El Derecho (7° parte)


Por Gabriel Boragina ©

“F. La coerción jurídica en la práctica. Saliendo ahora del aspecto puramente filosófico y emplazando el tema en su aspecto práctico, resulta evidente que, desde el punto de vista subjetivo, no existen derechos (de signo positivo o negativo) cuya realización no esté respaldada por la fuerza de una sanción, pues los ejemplos citados en contrario son poco convincentes. Se dice que un derecho no susceptible de coacción es el que se tiene frente al deudor insolvente o al delincuente prófugo, así como el que afecta a las obligaciones de hacer. El razonamiento es por completo erróneo: el deudor insolvente puede ser constreñido mediante apremios personales (como ya se hizo en épocas pasadas) o mediante inhabilitaciones para ciertos actos o para el ejercicio de ciertos derechos; el prófugo no es que no pueda ser constreñido, sino que no se lo encuentra para aplicarle la sanción, y en las obligaciones de hacer, la coacción queda determinada por la sustitución en indemnización de daños y perjuicios.”[1]
Comencemos aclarando que lo filosófico tiene consecuencias prácticas. No se trata de un mero elucubrar. No está clara la alusión a los Derechos subjetivos, ni tampoco la distinción entre positivos y negativos. Por lo pronto, los términos sanción y coacción no son sinónimos, en tanto la sanción es la declaración del castigo descripto en la norma, la coacción se refiere al plano de la acción efectivamente realizable por la cual se cumple el objeto de la sanción. Teniendo en cuenta esta distinción, si bien casi todas las normas prevén una sanción o castigo para su incumplimiento, es cierto que -en contraposición a lo expuesto por el autor- tal prevista sanción, en muchísimos casos, no puede ser efectivizada. Es lo que en doctrina se conoce como un Derecho ilusorio o de imposible cumplimiento. En el caso de los ejemplos dados, se omite que el deudor para ser constreñido debería ser hallado primero, y que las inhabilitaciones no logran el objetivo primario del acreedor, que es recuperar lo adeudado. Lo mismo puede decirse para los dos ejemplos restantes, el del prófugo y de las obligaciones de hacer. Si el obligado no es encontrado y además es insolvente la coacción no puede efectivizarse. Es decir, el hecho está sancionado legalmente pero no puede concretarse la sanción por una imposibilidad material de hacerlo. A pesar de los esfuerzos dialécticos del autor lo cierto es que existen situaciones de facto donde la coercibilidad no resulta posible de momento o de manera definitiva (por ejemplo, en los casos de prescripción de acciones y Derechos).
“Se alega también que otro caso de derecho sin coacción es el que afecta a la relación entre el Estado y los particulares, carente de fuerza coercitiva a favor de estos últimos. Esto tampoco es cierto, por lo menos de un modo absoluto; pues la jurisdicción contencioso-administrativa se encamina precisamente a que los tribunales de justicia impongan coactivamente al Estado el cumplimiento de sus obligaciones incumplidas o de las normas vulneradas en perjuicio de los particulares.”[2]
No obstante, la práctica jurídica indica que la mayoría de las sentencias que se dictan en el fuero mencionado -en caso que favorezcan al particular- son meramente declarativas, aun cuando condenen al “estado” y lo “sancionen”. Ya hemos aclarado previamente que -en los hechos- lo que sucede es que el “estado” se estaría sancionando a sí mismo, porque el poder judicial es nada más que una rama del poder político del “estado”, lo cual deviene en una incongruencia, no solamente desde el punto de vista formal, sino sustancial. Tengamos en cuenta además que el poder de policía no reside en el poder judicial, sino en el ejecutivo. Llegado el caso -y suponiendo una situación extrema- ¿echaría mano el poder ejecutivo de su propio poder policial para ejecutar una sentencia dictada contra quien controla ese poder policial, es decir, contra sí mismo? Nuevamente, se presenta la dicotomía entre la sanción legal contenida en la ley y declarada en la sentencia, por una parte, y la concreción efectiva de la pena o condena por la otra. Difieren el plano material del formal. Si se quiere describir cómo funciona la coerción jurídica en la práctica no puede desconocerse esta realidad de quienes hacen del Derecho profesión. ¿Qué poder coactivo tendrían los tribunales contenciosos administrativos contra el Poder Ejecutivo (Administrativo precisamente) formando ambos partes del “estado” y que no implique -desde un punto de vista del Derecho Constitucional- la intromisión de un “poder” u “órgano” del estado en otro poder u órgano del mismo “estado”??
“Y en lo que al Derecho Internacional se refiere, se puede sostener no que exista pese a no estar amparado por la coacción, sino que no existe un Derecho Internacional y que lo procedente sería hablar de hechos internacionales. Precisamente de lo que tratan juristas y políticos es de convertir esos hechos en un Derecho, creando a tal fin organismos internacionales que fijen las normas de relación entre los Estados, pero que tengan también la facultad de interpretarlas judicialmente y la fuerza material necesaria para imponer sus fallos (tribunales y ejércitos internacionales).”“[3]
Si aceptamos, como lo hemos hecho, que la coacción no constituye elemento fundamental del Derecho y que este existe con independencia de aquella, este principio general resulta aplicable a todo lo que reciba el nombre de Derecho, independientemente de la calificación que reciba; en el caso, es extensivo tanto al Derecho nacional como internacional. La existencia de un Derecho internacional sólo podría tener sentido en el supuesto de lo que se ha dado en llamar -por algunas materias- un Derecho internacional privado (en oposición a otro Derecho internacional “público”). Este Derecho internacional privado trata de regular los vínculos jurídicos y las relaciones establecidas entre ciudadanos de diferentes países, entre ellas temas tales como la adquisición o perdida de la ciudadanía, estado civil, relaciones comerciales entre ciudadanos de distintos países entrarían en el marco de su campo. Pero el autor en comentario, aunque no lo aclara en su definición, no estaría hablando de este Derecho sino del opuesto (el público).

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial Heliasta-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 294 y sigtes.
[2] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.
[3] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

El Derecho (6° parte)


Por Gabriel Boragina ©

"Contrariamente, otros muchos autores, entre ellos Jellinek, Giner de los Ríos, Merkel, Posada, Windscheid y Bonilla San Martín, han negado que la coercibilidad sea indispensable al Derecho. Cathrein ha sostenido concretamente que “si la coacción viene detrás del Derecho, teniéndolo como fin y como objeto, no será nunca un elemento esencial del mismo, sino algo que desde fuera se le asocia y viene en su ayuda”. Otros argumentos apoyan esta tesis, como el que señala la existencia de un Derecho Internacional, que regula o trata de regular las relaciones entre los diversos Estados, pese a carecer de elementos coactivos, porque la guerra no sólo no es el elemento coactivo en que se apoya el Derecho Internacional, sino que tampoco representa precisamente la negación de tal Derecho."[1]
Esta es pues, al fin, la postura correcta. Como ya expusimos: la coacción es un elemento natural, es, en suma, un hecho, que puede o no acompañar al Derecho, pero también se presenta en situaciones claramente antijurídicas, como el ejemplo ya dado del delincuente que echa mano de ella para perpetrar sus crímenes, donde -desde luego- no sólo el Derecho está ausente, sino que su accionar es contra todo Derecho, ya que no existe un "Derecho" a violar el Derecho. La fuerza (coacción) existe como elemento natural o connatural, en tanto el Derecho no, porque este es una construcción mental primero, y social después cuando se generaliza y se expande entre un grupo o sociedad. La guerra es, ciertamente, un elemento coactivo -quizás el peor de todos ellos- pero también resulta muy claro que no forma parte del Derecho -más bien es su más perfecta negación- y no se aplica de ninguna manera al caso de la violación de un tratado internacional. La guerra no implica que el Derecho no existe ni que no deba cumplirse con él.
"Se dice también que la coacción no entra en apoyo del Derecho sino cuando éste es perturbado, sin que sea necesario que esa perturbación se produzca. Es decir que el Derecho existe sin el elemento coaccionante mientras la infracción no tiene lugar."[2]
Naturalmente, esto es absolutamente correcto. Como ya dijimos, la coacción existe de manera independiente al Derecho, y aquella puede emplearse, incluso, en forma contraria al Derecho, como sucede típicamente en los casos de comisión de delitos. Notemos que la coacción es esencial al delito en la mayoría de los casos, pero tampoco es inherente al delito. Ciertos tipos de delitos se cometen sin el concurso de la coacción (muchos tipos de estafas o amenazas son ejemplos de esto último). Es más, el Derecho puede ser conculcado sin que, necesariamente, se reaccione con el sustrato coactivo que lo complementa.
"No faltan tampoco quienes, con dudoso acierto, tratan de probar que la coercibilidad no es esencial al Derecho, basándose en la circunstancia de que, pese a la realidad de las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares, éstos no tienen medios coactivos de obligar a aquél al cumplimiento de sus obligaciones."[3]
No obstante, las dudas del autor citado nosotros consideramos muy plausible esta crítica. Resulta cierto que, quien muchas veces es el principal violador del Derecho es el estado-nación mismo. Y también es correcto que, cuando ello ocurre, el particular queda inerme frente a tal infracción, porque carece del elemento coercible para ver resarcido su Derecho a la sazón, lesionado. Puede ser que el autor citado diga "con dudoso acierto" porque quizás esté pensando en que, en tal caso, el ciudadano tiene la posibilidad de ocurrir a los tribunales de Justicia para ver reconocido su Derecho y reclamar que sean estos quienes ejecuten la coercibilidad contra el infractor (en dicho supuesto el "estado" mismo). Pero, si recordamos que la Justicia es un órgano del "estado" deviene la paradoja que -en este caso- el "estado" se estaría coaccionando a sí mismo, sólo que, a instancias de un particular, de donde queda incólume la tesis de que el particular carece de coercibilidad propia contra el estado, y sólo puede lograr -como hipótesis de máxima- que el estado consiga (a través de su rama judicial) coaccionarse e a sí mismo. La práctica indica que esto último muy rara vez ocurre, por lo que acogemos la tesis referida en la cita anterior.
"Si se examinan los argumentos aducidos en pro de la existencia de un Derecho sin coacción, parece que el único valido es el que sostiene que la coercibilidad no es el Derecho en sí, sino el elemento que garantiza su efectividad. Enunciado así el problema, se advierte en seguida la diferencia entre ambos conceptos: si una cosa garantiza a otra, es porque la primera existe, ya que no cabría dar efectividad a una cosa inexistente. Las fuerzas de la naturaleza son útiles al hombre en cuanto éste pueda captarlas en su beneficio, más el hecho de que no pueda emplearlas, y aun de que las desconozca, no quiere decir que no existan."[4]
La coercibilidad es accidental al Derecho. Y puede usarse tanto en contra del Derecho como a favor del Derecho. Por consiguiente, la coercibilidad es un elemento instrumental y solamente eso. Como un martillo puede servir tanto para construir como para destruir. En realidad, la formulación es parcialmente correcta. No sólo la primera existe, sino también la segunda. Tanto la coercitividad como el Derecho existen como realidades, sólo que lo hacen por separado, y no se tratan meramente de la misma cosa (como sostienen erróneamente los positivistas). Pero planteado como lo hace la cita, pareciera que lo único existente es el Derecho y no la coercibilidad. La realidad es que, concurren ambos por separado, coercibilidad que -en el caso- viene a garantizar la efectividad del Derecho, como bien se dice. Y, por otro lado, el Derecho como elemento autónomo garantizado. Garante y garantizado respectivamente distintos, pero unidos para un fin específico, que es el fin (objeto) del Derecho.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 294 y sigtes.
[2] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.
[3] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.
[4] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

El Derecho (5° parte)


Por Gabriel Boragina ©

"El Derecho Objetivo es la norma agendi o norma para actuar, mientras que el Derecho subjetivo es la facultas agendi o facultad de actuar. Para Azcárate y Rosell, siendo el Derecho una tendencia a coordinar aspiraciones fundamentales, es lógico que contenga el instrumento armonizador, que es la norma o Derecho Objetivo, y las aspiraciones que son armonizadas o Derecho subjetivo."[1]
Es decir, la norma crea la facultad, es la manera jurídica de decir que los individuos necesitan un permiso del estado-nación para actuar, de lo contrario, si la persona no lo tiene autorizado por este, lo tiene prohibido. Pero ¿Quién otorga la facultad de crear esa norma agendi? El positivismo responde: el estado-nación. Juzgamos esta teoría como inaceptable. Estamos convencidos que la norma fuente del Derecho es el Derecho Natural, del que derivan los derechos individuales, y sólo en una tercera instancia o grado aparece el derecho positivo, pese a que la corriente dominante del pensamiento jurídico insista que el real orden es el inverso, excluyendo -en la mayoría de los casos- al Derecho Natural.
"E. El elemento coactivo. Relacionado en cierto modo con lo dicho respecto a la condición del Derecho Natural, surge la cuestión, por cierto muy debatida en doctrina, de si la coactividad o coercibilidad constituyen requisito esencial del Derecho. Unos autores sostienen que no hay Derecho si no puede ser exigido coactivamente; otros entienden que ambos términos, Derecho y coacción, juegan con absoluta independencia. Es muy probable que la respuesta esté condicionada a que se considere tan sólo el Derecho Natural o tan sólo el Derecho positivo, pues, en un sentido filosófico y abstracto, cabe hablar de un Derecho que no requiera la coercibilidad, puesto que se trata de principios idealmente rectores de las relaciones humanas. Mas, si se habla del Derecho positivo, destinado a gobernar la convivencia social, es inadmisible que no necesite de la coacción; o sea, de la posibilidad de su imposición frente a quienes traten de desconocerlo. De otro modo sería letra muerta, porque carecería de eficacia, lo que equivale al reconocimiento de su inexistencia."[2]
Lo cierto es que -como anticipamos más arriba- puede haber coacción sin que haya derecho (el ejemplo típico es el delincuente que coacciona a su víctima para lograr su propósito) lo que indica a las claras que la coacción no es en modo alguno "requisito esencial del Derecho" y esto sin entrar a considerar la cuestión del Derecho Natural. Mucha gente respeta las normas jurídicas sin coacción alguna, sino por su íntima convicción que es lo que corresponde y debe hacer, y no necesita de la cocción para reconocer y cumplir con el Derecho. Otros se auto-coaccionan. El ser humano puede someterse a normas voluntariamente y sin sentirse amenazado por alguna coerción externa. De manera tal que, la conclusión parece clara en el sentido que la coercibilidad no es elemento constitutivo del derecho. La coacción nace recién cuando el derecho se viola y -en algunos casos- ni siquiera se presenta. La coacción es un elemento complementario al Derecho (incluso considerado desde la óptica de un Derecho positivo) pero no inherente al mismo. Todo Derecho, incluyendo el Natural, esta "destinado a gobernar la convivencia social". Pero no hay ninguna razón para excluir de plano el concepto de Derecho (en sentido amplio) cuando -aunque caso altamente improbable- toda la comunidad está de acuerdo con cumplir las normas jurídicas, y no se presentan violaciones al mismo. No es menos Derecho el que se cumple que aquel que se viola.
"Es ésa la opinión de Ihering cuando señala que “la coacción ejercida por el Estado constituye el criterio absoluto del Derecho, ya que una regla de Derecho desprovista de coacción jurídica es un contrasentido; es un fuego que no quema, una antorcha que no alumbra”. Para él no son Derecho las normas que no pueden exigirse coactivamente por la autoridad, aun cuando fueren universalmente obedecidas: “Sólo llegan a serlo cuando el elemento exterior de la coacción pública se les agrega”."[3]
Como ya hemos adelantado, juzgamos que ihering se equivoca. El Derecho es lo que la sociedad -en última instancia- reconoce como tal, tanto cuando lo cumple, como cuando lo viola. El acatamiento o la desobediencia a la norma puede acarrear consecuencias en uno u otro sentido, con independencia de la conceptualización y aceptación de la condición de Derecho que se le está otorgando a la norma jurídica. La sanción complementa la norma, no la define. La integra, pero no como elemento esencial, sino suplementario. La corriente positivista (que es la que examina el autor que ahora nos encontramos estudiando) juzga lo contrario, a nuestro juicio, erróneamente. Las comparaciones con el "fuego" y la "antorcha" son claramente desafortunadas, e inaplicables al caso en examen. Y la cuestión que aquí planteamos no tiene nada que ver con la distinción entre Derecho Natural y Derecho positivo, aunque estos autores sólo aceptan la existencia de este último.
"Kant no es menos categórico cuando expresa que el Derecho es coactivo en sí mismo, porque, si no estuviese acompañado de la coacción, no cumpliría su objeto de mantener la unidad en el reino de los fines. En igual sentido, aunque con otras palabras, se pronuncian Del Vecchio. Recasens Siches, Stammler, Holzendorff, Geny, Kelsen y Kohier."[4]
Por las mismas razones que hemos venido dando antes, todos estos autores -en nuestra opinión- se equivocan si pretenden sostener que la coactividad es intrínseca a la noción de Derecho, sino que es complementaria. Podríamos llegar a aceptar que se trata de una complementariedad necesaria para que el Derecho cumpla su fin, pero esto último es muy diferente a aseverar una esencialidad intrínseca para la definición de Derecho, sin negar que la coercibilidad acompaña normalmente a muchas normas. Consideramos que existen dos tipos de coercibilidades: una externa y otra interna. Esta última es la que se impone el propio individuo que, conociendo la norma jurídica acepta acatarla motu proprio y no por la amenaza de la coacción. La primera es la que trae la ley positiva emanada del legislador, y que se hace operativa cuando el agente viola la norma, lo que en el caso analizado puede no ocurrir nunca por la coercibilidad interna ya aludida.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 294 y sigtes
[2] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.
[3] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.
[4] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

El Derecho (7° parte)

Por Gabriel Boragina © “F. La coerción jurídica en la práctica. Saliendo ahora del aspecto puramente filosófico y emplazando el tema...