No es un irresponsable

Por Gabriel Boragina ©

 

Existe una tendencia muy marcada en tratar de desvincular los actos de gobierno entre los que se llevan a cabo -por un lado- por el jefe de estado y -por el otro- por sus ministros, cargando sobre las espaldas de esos últimos todas las malas políticas de la gestión y, de tal manera, justificar o exonerar de toda culpa por ella al primero de los mencionados.

Esta tendencia implica desconocer que, al menos en el caso argentino, existe una cláusula constitucional como el artículo 103 que textualmente dice lo siguiente :

Artículo 103.- Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.

El texto es clarísimo y no dejar lugar a duda alguna. El titular del ejecutivo es el primer y el ultimo responsable de cada una de las cosas que dicen y hacen sus ministros, y no puede desentenderse de ellas, como asi tampoco delegar en ellos funciones u obligaciones que posteriormente pueda desconocer en caso de fracasar. No hay escapatoria. Por mucho que se esfuercen quienes quieran excusarlo y echarle las culpas de sus errores, ignorancias y desaciertos a sus ministros, siempre será el último ejecutor, tanto de un buen como un deficiente encargo de sus colaboradores.

Al respecto, comenta el autorizado tratadista y constitucionalista Dr. Badeni :

Los ministros, si bien forman parte del órgano ejecutivo, no lo ejercen ni son sus titulares. El acto de refrendar o de legalizar al cual alude el art. 100, reiterando disposiciones similares contenidas en el Estatuto de 1815 (art. 5o del cap. II) y en el Estatuto de 1817 (art. 33), no equivale al ejercicio del Poder Ejecutivo sino a su control velando para que él no se aparte de la Constitución en un todo de acuerdo con los principios que configuran al sistema republicano de gobierno.

El Presidente es el único titular del Poder Ejecutivo y es el único que puede ejercer la función ejecutiva del gobierno. Bajo su dependencia, los ministros integran el órgano ejecutivo con el carácter de colaboradores dotados de jerarquía constitucional. Sus funciones son las de colaborar, y es recaudo republicano el que estén dotados de la suficiente independencia de espíritu para controlar la actuación del Presidente negándose a participar en la ejecución de aquellos actos que se oponen al texto de la Constitución o al interés de la Nación.[1]

Cabe acotar por nuestra parte a esta excelente cita que, ni el titular del ejecutivo ni sus ministros observan la Constitución de la Nación Argentina.

Las resoluciones de los mismos, a las que alude el articulo citado, se refieren tanto a lo que resuelven comunicar como a lo que determinan hacer, es decir, tanto a sus dichos como a sus hechos. Máxime cuando resuelven hacer declaraciones públicas en los medios, o bien privadas sabiendo que pueden trascender a tales medios más tarde o más temprano. Nadie, en el ámbito del gobierno, puede válidamente (sin violar la Constitución de la Nación) alegar que uno desconocía lo que pensaba el otro (como tan a menudo se suele escuchar en ese tan típico argentinismo por el cual ''la causa de lo malo siempre es del otro, y de lo bueno siempre es de uno'').

Sabia ha sido la Constitución (como diría el ilustre Alberdi) en incluir dicha cláusula en su articulado, pese a lo cual se la ignora cada vez que la ocasión así lo presenta a los que gobiernan.

El caso se aplica al actual poder ejecutivo argentino, donde sus visibles y notorios errores en política económica pretenden hacerse recaer exclusivamente sobre las espaldas del ministro de economía, como si su jefe inmediato no tuviera nada que ver y este fuera una víctima de aquel. Pero el truco es en vano. La obligación es indelegable, como lo indica taxativamente el art. 103 constitucional.

Bien visto, la norma es lógica, por cuanto si se piensa que los ministros no se eligen ni se designan a sí mismos en tales cargos, y se supone que sus nombramientos lo son porque se los considera verdaderos expertos en cada una de sus áreas, no puede menos que recaer la responsabilidad absoluta de sus nombramientos en aquel quien cometió el error de elegir a las personas equivocadas para que lo asistan en la función de gobernar. Demuestra así su más absoluta incompetencia e inepcia en la selección de sus colaboradores.

Y si estos cometen errores (ya sean leves o graves) los mismos son también incumplimientos de aquel que conociéndolos, igualmente y a pesar de ello, los avaló de todos modos en lugar de impedirlos, teniendo, en ambos casos, el más absoluto poder para hacerlo. Si, por el contrario, la tarea de todos fuera exitosa valdría, desde luego, el mismo principio. Pero no se trata del caso argentino este último.

Mal síntoma es una alta rotación de ministros, tanto, como la equivalente a la permanencia inmutable de aquellos mismos que no hacen más que incurrir en torpezas (sean anuales, mensuales, semanales o diarias). Uno y otro síntoma no hacen más que exhibir que, quien tiene a su cargo la decisión última de designarlos o removerlos es tan o más incapaz que las personas que nombra o echa. Y es esto lo que en lenguaje legal nos está diciendo el art. 103 de la Constitución Argentina.

Naturalmente, ni los distinguidos Constituyentes que redactaron nuestra Magna Carta, ni los tratadistas más eminentes del Derecho Constitucional (como el que hemos citado arriba) podían imaginar que mamarrachos tan impresentables como los actuales gobernantes terminarían en los altos cargos que -aquellos- pensaban estarían reservados, por lo menos, a personas que demostraran un mínimo de idoneidad.

Con todo, el propósito de estas líneas es despejar ese mito de que los únicos culpables de las defectuosas gestiones gubernamentales son los ministros y no quien los nomina. Siendo que es justamente al revés.

Lo que debería existir en la Constitución (y que correspondería ser de mayor flexibilidad que lo es actualmente) sería un mecanismo para poder remover al verdadero autor de preferir ministros incompetentes, lo que debiera proceder de una lectura correcta del fenómeno que tratamos, porque la equivocada elección proviene del que elige, y no del elegido o -en todo caso- los actos del nominado son desacertados porque quien lo seleccionó no fue capaz de contar con los conocimientos mínimos para poder evaluar si sus colaboradores iban (o no estar) a la altura de las circunstancias.

Si fuera cierto (como se comenta) que, en realidad, los actuales ministros que tiene el ejecutivo no fueron seleccionados por su causante sino que fueron impuestos por otros partidos supuestamente ''aliados'' simplemente para facilitarle la tarea de gobernar, la situación, de ser cierta, no podría ser peor. Porque la lectura de esto es que el ''ganador'' no sería en este caso más que un pelele o marioneta a las órdenes del resto de sus aliados, y su ''poder'' es meramente aparente, un fantoche, por estar condicionados a lo que otros políticos le indiquen o marquen el paso. Políticos a los que se ha denostado en campaña, llamándolos despectivamente como miembros de una ''casta'', a la cual tuvo que finalmente subordinarse para poder ‘’gobernar’’.

El aceptar tales imposiciones extrañas de gente a la que se ha despreciado en la campaña, y a la que se ha prometido erradicar de la política, para luego, contrariamente, incorporar a esa misma gente entre sus cuadros gubernamentales, habla de la más completa carencia de ideas, ideales, principios, respeto a si mismo y de dignidad de ningún tipo.

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[1] Badeni, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II- 2ª Edición Actualizada. Ampliada - 2a M. - Buenos Aires- La Ley, ISBN 987-03-0947-X (Tomo II)-ISBN 987-03-0945-3 (Obra Completa) Pág. 1684.

‘’Debe estar mal asesorado’’

 

Por Gabriel Boragina ©

 

Una disculpa cómoda para defender a personas incapaces que están al mando de una organización cualquiera (país, empresa, etc.) suele ser la del título.

Se trata, claramente, de una excusa, a modo de justificación (o cuando es el propio involucrado el que lo alega, autojustificación) por uno o más errores cometidos al frente de una gestión que, de una u otra manera, directa o indirectamente, revelan que el excusado no demuestra ser capaz para el cargo que desempeña. No es otra cosa más que de la ausencia de la idoneidad que exige el art. 16 de la Constitución de la Nación Argentina.

La cuestión es más grave cuando es el caso de un jefe de estado. Porque lo supone un irresponsable en todo el sentido de la palabra. Ya que si estuvo ''mal asesorado'', quiere decir que lo fue desde el principio, cuando comenzó la campaña política para las elecciones, y siguió estándolo una vez que triunfó en ellas con ese asesoramiento, con lo cual es otra manera de decir (sin decirlo expresamente) que los que los votaron fueron engañados por los asesores del que terminó ganando. O (en otra lectura) que los votantes fueron ingenuos o tontos.

La expresión también habla de la incapacidad del asesorado para elegir a sus asesores. Como vemos, por un lado o por el otro, llegamos siempre al mismo punto: ya sea para ejercer el poder o para seleccionar a quienes lo asesorarán para un ejercicio eficaz, si los resultados no son los prometidos, el asesorado es, desde todo ángulo, un completo inepto.

Pero es inútil intentar de justificarlo echándole la culpa de sus torpezas a sus asesores con ese argumento falso. Se procura poner de relieve que, el que es descalificado para una función, tarde o temprano, una vez en el ejercicio de ese puesto, pondrá en evidencia su inhabilidad para el mismo. No importa mucho si esa incompetencia es técnica, académica, política, psicológica (incluso psiquiátrica) o de otro tipo. Lo importante en una actividad ejecutiva no son las explicaciones de por qué no pueden o pudieron hacerse las cosas, sino los resultados. Y si estos son negativos su autor no sirve para el cargo en cuestión.

Si el asesorado es, al menos, capaz de darse cuenta que ha recibido un mal consejo (o muchos) una forma de demostrar su idoneidad para el cargo es el despido inmediato de los asesores que lo han malaconsejado, y el consiguiente nombramiento de nuevos que corrijan las anteriores recomendaciones inadecuadas. Pero si, en este caso, vuelve a cometer las mismas faltas u otras nuevas, el problema no existe ya en los consejeros sino en el titular que hizo las nuevas designaciones.

En definitiva, es inútil querer diluirlo de su responsabilidad a quien debe dirigir una cuestión (o un cúmulo de ellas) que se le ha encomendado suponiendo en él las capacidades técnicas necesarias e imprescindibles, las que, en ese ejercicio, manifiesta no poseer.

Y si la ocupación encargada es de gran responsabilidad la cosa se agrava más todavía.

Quien ha competido por un cargo y lo ha ganado, es porque quienes lo han elegido han creído como reales ciertas aptitudes y habilidades que, en algún momento, el triunfador ha declarado tener. Si en ejercicio de esas funciones el electo exhibe manifiestamente -en los hechos- no haberlas, debería tener la suficiente conciencia y honestidad como para espontáneamente reconocerlo, pedir las disculpas del caso a quien o quienes corresponda, y dejar el espacio despejado para otros que estén verdaderamente a la altura de las circunstancias. Y si no procede de esta manera racional y decorosa, quienes lo eligieron (y en definitiva fueron engañados al así hacerlo) están en su pleno derecho de revocar la designación que, inducidos por esa falsa creencia, le han conferido.

Este principio resulta tan aplicable a un empleado en el sector privado como en el estatal, y con más razón en este último donde se confieren posiciones de poder que, de un modo u otro, afectan en forma directa o indirecta al conjunto de la sociedad.

Lamentablemente, en el caso argentino no sucede de este modo. Frente a incompetencias evidentes (e incluso actos de corrupción) los protagonistas no sólo no se dan por enterados de los mismos sino que continúan sin más en el ejercicio del poder, sin reconocer propias responsabilidades, deslices, ni culpas, al tiempo que, cuando rara vez admiten frustraciones, se las atribuyen a la oposición o a sectores ''golpistas''. Políticamente, la única excepción que encuentro a esta constante ha sido el caso del presidente Macri quien, ya fuera del poder, ha hecho una profunda autocrítica de su propio gobierno. Pero configura la excepción que confirma la regla.

El resto, incluyendo el gobierno actual, no se han hecho cargo de sus ineptitudes, traspiés, incompetencias, etc. sino que utilizaron (y en el caso actual continúan haciéndolo) el repertorio de excusas que hemos señalado desde el principio, y que podemos resumir en la frase coloquial de: ''la culpa es del otro, nunca mía''.

La realidad es que, subestiman al votante, al que, en muchos casos, los políticos consideran un incapaz susceptible de ser manejado solamente con un buen marketing y un discurso apropiado y, lastimosamente, en el caso argentino, hay que aceptar que esta estrategia les ha dado a los políticos muy buenos resultados.

El pueblo argentino es mayoritariamente mítico. Tiene una fuerte proclividad a creer en mitos y seres providenciales que armados del poder político harán los milagros que sean necesarios para sacar al pueblo de la miseria. Confunden efectos con causas y viceversa. Y si fracasan fue, no por sus propias incapacidades y errores sino, porque estuvieron ''mal asesorados''.

 

‘’Espero que le vaya bien’’

 

Por Gabriel Boragina ©

 

Cada vez encuentro más personas que confiesan que, si bien votaron por el gobierno actual lo han hecho no plenamente convencidas sino forzadas por las circunstancias y como única vía de impedir que continuara el gobierno anterior. 

Esta manera de actuar deviene no de una visión individualista sino colectivista. Colectivista en el sentido de la popular creencia de que son los colectivos los que determinan nuestra suerte y en particular ese colectivo representado por el gobierno, visto como un grupo de personas que, por el sólo hecho de acceder al poder, ‘’sabrá qué hay que hacer y la mejor forma de hacerlo''. Este craso error, fruto de la educación colectivista, se extiende desde antaño hasta el presente y, probablemente, seguirá repitiéndose en el futuro hasta que se produzca un cambio de paradigma el que, por el momento, no se avizora.

El paternalismo estatal está detrás de esta creencia. A la confesión anterior se le suele agregar que, aunque no se ‘’apoye al gobierno’’ se espera ''que le vaya bien''.

Parece no comprenderse que lo que es bueno para el gobernante suele ser lo opuesto para el gobernado.

Ludwig von Mises ha definido sabiamente al gobierno como el aparato de fuerza y coacción y nada hay más opuesto a la libertad que la fuerza y la coacción. Desde este ángulo, si al gobierno le va bien implica que a la libertad le ira mal. Y no hay salida para este dilema, excepto que el gobierno no haga absolutamente nada, salvo reprimir la libertad de los que hacen mal.

Pero definir lo que está mal dejado en manos del gobernante es muy peligroso, porque, en general, la tentación del poder de precisar que lo malo es aquello que se oponga a ese poder lo lleva a restringir aún más la libertad y usar ese aparato represivo para limitar crecidamente todavía la libertad de todos, tanto de los que hacen mal como los de lo que hacen bien.

La cuestión real es que, el mal que el gobierno debe combatir y contra el cual usar su fuerza represiva, es el mal que las personas (que no gobiernan) les hacen a otras personas que tampoco gobiernan, y no a las personas que si gobiernan. Es aquí donde se produce el malentendido, si es que, en realidad, esto consiste en un malentendido y no en un acuerdo tácito, donde todos (o la mayoría) casi sin saberlo, están de acuerdo.

Pero raramente la fuerza del gobierno se usa en dicho sentido, o no exclusivamente en el mismo. Es decir, el poder reprime no sólo a los gobernados que hacen mal a otros gobernados sino a los gobernados que hacen críticas al gobierno mismo.

Este gobierno argentino actual no es la excepción a esta regla. La manera personalista en el que se ejerce y la falta cada vez más evidente de capacidad de todos sus integrantes (desde el jefe de todos hacia el ultimo cargo) día a día conforma todo lo dicho arriba.

Pese a todo, la gente que no se detiene a pensar de este modo sigue esperando que al gobierno ‘’le vaya bien’’ porque creen que asi les ira mejor a ellos. Es todo una contradicción.

Desde el momento que el gobierno para existir debe cobrar impuestos está (en ese mismo momento) haciéndole un mal a la gente, comenzando por los que no votaron al actual gobierno, y siguiendo por aquellos que si lo votaron, pero con la expectativa de que esos impuestos volvieran duplicados en beneficios para sus propias personas, familiares y amigos.

Casi no se piensa que el gobernante es también un ser humano y que se beneficiará, en primer lugar a sí mismo, luego a sus familiares, amigos y, finalmente, devolverá los ‘’favores’’ recibidos durante la campaña política a todos aquellos que colaboraron para el triunfo. Pero como no alcanzará para todos (los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas) alguno quedará en el camino sin su porción esperada. En este orden de reparto, el ciudadano llano, el que votó al gobierno, permanecerá postergado, o lo que terminará recibiendo será tan ínfimo que no estará nunca a la altura de sus expectativas.

Por eso, este modo de ver las cosas es fruto del colectivismo y no del individualismo. La fantasía de creer que el colectivo gobierno es una suerte de Santa Clauss Nacional que trabaja (y debe hacerlo incansablemente) todos los días del año y no solamente en navidad para beneficiar a ese otro colectivo llamado pueblo.

Esta utopía sigue tan vigente hoy como lo era en las épocas que se creía que los reyes eran puestos por Dios para el bienestar de los súbditos. Y esta filosofía no únicamente es las de los gobernados sino también la de los gobernantes. Lo saben y se aprovechan de ella al máximo. Se cree que el gobierno es ese rey benevolente que ‘’si le va bien’’ el reino se favorece. Mentiras. Sólo se beneficiaba el mismo rey, su familia, los cortesanos, la nobleza y sus favoritos, en tanto el pueblo exclusivamente recibía las migajas. Cuando las recibía, y si las recibía. En ese sentido, como ayer, hoy.

Simplemente cambiaron las formas. Hoy en día, al rey se lo elige en democráticas elecciones. Pero una vez pasadas las mismas, todo vuelve a ser como en las antiguas monarquías y teocracias. El rey es el dios.

Asi, el actual rey argentino, elegido por las urnas en noviembre pasado, disfruta de todas las prebendas que la realeza argentina le brinda.

Desde esta perspectiva, el bien del rey es el mal de sus súbditos. Y yo, personalmente espero que les vaya bien a los súbditos y no al rey. ¿A los dos? Es imposible. Son antónimos. Porque para que les vaya bien a ambos, el rey no debería reinar, es decir, tendría que dejar de ser rey. Y en la historia, los únicos reyes que abdicaron a sus tronos fueron por la fuerza, o porque ya no tenían más alternativas que esa.

La democracia, sin duda, ha degenerado, porque su idea no fue la de elegir reyes cada tantos años sino de destronar la monarquía, y no convertirse en una nueva manera de perpetuar el sistema a través de elecciones populares. Pero el poder todo lo invade, y también se ha hecho presa de la democracia.