‘’Debe estar mal asesorado’’

 

Por Gabriel Boragina ©

 

Una disculpa cómoda para defender a personas incapaces que están al mando de una organización cualquiera (país, empresa, etc.) suele ser la del título.

Se trata, claramente, de una excusa, a modo de justificación (o cuando es el propio involucrado el que lo alega, autojustificación) por uno o más errores cometidos al frente de una gestión que, de una u otra manera, directa o indirectamente, revelan que el excusado no demuestra ser capaz para el cargo que desempeña. No es otra cosa más que de la ausencia de la idoneidad que exige el art. 16 de la Constitución de la Nación Argentina.

La cuestión es más grave cuando es el caso de un jefe de estado. Porque lo supone un irresponsable en todo el sentido de la palabra. Ya que si estuvo ''mal asesorado'', quiere decir que lo fue desde el principio, cuando comenzó la campaña política para las elecciones, y siguió estándolo una vez que triunfó en ellas con ese asesoramiento, con lo cual es otra manera de decir (sin decirlo expresamente) que los que los votaron fueron engañados por los asesores del que terminó ganando. O (en otra lectura) que los votantes fueron ingenuos o tontos.

La expresión también habla de la incapacidad del asesorado para elegir a sus asesores. Como vemos, por un lado o por el otro, llegamos siempre al mismo punto: ya sea para ejercer el poder o para seleccionar a quienes lo asesorarán para un ejercicio eficaz, si los resultados no son los prometidos, el asesorado es, desde todo ángulo, un completo inepto.

Pero es inútil intentar de justificarlo echándole la culpa de sus torpezas a sus asesores con ese argumento falso. Se procura poner de relieve que, el que es descalificado para una función, tarde o temprano, una vez en el ejercicio de ese puesto, pondrá en evidencia su inhabilidad para el mismo. No importa mucho si esa incompetencia es técnica, académica, política, psicológica (incluso psiquiátrica) o de otro tipo. Lo importante en una actividad ejecutiva no son las explicaciones de por qué no pueden o pudieron hacerse las cosas, sino los resultados. Y si estos son negativos su autor no sirve para el cargo en cuestión.

Si el asesorado es, al menos, capaz de darse cuenta que ha recibido un mal consejo (o muchos) una forma de demostrar su idoneidad para el cargo es el despido inmediato de los asesores que lo han malaconsejado, y el consiguiente nombramiento de nuevos que corrijan las anteriores recomendaciones inadecuadas. Pero si, en este caso, vuelve a cometer las mismas faltas u otras nuevas, el problema no existe ya en los consejeros sino en el titular que hizo las nuevas designaciones.

En definitiva, es inútil querer diluirlo de su responsabilidad a quien debe dirigir una cuestión (o un cúmulo de ellas) que se le ha encomendado suponiendo en él las capacidades técnicas necesarias e imprescindibles, las que, en ese ejercicio, manifiesta no poseer.

Y si la ocupación encargada es de gran responsabilidad la cosa se agrava más todavía.

Quien ha competido por un cargo y lo ha ganado, es porque quienes lo han elegido han creído como reales ciertas aptitudes y habilidades que, en algún momento, el triunfador ha declarado tener. Si en ejercicio de esas funciones el electo exhibe manifiestamente -en los hechos- no haberlas, debería tener la suficiente conciencia y honestidad como para espontáneamente reconocerlo, pedir las disculpas del caso a quien o quienes corresponda, y dejar el espacio despejado para otros que estén verdaderamente a la altura de las circunstancias. Y si no procede de esta manera racional y decorosa, quienes lo eligieron (y en definitiva fueron engañados al así hacerlo) están en su pleno derecho de revocar la designación que, inducidos por esa falsa creencia, le han conferido.

Este principio resulta tan aplicable a un empleado en el sector privado como en el estatal, y con más razón en este último donde se confieren posiciones de poder que, de un modo u otro, afectan en forma directa o indirecta al conjunto de la sociedad.

Lamentablemente, en el caso argentino no sucede de este modo. Frente a incompetencias evidentes (e incluso actos de corrupción) los protagonistas no sólo no se dan por enterados de los mismos sino que continúan sin más en el ejercicio del poder, sin reconocer propias responsabilidades, deslices, ni culpas, al tiempo que, cuando rara vez admiten frustraciones, se las atribuyen a la oposición o a sectores ''golpistas''. Políticamente, la única excepción que encuentro a esta constante ha sido el caso del presidente Macri quien, ya fuera del poder, ha hecho una profunda autocrítica de su propio gobierno. Pero configura la excepción que confirma la regla.

El resto, incluyendo el gobierno actual, no se han hecho cargo de sus ineptitudes, traspiés, incompetencias, etc. sino que utilizaron (y en el caso actual continúan haciéndolo) el repertorio de excusas que hemos señalado desde el principio, y que podemos resumir en la frase coloquial de: ''la culpa es del otro, nunca mía''.

La realidad es que, subestiman al votante, al que, en muchos casos, los políticos consideran un incapaz susceptible de ser manejado solamente con un buen marketing y un discurso apropiado y, lastimosamente, en el caso argentino, hay que aceptar que esta estrategia les ha dado a los políticos muy buenos resultados.

El pueblo argentino es mayoritariamente mítico. Tiene una fuerte proclividad a creer en mitos y seres providenciales que armados del poder político harán los milagros que sean necesarios para sacar al pueblo de la miseria. Confunden efectos con causas y viceversa. Y si fracasan fue, no por sus propias incapacidades y errores sino, porque estuvieron ''mal asesorados''.

 

‘’Espero que le vaya bien’’

 

Por Gabriel Boragina ©

 

Cada vez encuentro más personas que confiesan que, si bien votaron por el gobierno actual lo han hecho no plenamente convencidas sino forzadas por las circunstancias y como única vía de impedir que continuara el gobierno anterior. 

Esta manera de actuar deviene no de una visión individualista sino colectivista. Colectivista en el sentido de la popular creencia de que son los colectivos los que determinan nuestra suerte y en particular ese colectivo representado por el gobierno, visto como un grupo de personas que, por el sólo hecho de acceder al poder, ‘’sabrá qué hay que hacer y la mejor forma de hacerlo''. Este craso error, fruto de la educación colectivista, se extiende desde antaño hasta el presente y, probablemente, seguirá repitiéndose en el futuro hasta que se produzca un cambio de paradigma el que, por el momento, no se avizora.

El paternalismo estatal está detrás de esta creencia. A la confesión anterior se le suele agregar que, aunque no se ‘’apoye al gobierno’’ se espera ''que le vaya bien''.

Parece no comprenderse que lo que es bueno para el gobernante suele ser lo opuesto para el gobernado.

Ludwig von Mises ha definido sabiamente al gobierno como el aparato de fuerza y coacción y nada hay más opuesto a la libertad que la fuerza y la coacción. Desde este ángulo, si al gobierno le va bien implica que a la libertad le ira mal. Y no hay salida para este dilema, excepto que el gobierno no haga absolutamente nada, salvo reprimir la libertad de los que hacen mal.

Pero definir lo que está mal dejado en manos del gobernante es muy peligroso, porque, en general, la tentación del poder de precisar que lo malo es aquello que se oponga a ese poder lo lleva a restringir aún más la libertad y usar ese aparato represivo para limitar crecidamente todavía la libertad de todos, tanto de los que hacen mal como los de lo que hacen bien.

La cuestión real es que, el mal que el gobierno debe combatir y contra el cual usar su fuerza represiva, es el mal que las personas (que no gobiernan) les hacen a otras personas que tampoco gobiernan, y no a las personas que si gobiernan. Es aquí donde se produce el malentendido, si es que, en realidad, esto consiste en un malentendido y no en un acuerdo tácito, donde todos (o la mayoría) casi sin saberlo, están de acuerdo.

Pero raramente la fuerza del gobierno se usa en dicho sentido, o no exclusivamente en el mismo. Es decir, el poder reprime no sólo a los gobernados que hacen mal a otros gobernados sino a los gobernados que hacen críticas al gobierno mismo.

Este gobierno argentino actual no es la excepción a esta regla. La manera personalista en el que se ejerce y la falta cada vez más evidente de capacidad de todos sus integrantes (desde el jefe de todos hacia el ultimo cargo) día a día conforma todo lo dicho arriba.

Pese a todo, la gente que no se detiene a pensar de este modo sigue esperando que al gobierno ‘’le vaya bien’’ porque creen que asi les ira mejor a ellos. Es todo una contradicción.

Desde el momento que el gobierno para existir debe cobrar impuestos está (en ese mismo momento) haciéndole un mal a la gente, comenzando por los que no votaron al actual gobierno, y siguiendo por aquellos que si lo votaron, pero con la expectativa de que esos impuestos volvieran duplicados en beneficios para sus propias personas, familiares y amigos.

Casi no se piensa que el gobernante es también un ser humano y que se beneficiará, en primer lugar a sí mismo, luego a sus familiares, amigos y, finalmente, devolverá los ‘’favores’’ recibidos durante la campaña política a todos aquellos que colaboraron para el triunfo. Pero como no alcanzará para todos (los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas) alguno quedará en el camino sin su porción esperada. En este orden de reparto, el ciudadano llano, el que votó al gobierno, permanecerá postergado, o lo que terminará recibiendo será tan ínfimo que no estará nunca a la altura de sus expectativas.

Por eso, este modo de ver las cosas es fruto del colectivismo y no del individualismo. La fantasía de creer que el colectivo gobierno es una suerte de Santa Clauss Nacional que trabaja (y debe hacerlo incansablemente) todos los días del año y no solamente en navidad para beneficiar a ese otro colectivo llamado pueblo.

Esta utopía sigue tan vigente hoy como lo era en las épocas que se creía que los reyes eran puestos por Dios para el bienestar de los súbditos. Y esta filosofía no únicamente es las de los gobernados sino también la de los gobernantes. Lo saben y se aprovechan de ella al máximo. Se cree que el gobierno es ese rey benevolente que ‘’si le va bien’’ el reino se favorece. Mentiras. Sólo se beneficiaba el mismo rey, su familia, los cortesanos, la nobleza y sus favoritos, en tanto el pueblo exclusivamente recibía las migajas. Cuando las recibía, y si las recibía. En ese sentido, como ayer, hoy.

Simplemente cambiaron las formas. Hoy en día, al rey se lo elige en democráticas elecciones. Pero una vez pasadas las mismas, todo vuelve a ser como en las antiguas monarquías y teocracias. El rey es el dios.

Asi, el actual rey argentino, elegido por las urnas en noviembre pasado, disfruta de todas las prebendas que la realeza argentina le brinda.

Desde esta perspectiva, el bien del rey es el mal de sus súbditos. Y yo, personalmente espero que les vaya bien a los súbditos y no al rey. ¿A los dos? Es imposible. Son antónimos. Porque para que les vaya bien a ambos, el rey no debería reinar, es decir, tendría que dejar de ser rey. Y en la historia, los únicos reyes que abdicaron a sus tronos fueron por la fuerza, o porque ya no tenían más alternativas que esa.

La democracia, sin duda, ha degenerado, porque su idea no fue la de elegir reyes cada tantos años sino de destronar la monarquía, y no convertirse en una nueva manera de perpetuar el sistema a través de elecciones populares. Pero el poder todo lo invade, y también se ha hecho presa de la democracia.

Irresponsabilidad, improvisación y desorientación

 

Por Gabriel Boragina ©

 

Apenas asumido el gobierno argentino dictó un decreto por el cual, entre otras cosas, se liberaban algunos precios que estaban fuertemente regulados. Entre ellos, fue el caso de las empresas de medicina privada conocidas como prepagas.

Rápidamente, los precios de esos servicios se dispararon ''hacia las nubes'' provocando una avalancha de causas judiciales, las cuales en su mayoría lograron forzar a esas empresas a que retrotrajeran el costo de sus planes al nivel que tenían antes de la promulgación del decreto en cuestión.

Sin embargo, esto benefició solamente a aquellas personas que promovieron acciones judiciales, las que si bien fueron muchísimas no alcanzaron a serlo la totalidad afectada.

No faltaron casos de empresas de ese ramo que desoyeran los mandatos judiciales, y haciendo caso omiso de ellos continuaran aumentando sus precios constantemente.

Según la ‘’tesis’’ sostenida por los gobernantes, se esperaba que la liberación de precios ajustara al mercado hasta que los valores sobredimensionados volvieran -merced al juego la oferta y la demanda- a los niveles de mercado.

Pero el transcurso del tiempo demostró que esto no sucedía, y hace pocos días nos enteramos de una acción de amparo presentada por el propio gobierno ante los tribunales, tendiente a conseguir que la Justicia impida a las empresas en cuestión prolongar aumentando sus precios en forma indiscriminada.

La incoherencia no puede ser mayúscula. Pocos meses atrás, alegando y levantando las banderas del libre mercado, el gobierno libera los precios para (apenas meses después) acudir raudamente a la Justicia con el objeto de tratar, desesperadamente, de frenar la suba arrolladora de los mismos? ¿no era que -en su retórica permanente- de eso se iba a ocupar el mercado y no volver a hacerlo el gobierno? Y menos todavía un gobierno que hace del liberalismo un discurso constante?.

La realidad es que, la cúpula gobernante no tiene idea de cómo funciona un mercado libre y, por ende, el liberalismo mismo.

No basta con liberar precios en nombre del liberalismo para pregonar a los cuatro vientos que estamos en una ''sociedad liberal'', porque no es así.

Sucede que liberar precios de modo indiscriminado en una economía monopólica u oligopólica lo único que genera son precios de monopolio y no de mercado, y es eso lo que está pasando y lo que venimos observado.

La solución, naturalmente, no es tratar de dar marcha atrás y volver a regular esos precios, y menos todavía concurrir a los tribunales como lo acaba de hacer el gobierno, para obtener ese objetivo.

Sólo en una economía completamente desregulada es coherente liberar precios, pero hacerlo en una economía intervenida como la argentina únicamente produce efectos mucho peores que los que preexistían cuando más del 80% o 90% de los mercados se hallaban regulados.

Esta es la razón por la cual el mercado no se equilibra. El mercado argentino no es competitivo, y no se está dando ningún paso para que lo sea, ni en el corto, mediano, ni largo plazo. Por el contrario, lo que se nota es que, con una torpeza que roza lo infinito, se liberan unos precios en tanto se controlan otros, o se mantienen controles anteriores en un tercer caso.

Desde el punto de vista liberal se trata de un despropósito tras otro. Y siempre hablamos del ABC del liberalismo, no se trata de un conocimiento profundo y recóndito para cualquiera que está familiarizado con nociones básicas de la economía liberal. Lo que vuelve a demostrar que la arenga electoral previa a los comicios del plantel hoy gobernante fue mal aprendida por sus principales voceros, incluido los más emblemáticos.

Ahora bien, si lo primero de todo era desarticular monopolios, oligopolios y cárteles, los cuales pululan en casi todos los sectores de la producción nacional, y luego (o simultáneamente) liberar todos los precios ¿por qué no se empezó en esa dirección?.

Las respuestas posibles transitan entre la ignorancia (sospechamos que hay un fuerte componente de la mismas en el elenco gobernante), la ingenuidad e inexperiencia (donde hay otra cuota de respuesta a la pregunta) o la mala fe (donde se sabía que no se podría hacer nada de lo que se estaba prometiendo en campaña, pero de todos modos se mantuvo la perorata, porque la finalidad real y el objetivo era llegar al poder para medrar de él y en él. Es decir, pasar a formar parte de ''la casta'', diciendo que se llegaba para precisamente combatir a esa misma ''casta''.

Es difícil saber cuál de todos estos elementos posibles es el más importante.

Posiblemente creemos que exista una combinación de todos estos módulos aunque, como decimos, en distintas proporciones.

Es que un novel estudiante de derecho ya sabe, promediando su carrera, que existe toda una pléyade de leyes, normas, decretos, regulaciones, etc. no de ahora sino de decenios atrás, que dan como resultado una economía mixta pero predominantemente intervencionistas en proporciones notablemente mayoritarias.

Por cada medida de libre mercado que hipotéticamente se pudiera tomar hay, por contrapartida, 3, 4 o más regulaciones que no son nuevas sino que vienen de antaño, a las que se suman las nuevas como, por ejemplo, el aumento del impuesto ''PAIS'' que, como señala el sesudo economista Roberto Cachanosky, ha pasado del 7% que tenía en diciembre pasado con el gobierno anterior, al 17% que representa ahora con el gobierno pseudo ''liberal''. ¿desde cuándo un gobierno ''liberal'' aumenta impuestos en lugar de eliminarlos?.

Todo lo anterior no son más que consecuencias de todo lo que venimos afirmando desde hace meses: ha surgido un gobierno fruto de una improvisación y un vacío de postulantes muy similar (aunque en menor grado) a la situación que se vivió después de la renuncia forzada de De La Rua, donde claramente no había candidatos que quisieran ocupar la presidencia, y los que se fueron sucediendo rápidamente ninguno estaba capacitado para asumir tan alta responsabilidad. Al punto que, cuando finalmente se llamaron a elecciones la situación política era la misma, y lo que siguió fue un desastre.

Si bien hoy las circunstancias institucionales y económicas son algo diferentes a la de aquellas circunstancias resulta visible la carencia de gente capacitada a nivel político, a lo que se suma la improvisación, la inexperiencia, la ingenuidad y (no se sabe bien en qué medida) una cuota de mala fe.