Por Gabriel Boragina ©
La tragedia argentina no consiste solamente en haber adoptado malas políticas económicas. Esa es apenas la consecuencia visible de un problema mucho más profundo: la incapacidad colectiva para concebir un orden político diferente del que históricamente los ha gobernado.
Cada crisis argentina termina alimentando la esperanza de un nuevo gobierno, pero casi nunca la de un nuevo sistema. Cambian los dirigentes, cambian los partidos, cambian los discursos y hasta las consignas, pero permanece inalterada la premisa fundamental: el Estado debe seguir siendo el gran organizador de la vida económica y social. Hasta quienes predican lo contrario como el actual gobierno de LLA[1] siguen en los hechos la misma premisa estatista.
Esta es, quizás, la mayor limitación intelectual de la política argentina. Las discusiones públicas giran alrededor del tamaño del gasto, del nivel de los impuestos, del monto de los subsidios o del precio del dólar. Muy rara vez se discute si el Estado debe ejercer todas esas funciones. Se debate la administración del intervencionismo, pero no el intervencionismo mismo.
El resultado de esa forma de pensar es previsible. Cuando una receta fracasa, no se la abandona; simplemente se la reemplaza por otra variante del mismo principio. El péndulo oscila entre más o menos controles, más o menos regulaciones, más o menos emisión monetaria, pero jamás abandona el supuesto de que la solución debe provenir del poder político.
En esto la Argentina se diferencia de aquellos países que, enfrentados a catástrofes mucho más profundas, comprendieron que reconstruir no significaba reeditar el pasado sino abandonarlo.
El caso paradigmático es la República Federal de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 Alemania era un país devastado. Sus ciudades estaban reducidas a escombros; su aparato productivo destruido; millones de personas desplazadas; una moneda prácticamente inútil y una economía sometida al racionamiento y al control estatal heredado del régimen nazi.
En esas circunstancias apareció el liderazgo político de Konrad Adenauer acompañado por la extraordinaria labor intelectual y técnica de Ludwig Erhard. Ambos comprendieron que la reconstrucción no podía lograrse administrando mejor la escasez sino devolviendo libertad a la producción, al comercio y a la iniciativa privada.
La eliminación de los controles de precios, la estabilidad monetaria y la protección de la propiedad privada fueron medidas profundamente impopulares para buena parte de la burocracia de ocupación y para numerosos economistas de la época. Sin embargo, fueron precisamente esas reformas las que dieron origen al denominado Wirtschaftswunder, el "milagro económico alemán", que en pocos años transformó a una nación derrotada en una de las economías más prósperas del mundo.
No fue un milagro. Fue la consecuencia lógica de sustituir el dirigismo estatal por instituciones compatibles con una sociedad libre.
La experiencia alemana confirmó, en los hechos, aquello que Friedrich A. von Hayek había explicado desde el plano teórico: ninguna autoridad central posee el conocimiento disperso que millones de individuos generan diariamente mediante el mercado. Cuando el Estado reemplaza ese proceso espontáneo por decisiones burocráticas, inevitablemente destruye información, incentivos y riqueza.
Wilhelm Röpke advertía, por su parte, que una economía libre no puede sobrevivir dentro de una cultura permanentemente orientada a reclamar privilegios estatales. La libertad económica exige también una determinada concepción moral de la responsabilidad individual.
Algo semejante ocurrió en Italia durante la posguerra. A pesar de partir de una situación extremadamente precaria, las reformas orientadas a favorecer la inversión privada, la estabilidad monetaria y la apertura comercial permitieron el denominado "milagro económico italiano" entre las décadas de 1950 y 1960.
Décadas más tarde Irlanda protagonizó otra transformación notable. De ser uno de los países más pobres de Europa Occidental pasó a convertirse en uno de los más dinámicos gracias a una política sostenida de disciplina fiscal, baja presión tributaria sobre la inversión, apertura económica y seguridad jurídica. El denominado "Tigre Celta" no fue producto de recursos naturales extraordinarios sino del cambio de instituciones.
Más recientemente, Estonia constituye otro ejemplo elocuente. Tras la desintegración de la Unión Soviética heredó una economía profundamente atrasada. Sin embargo, la adopción de reformas orientadas al mercado, la simplificación tributaria, el respeto por la propiedad privada y una administración pública moderna permitieron convertirla en una de las economías más innovadoras de Europa.
Estos casos poseen una característica común. Ninguno esperó que el crecimiento proviniera de un Estado más poderoso. Todos apostaron a fortalecer la libertad económica y limitar la intervención gubernamental. Es lo que LLA declama, pero no práctica.
La Argentina, en cambio, parece condenada a recorrer siempre el camino inverso. Cada fracaso del intervencionismo sirve de argumento para reclamar todavía más intervención. Cada crisis generada por el exceso de gasto público concluye con pedidos de mayor gasto. Cada inflación provocada por la expansión monetaria termina justificando nuevos controles de precios.
Es un círculo vicioso alimentado por una cultura política que confunde gobierno con sociedad y Estado con nación.
El economista argentino Roberto Cachanosky ha señalado reiteradamente que el problema argentino no consiste únicamente en los errores de política económica sino en la persistencia de un modelo estatista que atraviesa gobiernos de distintos signos políticos. Mientras las reglas básicas sigan descansando sobre la discrecionalidad del poder político, la inseguridad jurídica, la presión tributaria y la permanente expansión del gasto público, el crecimiento sostenible será una excepción y no la norma.
Juan Bautista Alberdi ya había formulado esa misma advertencia más de un siglo antes. En sus Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina sostuvo que la riqueza de las naciones no nace de los decretos ni de los privilegios otorgados por el gobierno, sino de la libertad para producir, comerciar, trabajar e invertir.
Bastiat resumía esa idea con admirable sencillez al recordar que el Estado es la gran ficción mediante la cual todos pretenden vivir a expensas de todos los demás. Cuanto más se expande esa ficción, menor es el espacio para la responsabilidad individual y para la creación genuina de riqueza.
La verdadera discusión argentina, entonces, no consiste en decidir quién administrará el Estado. Esa discusión lleva décadas y los resultados están a la vista.
La cuestión de fondo es otra mucho más incómoda: determinar cuáles son las funciones que el Estado debe abandonar para permitir que la sociedad recupere la libertad de resolver por sí misma aquello que nunca debió ser monopolizado por el poder político.
Mientras esa pregunta permanezca ausente del debate público, la Argentina continuará cambiando de gobiernos sin cambiar de rumbo. Y un país que se limita a repetir las mismas instituciones difícilmente pueda aspirar a resultados distintos. Instituciones que la Constitución Nacional, además, no reconoce.
Las grandes transformaciones históricas comenzaron cuando determinadas sociedades tuvieron el coraje intelectual de abandonar los paradigmas que parecían inmutables. La prosperidad nunca fue consecuencia de administrar mejor el pasado. Siempre fue el fruto de animarse a construir un futuro diferente.
[1] Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''.
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