Sobre el "buen" gobierno



Por Gabriel Boragina ©

Las polémicas políticas siempre suelen girar en torno al tema de si el gobierno X es un "buen" o un "mal" gobierno, y –generalmente- los criterios clasificatorios se establecen mediante mecanismos comparativos tomando como referencia gobiernos anteriores.
La concepción popular –según hemos hecho notar en otras ocasiones- se inclina por considerar "buen gobierno" a aquel del cual un mayor número de personas recibe más beneficios materiales. Este, puede decirse, es el criterio más extendido –al menos en Latinoamérica- y sobre el que se sustentan –entre otros- los populismos de la región.
Sin quizás llegar a los extremos en los que han caído los regímenes populistas sudamericanos, incluso hasta en los EEUU la idea de un gobierno benefactor ilimitado parece haber encontrado cabida en los últimos tiempos. Sin embargo, ha de dejarse constancia que no siempre fue así, y decididamente no lo fue en la etapa fundadora del país del norte, donde la idea prevaleciente era la opuesta, la del gobierno limitado:
"Esta concepción del gobierno limitado y del derecho a la sublevación se encuentra inserto en el Acta de la Independencia estadounidense de la que vale la pena reproducir la parte pertinente debido a que, a partir del 4 de julio de 1776, se inicia el experimento que es considerado el que más se ha acercado al ideal de liberalismo, aunque no se haya podido mantener al gobierno dentro de la esfera de poderes limitados a la protección de los derechos, y aunque la extralimitación no haya conducido al ejercicio del derecho a la sublevación. Y aunque las extralimitaciones hayan sido, sin duda, mucho mayores que el aumento de los impuestos al té, establecidos por Jorge III, especialmente si consideramos casos como el de los dos gobiernos más populares de este siglo en Estados Unidos: el de F. D. Roosevelt y el de Kennedy. En el acta de la independencia se lee que "Cuando cualquier forma de gobierno se convierte en destructiva para este fin [la protección de derechos], es el derecho del pueblo de alterarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno sobre la base de aquellos principios y formas de organización de los poderes a los efectos de proteger su seguridad y felicidad. La prudencia dictará que los gobiernos establecidos durante largo tiempo no sean cambiados por motivos transitorios; la experiencia demuestra que la humanidad está más dispuesta a sufrir aquellos males que son soportables en lugar de recurrir a su derecho de abolir el gobierno. Pero cuando se trata de la reincidencia en los abusos y usurpaciones que tienden al objetivo de reducirlos bajo el poder del despotismo absoluto, es su derecho, es su obligación, de deponer ese gobierno y proveer de nuevos guardianes para la seguridad futura"."[1]
 A la luz de las recientes experiencias políticas mundiales y sobre todo –insistimos- americanas (tanto en el Norte como en el Sur), el pensamiento expuesto anteriormente en la cita, parece haberse revertido casi por completo. Da la impresión como que se ha operado un cambio cultural, por el cual se ve al gobierno como un medio para la violación de los derechos ajenos en salvaguarda de los propios, y es cuando los gobiernos ya no pueden cumplir con este propósito deseado por sus gobernados, cuando comienzan a colapsar y se busca entonces su reemplazo por otros, para que viole los derechos de unos en beneficio de los anteriores, pero esta vez en un sentido contrario al del depuesto o reemplazado por vías democráticas. Por lo menos, esta es -a no dudarlo- la filosofía que inspira a los populismos latinoamericanos. Se ha dejado mayoritariamente de pensar en la protección de los derechos de las personas como un objetivo alcanzable para todos, para pasar a creerse que -en un juego de suma cero- sólo es posible proteger los derechos de unos sacrificando los derechos de los demás, y en función de este propósito se pone en manos del gobierno operar en consecuencia.
Como bien ha enseñado la Escuela de la Public Choice, encabezada por James Buchanan y Gordon Tullock, los políticos participan de la misma idea expuesta en último término, y toda su actuación pública apunta, si bien bajo formas diversas y poses altruistas, a beneficiarse a si mismos en desmedro de sus electores.
Sobre los peligros que todo esto representa, ya nos había alertado prematuramente Hayek, cuando nos advirtió:
"Sólo podemos contar con un acuerdo voluntario para guiar la acción del Estado cuando ésta se limita a las esferas en que el acuerdo existe. Pero no sólo cuando el Estado emprende una acción directa en campos donde no existe tal acuerdo es cuando se ve obligado a suprimir la libertad individual. Por desgracia, no podemos extender indefinidamente la esfera de la acción común y mantener, sin embargo, la libertad de cada individuo en su propia esfera. Cuando el sector comunal, en el que el Estado domina todos los medios, llega a sobrepasar una cierta proporción de la totalidad, los efectos de sus acciones dominan el sistema entero. Si el Estado domina directamente el uso de una gran parte de los recursos disponibles, los efectos de sus decisiones sobre el resto del sistema económico se hacen tan grandes, que indirectamente lo domina casi todo. Donde, como aconteció, por ejemplo, en Alemania ya desde 1928, las autoridades centrales y locales dominan directamente el uso de más de la mitad de la renta nacional (según una estimación oficial alemana de entonces, el 53 por 100), dominan indirectamente casi la vida económica entera de la nación. Apenas hay entonces un fin individual que para su logro no dependa de la acción del Estado, y la «escala social de valores» que guía la acción del Estado tiene que abarcar prácticamente todos los fines individuales."[2]
Lamentablemente, muchos pueblos, en el curso de la historia, han alentado este crecimiento descomunal de los gobiernos a limites que luego se tornaron prácticamente inmanejables.


[1] Alberto Benegas Lynch (h) Hacia el Autogobierno. Una crítica al poder político. Emecé. Pág. 42-43
[2] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 92-93

Importancia de la educación



Por Gabriel Boragina ©


Puede decirse que la educación es la que dirige en buena medida la vida de las personas, y que por eso los grandes ideólogos del totalitarismo centraron -más temprano que tarde- su atención sobre ella, ya que comprendieron el poder tremendo que la educación tiene en el proceso de adquisición y consolidación de ideas:
"como ha aconsejado el marxista Antonio Gramsci “tomen la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura”. No hay sustituto para la trasmisión de ideas. El timón está a disposición de la gente, el asunto es que lo use para navegar por aguas tranquilas y no se deje engatusar por polizontes que apuntan al naufragio"[1]
Es por eso que los estatistas siempre han defendido el control de la educación en manos del estado-nación, y lo han hecho tergiversando el lenguaje y llamando a la educación estatal educación "pública" para diferenciarla ex profeso de la educación privada. Tal artilugio del lenguaje es falaz, habida cuenta que toda educación, sea estatal o privada es pública, ya que se orienta precisamente a educar al público, lo que también sucede en el ámbito privado, dado que los establecimientos educativos privados se abren con el propósito de ofrecer el servicio de educación al público, de donde lo correcto sea diferenciar la educación "estatal" de la educación "privada". Paradójicamente, los hechos demuestran que la educación estatal termina siendo siempre menos pública que la privada, en virtud que el sistema estatal educativo restringe el acceso de la mayoría de las personas que desean y que están en condiciones de educarse.
Que los gobiernos permitan registrar bajo títulos privados a personas que desean impartir cursos de todos los niveles, no significa necesariamente que el sistema educativo opere bajo la órbita de "lo privado", ya que son otros los factores que han de considerarse en el análisis de este aspecto:
"En realidad, tanto los nazis como los fascistas, al permitir el registro de la propiedad de jure pero manejada de facto por el gobierno, lanzan un poderoso anzuelo para penetrar de contrabando y más profundamente con el colectivismo respecto del marxismo que, abiertamente, no permite la propiedad, ni siquiera nominalmente. Si miramos con alguna atención a nuestro mundo de hoy comprobaremos el éxito del nacionalsocialismo y del fascismo, que sin necesidad de cámaras de gas ni de campos de concentración avanzan a pasos agigantados sobre áreas clave que sólo son privadas en los papeles (en verdad, privadas de toda independencia) como la educación, las relaciones laborales, los bancos, los transportes, los medios de comunicación, el sector externo, la moneda y tantos otros campos vitales."[2]
 Es decir, el estatismo opera en diferentes ámbitos de manera infiltrada, mediante mecanismos que no son percibidos en forma abierta por el gran público, o que tienden a ser vistos de manera tergiversada, en virtud justamente de la manera en que el estatismo se cuela en campos que la opinión pública (por la deformación educativa inculcada en la escuela de las que venimos hablando) entiende como propios de los ámbitos privados. El éxito de las ideologías fascista y nazi que se propagan en nuestros centros educativos radica necesariamente en el hecho de que no son presentadas como tales. Inclusive muchos profesores tampoco son conscientes de ello, por haber recibido en su hora una educación de índole similar, ya que el fenómeno que venimos señalando no es -por cierto- nuevo, sino que lleva ya bastante tiempo. Se trata de un avance sutil, quizás lento, pero sumamente efectivo.
No han sido pocos los estatistas que asumen que el estado-nación tiene a su cargo el sumo de la perfección moral, y que de ese modo es su obligación impartirlo a todos sin distinción, para lo cual la herramienta indicada para ello es, nada menos y nada más, que el control de la educación en todas las instancias. Pero como bien se ha dicho:
"El Estado no puede, como tal, mandar el sumo bien ni la perfección moral, pues la promoción del perfeccionamiento moral de los individuos es, más bien, tarea de otras instancias, como la educación moral en el seno de la familia y, luego, en las comunidades de intereses que los diferentes grupos de ciudadanos constituyen a tales efectos"[3]
Agudamente L. v. Mises señala los peligros de la educación estatal, a la que él llama "pública", en estos términos:
"En aquellos países donde no existe diversidad lingüística, la enseñanza pública da buenos frutos cuando trata de enseñar a las gentes a leer y a escribir y a dominar las cuatro reglas aritméticas. Cabe agregar, para los alumnos más despiertos, nociones elementales de geometría, ciencias naturales y legislación patria. En cuanto se pretende seguir avanzando surgen, sin embargo, mayores dificultades. La enseñanza primaria fácilmente deriva hacia la indoctrinación política. No es posible exponer a un adolescente todos los aspectos de un problema para que él después despeje la solución correcta. No menos arduo es el encontrar maestros dispuestos a imparcialmente exponer doctrinas contrarias a lo que ellos piensan. El partido en el poder controla siempre la instrucción pública y puede, a través de ella, propagar sus propios idearios y criticar los contrarios. Los liberales decimonónicos, en la esfera de la educación religiosa, resolvieron el problema mediante la separación de la iglesia y el estado. Se dejó de enseñar religión en las escuelas públicas. Los padres, sin embargo, gozaban de plena libertad para, si así lo deseaban, enviar a sus hijos a colegios confesionales al cuidado de las correspondientes comunidades religiosas."[4]
Estas palabras cobran especial actualidad en los tiempos que corren, donde la problemática descripta se mantiene plenamente vigente.



[1] Alberto Benegas Lynch (h) "El timón está en la gente". Publicado en Diario de América, New York.

[2] Alberto Benegas Lynch (h) "Izquierdas y Derechas Parientes". Publicado por el diario La Nación de Buenos Aires


[3] Alejandro G. Vigo. "KANT: LIBERAL Y ANTI-RELATIVISTA". Estudios Públicos, 93 (verano 2004). Pág. 17

[4] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. pág. 1263-1264

La lucha por la "justicia social"



Por Gabriel Boragina ©
 La meta por la "justicia social" forma parte, a no dudarlo de la agenda política de la mayor parte de los partidos que, en la mayoría de los países aspiran a gobernar. Y ello, no sólo por razones de corrección política, sino -y fundamentalmente- por el hecho cierto que existe en la sociedad en general una aceptación cultural a lo que con tal etiqueta se quiere representar. La "justicia social" es una de las tantas formas o maneras en la que se intenta introducir la igualdad de rentas y de patrimonios. Por lo que necesariamente se ha de señalar la contraposición existente entre aquel concepto y el de competencia en el marco del proceso de mercado:
"Una de las razones principales de la aversión a la competencia es, evidentemente, el que ésta no sólo muestra cómo pueden hacerse las cosas en forma más efectiva, sino que enfrenta a aquellos que dependen del mercado para sus ingresos con la sola alternativa de imitar a los más exitosos o perder parte de sus ingresos. La competencia produce, de esta manera, una especie de coacción impersonal que obliga a numerosos individuos a ajustar su estilo de vida de un modo que ningún precepto o mandato lograría hacerlo. La dirección centralizada, al servicio de la así llamada “justicia social”, tal vez sea un lujo que sólo pueden permitirse las naciones ricas, por un período largo quizás, sin que se perjudiquen mayormente sus ingresos. Pero éste no es ciertamente un método mediante el cual los países pobres puedan acelerar su adaptación a las circunstancias rápidamente cambiantes, de lo cual depende su crecimiento."[1]
Parece claro, y la experiencia lo confirma, que los países pobres sin esa "especie de coacción impersonal que obliga a numerosos individuos a ajustar su estilo de vida de un modo que ningún precepto o mandato lograría hacerlo" (que tendría como resultado la competencia en el seno de sus mercados) por centrar sus políticas en la doctrina de la "justicia social" jamás tendrían el incentivo como para lograr "acelerar su adaptación a las circunstancias rápidamente cambiantes, de lo cual depende su crecimiento", lo que sería lo mismo a decir que, vería frustrada rápidamente cualquier posibilidad de crecimiento. Del lado opuesto, sólo aquellas naciones que, merced a políticas de corte pro-capitalistas pudieron convertirse en ricas, podrían –como dice Hayek- darse el lujo de centralizar la dirección de su economía "al servicio de la así llamada “justicia social”... "por un período largo quizás, sin que se perjudiquen mayormente sus ingresos".
En otros términos, la "justicia social" podrá practicarse en aquellos países en los cuales haya existido antes de su implementación una elevada dosis de aplicación de políticas de corte pro-capitalistas/liberales, porque no existe ningún otro medio sino el de estas políticas para elevar la tasa de capitalización de cualquier economía, lo que es lo mismo a decir que sólo a través del capitalismo -tanto personas como naciones- pueden enriquecerse. Una vez lograda una considerable tasa de capitalización mediante los mecanismos que otorga únicamente el capitalismo, recién a partir de dicho momento, tales países podrían darse el lujo de variar sus políticas hacia otras de corte redistributivas en nombre de la "justicia social". Un caso paradigmático de esto último creemos que ha sido el de Suecia. La forma más simple de sintetizar lo explicado, es la certera frase que dice que no es posible redistribuir lo que no existe.
Pero ¿de qué herramientas se vale la "justicia social" para lograr sus objetivos? De varias, pero fundamentalmente echa mano con inusitada recurrencia a los procedimientos fiscales:
"La política fiscal que hoy impera en la mayoría de los países hállase fundamentalmente inspirada por la idea de que las car­gas presupuestarias deben ser distribuidas con arreglo a la capacidad de pago de cada ciudadano. El razonamiento que, en definitiva, condujo a la general aceptación del principio de la capacidad de pago presuponía de manera harto confusa que, si los más ricos soportaban mayores cargas tributarias, el impuesto devenía algo más neutral. Influyeran o no tales consideraciones, es lo cierto que pronto se desechó por completo el más leve anhelo de neutralidad impositiva. El principio de la capacidad de pago ha sido elevado a la categoría de postulado de la justicia social. Los objetivos fiscales y presupuestarios del impuesto, tal como estos temas se enfocan en la actualidad, han quedado relegados a segundo término. Reformar, de acuerdo con los dictados de la justicia, el presente orden social constituye el objetivo principal de la política tributaria por doquier. La mecánica fiscal se convierte en instrumento para mejor intervenir la vida mercantil toda. El impuesto óptimo es, pues, aquel que, prescindiendo de cualquier apetencia de neutralidad, con mayor ímpetu desvíe la producción y el consumo de los cauces por los que habrían discurrido bajo un sistema de mercado inadulterado."[2]
Lo que nos dice L. v. Mises aquí puede describirse como una magnifica síntesis de la historia de la "justicia social" (o -quizás mejor y más económicamente expresado- de su modo de financiarse). En un primer momento, bajo lo que podríamos denominar la búsqueda de un igualitarismo tributario, se llegó a articular el concepto de "neutralidad fiscal" como objetivo o finalidad de toda política tributaria. El medio que se ideó para arribar a dicho fin de neutralidad fiscal fue el llamado de la "capacidad de pago", hasta que paulatinamente este último reemplazó a aquel otro. Vale decir, se abandonó el de neutralidad y solamente prevaleció el de "capacidad de pago". Se creía que mediante la aplicación del criterio de la "capacidad de pago" se llegaría o se aproximaría -mejor dicho- a la meta de una mayor neutralidad fiscal. Pero con el tiempo, la meta fiscal de "neutralidad" fue absorbida por la doctrina de la "justicia social", de donde la "capacidad de pago" se transformó en instrumento no ya de "neutralidad" sino de "justicia social" pura.
Los resultados están a la vista: pobreza sin justicia de ninguna índole.


[1] Friedrich A. von Hayek. "La competencia como proceso de descubrimiento". pág. 12
[2] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. pág. 1068/1069

Un mundo de "iguales oportunidades"



Por Gabriel Boragina ©

La aspiración, no sólo de muchos economistas sino, podemos decir a ciencia cierta, de la mayoría de las personas que conocemos, es la de arribar a una mayor "igualdad social". En particular, se hace hincapié en la denominada "igualdad de oportunidades". Y se apela de continuo al estado-nación como responsable de obtener dicha meta. Desde diversos ángulos, sin embargo, importantes economistas han puesto de relieve que las economías intervenidas, o con fuerte grado de intromisión estatal, logran el objetivo opuesto por diversos motivos. Uno de ellos son los deficientes marcos institucionales en los que se mueven:
"Esos son los que llamamos “marcos institucionales” y diremos que uno es mejor que otro cuando permite una mayor coordinación de las acciones de los individuos y esto les permite acceder a mayor número de oportunidades. Es lo que intentamos evaluar en este “Índice de Calidad Institucional”[1]
Por supuesto, la elección entre un mundo de mayores oportunidades y otro de iguales oportunidades es una elección entre blanco y negro. Es decir, no se puede optar por ambos fines simultáneamente. O apuntamos a una sociedad de mayores oportunidades (la llamada sociedad liberal, o -como la denominan también otros autores- la sociedad abierta, o de libre mercado, o -simplemente- el liberalismo) o su contrapartida: la sociedad igualitaria o de igualdad de oportunidades, en la cual por definición (y por teoría y su praxis histórica y actual) las oportunidades jamás serán mayores para absolutamente nadie, ya que en ella todos serán igualmente pobres.
Resulta importante también poner de relieve en este tema el papel del consumidor:
"Suele criticarse el que en la competencia cataláctica no sean iguales las oportunidades de todos los que en la misma inter­vienen. Los comienzos, posiblemente, sean más difíciles para el muchacho pobre que para el hijo del rico. Lo que pasa es que a los consumidores no les importa un bledo las respectivas bases de partidas de sus suministradores. Preocúpales tan sólo el conseguir la más perfecta posible satisfacción de las propias necesidades. Si la transmisión hereditaria funciona eficazmente, la prefieren a otros sistemas menos eficientes. Contémplanlo todo desde el punto de vista de la utilidad y el bienestar social; desentendiéndose de unos supuestos, imaginarios e impracticables derechos «naturales" que facultarían a los hombres para competir entre sí con las mismas oportunidades respectivas. La plasmación práctica de tales ideas implicaría, precisamente, dificultar la actuación de quienes nacieron dotados de superior inteligencia y voluntad, lo cual sería a todas luces absurdo."[2]
Por supuesto, esto no implica que la inteligencia y voluntad, no puedan desarrollarse, e incluso reducirse en quienes "nacieron dotados" por ellas, y hasta hemos visto casos en que pueden desaparecer por completo. Y todo esto, por la propia dinámica humana, y por el indeterminismo en el que creemos firmemente. Cualidades supuestamente "heredadas" pueden aumentar, mantenerse estáticas, disminuir o esfumarse, dependiendo de lo que cada uno de nosotros quiera y se proponga hacer en la vida. Pero para ello, también es imprescindible que gocemos de la más amplia y plena libertad de acción, de movimientos y de propósitos. Marcas comerciales de familias otrora exitosas en el mercado han desaparecido, y a veces casi por completo tras unas pocas generaciones, y otras nuevas han surgido. La diferencia radica en cuanto a si estos movimientos, ascendentes y descendentes, han sido consecuencia de acciones dirigidas por otros desde posiciones de poder (es decir, desde el estado-nación) o han sido fruto de actuaciones originadas en los propios implicados en tales éxitos y fracasos.
Lo determinante -nos parece- es que tengamos en claro la existencia de diversidades naturales entre las personas, y que estas disimilitudes no quedan estáticas, firmes ni petrificadas en el tiempo, ni entre las personas que componen el grupo social, ni en aquellos individuos (considerados en sí mismos) que gozan en determinado momento de especificas cualidades y defectos. La regla natural es la variedad, y es a partir del hecho biológico de dicha multiplicidad (que, recordemos, no implica fatalismo ni determinación irreversible) que el progreso social conjunto es posible, lo que necesariamente desembocará en mayores y mejores (no iguales) oportunidades para todos, incluyendo a los -en primera instancia- más desfavorecidos.
Para lograr todo esto, es imprescindible adoptar el principio de igualdad ante la ley, el que consideramos que está implícito o subsumido en el sistema que mejor lo logra: el capitalismo:
 “Capitalismo” es un término peyorativo o despectivo. Los socialistas lo acuñaron para el sistema de Gobierno limitado (“gendarme nocturno”), que en el pasado hizo ricos a países muy pobres hace 300 o 200 años: Suiza, Holanda, Escocia, Inglaterra y EEUU.
Gobiernos limitados, en fines y funciones, en poderes y derechos, y en gastos y recursos; mercados abiertos y libres; propiedad privada.
Es el sistema de los “milagros” económicos de posguerra en Europa y Japón, y luego en los “tigres” de Asia: Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur. E igual hoy en las regiones autónomas (capitalistas) de China. Su virtud: permite crear riqueza para todos. Se basa en la libre y abierta competencia, con igualdad de oportunidades jurídicas, aunque no de hecho, cosa imposible."[3]
En un mundo "igualitario en oportunidades", estaría legalmente prohibido que la gente progrese, sin importar para nada cual sea la condición económica de la persona de que se trate. Porque nadie podría aspirar a oportunidades mayores que para los demás. En ese mundo, una autoridad suprema debería decidir -por sí, y a la vez por todos- dónde se debería fijar el límite del progreso. Y con el tiempo, dicho límite siempre quedaría definido en el punto más bajo posible, porque las oportunidades no son transferibles de una persona a la otra, ni son las mismas inclusive para las mismas personas, consideradas ya sea en forma individual o colectiva.





[1] Martín Krause. Índice de Calidad Institucional 2012, pág. 6 y 7
[2] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. Pág. 424-425
[3] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009, pág. 66-67

El Derecho (7° parte)

Por Gabriel Boragina © “F. La coerción jurídica en la práctica. Saliendo ahora del aspecto puramente filosófico y emplazando el tema...