Por Gabriel Boragina ©
La ridícula pretensión libertaria de ''destruir el estado desde adentro'' que proclama el no menos grotesco jefe del partido gobernante (LLA[1]) es tan fácil de rebatir que no se comprende como todavía hay gente que la cree.
Está claro que si quiero dinamitar un edificio debo accionar el detonador desde fuera del edificio si no quiero estallar y volar por los aires junto con el edificio si lo hago desde adentro de él. O si quiero hundir un barco está igualmente claro para cualquier persona racional y normal que no voy a conseguirlo haciéndome elegir el capitán del barco y subiéndome muy orondo al mismo, porque no solamente se va a hundir el barco, sino yo con él, más toda la tripulación y los pasajeros a bordo. La situación seria idéntica si quiero destruir un avión. Nadie en su sano juicio alegaría que la mejor forma de hacerlo es convirtiéndome en el piloto del mismo y estrellarlo volando en dirección no al cielo sino al mar, una montaña o directamente al suelo.
Hasta un infante de pocos años puede comprender lo absurdo de esto. Si se equipara el edificio, al barco o el avión de nuestros ejemplos al Estado, y al dinamitero, al capitán o a el piloto con el presidente de un país ''libertario'', resulta claro y patente lo irracional e infantil de esa pretensión.
Esto vale tanto para los que entienden (la mayoría de los economistas, del periodismo y de la gente común) la palabra ''estado'' como sinónimo -sin más- de ''gobierno’ ‘como para los que la identifican (como nosotros) con la definición jurídica de ''estado'' como una designación convencional con la cual, a su vez, se desea englobar a los llamados tres elementos del ''estado'': 1) población, 2) territorio y 3) gobierno.
1. El Estado no se autodestruye: la evidencia histórica
La historia política no registra un solo caso de un Estado que haya decidido extinguirse voluntariamente utilizando sus propios órganos constitucionales. Los gobiernos pueden reducir funciones, privatizar empresas públicas, descentralizar competencias o reformar profundamente la administración, pero nunca abolirse como gobierno.
Ni siquiera los monarcas absolutos renunciaron espontáneamente a la monarquía; fueron derrocados por revoluciones o invasiones. Luis XVI no abolió la monarquía francesa: fue la Revolución Francesa la que terminó con ella. Nicolás II no desmanteló el Imperio ruso: fue la Revolución Bolchevique la que lo destruyó. El Imperio Austrohúngaro no decidió dejar de existir: desapareció como consecuencia de la derrota militar en la Primera Guerra Mundial.
Lo mismo ocurrió con el Imperio Otomano, con el Tercer Reich alemán o con el Estado iraquí de Saddam Hussein. Todos desaparecieron por derrotas militares o revoluciones, nunca porque quienes ejercían el poder decidieran extinguir el aparato estatal que les daba precisamente ese poder.
La constante histórica es inequívoca: los Estados mueren desde afuera o por revoluciones internas que sustituyen un poder por otro; nunca porque quienes gobiernan resuelvan eliminar el propio instrumento del que depende su autoridad.
2. Los gobiernos que prometieron reducir el Estado nunca eliminaron el Estado
Incluso los gobiernos más identificados con el liberalismo económico ofrecen un argumento contundente contra la tesis libertaria.
Margaret Thatcher privatizó empresas estatales, redujo regulaciones, limitó el poder sindical y disminuyó numerosas intervenciones económicas. Sin embargo, jamás pretendió abolir el Estado británico. El Reino Unido siguió teniendo Parlamento, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, policía, administración pública y sistema tributario.
Ronald Reagan sostuvo que "el gobierno no es la solución; el gobierno es el problema". Pero durante sus dos mandatos el gobierno federal continuó existiendo plenamente, el gasto público no desapareció y el Estado norteamericano siguió ejerciendo todas sus funciones esenciales.
Lo mismo puede decirse de las reformas de Roger Douglas en Nueva Zelanda, de las reformas económicas chilenas durante el régimen militar o de las transformaciones realizadas en Irlanda y Estonia. Ninguno de esos gobiernos confundió reducir determinadas funciones estatales con destruir el Estado mismo.
Es decir, la historia del liberalismo muestra gobiernos que limitaron al Estado, nunca gobiernos que lo abolieran.
3. El ejemplo de la Unión Soviética
Paradójicamente, el caso soviético confirma la tesis exactamente en sentido inverso.
Marx había anunciado que, después de la dictadura del proletariado, el Estado terminaría extinguiéndose porque desaparecerían las clases sociales.
Ocurrió exactamente lo contrario.
Cuanto más avanzó el régimen comunista, más gigantesco, centralizado, burocrático y policial se volvió el Estado soviético.
La famosa "extinción del Estado" jamás llegó.
Cuando finalmente desapareció la Unión Soviética en 1991 no fue porque el Partido Comunista hubiera decidido cumplir la profecía marxista. Colapsó por una combinación de crisis económica, presión nacionalista, pérdida de legitimidad política y fracaso estructural del sistema.
El Estado no se extinguió; simplemente fue reemplazado por otros Estados.
4. Toda organización tiende a conservarse
Existe además una explicación sociológica muy conocida.
Max Weber observó que toda burocracia desarrolla intereses propios.
Robert Michels formuló su famosa "ley de hierro de la oligarquía": toda organización termina generando una dirigencia interesada en conservar la organización porque de ella depende su propia existencia.
Anthony Downs desarrolló una idea semejante respecto de las burocracias públicas.
Incluso economistas liberales como James Buchanan y Gordon Tullock, desde la Escuela de la Elección Pública, explicaron que los funcionarios responden a incentivos como cualquier otra persona: buscan preservar presupuestos, competencias y poder.
Todo ello conduce a una conclusión sencilla: esperar que una burocracia se destruya voluntariamente equivale a esperar que una empresa vote su propia quiebra o que un sindicato decida desaparecer porque ya no hace falta.
5. La contradicción del partido anti-Estado
Aquí aparece quizás la contradicción más profunda del libertarianismo político.
Un partido político existe para conquistar el poder.
Pero el poder que pretende conquistar es precisamente el poder estatal.
Es decir, cuanto mayor sea su éxito electoral, mayor será el aparato estatal que administrará.
La paradoja consiste en que necesita fortalecer el instrumento que dice querer destruir.
Es parecido a fundar un partido cuya plataforma sea eliminar definitivamente los partidos políticos.
O crear un ministerio destinado a abolir todos los ministerios.
O constituir un ejército cuya misión sea eliminar para siempre a los ejércitos.
La contradicción es institucional antes que ideológica.
6. El incentivo político juega exactamente en sentido contrario
La ciencia política enseña que ningún gobernante obtiene apoyo popular eliminando beneficios.
Todo gobierno necesita construir mayorías.
Las mayorías suelen formarse ofreciendo bienes, servicios, subsidios, seguridad, infraestructura, jubilaciones, educación, salud o reducción de impuestos.
En todos los casos el instrumento utilizado sigue siendo el Estado.
Por eso incluso los gobiernos que llegan prometiendo reducirlo terminan utilizándolo para implementar sus propias políticas. Cambian los fines. No desaparece el instrumento.
7. La analogía empresarial
Puede añadirse otra comparación.
Nadie compra una empresa para destruirla.
Quien adquiere una compañía puede vender activos, despedir empleados, reorganizar departamentos o cambiar completamente su actividad.
Pero necesita que la empresa continúe existiendo porque constituye precisamente el instrumento mediante el cual ejerce la propiedad.
Lo mismo sucede con un gobierno.
Puede reformar profundamente la administración pública.
Puede reducir ministerios.
Puede privatizar empresas estatales.
Puede simplificar regulaciones.
Pero necesita conservar el Estado porque sin él deja inmediatamente de ser gobierno.
La experiencia histórica demuestra que ni el marxismo consiguió la desaparición del Estado mediante la toma revolucionaria del poder, ni el libertarianismo puede lograrla mediante la conquista electoral del gobierno. Ambos comparten una misma ilusión, aunque desde extremos ideológicos opuestos: creer que el poder constituye el instrumento adecuado para abolir el propio poder. Pero el poder, una vez conquistado, genera incentivos exactamente inversos. No existe registro histórico de un gobierno que haya utilizado exitosamente las instituciones estatales para eliminar al Estado. Todos los gobiernos que prometieron hacerlo terminaron administrándolo, reformándolo o ampliándolo, pero nunca suprimiéndolo. La realidad política parece obedecer una regla mucho más sencilla que cualquier utopía: quien conquista el Estado deja de combatirlo para empezar a gobernarlo.
[1] ''La libertad avanza''
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