Por Gabriel Boragina ©
Hay una paradoja que se repite en la política argentina.
Una parte importante del electorado no vota necesariamente convencida de que el candidato elegido sea bueno. Muchas veces vota porque considera que el adversario es peor. Se vota para impedir, para evitar, para frenar. Se vota al que se percibe como «el menos malo».
Sin embargo, después de sucesivos procesos electorales, la sociedad vuelve a encontrarse con una situación semejante: aquel que había sido elegido como alternativa al peor termina siendo considerado, algunos años después, el nuevo peor.
Entonces cabe formular una pregunta incómoda:
¿Cómo puede una sociedad que pretende votar al menos malo terminar produciendo, elección tras elección, una oferta política cada vez peor?
Mi hipótesis es que el problema no reside exclusivamente en los políticos. Existe una relación circular entre la calidad de la ciudadanía, la cultura institucional, la educación, las preferencias electorales y la oferta política.
Dicho de otra manera: los malos políticos no aparecen de la nada. También son el producto de una determinada demanda social.
I. El problema comienza antes de la elección
Una democracia constitucional requiere algo más que ciudadanos que concurran periódicamente a votar.
Requiere ciudadanos que conozcan, aunque sea mínimamente, las reglas fundamentales del sistema en el que viven.
La Constitución Nacional no es un texto destinado exclusivamente a abogados, jueces o profesores de Derecho. Es el contrato institucional que determina quién puede ejercer el poder, cómo puede hacerlo y cuáles son los límites que ni siquiera una mayoría circunstancial puede atravesar.
Sin embargo, buena parte de la discusión política argentina parece desarrollarse con una concepción diferente.
Se pregunta con frecuencia si una medida es conveniente, popular o eficaz, pero mucho menos si quien pretende adoptarla tiene constitucionalmente competencia para hacerlo.
Y esa diferencia es fundamental.
En una democracia constitucional no alcanza con preguntar:
«¿Esto es bueno?»
Hay que preguntar también:
«¿Quién está autorizado para hacerlo y mediante qué procedimiento?»
Cuando esta segunda pregunta desaparece, la democracia comienza a reducirse a una cuestión de mayorías.
Y entonces aparece una concepción peligrosa:
si el pueblo votó a determinado gobernante, ese gobernante debería poder hacer aquello que considere necesario.
Pero ésa no es la lógica de una democracia constitucional.
La mayoría elige gobernantes; no les entrega un poder ilimitado.
II. El argentino parece apoyar la democracia, pero no necesariamente sus instituciones
Aquí aparece una cuestión particularmente interesante.
Sería incorrecto afirmar, sin más, que la sociedad argentina es antidemocrática.
Los datos dicen algo bastante diferente.
Según Latinobarómetro 2024, Argentina presenta uno de los niveles más elevados de apoyo a la democracia de América Latina. Esto obliga a descartar una explicación demasiado sencilla según la cual el problema consistiría simplemente en que los argentinos rechazan el sistema democrático.
El problema parece ser otro.
Los argentinos pueden valorar la democracia como principio y, simultáneamente, desconfiar profundamente de las instituciones mediante las cuales esa democracia funciona.
Latinobarómetro informa que en 2024 la confianza promedio regional en los partidos políticos era apenas del 17%, mientras que el Congreso alcanzaba el 24% y el Poder Judicial el 28%.
Es decir:
puede existir adhesión a la democracia y, al mismo tiempo, desconfianza hacia las instituciones democráticas.
Ésta es una distinción fundamental.
El ciudadano puede decir:
«Yo creo en la democracia».
Pero también:
«No creo en el Congreso».
«No creo en los partidos».
«No creo en los jueces».
«No creo en los políticos».
Y de allí surge una consecuencia lógica.
Cuando las instituciones son percibidas como obstáculos y no como garantías, aparece la tentación de buscar al hombre que venga a resolverlo todo.
III. Del ciudadano democrático al ciudadano populista
Aquí aparece el populismo.
Y conviene aclarar que no estoy utilizando el término como sinónimo de izquierda.
El populismo puede adoptar formas económicas, sociales e ideológicas muy diferentes.
Puede presentarse bajo la forma de un Estado que promete proteger al ciudadano de todos sus males.
Pero también puede aparecer bajo la forma de un líder que promete terminar con todos los políticos, destruir a la «casta», eliminar obstáculos y gobernar con rapidez y autoridad.
El contenido puede cambiar.
La lógica permanece.
En ambos casos aparece la misma tentación: sustituir la complejidad institucional por la voluntad de un liderazgo.
El problema es que las instituciones democráticas fueron creadas precisamente porque el poder político necesita límites.
La división de poderes, los controles constitucionales, la independencia judicial y los procedimientos legislativos no son obstáculos inventados para impedir que el gobernante «haga».
Son mecanismos destinados a impedir que quien gobierna pueda hacer cualquier cosa.
IV. ¿Por qué prospera entonces el discurso populista?
Aquí es donde la educación adquiere importancia.
No sería correcto afirmar que una mala educación produce automáticamente ciudadanos populistas. Esa relación causal no está demostrada.
Pero sí puede sostenerse algo más prudente:
una ciudadanía con menores capacidades de comprensión, análisis y evaluación de información dispone de menos herramientas para evaluar críticamente discursos políticos complejos.
Los resultados de PISA permiten observar la magnitud del problema educativo argentino.
En 2022 solamente el 27% de los estudiantes argentinos alcanzó el nivel básico de competencia en matemática, frente al 69% promedio de los países de la OCDE.
En lectura, el 45% alcanzó al menos el nivel básico, frente al 74% promedio de la OCDE.
En ciencias, el porcentaje argentino fue del 46%, frente al 76% de la OCDE.
Hay otro dato todavía más significativo para nuestra hipótesis.
En lectura, los estudiantes que alcanzan los niveles superiores son precisamente aquellos capaces de comprender textos extensos, manejar conceptos abstractos y establecer distinciones entre hechos y opiniones. En Argentina apenas el 1% alcanzó el nivel 5 o superior, frente al 7% promedio de la OCDE.
Estos datos no prueban que la mala educación produzca populismo.
Pero sí muestran que existe una debilidad considerable en capacidades intelectuales que resultan especialmente importantes para una ciudadanía capaz de evaluar críticamente información y argumentos.
Y eso debería preocuparnos políticamente.
V. La decadencia educativa no es solamente un problema escolar
La educación suele analizarse como una cuestión laboral.
Si los estudiantes aprenden poco, tendrán dificultades para conseguir mejores empleos.
Pero existe otra consecuencia mucho menos discutida:
la educación también produce ciudadanos.
Una democracia necesita personas capaces de distinguir entre:
· hechos y opiniones;
· argumentos y consignas;
· causas y consecuencias;
· derechos y privilegios;
· legalidad y conveniencia;
· mayoría y constitucionalidad.
Cuando esas distinciones se debilitan, la política queda cada vez más expuesta a la simplificación.
El candidato ya no necesita explicar detalladamente cómo solucionará un problema.
Puede limitarse a señalar quién es el culpable.
No necesita demostrar que su propuesta funcionará.
Le alcanza con afirmar que será mejor que la alternativa.
No necesita explicar el funcionamiento de las instituciones.
Puede decir simplemente:
«Déjenme hacerlo».
Y cuanto más complejos son los problemas, más atractivas pueden resultar las respuestas simples.
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