La verdadera mayoría

Por Gabriel Boragina ©

El FPV (Frente para la Victoria) agrupación política que llevara al gobierno argentino al matrimonio Kirchner en el año 2003, alega como pretendida "justificación" a su creciente autoritarismo haber "obtenido" en los últimos comicios un "54 %"de los votos. Sin embargo, este resultado no se compadece con la realidad de lo sucedido. Dejando de lado las numerosísimas denuncias de fraude que se sucedieron durante y después del acto eleccionario (las que incluyeron adulteración de padrones, persecución de fiscales e incendios de urnas incluido, entre muchas otras irregularidades) hay que considerar que, el escrutinio del sistema electoral argentino excluye de su cómputo los votos negativos, entendiendo por tales los denominados votos en blanco, nulos, impugnados, y las abstenciones o ausentismo al acto eleccionario. Ahora bien, esta última categoría de votos (o no votos) representó en las últimas elecciones aproximadamente un total del 25 % aproximadamente del padrón electoral que, de ser incluidos en el recuento final de sufragios, da un resultado sustancialmente diferente al que se obtiene haciendo desaparecer literalmente esa masa de votos. De tal suerte que, los verdaderos resultados de las elecciones en las cuales el FPV esgrime haber "obtenido" un ficticio "54 %" fueron los siguientes: votos "negativos" 25 %; votos para otros candidatos opositores 34,5 %; votos fraudulentos 4,58 %; votos para el oficialismo 35,9 %. En consecuencia, el partido gobernante obtuvo realmente el 35,9 % de los votos y no el número inflado que recurrentemente esgrime. ¿Dónde está pues la trampa? La trampa reside en la defectuosa y antojadiza interpretación que se hace de la frase "votos afirmativos", obviando que todo voto emitido tiene dos caras o facetas, ya que es afirmativo respecto de un solo candidato pero -al mismo tiempo- negativo para todos los restantes. Y viceversa, el voto negativo lo es respecto de uno, algunos o de todos los candidatos y afirmativo en relación a otro. Este otro puede ser un candidato no oficializado o directamente excluido por la burocracia electoral (por ejemplo, quien aspira a formar un partido político o presentarse como candidato independiente sin subordinarse a estructura partidaria alguna, pero que no cuenta con el sinfín de requisitos burocráticos y pseudo legales que exige el tribunal electoral y que -por tales barreras burocráticas- es excluido de la contienda  política).
De allí que hayamos sostenido reiteradamente que, el recuento final de los sufragios debe hacerse computando en el cálculo todos los votos (afirmativos -o "positivos"- y los negativos) ya que esta distinción es ficticia, porque todo voto (o no voto) reúne ambas características (afirmatividad y negatividad).
Por lo pronto, a los efectos de este tema, lo que interesa es que el FPV no obtuvo el "54 %" de los votos, sino solamente un 35,9 % reales, y que el rechazo a su fórmula no fue del "46 %" sino del 64,8 % real del total del padrón, lo que hace una diferencia redonda de un 65 % opositor contra un escaso 35 % oficialista y que –a su turno- demuestra que en aquella oportunidad, el FPV no tuvo la "mayoría" que alega. Por supuesto, es aun más dudoso que con posterioridad a dicha elección la haya tenido, resaltando que cosa similar sucedió en los comicios presidenciales anteriores al que estamos considerando ahora.
Desde luego que, aunque la situación hubiera sido la inversa o fuera "cierta" la falaz versión del oficialismo, ninguna "mayoría" podría disculpar las políticas autoritarias encaradas vigorosamente por el gobierno del FPV. Ninguna "mayoría" (real o -como en el caso examinado- inventada) justifica el continuo y tenaz avasallamiento de los Principios, Derechos y Garantías que consagra la Constitución nacional, como tampoco la subversión de los valores institucionales en los cuales se apoya el sistema político que la Carta Magna reconoce.
Por otra parte, nada indica que el resultado circunstancial de un acto eleccionario se mantenga o se prolongue en el tiempo más allá de la fecha en el cual el mismo fue registrado. Nada hay más variable y voluble que las decisiones humanas, inestables por su propia naturaleza, y sujetas e influidas diariamente por innúmeros factores, tanto políticos como extra políticos. Máxime si se tiene en cuenta que, la mayor parte del electorado al votar lo hace basado más en factores emocionales y menos en los racionales. La circunstancia que, apenas minutos antes de emitir el sufragio exista -en toda elección- una masa considerable de los llamados indecisos habla a las claras de lo que venimos expresando. Un indeciso antes del comicio y que durante el sufragio vota en un determinado sentido, luego de finalizado el acto eleccionario podría haber votado en el sentido exactamente contrario. Ello no se revela, por la sencilla razón de que no se vota todos los días sino en forma muy espaciada en el tiempo; peor aún: varios años después. Sin embargo, nada autoriza a pensar que la "decisión" adoptada en un día y hora determinada al votar, se debe o se hubiera mantenido invariada en los meses o años siguientes. Ni siquiera se puede decir que sea inmodificable en los segundos posteriores al acto de introducir el sobre en la urna.  De allí que sea absurdo -por pueril y contrario a la lógica humana- el insistir de las modernas demagogias disfrazadas de "populismo" que un resultado manejado como favorable el día de la votación vaya a ser inmutable los días, meses y años subsiguientes. Por el contrario, la lógica humana debería conducirlas a pensar que, a un mayor paso del tiempo, menos sostenible en su transcurso son las "decisiones" adoptadas en el pasado. La psicología y la sociología han revelado que la mayoría de la gente cambia de opinión acerca de un mismo tema sin darse cuenta de ello y mucho mas rápido de lo que pudiera creerse en contrario. Y ello naturalmente es perfectamente extensible a las decisiones políticas.

Notas relacionadas:

El derecho constitucional destituyente

Por Gabriel Boragina ©

La palabra "destituyente" no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Lo más cercano que allí podemos encontrar es el verbo destituir, que el diccionario define de este modo:
destituir.
(Del lat. destituĕre).
1. tr. Separar a alguien del cargo que ejerce.
2. tr. p. us. Privar a alguien de algo.
MORF. conjug. c. construir.
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En Argentina el neologismo "destituyente" fue acuñado por los déspotas, con miras a perpetuarse en el poder de manera indefinida, como término para victimizarse, o -en forma directa- amenazar explicita o solapadamente a sus oponentes y adversarios políticos. Con este vocablo, pretenden estigmatizar cualquier acto de disidencia, disconformidad o censura a las políticas oficialistas.
Sin embargo, en una democracia entendida en un sentido amplio, la destitución de los gobernantes forma parte de sus reglas de juego. Si se trata de la democracia concebida como votación de candidatos a cargos públicos, el ciudadano al emitir el sufragio por un determinado candidato, está optando por la destitución de los restantes (estén al momento o no en el poder). Es decir, está desplazando a todos los demás, con excepción del votado. Destituir, es una acción corriente y normal en las democracias. Si se habla de una democracia constitucional, existen mecanismos previstos en la Carta Magna que apuntan a la destitución de los gobernantes en diferentes momentos. Si tomamos, por ejemplo, la Constitución de la Nación Argentina, advertimos -al menos- tres mecanismos de destitución que ella contempla:

1 La ya referida del sufragio universal, que es la usualmente conocida e invocada por la mayoría.
2 La del juicio político.
3.La rebelión popular.
Estos tres dispositivos de destitución (o "destituyente") se hallan contemplados:

Al primero de los métodos se refiere el art. 94 de la Constitución.
El juicio político (segundo procedimiento indicado) está previsto por los arts. 59 y 60 de la Constitución.
El Derecho a la rebelión (el tercero) está consagrado por el art. 36 de la Constitución expresamente cuando dice: "Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este Artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos."
Este artículo 36 remite al art. 29 que dice:
"Artículo 29- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria."
Como se advierte, al menos en el caso argentino, la misma Constitución de la Nación Argentina establece más de un mecanismo de destitución (o "destituyente") para evitar la consolidación de un poder despótico. Es natural que los tiranos (o tiranas) se ofusquen y enfurezcan en contra de estos procedimientos, que como acabamos de ver, son perfectamente democráticos.
¿Significa esto acaso, que de no encontrarse reconocido el Derecho de Resistencia a la Opresión (ya que de esto al fin de cuentas se trata) este derecho no existiría? La respuesta es por supuesto, negativa. El Derecho de Resistencia a la Opresión va mas allá de lo que cualquier ley pueda o no decir respecto de él.
El distinguido profesor Dr. Héctor Negri explica sobre el tema: "7. El derecho de resistirse a la opresión es un derecho subjetivo natural. Es una facultad que cada hombre tiene y que deriva de un orden de determinaciones que no es propiamente el del Estado, sino aquel otro que la conciencia ha revelado y revela siempre como superior al de las determinaciones estatales.
Por él, en su virtud, cualquier miembro de la comunidad, solo o unido a sus semejantes, puede resistir una agresión injusta dispuesta o autorizada por el derecho del Estado: en resistencia que puede ir desde los fenómenos mínimos de oposición, hasta el extremo máximo de la insurrección que desplace a las fuerzas políticas con mando, y restituya el imperio de la justicia.
Es pues, un derecho de la más alta importancia, ya que significa en definitiva, la legitimación de la lucha por la justicia, el punto de convergencia y colisión entre un derecho positivo desviado y el derecho natural, y el sacrificio del primero y la primacía ética del segundo." ([1])
En otras palabras, el Derecho de Resistencia a la Opresión (denominación clásica del Derecho Político o Teoría del Estado) no es otra cosa que un Derecho Destituyente.
El Dr. Negri explica su mecánica de esta manera:
"12. Cuando se piensa de este modo, el significado de la expresión derecho de resistencia alcanza todo su significado, y el juego de la facultad que ella designa, y el uso de la fuerza que ella legitima, se puede comprender con la claridad más honda.
Hay un Derecho positivo. Este Derecho es injusto, se contrapone a las facultades naturales, a las que un orden universal e inmutable establece. Esa contraposición entraña, por la negativa a esas facultades, una opresión. La resistencia es la acción contraria a las fuerzas opresoras, es el hecho que intenta volver las cosas al natural ámbito de justicia. El derecho de resistencia a la opresión es en definitiva el derecho a la lucha por la justicia, el derecho a combatir por la vigencia plena de un orden ético adecuado a las más puras exigencias de la conciencia; el derecho a la destrucción del orden injusto y de las fuerzas políticas que lo sostienen.
Es la defensa, la resistencia, el impedimento que legítimamente se contrapone a las injustas violaciones de un derecho subjetivo natural." ([2])
En otras palabras, aun cuando la constitución política nada dijera, existe en todo su esplendor un Derecho Natural "el derecho a la destrucción del orden injusto y de las fuerzas políticas que lo sostienen."


[1] Dr. HÉCTOR NEGRI. Resistencia a la opresión en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 24, letra R, Grupo 09, pág. 83 a 87. .
[2] Ídem nota anterior.

La justificación de la tiranía

Por Gabriel Boragina ©

El déspota, acusado de su despotismo, se pregunta retóricamente en una especie de "defensa" a la acusación: ¿qué pasa en una sociedad si la mayoría se pone de acuerdo en una opción, sería totalitaria? La respuesta es naturalmente que sí, habida cuenta que esa "opción" como surge del propio enunciado del dictador que la fórmula, es "una" y es la de la mayoría que relega la opción restante, que es la de la minoría. Una sociedad en donde una mayoría se decide por una "opción" que excluye la opción siguiente (la de la minoría) es por definición totalitaria, al excluir otras opciones posibles. Y ciertamente, como tantas veces hemos explicado nosotros y otros, las mayorías pueden -y de hecho lo son-, despóticas. Pero fundamentalmente, lo que el tirano calla, es que esa "opción" de la mayoría, él no la considerará totalitaria, simplemente porque es la suya propia, y no por ninguna otra razón.
Sigue el autócrata en su discurso diciendo "que los "perdedores" de su proyecto político acusarán siempre al gobierno de autoritarismo, solo por el hecho de ejercer el poder delegado democráticamente. No les gusta que los confronten". Nótese la forma despótica del pensar del tirano. Siempre lo hace en términos de "ganadores y perdedores". Y, naturalmente, los que tienen que ganar son los tiranos, y los que tienen que perder son los tiranizados. En esto consiste -en definitiva- el "proyecto político" de la tiranía: en someter a los disidentes, aplastarlos como sea, utilizando los medios que vengan al caso, por ejemplo, la "democracia" si es necesario. Porque, como ya hemos explicado repetidamente, la democracia ha sido utilizada muchas veces en la historia como un mecanismo de dominación y explotación.
Todo autócrata populista soslayará que el "poder delegado democráticamente" no es para hacer lo que se le ocurra, dónde se le ocurra y cuándo se le ocurra. En una democracia constitucional el poder se delega en los límites que marca taxativamente la Constitución. Es por esta razón que, indefectiblemente todo dictador populista quiere y lucha por tener una Constitución política hecha a su medida. Fue ni más ni menos lo que hizo J.D. Perón cuando modificó la Constitución de la Nación Argentina en 1949 para hacer otra afín a su conveniencia de perpetuarse en el poder.
Seguidamente el déspota, cercado argumentalmente, incapaz de rebatir todo lo anterior, cambia su discurso y recitará toda una serie de leyes o medidas que dan cuenta de las demandas de minorías o de consumidores en general. A lo que vuelve retóricamente a preguntar ¿esto es propio de una dictadura o totalitarismo? La respuesta vuelve a ser afirmativa. Porque toda ley que sacrifica a las mayorías en pos de los intereses de las minorías es tan despótica como la inversa, en la cual se sacrifica a las minorías en favor de las mayorías. Si señor sátrapa, en ambos casos es totalitario. Allí donde se sacrifican o menoscaban en algún sentido derechos de grupos o de personas (en realidad, los derechos sólo son de personas, pero usemos por un momento el mismo lenguaje colectivista del autoritario) en ayuda o en detrimento de otros grupos o de otras personas hay una dictadura o totalitarismo.
Si por democracia entendemos la célebre definición de Lincoln por la cual la democracia es "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", resulta evidente que toda acción, medida o legislación que beneficie a grupos o individuos en menoscabo de otros, no encaja dentro de esa definición de democracia. Si las favorecidas son minorías, sería oligarquía, y será demagogia si los son las mayorías. Y ambas, pueden -desde luego- convertirse en dictaduras o totalitarismos, como tantas veces lo ha demostrado la historia misma. Por tales razones, legislar para minorías no es "democracia" como tampoco lo es hacerlo para mayorías. Los gobiernos populistas otorgan y reparten privilegios a los que indebidamente denominan "derechos". Y es de suma importancia entender la diferencia entre derechos y los privilegios populistas. El privilegio entraña invariablemente el daño a otro u otros, es decir, a alguien o muchos. Se le da algo a alguien (persona o grupos) en perjuicio de otro (persona o grupos). El dictador hace un reparto en el cual, unos deben ser perjudicados para que otros resulten beneficiados. A esta acción, el tirano la suele denominar "justicia social", consistente en quitarles a unos lo que les pertenece para darles a otros lo que no le pertenece. Este populismo, siempre entraña daño a otros, y en última instancia, perjuicio al conjunto en su totalidad. Los privilegios otorgados -cualesquiera que estos fueren- siempre entrañan resentimientos, rencores e injusticias. Es una gran hipocresía llamar a este reparto de privilegios "justicia social".
La democracia, en la fórmula de Lincoln, implica que el origen del poder reside en el pueblo, debe ser ejercido por el pueblo y debe estar dirigido hacia el pueblo. Lincoln no dijo que la democracia era el gobierno de "la mayoría". Tampoco afirmó que consistía en el gobierno de la minoría. Su fórmula es bastante clara: "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". Y recordemos que en inglés la palabra people significa tanto pueblo como gente o personas. En suma, se trata del concepto del gobierno de sí mismo. O de autogobierno como lo ha llamado Alberto Benegas Lynch (h) en su libro Hacia el autogobierno. Una crítica al poder político. Quien se gobierna a sí mismo no necesita gobernar a otros, sino simplemente coopera con esos otros, como describe Ludwig von Mises el mercado: como un sistema de cooperación social. Cooperación, por definición implica exclusión de toda coacción. Si la democracia no se entiende de este modo, entonces sólo queda interpretarla como otra forma de despotismo más. O la democracia es de todos o sólo será la tiranía de unos (mayorías o minorías) enquistados en el poder.

Gobierno, economía y educación

Por Gabriel Boragina © Es casi un lugar común considerar que la educación debe prioritariamente estar a cargo del gobierno. Existe u...