Resistencia a la opresión



Por Gabriel Boragina ©

Para poder entender el tema de la resistencia a la opresión, es necesario previamente dar algunas nociones básicas sobre la legitimidad del poder, para lo cual nada mejor ni más apropiado que la autoridad del Profesor Constitucionalista Dr. Germán J. Bidart Campos que enseña:
"La legitimidad “de origen” y “de ejercicio”. 51. — Tradicionalmente se ha hablado, con referencia al poder, de una legitimidad de origen, y de una legitimidad de ejercicio.
 a) La legitimación de origen hace al título del gobernante, y depende concretamente del derecho positivo de cada estado, como que consiste en el acceso al poder mediante las vías o los procedimientos que ese derecho tiene preestablecidos. En el estado democrático, se dice que el acceso al poder y la transmisión del poder operan mediante la ley y no por la fuerza.
 b) La legitimidad de ejercicio se refiere al modo de ejercer el poder. Genéricamente, podemos decir que si, objetivamente, el fin de todo estado radica en la realización del bien común o valor justicia, la legitimidad de ejercicio se obtiene siempre por la gestión gubernativa enderezada a aquel fin, y, viceversa, se pierde por el apartamiento o la violación del mismo.
 La pérdida de la legitimidad de ejercicio proporciona título, con base en la justicia material, y en circunstancias extremas de tiranía o totalitarismo que producen la obturación de otras vías exitosas, para la resistencia del pueblo contra el gobernante. Vamos con ello, en la teoría política, hacia el derecho de resistencia a la opresión y en el derecho constitucional hacia el tema del derecho de revolución.
 El derecho de resistencia está previsto en el art. 36 contra los que ejercen los actos de fuerza que la norma nulifica e incrimina (ver nº 53).”[1]
 Al referirse al art. 36, el autor citado está haciendo alusión a la Constitución de la Nación Argentina. Un "estado democrático" -de acuerdo al criterio anterior que compartimos- debe reunir, entonces, para su existencia estos dos requisitos, si falta alguno de ellos no podría, pues, hablarse de "estado democrático" sino de una dictadura, tiranía o un estado totalitario. Pensamos que esto último es lo que ha sucedido en la Argentina durante los tres largos e ininterrumpidos gobiernos del FpV (Frente para la Victoria, encabezado por la tenebrosa secta Kirchner, en los que, si bien en apariencia, se habría cumplido la primera de las condiciones (de la cual tenemos justificadas dudas que hemos expuesto en más de una oportunidad y en diversas ocasiones), resulta más que claro que no se cumplió de ningún modo la segunda de ellas.
En efecto, lejos de perseguir "la realización del bien común o valor justicia" dicha secta ha procurado la concreción de metas sectoriales o particulares de afines u obsecuentes al poder detentado durante un dilatadísimo periodo, en que se prostituyó no sólo el valor justicia, sino todos los demás valores y la convivencia misma dentro del seno de la sociedad. Situaciones como la descripta, habilitan el derecho a la rebelión por parte del pueblo sometido al capricho de tales déspotas, sedientos megalómanos insaciables de poder, como tantas veces se los ha visto.
Lamentablemente, los tiranos siempre han hecho hincapié en la primera de las exigencias, omitiendo toda alusión a la segunda, de hecho la más importante de los dos atributos de la legitimidad, dado que la elección de un gobierno se agota simplemente en el acto electoral, en tanto que el ejercicio del mismo conlleva un tiempo muchísimo más dilatado, por cuanto cobra mayor gravedad la circunstancia de que ese ejercicio se aparte de la realización del bien común o del valor justicia como ha sido el caso.
"50. — Es sugestiva la ubicación del art. 36, que preserva al poder, dentro del rubro de los nuevos derechos y garantías. Por eso, también lo ligamos al sistema de derechos.
En efecto, es fácil entender que el orden institucional y el sistema democrático hallan eje vertebral en dicho sistema de derechos, y que atentar contra el orden institucional democrático proyecta consecuencias negativas y desfavorables para los derechos. No en vano en el art. 36 también viene encapsulado, con definición expresa, el derecho de resistencia dentro del marco genérico que incrimina las conductas que lesionan al bien jurídico penalmente tutelado en forma directa por la constitución, para evitar la ruptura en la transmisión legal del poder.(Ver nº 49).
Es algo así como una cobertura general, con bastante analogía respecto del clásico delito del art. 29 que, a su modo, también tiende a preservar un similar bien jurídico, cuando da por cierto que la concentración del poder en el ejecutivo, o en los gobernadores de provincia, al fisurar la división de poderes pone a merced del gobierno la vida, el honor o la fortuna de las personas."[2]
Cualquier intento de concentración del poder habilita el derecho de rebelión de la ciudadanía para desplazar a ese poder. Y este derecho, se encuentra plasmado en la Constitución de la Nación Argentina, pero aunque no estuviera por ella contenido hay que concluir que el derecho de rebelión y de resistencia a la opresión no desaparece como tal, por cuanto se trata de un derecho natural del hombre, y no de algo que para ser deba contar con un previo "reconocimiento" positivo legal.
No son muchos, lastimosamente, los gobiernos que creen que la soberanía reside -en definitiva- en el pueblo mismo y no en los gobernantes. Por otra parte, queda claro que el abuso de poder es un delito tipificado por la constitución y penalmente sancionado. Los gobiernos no tienen derecho a violar derechos, y esto es lo que justifica plenamente el derecho de rebelión contra un gobierno que vulnera el sistema de derechos que garantiza la constitución. Derechos todos anteriores al hombre y no creados por el hombre.
La "transmisión legal del poder" implica que el poder se trasmite a otra persona diferente a quien lo ejercía hasta el momento en que dicha transmisión ha de tener lugar, es decir, implica la esencia del sistema democrático la alternancia del poder para evitar la perpetuación en el mismo de una o más personas de un único signo.

[1] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada – Editorial Ediar. Tomo I – pág. 84 y 85.
[2] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada. Tomo III, Ob. Cit. pág. 14/15

Burocracia: lucro y poder



Por Gabriel Boragina ©

Mucho se habla del "poder" de las "grandes" corporaciones en alusión a empresas multinacionales privadas. Pero poco respecto del temible poder mucho más peligroso y real de las grandes corporaciones burocráticas estatales y gubernamentales, cuyo imperio económico supera varias veces al de las compañías privadas más grandes. Este problema viene de antigua data, en manera alguna es "nuevo", y los liberales tuvieron buena parte de culpa en el crecimiento del poder de las burocracias gubernamentales:
"En contraste con la hostilidad de los liberales del siglo XVIII hacia el Ejecutivo y la burocracia, los liberales del siglo XIX toleraron e incluso aceptaron de buen grado la acumulación de poder por parte del Ejecutivo y de una cantidad de empleados del Estado afianzados en la oligarquía y en la burocracia." [1]
Son las burocracias estatales las que manejan los hilos del poder, a tal punto que sin su soporte los gobiernos no podrían operar, o tendrían que hacerlo en niveles muy bajos y breves. La burocracia es el motor del gobierno y cualquier decisión que el gobierno adopte jamás podría llevarse a acabo si no fuera por medio de la burocracia, siendo -por lejos- está la parte más grande de cualquier gobierno, ya sea que se considere a sus miembros en conjunto, o bien al presupuesto que insume. Este presupuesto es una de las partidas de lo que en economía se conoce como El Gasto Público, y es históricamente una de las partidas más grandes de todos los presupuestos nacionales. Pero para ello, es requisito previo el establecimiento de una alianza:
"la antigua alianza entre los intelectuales y las clases dirigentes del Estado. La alianza se basa en un quid pro quo: por un lado, los intelectuales difunden entre las masas la idea de que el Estado y sus dirigentes son sabios, buenos, y a veces divinos, o por lo menos inevitables y mejores que cualquier otra alternativa concebible. A cambio de este despliegue ideológico, el Estado incorpora a los intelectuales a la élite gobernante, garantizándoles poder, estatus, prestigio y seguridad material. Además, son necesarios para integrar la burocracia y "planificar" la economía y la sociedad." [2]
Esta es una de las razones por las cuales la gran mayoría de los intelectuales apoyan ideas de izquierda, estatistas, socialistas, populistas, en una palabra, colectivistas, y también es uno de los motivos más poderosos por el cual la mayoría de las personas creen que todo lo importante en la vida debe hacerse a través de los gobernantes o del poder del estado nacional; que el gobierno debe intervenir en todo y –lamentablemente- son los que propagan la terrible falacia de que los gobiernos son "siempre buenos" e "infalibles". Es este mito lo que ha instalado la falsa idea que de que para que un gobierno sea "bueno" sólo se necesita de políticos honestos, ignorando que la realidad indica históricamente algo muy diferente a esta divulgada fábula.
"la tendencia natural del Estado es acrecentar su poder, no reducirlo; pero aquí tenemos la peculiar situación en la cual el gobierno inicialmente intensifica el poder de los sindicatos y luego clama por restricciones contra ese poder. Esto recuerda los programas agrícolas del Estado, en los cuales una rama del Departamento de Agricultura les paga a los agricultores para que restrinjan su producción, mientras otra rama de la misma agencia les paga para que la aumenten. Sin duda, esto es irracional desde el punto de vista de los consumidores y los contribuyentes, pero perfectamente racional desde la perspectiva de los agricultores subsidiados y del creciente poder de la burocracia."[3]
La clave para entender este comportamiento bien llamado irracional consiste en reparar que los fondos con los que las burocracias hacen estos desaguisados son fondos ajenos, es decir, no salen de los bolsillos ni de los políticos al frente del poder, ni de los jerarcas burócratas que manejan dineros que no les pertenecen y se apropian de bienes que corresponden a consumidores y contribuyentes. La burocracia siempre tiene un comportamiento irracional, por la sencilla razón de que opera extra muros del mercado, y el mercado es su enemigo, al que combate en forma encarnizada. Hay que recordar también que, todo subsidio otorgado por el gobierno retorna indefectiblemente a las arcas del gobierno vía impuestos, que se sufragan por contribuyentes de hecho y de derecho, pero nadie quedará sin pagar impuestos, excepto, claro está, los miembros del gobierno y sus poderosísimos aparatos burocráticos.
"es inherente a toda burocracia gubernamental ajustarse a un conjunto de reglas e imponerlas de manera uniforme y autoritaria. Si no fuera así, y el burócrata decidiera sobre los casos individuales ad hoc, se lo acusaría, con justo derecho, de no tratar a cada contribuyente y ciudadano de manera igual y uniforme. Sería acusado de discriminación y de brindar privilegios especiales. Además, desde el punto de vista administrativo es más conveniente para el burócrata establecer reglas uniformes en toda su jurisdicción. A diferencia de la empresa privada, cuya finalidad es obtener ganancias, a la burocracia gubernamental no le interesa ser eficiente ni servir a sus clientes lo mejor posible. Al no tener fines de lucro, y a salvo de la posibilidad de sufrir pérdidas, el burócrata puede descuidar, y de hecho lo hace, los deseos y demandas de sus consumidores-clientes. Su interés principal es "no hacer olas", y esto lo logra aplicando equitativamente un conjunto de reglas uniforme, no importa lo inaplicable que pueda ser en cualquier caso puntual." [4]
Sin embargo, a pesar de ser cierto lo anterior, también es verdad que los burócratas discriminan, y es precisamente esto último lo que se conoce con el nombre de corrupción, fenómeno cuya extensión -sobre todo en Argentina- ha llegado a niveles alarmantes batiendo todos los récords históricos hasta el presente. En realidad, como ha demostrado la Escuela de la Public Choice -con James Buchanan y Gordon Tullock a la cabeza- los burócratas si, tienen fines de lucro como cualquiera, pese a que no ofrecen nada a cambio de ello.


[1] Murray N. Rothbard. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. (ISBN 13: 9780020746904). Pag.  27
[2] Murray N. Rothbard, ob. Cit. idem. Pág. 69-70.
[3] Murray N. Rothbard ob. Cit. idem. Pag. 103
[4] Murray N. Rothbard. ob. Cit. idem. Pág. 149-150

En torno a la "gobernabilidad"

Por Gabriel Boragina ©

En los comentarios y análisis políticos actuales es bastante frecuente encontrar preocupación por “garantizar” o "asegurar" la gobernabilidad de tal o cual país o región por parte de un determinado partido político o candidatos con posibilidad de acceder al poder. Esta inquietud de analistas y comentaristas políticos y -por fuera de ellos- de personas que no se dedican a tales actividades pero que han incorporado el vocablo gobernabilidad como una especie de muletilla que "queda bien" introducir en alguna que otra charla política, parece agudizarse en épocas pre y post electorales. Así, es habitual leer y escuchar que admonitoriamente una mayoría de personas advierten adustamente que hay que “garantizar” o "asegurar" la "gobernabilidad" a “tal” o “cual” gobierno de “tal” país por "cual" o “tal” persona o partido político.
Pocas veces, en cambio, se emplea tiempo en decir, aclarar o explicar por esas personas, en qué consiste la "gobernabilidad", cuya “garantía” tanto les intranquiliza. Veamos si podemos aclarar un tanto los términos.
El prestigioso y ya clásico Diccionario del Profesor Ossorio[1] define la palabra “gobernar” del siguiente modo:
Gobernar
Regir un estado o una corporación pública. |
Mandar con autoridad. | Dirigir, guiar, conducir.
(Dic. Der. Usual).[2]
En cambio, no registra la palabra “gobernabilidad”, pero, si podemos hallarla en el diccionario de la Real Academia Española. Y allí se especifica de esta manera:
gobernabilidad.
1. f. Cualidad de gobernable.
2. f. gobernanza ( arte o manera de gobernar).
De donde se nos remite a gobernable:
gobernable.
1. adj. Que puede ser gobernado.[3]
Por cuanto resulta más que claro que la gobernabilidad es aquello que puede ejercerse o directamente se ejerce sobre lo gobernable, y lo gobernable es lo que puede ser gobernado, es decir una persona, un grupo de ellas, una sociedad, un país, etc.
Entonces, cuando se pide que se “garantice” o “asegure” la gobernabilidad”, lo que en realidad se está requiriendo es que se avale que un determinado gobierno tenga a quien gobernar, o sea, a quien regir, mandar con autoridad, dirigir, guiar, conducir[4] en suma, a quien someter, doblegar, sojuzgar, etc.
Desde este punto de vista, resulta claro que la "gobernabilidad" es un término de contenido aborrecible para alguien que defienda o se posicione en una sociedad libre.
No es casual que quienes mayoritariamente efectúen dicho reclamo sean miembros de la clase política, quienes aspiran a mandonear desde posiciones de poder, las que la ocupación de cargos dentro del gobierno les asegura.
Lo pavoroso del caso, es cuando quienes hacen el pedido son los gobernados mismos en favor del gobierno, lo que implica la inconsciente confesión de su vocación servil, revelando de esta manera su enorme espíritu de rebaño.
Hay que tener en cuenta que en las democracias republicanas o liberales quien gobierna es el pueblo y no los políticos. Estos son simples instrumentos del público, mediante los cuales la sociedad ejerce su soberanía. El político -en una democracia liberal- es una simple herramienta, de la cual se vale el pueblo para ejecutar el poder.
En contraste, en las democracias antiliberales, antirrepublicanas, populares o populistas (que en definitiva, son todas pura demagogia), el pueblo pasa a ser instrumento gobernable por parte de la casta política.
En cualquier caso, el vocablo “gobernabilidad” denota y recae sobre el sujeto pasivo de la relación de gobierno, es decir sobre el gobernado y nunca sobre el sujeto activo (el gobernante) con absoluta independencia de quien cumpla el papel de activo o pasivo.
Pero lo usual en nuestro tiempo es que, con esta malograda palabra se desee designar el ilimitado poder de los políticos que circunstancialmente ocupan cargos en los órganos del estado-nación. Algo que -a luces vista- se da de bruces con los conceptos clásicos de democracia liberal o republicana, y se acerca más a los sistemas fascistas o socialistas.
Entonces -en pocas palabras- la “gobernabilidad” que pretenden los políticos, constituye un pedido de absoluta sumisión ciudadana al mando y capricho de los funcionarios estatales, elegidos (en las democracias republicanas o liberales) justamente para todo lo contrario, es decir para obedecer los mandatos del pueblo y no a la inversa. Lo terrible -como apuntábamos- es cuando la ex-ciudadanía (por darle un nombre realista) asume la "corrección política" de tal pervertido uso de la palabra, y asiente dócilmente a ser servil instrumento del político de turno en el poder.
La "gobernabilidad" es una "luz verde" o un "cheque en blanco" que pide y exige dicho político o partido al frente del poder para hacer, prácticamente, cuanto antojo se le ocurra, sin que nadie se le oponga ni se queje.
Este fenómeno, ha sido harto acostumbrado en Latinoamérica, lo que no implica que países de otros puntos del planeta se hayan encontrado exentos de este mal.
No pocas veces, el partido o político gobernante esgrime el vocablo para lamentarse de los partidos opositores cuando -precisamente- cumplen con su rol de tales, es decir de opositores. El partido oficialista, entonces, blande un clamor (y una interpelación al mismo tiempo) por una “mayor gobernabilidad”, en buen romance, una menor o -si es posible- nula oposición. Pero esto desconoce -a la vez- el espíritu de la democracia republicana, que se nutre necesariamente del disenso y de la pluralidad ideológica, y del derecho constitucional reconocido a ambos, al tiempo que deja al desnudo la vocación totalitaria del partido o la fuerza oficialista que pretende que le dejen “las manos libres”. Despotricar de que la oposición política despliegue indispensablemente su función opositora acusándola de "impedir" o "dificultar" con ella la "gobernabilidad" del partido oficialista, es lo más antidemocrático y totalitario que puede alegar el oficialismo en el poder. Tiempo atrás, esta misma excusa oponían los oficialistas, pero con otra palabra que fue moda política: “desestabilizar”. Y quien se resistiera al partido gobernante era -en consecuencia- tachado de “desestabilizador”, lo cual llegó a constituir un anatema político de cierta gravedad.
En conclusión, la demanda de "gobernabilidad" es una de impunidad para quien, detentando el poder, posee aspiraciones totalitarias o dictatoriales.


[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial Heliasta-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553)pág. 439
[2] Ossorio Manuel. Diccionario....ob. cit. Pág. 439
[3] Real Academia Española © Todos los derechos reservados
[4] Ossorio Manuel. Diccionario....ob. cit. Pág. 439

El Derecho (7° parte)

Por Gabriel Boragina © “F. La coerción jurídica en la práctica. Saliendo ahora del aspecto puramente filosófico y emplazando el tema...