Inseguridad jurídica (3° parte)


Por Gabriel Boragina ©

La regulación de los fenómenos económicos es una fuente de la inseguridad o inestabilidad jurídica. Se trata de un hecho que, lejos de esta localizado y ser extraño, se ha generalizado a nivel mundial:
"Ahora, año tras año, el gobierno expropia más de 40 por ciento de los ingresos de los productores privados, lo que hace que incluso la carga económica impuesta a los esclavos y siervos parezca moderada en comparación."[1]
Si bien la cita alude a los Estados Unidos es dable imaginar que en el resto de los países -donde las regulaciones son mucho mayores que en el país del norte- la situación no puede ser mejor. Mas allá de la posible exageración en cuanto a la comparación con el régimen de esclavitud, debemos tener en cuenta que es bastante probable que el autor citado se esté refiriendo a los esclavos norteamericanos que, en comparación con el resto de los esclavos a nivel mundial, se encontraban en una posición relativamente mejor al de sus pares de otras latitudes.
"El oro y la plata han sido reemplazados por dinero de papel fabricado por el gobierno, y a los estadounidenses se les roba continuamente su dinero a través de la inflación."[2]
Las monedas metálicas -especialmente durante la vigencia del patrón oro (hoy en día derogado en todo el mundo)- imponían severos límites a los gobiernos en su afán de manipular el dinero. Fueron, desde luego, también necesarios instrumentos legales para permitir semejante confiscación de activos. De tal suerte, los gobiernos dictaron legislaciones que derogaron el patrón oro e impusieron las tristemente célebres leyes de curso forzoso y legal para obligar a sus ciudadanos a aceptar dinero envilecido. Naturalmente el hecho de que el precio de la moneda quede al arbitrio de los bancos centrales mundiales es otra fuente de incertidumbre jurídica, porque implica que el gobierno se reserva la facultad de establecer el precio de las transacciones y su volumen.
"El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación está regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel (la legislación)."[3]
Tal hemos adelantado, resulta inevitable que esta maraña de normas se superponga y se contradigan entre sí (como es lógico) si se tiene en cuenta que se estatuyen en el tiempo -y no instantáneamente- por diferentes gobiernos que -a su vez- se componen de distintas extracciones ideológicas, y que en oportunidad de ocupar el poder pujan por hacer valer en la legislatura sus proyectos, algunos de los cuales lucen como los más disparatados.
Estas leyes quedan sancionadas y promulgadas y perduran junto con las normas que prescribirá la próxima legislatura que, siguiendo el mismo patrón, vendrá a engrosar la lista de disposiciones legales que limitan, dificultan e impiden, en muchos casos, a los ciudadanos del llano disponer de sus bienes privados, los que pasarán a tener de privados únicamente el sentido retórico de la palabra.
"Con el aumento de la legislación, se ha creado cada vez más inseguridad jurídica y riesgos morales, y el caos ha sustituido a la ley y al orden."[4]
 Resulta ser la tendencia mundial que, lejos de simplificar la legislación esta ha proliferado por donde se mire. Hay que agregar a la lista leyes que favorecen a ciertos grupos en detrimento de otros, por ejemplo, empresarios; sectores sociales considerados "marginales"; grupos de presión o de poder según alguna nomenclatura en boga, e incluso a algunos individuos determinados en perjuicio de otros. Todo lo cual nos lleva a recordar el famoso libro de Fréderic Bastiat que -titulado precisamente La Ley- daba cuenta tempranamente en el siglo XIX de este tipo de desastres, convirtiéndolo en un visionario de lo que estaba por venir. Y la temática de la seguridad jurídica va de la mano con lo que algunos autores dieron en llamar calidad institucional:
"Estados Unidos es un país que ocupa la novena posición en lo que se refiere a calidad institucional (ver cuadro 2, abajo) y muestra debilidades que son comunes a todos los países, ya que a partir de la eliminación del patrón-oro las instituciones monetarias implementaron políticas discrecionales o, en algunos casos, ataron sus monedas a otras de países que practicaban tales políticas."[5]
Como dijimos, la inestabilidad monetaria -fruto de la inestabilidad jurídica- es la generadora de la mayor cuantía de los males sociales, porque de lo que se trata es del instrumento que permite o facilita la transacción de los derechos de propiedad de los particulares. Si la moneda está sujeta a la inestabilidad jurídica eso figura que toda la institución de la propiedad privada está afectada de la misma inestabilidad, lo que -en términos de Ludwig von Mises- simboliza lisa y llanamente su abolición. El caso de Estados Unidos se presenta como el más preocupante, porque en épocas no muy lejanas resultó ser un ejemplo de respeto irrestricto a la propiedad privada y un celoso defensor de las leyes que la protegían, situación que ha varado hasta la actualidad.
"Todo el sistema monetario internacional está sujeto a la discrecionalidad de las autoridades monetarias de los Estados Unidos, al ser el dólar la moneda internacional por excelencia y a las de otras monedas importantes como el euro, la libra esterlina o el yen. De la misma forma que la “discrecionalidad” jurídica significa inseguridad jurídica, la “discrecionalidad” monetaria significa inseguridad monetaria y financiera, lo cual representa una mala calidad institucional en esta área en particular."[6]
En realidad, el sistema monetario mundial está regulado por leyes, por cuanto los conceptos de inseguridad o inestabilidad jurídica son enteramente aplicables a cualquier propiedad, incluyendo la monetaria. En un sistema donde los bienes se intercambian por dinero y este -a su vez- por bienes, que las leyes tengan la potestad de modificar a su antojo el precio del dinero (usualmente se habla del valor, pero esto no es técnicamente correcto) representa que esas mismas leyes deciden el precio de todos los bienes y servicios que componen una economía especifica donde las leyes confieran a las autoridades semejantes facultades.

[1] Hans-Hermann Hoppe. "Sobre la Imposibilidad de un Gobierno Limitado y Perspectivas de una Segunda Revolución en América". Artículo publicado en el Blog del Instituto Mises - Articulo Diario – junio 28 de 2008, Pág. 7
[2] Hoppe, H.H.  ibidem.
[3] Hoppe, H.H.  ibidem
[4] Hoppe, H-H. ibidem
[5] Martin Krause. Índice de calidad institucional 2009. Pág. 7
[6] Krause, M. ibidem.

Inseguridad jurídica (2° parte)


Por Gabriel Boragina ©

Revisemos el concepto actual de ley:

"Contemporáneamente se entiende la ley como un conjunto de disposiciones, mandatos y códigos. Frente a cualquier problema se propone la promulgación de una nueva ley por la asamblea legislativa. De este modo, además de adulterarse el concepto del derecho, se crea una gran inseguridad jurídica ya que si el legislador puede rápidamente promulgar una ley también la puede abrogar o modificar con la misma celeridad. Los resultados eran distintos en los comienzos de los mencionados casos del common law y del derecho romano en que los jueces eran espectadores más que actores de un proceso competitivo en el que se iban tamizando y contrastando resultados y en el que se conjugaban elementos dinámicos en un contexto de permanencia de principios generales del derecho (Epstein, 1980: 255-6 y 266). El criterio y la perspectiva con que se analiza el derecho es distinta si se piensa que los contratos tienen lugar porque hay una ley que, desde arriba, concibe, diseña e inventa los correspondientes mecanismos (Fullner, 1981: 174-5) sin percibir, por ejemplo, que el derecho comercial durante la Edad Media, en Inglaterra, se elaboró y ejecutó de modo totalmente privado (Wooldrige, 1970: cap. 5; Buckland, 1952; Berman, 1983: 333-356)." [1]

El contenido de esta cita es lo que nosotros hemos denominado estabilidad jurídica (fórmula que preferimos a la más usual de inseguridad jurídica por las razones ya dadas más arriba). La circunstancia cierta que los legisladores sancionen leyes con la misma velocidad con la que pueden derogar otras alude -más bien- a la estabilidad jurídica antes que a la inseguridad. Porque es de alguna manera la situación que vivimos actualmente, donde bien podemos tener la seguridad jurídica que así sucede en la práctica. Basta para comprobar esto último echarle una somera ojeada al Boletín Oficial, que es el diario donde se publican las leyes, los decretos reglamentarios, resoluciones, disposiciones, etc. para tener la seguridad jurídica de la enorme cantidad y parafernalia de normas que se promulgan diariamente.
No cabe la menor duda que la inflación legislativa destruye esta estabilidad jurídica de la misma manera que -en el campo de la economía- la inflación atenta contra la estabilidad monetaria y, de esta última manera, sea habitual al designar el fenómeno, aunque también (pero menos) se dice "inseguridad monetaria". Es más apropiado denominar como inestabilidad, tanto monetaria como legislativa o legal. Por estas razones adoptamos la fórmula inestabilidad jurídica para el hecho que la mayoría rotula como de "inseguridad jurídica"
Con todo, somos conscientes que se encuentra más arraigada en el uso común la última expresión que la que proponemos nosotros.
En el caso argentino (que es el que mejor conocemos) estamos en condiciones de hablar -más que de inestabilidad jurídica- de caos jurídico. Y más propiamente, podemos decir que sea consecuencia de un verdadero caos legislativo. Suelen recaer criticas justificadas sobre el accionar de la justicia. Las principales deficiencias del sistema (que no son nuevas, por cierto) reinciden sobre dos aspectos centrales: la lentitud de los procedimientos y sus finalizaciones y -lo que quizás sea más grave- la injusticia de las sentencias que se dictan sobre las distintas causas.
A esto se suma -como agravante- el de la retroactividad de las leyes, que afectan derechos adquiridos, algo desgraciadamente frecuente en materia fiscal:
"Piénsese por ejemplo en lo siguiente: en materia de efectos temporales de la norma, el Derecho Tributario distingue los hechos imponibles instantáneos de los hechos imponibles de ejercicio. Los primeros se configuran en un instante: una venta, para el impuesto al valor agregado. Los “de ejercicio”, en cambio, se perfeccionan al final de un período de tiempo determinado, y gravan el producto de una suma de situaciones acaecidas durante dicho lapso: piénsese en el impuesto a las ganancias. El Derecho Tributario argentino admite que una reforma impositiva sancionada durante el curso del ejercicio grave el resultado de operaciones anteriores a ella, violando la garantía de los derechos adquiridos. Consecuentemente, se tornó una constante de nuestra historia tributaria la costumbre de aprobar reformas impositivas en los últimos meses, cuando no en los últimos días, del ejercicio fiscal, […] que afectan el resultado del total de operaciones del año. Parece evidente el perjudicial efecto que sobre la planificación empresaria pueden ejercer, vía incertidumbre e inseguridad jurídica, principios normativos como la aceptación de la validez de ciertas retroactividades."[2]
Múltiples son los factores que inciden en estos magros y negativos resultados.
La hiperinflación legislativa (que tampoco es un fenómeno novedoso) obliga a crear superestructuras burocráticas que se superponen unas a las otras y entorpecen tareas y procedimientos, todo lo cual conlleva a una mayor dilación de los plazos y términos procesales, que se extienden a veces mucho más allá de la voluntad de los jueces que, a su turno, dependen de esas superestructuras burocráticas.
La proliferación de normas y la frecuente contradicción entre las mismas genera un clima general de confusión y desconcierto entre la comunidad jurídica, que forman sustancialmente abogados litigantes y jueces.
Cuando se habla de desregular la economía -por ejemplo- suele no tenerse conciencia del aspecto señalado anteriormente, ya que para obtener tal objetivo habría que primero desandar todo el camino emprendido, es decir, desmontar legislativamente todo ese conjunto de normas (leyes, decretos, reglamentaciones, circulares, resoluciones, etc.) que no sólo alimenta la burocracia, sino que impide que esta brinde un servicio decente al ciudadano.
El parlamento se ha convertido en una suerte de campo de competencia donde los distintos partidos de diferentes extracciones ideológicas rivalizan en una carrera desenfrenada por ver quién es el legislador que propone y logra aprobar mayores cantidades de leyes de cualquier tipo, sin importar demasiado cual sea su contenido. Pero, como decía el genial Juan Bautista Alberdi, el Congreso debería dedicarse más a derogar las leyes que son barrera de la libertad que aprobar nuevas.
No obstante, tampoco pueden soslayarse casos de corrupción dentro del poder judicial, algunos muy sonados por la presa y que son de público conocimiento, que empeoran todavía más el panorama jurídico y legal.

[1] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. 697-698
[2] Alberto Benegas Lynch (h) Entre albas y crepúsculos: peregrinaje en busca de conocimiento. Edición de Fundación Alberdi. Mendoza. Argentina. Marzo de 2001. Pág. 330

Inseguridad jurídica (3° parte)

Por Gabriel Boragina © La regulación de los fenómenos económicos es una fuente de la inseguridad o inestabilidad jurídica. Se trata ...