Por Gabriel Boragina ©
Siempre he comparado a la Argentina como un país adolescente en materia política. Así me lo muestra su historia plagada de proyectos contradictorios, marcados por vacilaciones, avances y retrocesos.
Artífice de su propio destino, hoy se debate entre naturalizar la corrupción y una mala política económica sin decidirse a volcarse por sus opuestos: la honestidad y la bonanza económica.
Sin embargo, ambos fenómenos no son independientes. La corrupción política y el fracaso económico no constituyen males distintos que ocasionalmente coinciden en el tiempo. Son, por el contrario, manifestaciones diferentes de una misma enfermedad institucional.
La corrupción prospera cuando el poder político dispone de amplias facultades para distribuir privilegios, otorgar beneficios discrecionales y transferir recursos de unos sectores a otros. Allí donde el Estado adquiere la capacidad de intervenir en cada aspecto de la vida económica, surge inevitablemente la tentación de utilizar esa facultad en favor de intereses particulares. El empresario deja de concentrar sus esfuerzos en satisfacer consumidores y comienza a orientarlos hacia la conquista de favores gubernamentales. El político, a su vez, descubre que puede construir poder repartiendo privilegios financiados con recursos ajenos. Incluso para favorecerse a sí mismo, como sucede en los casos de Adorni, $LIBRA y la corrupción de Andis donde está implicada la hermana del jefe de estado, entre otros muchos casos de corrupción de este gobierno.
No es casual que las economías más intervenidas sean también aquellas donde florecen los mecanismos de corrupción. La discrecionalidad es el terreno fértil sobre el que crecen el clientelismo, el tráfico de influencias y la captura del Estado por grupos de interés, muchos infiltrados dentro del propio gobierno, o de los que componen los mismos integrantes de ese gobierno.
La Escuela Austríaca de Economía advirtió tempranamente este problema. Para autores como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, el conocimiento necesario para coordinar una economía se encuentra disperso entre millones de individuos y no puede ser reemplazado por las decisiones de un grupo de funcionarios, por más preparados o bien intencionados que sean. Cuando el poder político pretende sustituir al mercado en la asignación de recursos, no sólo genera ineficiencia económica; también concentra facultades cuya utilización arbitraria resulta prácticamente inevitable. Ergo, si hay corrupción inevitablemente es porque hay intervencionismo.
Hayek observó que toda planificación económica exige otorgar a ciertos funcionarios la potestad de decidir quién recibe recursos, quién obtiene autorizaciones, quién accede al crédito y quién queda excluido. Esa concentración de decisiones transforma a la política en una actividad extraordinariamente rentable para quienes buscan privilegios. La consecuencia no es únicamente una economía menos productiva, sino también una estructura institucional más vulnerable a la corrupción.
La experiencia argentina parece confirmar esta advertencia. Durante décadas se consolidó un modelo basado en subsidios, regulaciones, controles de precios, protecciones sectoriales, emisión monetaria y expansión permanente del gasto público. Cada nueva intervención fue presentada como una solución a problemas creados por intervenciones anteriores. Sin embargo, lejos de producir prosperidad, este mecanismo generó inflación, estancamiento, pérdida de competitividad y una creciente dependencia de amplios sectores respecto del Estado.
LLA[1] simplemente cambió los destinatarios de esos beneficios estatales dirigiéndolos a los proprios integrantes del gobierno mismo.
La inflación constituye quizás el ejemplo más claro. Desde la perspectiva austríaca, el aumento sostenido y distorsivo de los precios no es un fenómeno espontáneo ni el resultado de la codicia empresarial. Es la consecuencia de una expansión monetaria destinada a financiar gastos que el Estado no puede afrontar con recursos genuinos. Cuando el poder político recurre sistemáticamente a la emisión para cubrir déficits, termina deteriorando el valor de la moneda y castigando especialmente a quienes menos herramientas poseen para proteger sus ingresos. Lo mismo sucede cuando se miente sobre imaginarios o reales superávits fiscales obtenidos a costa de recortar ingresos en el sector privado de la economía como hace LLA.
La corrupción económica aparece entonces bajo una forma menos visible pero igualmente dañina. No se trata ya del funcionario que recibe una coima o del empresario que obtiene un contrato irregular. Se trata de un sistema que permite transferir riqueza de manera silenciosa mediante la depreciación de la moneda, la manipulación de precios relativos y la distribución arbitraria de beneficios. Peor (como en el caso de LLA) cuando los recursos públicos se reparten entre los mismos miembros del gobierno de manera explícita y desembozada.
La tradición liberal siempre entendió que la honestidad pública no depende exclusivamente de las virtudes morales de los gobernantes. Depende, fundamentalmente, de la existencia de instituciones que limiten el poder. James Madison advertía que si los hombres fueran ángeles no serían necesarios los gobiernos, pero como no lo son, tampoco puede permitirse que quienes gobiernan ejerzan facultades ilimitadas. La libertad económica y el gobierno limitado no son únicamente herramientas para generar riqueza; son también mecanismos para reducir las oportunidades de corrupción.
Por ello, la verdadera discusión argentina no gira únicamente en torno a quién administra el Estado, sino acerca de cuánto poder debe tener ese Estado para intervenir sobre la vida de los ciudadanos. Cuanto mayores son las facultades discrecionales de los gobernantes, mayores son también los incentivos para utilizarlas en beneficio propio o de grupos cercanos al poder.
La madurez política de una nación comienza cuando comprende que la prosperidad no surge de decretos, subsidios ni planes económicos diseñados desde despachos oficiales. Surge del respeto a la propiedad privada, de la estabilidad monetaria, de la seguridad jurídica y de la libertad de millones de individuos para cooperar voluntariamente en el mercado. Esas condiciones no existen en la Argentina de LLA.
La Argentina parece encontrarse nuevamente ante esa encrucijada histórica. Puede continuar transitando el camino conocido de la intervención creciente, la inflación recurrente (aunque se la disfrace con estadísticas manipuladas) y los privilegios políticos, o puede avanzar hacia un orden institucional basado en la responsabilidad individual, la limitación del poder y la libertad económica. En definitiva, debe decidir si desea seguir comportándose como una adolescencia política perpetua o asumir, de una vez por todas, las responsabilidades de la adultez republicana.
[1] Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''.
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