origen (y el del mal) debemos buscarlo -y lo hallaremos- en el gasto estatal.

"El carácter indefinido del impuesto —y esto es una práctica que se recoge a diario, en todos los países y en todas las épocas—, estimula la insolencia y favorece la corrupción de una clase de hombres naturalmente impopulares, aun cuando no fueran ni insolentes ni corrompidos."[3]

Aquí se dice algo interesante y muy cierto. Los impuestos fomentan la insolencia y la corrupción, y el mismo párrafo reconoce que esto es diariamente observable. Basta ver las planillas fiscales que tiene que llenar y completar el expoliado para poder ver con nitidez la cantidad de preguntas insolentes que formula el fisco, realmente uno al completarlas se siente de la misma manera que debieron sentirse los esclavos de la antigüedad.

El trato humillante que reciben los expoliados en la oficina de tributos, la cantidad de trámites agobiantes e inútiles que deben realizar, la arrogancia con que los empleados fiscales observan a sus víctimas tributarias, etc. justificaría por si solo la abolición de todo el sistema fiscal, y reemplazarlo por otro verdalmente voluntario. Naturalmente, somos conscientes que muy lejos estamos de ese ideal, sino que, al contrario, si existió una época donde los impuestos constituían la arbitraria voluntad del déspota de turno, entonces, o no hemos experimentado evolución alguna o -caso contrario- hemos ido en franca involución, regresando a aquel sistema de barbarie en materia fiscal.


[1] Mateo Goldstein. Voz "IMPUESTOS" en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

[3] Goldstein, M. ibidem.

Protección, redistribución y pobreza

 Por Gabriel Boragina ©

Seria exacto decir que no es posible saber cuan protegida esta una persona por el gobierno y la cuantía de los impuestos que sufrague no es ningún indicativo que permita orientarnos en dicho sentido. La experiencia de nuestro tiempo nos permite aseverar sin temor a equivocarnos que aun las personas y empresas que abonan los más altos impuestos no parecen estar más protegidos que los que tributan menos.

Tampoco es posible determinar en qué consistiría dicha protección más bien por el contrario cuantos más impuestos hay y más caros son los que deben tributarse resulta claro que no puede hablarse de protección del expoliado, su grado de desprotección crece cuando el ladrón estatal toma cada vez una mayor parte de su propiedad (en dinero o en especie, es indistinto el modo de pago).

La menor experiencia en el tema indica que los gobiernos se blindan a sí mismos tratando de cobrar siempre los impuestos más altos posibles, con lo que al ingresar fondos a sus arcas resultan fortalecidos, lo que significa que su autoprotección crece, a la vez que, sus expoliados están cada vez menos protegidos, porque sus propiedades están pasando paulatinamente a manos de los burócratas vía impuestos.

"Más adelante prosigue el mismo tratadista diciendo que: Si tenemos necesidad de avaluar la ventaja relativa que cada uno obtiene de la protección del gobierno sería necesario verificar quien es el que sufrirá más con el retiro de la protección: entonces será necesario reconocer que los que, por su naturaleza o posición, son los más débiles de espíritu, serán los que tendrán más que perder... "[1]

Nuevamente, es bastante difícil saber de qué habla el citado. Pero el discurso sigue girando en torno a una supuesta "protección" del gobierno que también -imaginariamente- brindaría a las personas. No hay tal. En la práctica, los gobiernos -sin romanticismos pueriles- suelen otorgar protección a las siguientes personas a saber:

  1. Los titulares y miembros del gobierno.
  2. Los familiares y amigos (íntimos o no) de los gobernantes.
  3. Los dirigentes del partido gobernante.
  4. Los mandos intermedios del partido.
  5. Afiliados al partido y simpatizantes.
  6. La gente de escasos recursos por motivos de puro clientelismo electoral.

Fuera de estos casos, es muy difícil -sin pecar de ingenuo- hablar de que los gobiernos dan "protección" a otras personas diferentes de los seis grupos enumerados arriba.

En cuanto a los "débiles de espíritu" que según el autor serian "los que tendrán más que perder" no se puede comprender a quienes se refiere.

"Si hay alguna justicia en la teoría que examinamos, los que son menos capaces de ayudarse y de defenderse están entre aquellos para quiénes, la protección del gobierno les es más indispensable, debiendo pagarla más cara: esto sería justamente lo contrario del ideal de la justicia distributiva que consiste en reparar, no en imitar, las desigualdades y los errores de la naturaleza…"[2]

Tratando de echar luz a todo este palabrerío rebuscado, caben estas interpretaciones ¿Quiénes son esos "menos capaces"? ¿los pobres? Si es así, no se ve de que deberían "defenderse" porque si son pobres no son ningún negocio para los ladrones, porque si son pobres ¿Qué podrían sacarles los ladrones a los pobres? Al ladrón le interesa el rico, no el pobre, porque es al primero del que puede obtener mejor provecho, y esto aplica tanto al ladrón particular (que roba con armas) como al ladrón estatal (que roba con impuestos).

Los pobres son pobres porque los gobiernos son ricos, o porque prefieren vivir en la pobreza. No existen más que estos dos motivos para la pobreza. En el primer caso el gobierno no les da protección, sino que -como indicamos- se las quita. En el segundo, ellos mismos renuncian a protegerse de la pobreza buscando trabajo.

En Argentina, como en otros países, los pobres -en su mayor parte- prefieren vivir medrando las dádivas de los gobiernos que, en el curso de los tiempos, han tenido diferentes nombres (planes sociales se les dice últimamente). No son más que subvenciones, subsidios, ayudas o como se les quiera llamar, que provienen de los impuestos que el gobierno expolia al sector productivo de la economía. Muchos de esos subvencionados cobran en "ayudas sociales" del gobierno más que numerosos empleados del sector formal e informal de la economía. Para "proteger" al subsidiado el gobierno debe desproteger a los que más producen, a los verdaderos generadores de riqueza: los empresarios. A esto se le ha llamado populismo, el gran mal de nuestra época.

"Partiendo de la base de que se debe reclamar a cada individuo un sacrificio igual, debemos investigar si este principio sería aplicado en el caso de que cada uno diera la misma proporción por ciento cíe sus rentas. Un gran número de personas sostienen que no, diciendo que el que da la décima de una pequeña renta sufrirá más que el que da un décimo de una gran renta: es sobre esta aserción que ha sido fundada la idea del impuesto progresivo."[3]

El problema no es tanto lo que se da sino lo que se pide o -mejor dicho- se exige o -como en el caso del impuesto- directamente se toma. Al revés de lo que hacemos todas las personas que no ocupamos posiciones de poder político, los burócratas fijan su presupuesto en función de los gastos pasados, presentes y futuros que proyectan realizar, y una vez que tienen aprobado ese proyecto de gastos por otros burócratas que también viven de él (el congreso o parlamento, según los casos) entonces establecen en igual o mayor número los impuestos necesarios para cubrir esos gastos.

Esto es como si -por ejemplo- un empleado de una fábrica o empresa sumara todos sus gastos mensuales o anuales (pasados, actuales o proyectados), y con su resultado le exigiera a su empleador los aumentos de sueldos respectivos. Sabemos que ningún empleado puede hacer eso, como ningún empresario puede -mediante el mismo mecanismo- añadir todos los costos de sus insumos y de sus proveedores para luego subir los precios de sus productos. Sólo el gobierno tiene ese privilegio auto arrogado por esos mismos burócratas que se beneficiarán del mismo. Y lo ejercen siempre.


[1] Mateo Goldstein. Voz "IMPUESTOS" en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

[3] Goldstein, M. ibidem.

¿Por qué sube el dólar?

 Por Gabriel Boragina ©

 

No es posible pasar un día sin escuchar esta pregunta en prácticamente todas partes.

Pero, en realidad, la pregunta está mal planteada, porque la correcta debería ser ¿Por qué baja el peso? Dado que lo que se pretende averiguar es la causa de la tremenda disparidad entre ambas monedas.

La respuesta popular y simplista contesta que el dólar "sube porque la gente especula"

El problema con esta réplica es que la gente especula siempre, en todos los actos de su vida y de su día y -sin embargo- hay momentos en el curso de todo ese tiempo que el dólar no "sube", sino que "baja" o se mantiene estable.

Entonces, veamos algunas de las causas reales (aunque no finales) de este "curioso" fenómeno que ya se ha vuelto tan acostumbrado para los argentinos (aun cuando son muchos los ingenuos que siguen preguntándose por qué sucede esto, o bien lo atribuyen a algunas de las "razones" que dimos arriba).

Sin duda, la inflación es uno de los responsables, dado que deprecia al peso, y esta devaluación hace que la relación peso/dólar sea desfavorable para el primero y positiva para el segundo.

Pongamos un ejemplo para hacerlo más sencillo todavía de entender: si con un billete de $ 100 compro 10 caramelos en el momento 1 (M1) y en el 2 (M2) compro 4 caramelos, significa que en M2 soy más pobre que en M1, aunque sigo teniendo un billete que nominalmente "vale" $ 100. Los caramelos que puedo adquirir con mis $ 100 representan el tipo de cambio real de mi billete, en tanto que la cifra que expresa o leo en el billete representa lo que se llama el tipo de cambio nominal del mismo.

Si ahora cambiamos los caramelos del ejemplo por los dólares el resultado será el mismo. Lo que determina la razón por la cual en M1 con $ 100 compramos 10 dólares (o caramelos) y en M2 sólo compramos 4 es la cantidad de pesos en circulación que haya, que es mayor en M2 que en M1. Y el dinero en circulación crece por una sola razón, porque el gobierno emitió más dinero en M2 que en M1.

Para comprar la misma cantidad de dólares que adquiríamos en M1 con $ 10 por unidad, ahora necesitamos $ 250, porque con $ 100 solo podremos comprar 4. Es un simple efecto de oferta y demanda.

Al observar esto, la "lectura" que la gente hace es que cada caramelo/dólar antes "costaba" $ 10 ahora "cuesta" $ 25, ergo lo "lee" como que el dólar "subió" de $ 10 por unidad a $ 25. La realidad es que el precio del peso en términos de dólares se depreció.

Pero además de la inflación también concurren otros factores para que la diferencia entre pesos y dólares se ensanche. Por ejemplo, si hay una caída en las exportaciones se pasa a hablar, entonces, de un balance comercial deficitario o "desfavorable", dado que -en el caso- ingresan menos divisas que cuando las exportaciones eran mayores.

Esto hace que la relación dólar/peso sea favorable para el primero y negativa para el segundo, con lo cual el precio del dólar sube en tanto el del peso baja. Como en el caso de la inflación se necesitarán más pesos para comprar la misma (o menos) cantidad de dólares.

¿Por qué se reducen las exportaciones? Las exportaciones caen generalmente cuando no hay excedentes exportables. Esto -a su turno- encuentra como causa posible el desplome de la producción por elevación de costos. Y en la misma línea, los elementos que más inciden para que los costos se eleven vienen dados por la baja productividad que halla-a su vez- causa en la política fiscal. En países como Argentina donde la tasa de presión fiscal es en cada ciclo más elevada, estas empujan los costos totales hacia arriba haciendo más caro producir, vender, trabajar, y todo lo que tenga que ver con cualquier actividad económica. Semejante elevación de costos incide negativamente en la producción global, y afecta más aun todo lo que se relacione con el comercio exterior. Exportar e importar se hace en cada período más difícil, y ocasiona que el precio de la divisa vuelva a "subir". El responsable de todo este circuito es el gobierno, a quien encontramos al final del camino como único agente causal.

Todo lo dicho tiene un impacto también negativo en las importaciones, ya que en la línea de lo que venimos explicando, se necesitarán destinar más pesos para comprar igual o menor cantidad de dólares. En este supuesto, las importaciones se encarecen y entonces se retraen, lo que hará bajar la demanda de divisas y -ceteris paribus- debería hacer caer también su precio.

Otro componente importante que hace que el diferencial de cambio sea en cada ocasión más amplio -siguiendo con el caso del comercio exterior- es la retracción del crédito internacional que afecta negativamente el balance de pagos. Menor entrada de divisas que produce el mismo efecto que la contracción de las exportaciones: al hacer escasas las divisas su precio "sube" mientras el del peso "baja". Las razones por las cuales los préstamos del exterior dejan de afluir al país ya las hemos analizado en muchas ocasiones, pero repasemos algunas: cuando los gobiernos dictan leyes que atentan contra la propiedad privada crece la inseguridad jurídica, y cuando los tribunales emiten fallos en el mismo sentido o no respetan las decisiones que hubieron adoptado anteriormente (violando la cosa juzgada, cosa que estamos hartos de observar en nuestro tránsito profesional por los tribunales) de este modo resulta lógico que ningún capitalista externo esté dispuesto a otorgar crédito a nadie en el país, ni a empresas ni a particulares, porque cuenta casi como seguro que no recuperará ni el capital ni los intereses. Es por ello que, el único crédito que puede conseguirse es el que logre obtener el gobierno local de organismos internacionales, y que suele ser el famoso "crédito barato", porque es -a su turno- financiado con impuestos sufragados por los contribuyentes externos.

Por análogas razones a las analizadas en el párrafo precedente, el dólar "sube" porque se comprimen las inversiones internacionales. El denominador común es el mismo que el anterior: leyes y sentencias contra la propiedad, o directo incumplimiento contra los veredictos judiciales (pocos) que defienden la propiedad privada. En general, salvo honrosas y en cada oportunidad más extrañas excepciones, la justicia argentina en el marco de las relaciones jurídicas entre particulares, está orientada hacia el amparo y la defensa de los morosos incumplidores y desamparo de los acreedores. Esta disposición cambia en el campo del derecho público donde cuando el acreedor es el "estado" y el deudor el particular las decisiones legales van en favor del primero y en contra del segundo cualquiera sea el grado de razón que pudiera asistir a este último.

En este rápido análisis de las motivaciones por las cuales la gente dice que el dólar "sube", nos topamos con la fuga de capitales que también reconoce su origen en la inseguridad jurídica. Pero -en este caso- debemos agregar otra causa más: los tristemente célebres controles de cambio, que consisten en -no otra cosa que- imponerle un precio máximo a la divisa, es decir, un precio político. El resultado es la aparición de un mercado paralelo, negro, subterráneo u otras denominaciones que se le asignan. En este tema, oferta y demanda de dólares ajustan por cantidad, ya que el precio máximo impide -en principio- que lo hagan vía precio de mercado. En consecuencia, aumenta la demanda de dólares, con lo que su precio se eleva en la misma proporción.

Cuando la salida de dólares al exterior se combina con la falta de crédito externo, se potencia la diferencia del tipo de cambio en favor de la divisa y en contra de la moneda local. Si se le agregan controles de cambio y restricciones al comercio exterior -que vimos arriba- más inflación, etc., el cóctel no puede ser sino letal.

Entonces, el "diagnóstico" que atribuye que el dólar "sube" debido a la "especulación" de la gente, es un "argumento" tan simplista como falaz. Confunde el resultado con la causa o -como se dice- pone "el carro delante del caballo".

La demanda de dólares por parte de la gente -en resultado- no es la causa del "aumento del dólar" como se dice vulgarmente, sino su efecto lógico. Y el origen de esa demanda hay que buscarlo y se encontrará en algunos de los constituyentes que hemos mencionado más arriba rápidamente en el marco de este deliberado breve análisis.

En todos los casos anteriores opera la ley de la oferta y la demanda, pese a todas las restricciones o a causa de las mismas como reacción del mercado.

En suma, hasta que los políticos no entiendan, aunque sea en su manera básica, alguna de estas cuestiones el dólar seguirá "subiendo".

Socialismo fiscal

 Por Gabriel Boragina ©

En cuanto a la etérea afirmación de Mill sobre un "un principio general de justicia como una base sobre la cual sea posible establecer una teoría de. las finanzas" cabrían realizar las mismas reflexiones críticas que hicimos en nuestros comentarios anteriores respecto de la igualdad. Da toda la impresión que Stuart Mill equipara la igualdad que propicia a ese "principio general" porque no explícita cual podría ser ese principio general de justicia que lo distinguiera de la igualdad. La palabra "facultades" parece usarse en el sentido de potestades o posibilidades, lo que tampoco está claro. Pero aparenta que lo que quiere discutir el autor citado es que para él es "justo" que todos paguen por igual, y que otra postura enfrentada a esa es la de quienes dicen "es justo que el que más tiene más pague".

Todo este debate sería inútil si se eliminaran los impuestos y se dejara actuar al mercado en este ámbito también, porque el pobre está más amparado dentro del orden del mercado que dentro del orden jurídico, donde en este último -al contrario- cada vez se lo desampara más.

Pero los autores estudiados no tienen en cuenta que esos servicios son -en origen- servicios privados que el gobierno -previa expoliación a esos privados- se arroga el derecho de explotarlos por sí mismo y que le sirven de pretexto para arrancarles recursos a quienes antes prestaban el servicio y precedentemente eran sus usuarios. Si esos servicios lo son merced a la previa expoliación de los recursos de unos pocos a los que el mercado les había encargado que los prestaran, no es justo que se le pretendan cobrar impuestos a todos por esa expoliación.

"Pero corno no se puede sostener, prosigue Stuart Mili, que la existencia del gobierno tiene otro objeto que la defensa de la propiedad, algunos partidarios consecuentes de este extraño principio destacan que las personas tienen necesidad de protección tan bien como las propiedades, y cada persona se halla igualmente protegida, un impuesto fijado por cabeza es un equivalente conveniente para esta parte de los servicios del gobierno, mientras que el resto de estos servicios que se aportan a la protección de las propiedades, deben ser adquiridos por cada uno en relación con las propiedades que él posee. Hay en este arreglo una apariencia de exactitud, de distribución que complace a ciertos espíritus. Pero, en primer lugar, no es exacto que el gobierno no debe servir más que a la protección de personas y de propiedades. El gobierno no existe para otros fines que la sociedad misma: él debe hacer todo el bien y prevenir todo el mal que la existencia de un gobierno puede hacer y prevenir."[1]

Lo que se pretende defender en este punto es lo que hemos denominado el paternalismo estatal. Se nos dice que "El gobierno no existe para otros fines que la sociedad misma: él debe hacer todo el bien y prevenir todo el mal que la existencia de un gobierno puede hacer y prevenir." Esto, modernamente, se ha conocido como el "estado benefactor" o "estado de bienestar", teoría que propicia que el gobierno nace y tiene su razón de existir para cubrir todas las necesidades humanas de por vida. Es el principal argumento de los socialistas modernos y el más falaz de todos. Sostiene que la razón de existir del gobierno es proveer de felicidad a todos, solucionándoles todos sus problemas personales a cada cual, lo que implica -en los hechos- la estatización total de la economía. Postula que todos los bienes y servicios que produce y ofrece el mercado -que por definición están destinados al bienestar humano- pasen al dominio del gobierno y que este reemplace a la incitativa privada en cuanto a su provisión.

Si bien con un enfoque filosófico algo diferente, no se aprecia diferencia alguna entre esta propuesta de Stuart Mill y la que formulara Karl Marx. Este último deseaba lo mismo, con la salvedad de su contradicción al tratar de aplicar como se llegaría a ese estado, ya que en sus primeros trabajos propicia la revolución y en sus otros escritos se contradecía diciendo que el socialismo se llegaría por evolución.

No decimos que Mill esté proponiendo el comunismo, pero sí que, posiblemente sin saberlo le estaba abriendo camino al socialismo que se terminaría imponiendo en la mayor parte del planeta a partir de los principios del siglo XX.

Es un grave error, por último, confundir los fines de la sociedad con los del gobierno, porque equivaldría a decir que la sociedad es exactamente lo mismo que el gobierno, lo cual es un absurdo completo.

"Después, si se atribuye un valor definido a las cosas esencialmente indefinidas y si se extrae de allí conclusiones prácticas, uno se expone a incurrir en errores, cuando se trata de cuestiones sociales. No se puede decir que un particular esté diez veces más protegido que otro porque se le garante la propiedad de los bienes diez veces más considerables. Que se tome por términos de cooperación el trabajo y los gastos de la protección a los sentimientos de la persona protegida, o toda otra persona determinada y no se encontrará ni la proporción indicada ni ninguna otra proporción regular."[2]

Parece querer expresar que no pueden definirse los servicios del gobierno por cuanto -como ha afirmado antes- el gobierno "debe servir para todo lo que requiera la sociedad", y que estas necesidades son "indefinidas". No podría, entonces, atribuírseles un valor definido. Otra posible interpretación sería la de que sería imposible definirse o medirse cuanta es la protección que el gobierno brinda a alguien que posea algo. Pero sigue sin estar claro de si habla de una persona que posee diez propiedades que otra, o se refiere a una misma persona que posee una propiedad, pero estaría diez veces más protegida (hipotéticamente porque estaría pagando diez veces más). Realmente la redacción es enredada y confusa, porque seguidamente alude a los sentimientos de la persona protegida (sin que se advierta cual es el nexo de causalidad entre lo dicho antes y este agregado).


[1] Mateo Goldstein. Voz "IMPUESTOS" en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

Funciones estatales y fuente del impuesto

 Por Gabriel Boragina © Estudiamos antes que las "funciones" que los mismos burócratas y sus teóricos bautizaron de "esenci...