Por Gabriel Boragina ©
Hace tiempo venimos afirmando que hay un divorcio muy grosero entre lo que el gobierno de LLA[1] dice y lo que verdaderamente hace. Una vez más tenemos ahora otra prueba de ello en el proyecto de ley enviado al Congreso con el Presupuesto Nacional previsto para el año entrante. Veamos en detalle de que se trata este nuevo fiasco con los que LLA ya nos tiene lamentablemente acostumbrados.
El Presupuesto Nacional 2026 y la inconsistencia entre reducción del gasto y presión fiscal efectiva
El Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2026, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, se presenta públicamente como la continuidad de un proceso de ordenamiento fiscal basado, principalmente, en la reducción del gasto público. No obstante, un examen sistemático de sus magnitudes agregadas permite advertir una contradicción relevante entre el discurso oficial y el contenido normativo-económico del proyecto.
En efecto, el análisis conjunto de las previsiones de gasto y de recursos revela que no se configura una disminución efectiva del peso del Estado sobre la economía, sino, por el contrario, un incremento simultáneo del gasto público y de la carga fiscal, tanto en términos nominales como en relación al Producto Bruto Interno (PIB).
Evolución del gasto público: ausencia de contracción real
De acuerdo con las planillas consolidadas del proyecto, el gasto total de la Administración Nacional asciende de $131,3 billones en 2025 a $158,8 billones en 2026, lo que implica un incremento nominal del 20,9%. Más significativo aún resulta que el gasto total pasa del 15,1% del PIB al 15,3%, lo que excluye cualquier afirmación razonable de reducción del gasto en términos relativos.
Este fenómeno se replica en el gasto primario —esto es, excluidos los intereses de la deuda— que se incrementa del 13,9% del PIB en 2025 al 14,1% en 2026. En consecuencia, aun bajo el indicador fiscal que el propio Poder Ejecutivo suele priorizar, el gasto no experimenta una retracción sino una expansión.
Desde una perspectiva metodológica, ello impide sostener que el presupuesto proyecte una reducción estructural del gasto público. A lo sumo, puede identificarse una reasignación interna de partidas o eventuales recortes reales en determinados rubros, pero no una disminución del tamaño del Estado medido en términos macroeconómicos.
Evolución de los recursos: incremento de la carga fiscal
El análisis del lado de los ingresos confirma y profundiza esta conclusión. El proyecto prevé recursos totales por $161,5 billones en 2026, frente a $133,7 billones en 2025, lo que representa un aumento nominal del 20,8%.
En términos relativos, los recursos totales crecen del 15,4% al 15,6% del PIB, mientras que los recursos tributarios pasan del 14,3% al 14,6% del PIB. Este dato resulta central: la presión fiscal no disminuye, sino que se incrementa.
El proyecto no contempla una reducción generalizada de tributos ni una baja explícita de la presión impositiva consolidada. Por el contrario, el financiamiento del gasto proyectado descansa en una mayor captación de recursos por parte del Estado, lo cual neutraliza cualquier efecto económico positivo que pudiera derivarse de una eventual contención del gasto.
La licuación de la supuesta baja del gasto
Desde una perspectiva económico-institucional, la consecuencia es clara: la eventual moderación del gasto queda absorbida —y superada— por el incremento de la carga fiscal total. En los hechos, el sector privado no enfrenta un Estado más austero, sino un Estado que continúa expandiendo su participación en el producto social.
Se produce así una licuación material del discurso de reducción del gasto, ya que el efecto económico relevante —la presión fiscal efectiva— no solo no se reduce, sino que aumenta. El ajuste fiscal, lejos de materializarse en una disminución del peso estatal, se traslada al contribuyente mediante mayores exigencias tributarias.
Conclusión
El Proyecto de Presupuesto 2026 no respalda empíricamente la afirmación de una baja del gasto público. Por el contrario, las cifras oficiales demuestran que el gasto y la carga fiscal crecen simultáneamente, incluso en términos relativos al PIB.
Desde esta perspectiva, el presupuesto no configura un proceso de retracción del Estado, sino una continuidad —cuando no profundización— de su gravitación económica, lo que plantea serios interrogantes respecto de la coherencia entre los objetivos declarados de política fiscal y los instrumentos efectivamente propuestos para alcanzarlos.
Si se criticaba a los ''K'' por haber creado un relato ficticio divorciado de la realidad, los números analizados no permiten excluir de esa misma critica a estos supuestos libertarios que proclaman que han venido (según su discurso) a ''destruir'' al Estado y, en los hechos, no hacen más que vitaminarlo para hacerlo cada vez más grande, saludable y vigoroso.
No cabe duda que estamos frente a lo que ya la gente ha hecho común denominar el relato libertario.
Un bochorno completo.
[1] Siglas del partido gobernante ‘’La libertad avanza’’
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