Por Gabriel Boragina ©
LLA[1] dice adherir a la teoría libertaria de Murray N. Rothbard. Pero ¿Qué pensaba realmente Murray N. Rothbard de los políticos liberales?
Rothbard es bastante tajante en este punto: para él, la existencia de políticos “liberales” (en el sentido clásico, defensores de la libertad individual y del mercado) es una contradicción en sí misma. Su razonamiento es que el político, por definición, opera dentro de la estructura estatal, y el Estado es —según su teoría— una institución coercitiva que inevitablemente vulnera derechos de propiedad y libertad.
En La Ética de la Libertad plantea que:
· El liberalismo político es inconsistente: un político que dice defender la libertad, pero que ejerce poder estatal, está participando en el mismo mecanismo que genera coerción y corrupción.
· Compatibilización aparente: Rothbard reconoce que algunos políticos pueden promover medidas que reduzcan el poder del Estado (por ejemplo, bajar impuestos o eliminar regulaciones). Sin embargo, considera que esto es sólo una estrategia transitoria, no una solución coherente.
· El verdadero liberalismo: para él, la única forma de ser plenamente liberal es fuera de la política estatal, en la acción intelectual, cultural o social que erosione la legitimidad del Estado.
En síntesis, Rothbard compatibiliza la existencia de políticos liberales viéndolos como figuras que, en el mejor de los casos, pueden servir para disminuir el daño del Estado, pero nunca como representantes genuinos de la libertad, porque el marco institucional en el que actúan es intrínsecamente contrario a ella.
En La Ética de la Libertad, Rothbard aborda de manera explícita la tensión entre la teoría libertaria y la práctica política. En la Parte V: “Hacia una teoría de la estrategia a favor de la libertad”, dedica un capítulo entero a la “estrategia de la libertad”, donde analiza cómo los defensores del liberalismo pueden actuar en un mundo dominado por el Estado.
Lo que dice allí es muy claro:
· El político liberal como figura contradictoria: Rothbard sostiene que, aunque algunos políticos se autodenominan liberales o libertarios, el hecho de participar en el aparato estatal los coloca en una posición incoherente, porque el Estado es, en su visión, una institución intrínsecamente agresiva.
· El papel transitorio de los políticos liberales: reconoce que pueden impulsar medidas que reduzcan el poder estatal (por ejemplo, eliminar impuestos o regulaciones). Sin embargo, insiste en que esto es sólo un paso táctico, no una solución definitiva.
· La verdadera estrategia libertaria: para él, la acción más coherente es la intelectual y cultural, fuera de la política institucional, erosionando la legitimidad del Estado y difundiendo las ideas de la libertad.
En el capítulo XXIX, Rothbard escribe que incluso cuando un político libertario logra avances, “su acción está limitada por el marco coercitivo en el que opera”, y que la auténtica liberación no puede provenir de dentro del Estado, sino de su deslegitimación y eventual desaparición.
En resumen: Rothbard compatibiliza la existencia de políticos liberales viéndolos como actores útiles en la medida en que reduzcan el poder estatal, pero nunca como representantes genuinos de la libertad, porque el Estado mismo es incompatible con ella.
Citemos sus propias palabras:
Podemos definir al delincuente como el individuo que ataca a una persona o a la propiedad producida por ella. Es delincuente todo aquel que ejerce violencia contra otros individuos o contra sus propiedades: todo aquel que recurre a «medios políticos» coactivos para adquirir bienes y servicios.1 [2]
El único que utiliza medios políticos es el estado-gobierno, organización -para los libertarios- tildada de criminal, por ende, sus miembros son todos criminales o delincuentes. Un ''político libertario'' es pues una contradicción en términos. Refuerza la idea aquí:
Si, pues, los impuestos son obligatorios, forzosos y coactivos y, por consiguiente, no se distinguen del robo, se sigue que el Estado, que subsiste gracias a ellos, es una organización criminal, mucho más formidable y con mucho mejores resultados que ninguna mafia «privada» de la historia. Y debe tenérsele por criminal no sólo a tenor de la teoría del delito y de los derechos de propiedad expuesta en este libro, sino también a tenor de las concepciones comunes del género humano, que siempre ha considerado que el robo es un delito. Como ya hemos visto, el sociólogo alemán del siglo XIX Franz Oppenheimer describió sucintamente el tema cuando puso de manifiesto que hay dos modos, y sólo dos, de alcanzar riqueza en la sociedad: a) mediante producción y libre intercambio con otros (el método del libre mercado); y b) mediante expropiación por la fuerza de la riqueza producida por otros. Este segundo es el método de la violencia y del robo. El primero beneficia a todos los participantes; el segundo beneficia parasitariamente a la clase o el grupo saqueador a expensas de los saqueados. Oppenheimer denomina tajantemente al primer método de obtención de riqueza «los medios económicos» y al segundo «los medios políticos». Y, dando un paso más, definió brillantemente al Estado como «la organización de los medios políticos».5 [3]
La conclusión es idéntica a la anterior: una organización criminal está compuesto por criminales. Si alguien que se autodenomina libertario forma parte de ella no podrá evitar ser otro delincuente más, que vigoriza la criminalidad de la organización de la que forma parte. Esto aplica tanto al jefe de la pandilla como a sus colaboradores (ministros, secretarios, asesores, voceros, y todos aquellos que dependen de ellos). Quien acepta un cargo público pese a que se llame a si mismo liberal o libertario acepta formar parte de una asociación ilícita, convirtiéndose de inmediato, a partir de la aceptación de su ingreso, en un criminal más de la banda.
El gradualismo en la teoría minusvalúa, en efecto, el objetivo preeminente de la libertad misma; no implica una simple estrategia, sino una oposición al objetivo en sí y, en consecuencia, resulta inadmisible como parte de una estrategia hacia la libertad. La razón es que una vez que se renuncia al abolicionismo inmediato, se admite que se trata de un objetivo de segundo o de tercer rango, en beneficio de otras consideraciones antilibertarias, ahora situadas en un nivel más elevado que la libertad. Supongamos, en efecto, que un abolicionista de la esclavitud declara: «Defiendo el fin de la esclavitud, pero sólo dentro de cinco años.» Esto implicaría que durante un espacio de tres o de cuatro años, y a fortiori de inmediato, la abolición sería mala, y que, por consiguiente, es mejor que la situación se mantenga durante algún tiempo. Pero esto significaría que se han abandonado las reflexiones sobre la justicia y que el objetivo abolicionista (o libertario) ha dejado de ocupar el nivel más elevado en la escala de los valores políticos. Querría decir, en definitiva, que también los libertarios propugnan la prolongación del crimen y de la injusticia. [4]
Aquí Murray N. Rothbard critica a los ''libertarios gradualistas'', lo que considera una contradicción en términos. Según él, o se es libertario o se es gradualista, pero no es posible reunir en una misma persona ambos caracteres.
Ahora bien, comparando estas enseñanzas básicas del líder intelectual (según el gobierno de LLA) en quien dicen inspirarse y guiarse, claramente este gobierno no sólo cumple la descripción de Rothbard como antilibertarios sino de -además- absolutos criminales, en atención a los numerosos hechos de corrupción que se le atribuyen y que son tapa de los diarios de los últimos años.
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