Las dos utopías

 Por Gabriel Boragina ©

 La ridícula pretensión libertaria de ''destruir el estado desde adentro'' que proclama el no menos grotesco jefe del partido gobernante (LLA[1]) es tan fácil de rebatir que no se comprende como todavía hay gente que la cree.  

Está claro que si quiero dinamitar un edificio debo accionar el detonador desde fuera del edificio si no quiero estallar y volar por los aires junto con el edificio si lo hago desde adentro de él. O si quiero hundir un barco está igualmente claro para cualquier persona racional y normal que no voy a conseguirlo haciéndome elegir el capitán del barco y subiéndome muy orondo al mismo, porque no solamente se va a hundir el barco, sino yo con él, más toda la tripulación y los pasajeros a bordo. La situación seria idéntica si quiero destruir un avión. Nadie en su sano juicio alegaría que la mejor forma de hacerlo es convirtiéndome en el piloto del mismo y estrellarlo volando en dirección no al cielo sino al mar, una montaña o directamente al suelo. 

Hasta un infante de pocos años puede comprender lo absurdo de esto. Si se equipara el edificio, al barco o el avión de nuestros ejemplos al Estado, y al dinamitero, al capitán o a el piloto con el presidente de un país ''libertario'', resulta claro y patente lo irracional e infantil de esa pretensión. 

Esto vale tanto para los que entienden (la mayoría de los economistas, del periodismo y de la gente común) la palabra ''estado'' como sinónimo -sin más- de ''gobierno’ ‘como para los que la identifican (como nosotros) con la definición jurídica de ''estado'' como una designación convencional con la cual, a su vez, se desea englobar a los llamados tres elementos del ''estado'': 1) población, 2) territorio y 3) gobierno.

1. El Estado no se autodestruye: la evidencia histórica

La historia política no registra un solo caso de un Estado que haya decidido extinguirse voluntariamente utilizando sus propios órganos constitucionales. Los gobiernos pueden reducir funciones, privatizar empresas públicas, descentralizar competencias o reformar profundamente la administración, pero nunca abolirse como gobierno.

Ni siquiera los monarcas absolutos renunciaron espontáneamente a la monarquía; fueron derrocados por revoluciones o invasiones. Luis XVI no abolió la monarquía francesa: fue la Revolución Francesa la que terminó con ella. Nicolás II no desmanteló el Imperio ruso: fue la Revolución Bolchevique la que lo destruyó. El Imperio Austrohúngaro no decidió dejar de existir: desapareció como consecuencia de la derrota militar en la Primera Guerra Mundial.

Lo mismo ocurrió con el Imperio Otomano, con el Tercer Reich alemán o con el Estado iraquí de Saddam Hussein. Todos desaparecieron por derrotas militares o revoluciones, nunca porque quienes ejercían el poder decidieran extinguir el aparato estatal que les daba precisamente ese poder.

La constante histórica es inequívoca: los Estados mueren desde afuera o por revoluciones internas que sustituyen un poder por otro; nunca porque quienes gobiernan resuelvan eliminar el propio instrumento del que depende su autoridad.

2. Los gobiernos que prometieron reducir el Estado nunca eliminaron el Estado

Incluso los gobiernos más identificados con el liberalismo económico ofrecen un argumento contundente contra la tesis libertaria.

Margaret Thatcher privatizó empresas estatales, redujo regulaciones, limitó el poder sindical y disminuyó numerosas intervenciones económicas. Sin embargo, jamás pretendió abolir el Estado británico. El Reino Unido siguió teniendo Parlamento, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, policía, administración pública y sistema tributario.

Ronald Reagan sostuvo que "el gobierno no es la solución; el gobierno es el problema". Pero durante sus dos mandatos el gobierno federal continuó existiendo plenamente, el gasto público no desapareció y el Estado norteamericano siguió ejerciendo todas sus funciones esenciales.

Lo mismo puede decirse de las reformas de Roger Douglas en Nueva Zelanda, de las reformas económicas chilenas durante el régimen militar o de las transformaciones realizadas en Irlanda y Estonia. Ninguno de esos gobiernos confundió reducir determinadas funciones estatales con destruir el Estado mismo.

Es decir, la historia del liberalismo muestra gobiernos que limitaron al Estado, nunca gobiernos que lo abolieran.

3. El ejemplo de la Unión Soviética

Paradójicamente, el caso soviético confirma la tesis exactamente en sentido inverso.

Marx había anunciado que, después de la dictadura del proletariado, el Estado terminaría extinguiéndose porque desaparecerían las clases sociales.

Ocurrió exactamente lo contrario.

Cuanto más avanzó el régimen comunista, más gigantesco, centralizado, burocrático y policial se volvió el Estado soviético.

La famosa "extinción del Estado" jamás llegó.

Cuando finalmente desapareció la Unión Soviética en 1991 no fue porque el Partido Comunista hubiera decidido cumplir la profecía marxista. Colapsó por una combinación de crisis económica, presión nacionalista, pérdida de legitimidad política y fracaso estructural del sistema.

El Estado no se extinguió; simplemente fue reemplazado por otros Estados.

4. Toda organización tiende a conservarse

Existe además una explicación sociológica muy conocida.

Max Weber observó que toda burocracia desarrolla intereses propios.

Robert Michels formuló su famosa "ley de hierro de la oligarquía": toda organización termina generando una dirigencia interesada en conservar la organización porque de ella depende su propia existencia.

Anthony Downs desarrolló una idea semejante respecto de las burocracias públicas.

Incluso economistas liberales como James Buchanan y Gordon Tullock, desde la Escuela de la Elección Pública, explicaron que los funcionarios responden a incentivos como cualquier otra persona: buscan preservar presupuestos, competencias y poder.

Todo ello conduce a una conclusión sencilla: esperar que una burocracia se destruya voluntariamente equivale a esperar que una empresa vote su propia quiebra o que un sindicato decida desaparecer porque ya no hace falta.

5. La contradicción del partido anti-Estado

Aquí aparece quizás la contradicción más profunda del libertarianismo político.

Un partido político existe para conquistar el poder.

Pero el poder que pretende conquistar es precisamente el poder estatal.

Es decir, cuanto mayor sea su éxito electoral, mayor será el aparato estatal que administrará.

La paradoja consiste en que necesita fortalecer el instrumento que dice querer destruir.

Es parecido a fundar un partido cuya plataforma sea eliminar definitivamente los partidos políticos.

O crear un ministerio destinado a abolir todos los ministerios.

O constituir un ejército cuya misión sea eliminar para siempre a los ejércitos.

La contradicción es institucional antes que ideológica.

6. El incentivo político juega exactamente en sentido contrario

La ciencia política enseña que ningún gobernante obtiene apoyo popular eliminando beneficios.

Todo gobierno necesita construir mayorías.

Las mayorías suelen formarse ofreciendo bienes, servicios, subsidios, seguridad, infraestructura, jubilaciones, educación, salud o reducción de impuestos.

En todos los casos el instrumento utilizado sigue siendo el Estado.

Por eso incluso los gobiernos que llegan prometiendo reducirlo terminan utilizándolo para implementar sus propias políticas. Cambian los fines. No desaparece el instrumento.

7. La analogía empresarial

Puede añadirse otra comparación.

Nadie compra una empresa para destruirla.

Quien adquiere una compañía puede vender activos, despedir empleados, reorganizar departamentos o cambiar completamente su actividad.

Pero necesita que la empresa continúe existiendo porque constituye precisamente el instrumento mediante el cual ejerce la propiedad.

Lo mismo sucede con un gobierno.

Puede reformar profundamente la administración pública.

Puede reducir ministerios.

Puede privatizar empresas estatales.

Puede simplificar regulaciones.

Pero necesita conservar el Estado porque sin él deja inmediatamente de ser gobierno.

La experiencia histórica demuestra que ni el marxismo consiguió la desaparición del Estado mediante la toma revolucionaria del poder, ni el libertarianismo puede lograrla mediante la conquista electoral del gobierno. Ambos comparten una misma ilusión, aunque desde extremos ideológicos opuestos: creer que el poder constituye el instrumento adecuado para abolir el propio poder. Pero el poder, una vez conquistado, genera incentivos exactamente inversos. No existe registro histórico de un gobierno que haya utilizado exitosamente las instituciones estatales para eliminar al Estado. Todos los gobiernos que prometieron hacerlo terminaron administrándolo, reformándolo o ampliándolo, pero nunca suprimiéndolo. La realidad política parece obedecer una regla mucho más sencilla que cualquier utopía: quien conquista el Estado deja de combatirlo para empezar a gobernarlo.

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[1] ''La libertad avanza''

Venezuela, Trump y el derecho internacional

 Por Gabriel Boragina ©

 

Los últimos acontecimientos ocurridos en la región no pueden ser más desconcertantes a mi juicio. Fuimos sorprendidos (creo que como muchos) con la noticia de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los EEUU más precisamente por órdenes directas de su presidente Donald Trump. quien se adjudicó a si mismo dicha responsabilidad.

Mas allá de las objeciones jurídicas internacionales por la metodología utilizada (reparos que son de peso) la noticia causó alborozo en muchos partidarios de la libertad (dentro y fuera de Venezuela) en la creencia de que el operativo tenía como intención primordial el restablecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela, lo que para una nueva sorpresa de esas mismas personas resultó ser implícitamente desmentido por el propio presidente Trump el mismo día de la captura, a través de una conferencia de prensa en la cual manifestó con meridiana claridad que el objetivo principal de la acción tenia, en realidad, como norte las inversiones petroleras de las compañías estadounidenses por encima del desplazamiento del régimen despótico chavista, el que aún hoy permanece intacto (con la sola excepción de Maduro) en la cúspide del poder. En la misma conferencia de prensa, y declaraciones posteriores, descalificó públicamente a las autoridades electas por el pueblo (Edmundo González, elegido presidente) venezolano en las últimas elecciones llevadas a cabo (hacia más de un año) y desconocidas -una vez más- por el régimen chavista ,motivo por el cual naturalmente nunca pudieron asumir.

Estas acciones y declaraciones posteriores del presidente norteamericano producen (a mí al menos) desazón, por cuanto son demostrativas de su poco apego a la democracia y, por sobre todo, a las libertades civiles que vienen siendo sistemáticamente negadas desde hace décadas por la dictadura chavista y han provocado una de las hecatombes políticas y económicas más profundas del otrora rico pais.

No menos desconcertante me resultó personalmente la reciente actitud de la lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien fuera galardonada con el premio Nobel de la Paz y quien luego de ser públicamente desairada por el mismo presidente Trump, la mencionada en reciente encuentro con el mandatario le hiciera a este objeto de obsequio del premio a ella otorgado. El gesto de Machado me parece de lo mas humillante y servil para con ella misma, máxime siendo Trump alguien que la descalificara amplia e internacionalmente.

Este cúmulo de hechos confusos y, desde mi punto de vista, incoherentes, me llevan a condenar la intervención militar de EEUU en Venezuela, principalmente teniendo en cuenta que no solo viola expresas normas del derecho internacional público sino que resultan más injustificables cuanto el propio promotor de las mismas (el presidente de aquel pais) hace pública su declaración que el objetivo fundamental es el preservar los intereses económicos y comerciales del pais del norte y el objeto real son, no las libertades de los venezolanos, sino la apropiación de los recursos naturales del país invadido.

La ''transición'' a la que alude con tanta insistencia Trump no es, en realidad, hacia un gobierno libre y democrático que responda a los intereses de los venezolanos, sino más bien hacia un gobierno títere de los EEUU que responda y obedezca las directivas de Trump. Este, conforme a su estilo directo y frontal, ha hablado con absoluta franqueza, y por sí mismo ha hecho explicito estos objetivos.

Este análisis deja de lado la discusión sobre si, desde el ángulo del derecho internacional público, la intervención militar estadounidense se justifica o no. Claramente creo que la respuesta es no. No se trata de deponer una dictadura para ser reemplazada por otra y menos aún la de un pais extranjero (en este caso Trump, se estaría erigiendo como dictador, por cuanto ningún venezolano lo ha elegido presidente de Venezuela en elecciones libres y democráticas, ni le ha conferido mandato alguno que lo habiliten a invadir su territorio). No hay dictaduras buenas y malas. O hay dictadura o hay democracia (lo que no implica desconocer que una democracia puede devenir en dictadura, lo que es muy difícil que suceda a la inversa)

En el punto yo suscribo la opinión del profesor Ossorio cuando en su Diccionario expresa:

Y en lo que al Derecho Internacional se refiere, se puede sostener no que exista pese a no estar amparado por la coacción, sino que no existe un Derecho Internacional y que lo procedente sería hablar de hechos internacionales. Precisamente de lo que tratan juristas y políticos es de convertir esos hechos en un Derecho, creando a tal fin organismos internacionales que fijen las normas de relación entre los Estados, pero que tengan también la facultad de interpretarlas judicialmente y la fuerza material necesaria para imponer sus fallos (tribunales y ejércitos internacionales). [1]

Como dice el profesor Ossorio, no hay derecho internacional, hay hechos internacionales y en el marco de los hechos internacionales es claro que impera el principio de la fuerza, que termina siendo la última expresión del mal llamado ''derecho internacional''.

Esto reduce el ámbito y el sentido del vocablo Derecho al Derecho Interno o local.

Creo que la mejor prueba de la inexistencia de un ‘’derecho internacional’’ han sido y siguen siendo, por desgracia, las guerras. Fácil es advertir, desde esta perspectiva, que, las reglas ulteriores de juego siempre han sido impuestas por los vencedores y por la fuerza de las armas. Pensemos sino cuál sería hoy la configuración jurídica mundial si en lugar de haber ganado la guerra los Aliados la hubieran ganado las potencias del Eje.

Pero si ampliamos la mirada y observamos el panorama ideológico del mundo es muy ingenuo pensar que la invasión de un país por otro o más precisamente de un jefe político por otro (como fue el caso Maduro-Trump) tenga como objetivo, implícito o -menos aun- explicito (salvo en la retórica) la liberación de un pueblo oprimido por parte de otro. Esa mirada Naif de la política nos da la pauta del grado de candor de la sociedad contemporánea, al menos en materia política.

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[1] Ossorio Manuel-Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales-Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición número 30-ISBN 9789508850553- pág. 296

Transformación cultural: la condición previa a todo cambio social

Por Gabriel Boragina ©

 

Aquellos que se ilusionan pensando y tratando de convencer a otros de que los cambios sociales se operan a través de la política o la economía (o la justicia, en algunos casos) o a la inversa, están condenados a decepcionarse una y otra vez ya que, sin darse cuenta, insisten en poner ''el carro delante del caballo''.

Hemos reiterado y lo seguiremos haciendo que la condición previa a cualquier cambio social viene dada por el plafón cultural existente en el lugar y época de que se trate.

Al respecto han sido muy claros pensadores como Ludwig von Mises, Friedrich A. von Hayek y -en general- los autores que se reúnen bajo la denominación de Escuela Austríaca de Economía, que pese a centrarse en la economía, tuvieron una visión integral de las relaciones sociales que excedía (y en mucho) a lo meramente económico.

Y en este punto la educación es clave para comprender como opera el cambio cultural que dará, al fin de cuentas, como consecuencia con un cambio de valores.

Por educación entendemos tanto la denominada formal como la informal. Y en este sentido, el individuo está permanentemente educándose por distintas vías y medios (comenzando por la familia y siguiendo por la escuela, compañeros de estudios, amigos, luego compañeros de trabajo y -por último- por cada ser humano que, sea en un campo o en otro, llegue a interactuar con él, lo que incluye desde luego las lecturas que haga a lo largo de su vida en el caso de los amantes de las letras).

Es importante entender que, al contrario de lo que mucha gente piensa, los cambios culturales no son deliberados, ni tampoco instantáneos. Como se ha esforzado por explicar F. A. von Hayek, son evolutivos, no pueden ser provocados sino que son espontáneos. En aquellos periodos de la historia y lugares donde se pretendió desconocer esta realidad los pretensos cambios culturales premeditados fracasaron estrepitosamente y, muchas veces, de la peor manera. La historia del socialismo, del comunismo y sus derivados: el fascismo y el nazismo son claros ejemplo de lo dicho. Dos guerras mundiales durante el siglo XX han sido el resultado más vivido, palpable y terrible de lo que, también Hayek, acertó en denominar la fatal arrogancia de la pretensión socialista.

Los cambios culturales intencionados conducen más tarde o más temprano a la dictadura, ya sea de derecha o de izquierda. No importa la denominación convencional que se le quiera dar según se encuentre ubicado cada uno.

La síntesis de los anteriores colectivismos está representada, hoy en día, por los populismos de los que tanto nos hemos ocupado. El colectivismo populista es el mal de nuestro tiempo, no sólo en la región sino en el mundo.

Agravado quizás porque este colectivismo populista tiene la arrogancia de pretender que su ''líder'' (el único, carismático e indiscutible) puede y debe mágicamente acelerar y provocar el cambio cultural en la dirección deseada por el líder, a quien se le rinde terrenal culto mesiánico. Esta nueva pseudo religión política dota (en el imaginario de sus fieles) a su jefe supremo de cualidades supra humanas que lo hacen ''al elegido por el destino'', ''la divinidad'', o ''las fuerzas del cielo'' (como dicen ahora los colectivistas populistas argentinos) como el ‘’único’’ artífice y capaz de provocar las mutaciones necesarios y convenientes para todos.

En suma, se pone la decisión de todos (la que sólo esos todos pueden tomar individualmente) en las manos y caprichos de una sola persona (el ‘’líder’’). Esto es, ni más ni menos, lo que ocurre hoy en la persona del jefe del partido gobernante argentino, a quien sus sumisos y vergonzantes súbditos rinden humillante y escandalosa pleitesía y rivalizan entre ellos en obsecuencia, en una suerte de denigrante competencia para ver quien se lleva el galardón del mayor demérito frente a su adorado tótem humano.

Pero todo eso es un mito, sólo para disfrazar lo que es, nada más y nada menos, que otra aspiración dictatorial, como tantas que hubo en la historia. Ninguna supuesta o proclamada omnímoda voluntad providencial humana puede operar sin violencia la pretensión de modificar el rumbo de la historia o de un pueblo determinado. Las trasformaciones sociales son evolutivas -como lo explicó Friedrich A. von Hayek- espontáneas y no son susceptibles de ser dirigidas por ningún ''mesías'' humano, aunque se porfíe en darle ese culto y se le atribuyan tales poderes (los que, en realidad, ninguno tiene).

¿Hay señales que denoten el cambio social? Si, desde luego que sí. Pero no en el caso argentino. Cuando se opera un genuino cambio cultural este se revela en múltiples aspectos (familiares, sociales, recreativos, educativos, políticos, económicos, intelectuales, institucionales, etc.) llegan como resultado de ese cambio y no como causa de este. Y recordemos: nunca se deben a ''alguien'' en particular (con nombre y apellido) por mucho que sus fanatizados y obsecuentes súbditos machaquen en lo contrario. Ningún dirigente se puede ''llevar las palmas'' de haber transmutado toda una cultura. Hacerlo es la fatal arrogancia de que habló F. A. von Hayek cuando alguien se atribuye a si mismo u otros le atribuyen a él/ella un cambio del cual no es responsable, sino que aprovecha en su favor.

Si, es posible que personas conocidas de esa sociedad enarbolen las banderas de ese cambio y adhieran al mismo, pero eso no significa que sean sus artífices.

La salvación del país

 

Por Gabriel Boragina ©

 

Quien leyera este título en Argentina estará esperando ver a quien me estoy refiriendo. Es decir, a que persona concreta propondré como candidato para llevar a cabo la misión que encabeza esta nota. 

Pero, lamentablemente, mucho defraudaré al lector argentino promedio en esa vana esperanza. Porque no creo en los salvadores providenciales de la patria, como se presenta el actual jefe del partido gobernante.

Si, en cambio, creo que hay posibilidades de salvar al país de la debacle en la cual se encuentra inserto. ¿Cuál es mi fórmula? Volver a las instituciones fundadoras y respetarlas a rajatabla, sin importar quién o quiénes desempeñen sus funciones.

Desde que se ha desandado el camino trazado por la Constitución de la Nación Argentina en sus originarios textos del siglo XIX, paulatinamente, la Argentina entró en declive y -salvo brevísimos intervalos- continua su caída.

El menosprecio de esas instituciones que la hicieron grande, y su casi completo olvido (salvo cuando se acercan fechas electorales) denotan y revelan a las claras el sentir argentino y su forma de gobierno, donde lo que se elige en cada elección es un mandamás, que si no sirve para dar en ella esa percepción mesiánica para el votante, se lo desalojará del poder en el próximo acto electoral.

Es asi que se ha desarrollado la idea de un presidencialismo que, en los hechos, empequeñece el rol fundamental que cumplen los dos poderes restantes (legislativo y judicial).

Entonces, los debates acalorados pasan por otra parte. Por el hombre, el sujeto, el candidato. Si habría que calificar el régimen político argentino de alguna manera, cabria la expresión de presidencialismo personalista, donde lo relevante no son las instituciones ni los roles que asigna, sino el carácter, las posturas, los modales, los gestos y estilos del candidato. Y cuanto peores son estos más los valora la ciudadanía. Y asi se explica el porqué de la marcha a los tumbos del país.

No ha de creerse que la desvalorización por las instituciones solamente es responsabilidad de las clases populares.

Muchos profesionales participan también de ese sentimiento de desdén y minimización por ellas. No son pocos los economistas que no aprecian las instituciones como herramientas idóneas para la mejora económica.

Uno de los que más ha insistido en este punto ha sido el premio Nobel de economía Friedrich A. von Hayek, quien comprendió y enseñó el valor de las instituciones para la buena marcha económica de las naciones.

En el caso argentino, creo fundamental respetar al pie de la letra el texto constitucional que pone en manos del poder legislativo el manejo de la economía. De lo contrario sucede como hoy, que el control discrecional de la economía queda a cargo del poder ejecutivo, especialmente en manos de su titular y -en particular- de quien sea su ministro de economía.

Si bien el problema no es de ahora, habría sido una transformación extraordinaria que un gobierno (que se ufana de ‘’libertario’’) hubiera puesto las cosas en su lugar y no como ocurrió -y sigue sucediendo- el poder siga concentrado en estos dos funcionarios del Ejecutivo. En suma ¿cuál sería la diferencia con una dictadura ejercida por dos personas? ¿cómo es posible que el poder ejecutivo ponga o quite impuestos y tenga facultades, además, de cuántos y a cuánto ascenderá cada uno, cuando la Constitución Argentina dice que esto es atributo exclusivo del Congreso Nacional?

Si en Argentina no se revaloran las instituciones nunca saldrá de la crisis en la que se encuentra sumergida.

Esta si se trataría de una reforma estructural de fondo, aunque parezca mentira: la de recuperar el respeto por las instituciones, y comenzar a ejercerlas tal como las han diseñado los constituyentes originarios.

Pero, por desgracia, la última reforma constitucional, en lugar de ello refuerza la concentración de poder en el ejecutivo, y crea -paralelamente- figuras contradictorias consigo misma. Por citar un solo ejemplo, el de la coparticipación federal tributaria, que concentra en el poder central la forma de recaudar y distribuir tributos, cuando ello debería ser competencia exclusiva de las provincias, tal como lo decretaba la Constitución originaria.

En los hechos, esto convierte a la coparticipación federal en su contrario: una coparticipación antifederal.

Como dije tantas veces, que la Constitución Argentina otorgue facultades al poder ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU) no justifica que un gobierno que se autodenomina ‘’libertario’’ las ejerza, sino que, por el contrario, debería abstenerse de practicar esas atribuciones, que son claramente antiliberales.

Pero no es eso lo que ocurre en Argentina con el gobierno de LLA que, hasta el momento, se comporta (desde lo jurídicamente institucional) ni más ni menos como los gobiernos que le precedieron. No hay diferencias, excepto un cambio de discurso y de promesas que siguen sin cumplirse.

Uno de los ‘’ABC’’ de la economía de mercado es que cuando existe, los precios bajan y los salarios suben. Esto claramente no sucede en la Argentina, pese a lo que pregonan los fanáticos del poder. Y ya me he explayado sobre otras instituciones económicas liberales que, aunque se declaman desde la tribuna, no se observan ejecutarse en el país.

El mercado de cambios (en otro ejemplo) sigue tan controlado como antes. El famoso cepo (del que tanto se hablado hasta ahora) sólo es una modalidad de un espectro más amplio de diversas clases de controles de cambio.

Para que se dejara de hablar del tema, el gobierno anunció que se levantaría el cepo, lo cual duró muchísimo. Pero (suponiendo que se hubiera levantado) los efectos siguen siendo idénticos a cuando existía el cepo. La razón es muy sencilla para quien tenga nociones básicas de economía: no se ha liberado el mercado de cambios. De haber un mercado de cambios genuinamente libre no tendría razón de ser la existencia de un mercado oficial y otro paralelo, lo que es típico de las economías dirigidas o intervenidas, lo contrario a una economía liberal.

Y asi podríamos seguir. La esperanza de un cambio de rumbo es vana, porque las reformas estructurales no se hacen. Se recortan gastos en sectores que, simplemente. se trasladan a otros menos publicitados. Y como la publicidad y el periodismo manejan y manipulan buena parte de la opinión pública, muchos creen que todo está en orden cuando no es asi.

Recorrer barrios poblados numerosamente como el centro porteño, muestra a diario gente viviendo en las calles, locales vacíos (en venta o en alquiler perpetuamente) comercios que bajan sus persianas o cierran sus puertas, y un espectáculo de decadencia generalizado.

Los economistas oficialistas nos refutarán con sus números que no reflejan la realidad de lo que se ve y lo que no se ve (Bastiat).