La verdadera democracia

Por Gabriel Boragina ©

 

Las continuas tergiversaciones sobre el término democracia han obligado a autores muy importantes a aclarar continuamente su significado. Vamos a examinar ahora someramente algunas pocas pero substanciales aclaraciones de tan distinguidos escritores. Por supuesto, el análisis de la democracia puede hacerse desde diversos ángulos: político, filosófico, económico, jurídico, etc.

El insigne profesor L. v. Mises explica el origen de la democracia política como derivado de la democracia económica con estas palabras:

"En efecto, los consumidores determinan no sólo los precios de los bienes de consumo, sino también los precios de todos los factores de producción, fijando los ingresos de cuantos operan en el ámbito de la economía de mercado: Son ellos, no los empresarios, quienes, en definitiva, pagan a cada trabajador su salario, lo mismo a la famosa estrella cinematográfica que a la mísera fregona. Con cada centavo que gastan ordenan el proceso productivo y, hasta en los más mínimos detalles, la organización de los entes mercantiles. Por eso se ha podido decir que el mercado constituye una democracia, en la cual cada centavo da derecho a un voto. Más exacto sería decir que, mediante las constituciones democráticas, se aspira a con­ceder a los ciudadanos, en la esfera política, aquella misma supremacía que, como consumidores, el mercado les confiere. Aun así, el símil no es del todo exacto. En las democracias, sólo los votos depositados en favor del candidato triunfante gozan de efectiva trascendencia política. Los votos minoritarios carecen de influjo. En el mercado, por el contrario, ningún voto resulta vano. Cada céntimo gastado tiene capacidad espe­cífica para influir en el proceso productivo. Las editoriales atienden los deseos de la mayoría publicando novelas policiacas; pero también imprimen tratados filosóficos y poesía lírica, de acuerdo con minoritarias apetencias. Las panaderías producen no sólo los tipos de pan que prefieren las personas sanas, sino también aquellos otros que consumen quienes siguen especiales regímenes dietéticos. La elección del consumidor cobra virtua­lidad tan pronto como el interesado se decide a gastar el dinero preciso en la consecución de su objetivo.”[1]

 A veces, el verdadero significado de la democracia se deduce por exclusión, como lo hace el Dr. C. Sabino al definir al fascismo de este modo:   

"fascismo. Movimiento político de gran importancia entre las dos grandes Guerras Mundiales que surgió en Italia, en 1922, bajo el liderazgo de Benito Mussolini. El fascismo se caracterizó por su oposición a la democracia liberal y al comunismo, por su nacionalismo, su culto a la violencia""[2]

Desde otro ángulo, nuestro tocayo, el profesor Zanotti, en el contexto de su respuesta a católicos que rechazan el liberalismo, echa luz en cuanto a que el liberalismo incluye a la democracia constitucional dentro de sí, con estas palabras:

"el liberalismo con­denado por León XIII en la Libertas no hace referencia ni a la democracia constitucional ni a la defensa de los derechos humanos fundamentales frente al despotismo del Es­tado". Y más adelante: "La cuestión pasa por reafirmar, como hemos hecho muchas veces, que el liberalismo político, como un modo concreto de limitar el poder político (democracia constitucional, división de poderes, control de constitucionalidad, etc.) es una opción temporal totalmente opinable en relación a la Fe, y por ello mismo legítima para cualquier católico que por razones no derivadas directamente del depositum fidei opte por dicha postura." [3]

El profesor Alberto Benegas Lynch (h) alerta sobre la llamada "democracia de los números" de esta manera: "El eje central del cuento [de Nozick] alude a la degradación de la idea de la democracia, lo cual vemos ocurre en muy diversos lares hoy en día. Es decir, una grotesca burla al espíritu de un sistema establecido para asegurar la alternancia en los cargos de gobierno y cuyo aspecto medular reside en el respeto a las minorías tal como contemporáneamente lo señala Giovanni Sartori en su tratado sobre la materia....Sin embargo, observamos con alarma y estupor que en nombre de la democracia no solo no se renuevan los cargos ya que las reelecciones son frecuentemente indefinidas, sino que se atropellan los derechos de las minorías. He repetido muchas veces la sabia ilustración que hace de esta degradación Juan González Calderón en cuanto a que los llamados “demócratas de los números” ni de números saben puesto que se basan en dos ecuaciones falsas: 50% más 1% = 100% y 50% menos 1% = 0%."[4]

 Esta degradación alcanza también a la Argentina de los Kirchner, quienes se han amparado en la misma para cometer toda clase de tropelías, desfalcos y trapisondas contra el orden constitucional a lo largo de tres dilatados periodos de gobierno, con miras a perpetuarse en forma indefinida.

 Con razón enseña al Dr. A. Benegas Lynch (h):

"En realidad ¿qué importa que la prepotencia, la invasión a la privacidad y el desmembramiento de los derechos provengan de uno o de muchos? ¿Acaso la dignidad del ser humano depende de la aritmética? El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad son anteriores y superiores a cualquier construcción, diseño y disposición de los hombres. Constituyen parte de las propiedades, características y naturaleza de un ser humano que no pueden ser borrados por ningún decreto." [5]

Sin embargo, y con toda la verdad que entrañan las palabras antes citadas, no es un dato menor que los modernos autoritarismos que se escudan en la "democracia" echan mano recurrentemente al fraude electoral -como lo viene advirtiendo la prensa-, con lo que hasta se torna harto dudosa la falsa "mayoría" (probablemente inexistente) a la que tan ardorosa y sospechosamente apelan.

 

 

 

 

 



[1]  Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. Pág., 417

[2] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. Voz "fascismo".

[3] Gabriel J. Zanotti. "BENEDICTO XVI, PECADOR". Para Instituto Acton. Diciembre de 2008. www.institutoacton.com.ar

[4] Alberto Benegas Lynch (h)."NOZICK Y EL CUENTO DEL ESCLAVO". Diario de América. New York, marzo 17 de 2009.

[5] Alberto Benegas Lynch (h)."NOZICK Y EL CUENTO DEL ESCLAVO". Diario de América. New York, marzo 17 de 2009.

Ética de la función pública

Por Gabriel Boragina ©

 

Los niveles de corrupción alcanzados en distintos países del mundo y en particular en Latinoamérica, y con mayor especificidad aun en la Argentina, obligan a nuevos análisis sobre el fenómeno que se expande como reguero de pólvora y que -por momentos- aparece como incontenible.

Es de interés señalar que en el caso argentino existen normas legales que regulan en forma bastante amplia tanto la ética pública como los casos de corrupción, con lo que advertiremos que no existe precisamente un vacío legal en la materia.

Explica el destacado constitucionalista argentino, profesor Dr. Badeni:

"Cumpliendo con el precepto contenido en la cláusula final del art. 36 de la Constitución, el Congreso sancionó la ley 25.188 de ética de la función pública.

Establece que ella es aplicable a toda persona que se desempeñe en la función pública, en forma permanente o transitoria, en todos sus niveles y jerarquías, por elección popular, designación directa o por concurso, o por cualquier otra vía legal.

Enuncia, como deberes de carácter ético, a los siguientes:

1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes y reglamentos, como también defender el sistema republicano y democrático de gobierno.

2) Desempeñar la función pública con honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana.

3) Velar por los intereses del Estado tendientes a satisfacer el bienestar general, privilegiando el interés público sobre el particular.

4) No recibir beneficios personales indebidos.

5) Fundar sus actos, otorgarles transparencia y no restringir la información a menos que una norma, o el interés público, lo exijan.

6) Proteger y conservar la propiedad del Estado, y abstenerse de usar los bienes estatales en beneficio de intereses privados.

7) No utilizar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular, o de sus familiares, o de personas ajenas a la función oficial.

 8) Cumplir los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad en los procedimientos de contrataciones públicas.

9) Abstenerse de intervenir en todo asunto comprendido en las causas de excusación previstas en la ley procesal civil.

El incumplimiento de estos deberes será pasible de sanción o remoción, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el régimen de la función pública que se ejerza.

Impone, en forma detallada, un régimen de declaraciones juradas patrimoniales que se actualizará anualmente. Tales declaraciones deberán ser publicadas en el Boletín Oficial, pudiendo los particulares tener acceso al contenido de ellas."[1]

Si comparamos estos deberes éticos enunciados por la ley argentina y el historial de actos delictivos cometidos por el gobierno del Frente para la Victoria (FpV) que llevara al siniestro matrimonio Kirchner al poder, podemos fácilmente constatar que ni uno solo de todos esos deberes han sido cumplidos por el elenco gobernante en ninguno de sus tres periodos al frente del poder ejecutivo.

La violación de tales deberes éticos acarrea en forma automática la comisión de actos de corrupción, aclarando que la corrupción puede consumarse mediante acciones positivas o bien omisiones de la misma índole, lo que tampoco ha faltado en el gobierno del FpV.

"La Ley Nacional de Ética Pública reproduce, parcialmente, la Convención Interamericana contra la Corrupción que fue aprobada por el Congreso mediante la ley 24.759 promulgada el 13 de enero de 1997" que "Define como actos de corrupción :

1. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público, de cualquier objeto de valor económico u otros beneficios, favores o ventajas para sí mismo o para otra persona, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de la función pública.

2. El ofrecimiento u otorgamiento de los beneficios, favores o ventajas citados en el punto anterior y con igual finalidad.

3. La realización por el funcionario público de actos u omisiones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o un tercero.

4. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de actos de corrupción.

S. La participación como autor, instigador, cómplice o encubridor en la ejecución de actos de corrupción, inclusive en el grado de tentativa.

La manifestación del acto de corrupción no requiere la producción de un perjuicio material para el Estado" [2]

No es difícil advertir, a la luz de los hechos que día a día van adquiriendo notoriedad pública a través de distintos medios que, en el particular caso argentino del FpV, sus diferentes personajes han incurrido en las cinco causales enumeradas como actos de corrupción.

A ninguno de nosotros se nos escapa que el FpV ha hecho tabla rasa con toda la normativa vigente y que aquí apenas esbozamos en mínima medida.

Ahora bien, resulta indudable que la crisis de la ética de la función pública no puede disociase en modo alguno de una crisis de la ética general, ya que no basta que los principios éticos se plasmen en normas legales si -de todos modos- estos no están consustanciados con la población que debería darles sustento y velar por su permanente ejecución. Si bien es cierto que hay una crisis de representatividad, que manifiesta un divorcio profundo entre la praxis de la función pública tal como la podemos observar hoy en día, y la voluntad de la sociedad civil o –como los llama Ludwig von Mises- los supuestamente "gobernados".

Que se toleren sin una reacción masiva sostenida y continuada en el tiempo actos de corrupción cada vez más audaces, no habla nada bien ni a favor de aquella sociedad donde tales descalabros se perpetran día a día por las supuestas "autoridades" nacionales. Máxime cuando tales actos de corrupción tienen amplísima difusión por los medios periodísticos, aunque también es posible suponer que dicha sociedad civil se haya visto desbordada y superada por el aluvión de corrupción, y no acierte en encontrar los mecanismos idóneos para combatirla, ya que en su descargo no cabe ninguna duda que la corrupción a la que asistimos a diario no conoce precedentes de esta magnitud.



[1] Gregorio Badeni. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II. 2ª edición actualizada y ampliada, pág. 1351.

[2] Badeni G. Ob. Cit. pág. 1352.

Capitalismo y corrupción

Por Gabriel Boragina ©

Es frecuente que el vulgo asocie la corrupción con el sistema capitalista, e incluso muchos despistados sindiquen a este último como origen de la primera. Sin embargo, ha quedado ampliamente demostrado que la corrupción es un fenómeno inherentemente político y -más específicamente- tiene su origen en la detentación del poder político cuando este poder deviene en un sistema intervencionista. Como esta última es la situación de la mayoría de los países del mundo, es por dicha razón que, en casi todos ellos, se observen hechos de corrupción, a tal punto que podría sentarse una regla que dijera que a mayor grado de injerencia gubernamental en la economía, la corrupción tenderá -en idéntica o mayor proporción- a aumentar.
            En un sentido inverso, la cada vez más amplia apertura de las economías mundiales devendrá en escalas menores de corrupción, hasta desaparecer casi por completo si el intervencionismo llegara a esfumarse. Entre intervencionismo y corrupción existe pues una relación de dependencia directamente proporcional de esta hacia aquel. Cuando aumenta el primero también lo hace la segunda. Podemos sintetizarlo con una fórmula que indique que el intervencionismo estatal siempre implicará corrupción (I C) (en lógica proposicional el símbolo denota implicancia). Si, en cambio, utilizáramos la teoría de los conjuntos describiríamos: C Є I (notación que significa que la corrupción pertenece o es un elemento del intervencionismo).
             Y dado que el intervencionismo siempre es un fenómeno político (es decir, cuyo origen invariablemente es político) no puede nunca ser causado por los capitalistas ni por los empresarios, aunque muchos de estos se vean envueltos en los hechos de corrupción, no pocas veces porque no les queda ninguna otra alternativa, como veremos seguidamente.
Ludwig von Mises explicó este punto -con la claridad que lo caracteriza- ya hace tiempo de esta manera:
"En un sistema de libre economía de mercado, ninguna ventaja pueden los capitalistas y empresarios derivar del cohecho de fun­cionarios y políticos, no siéndoles tampoco posible a estos últimos coaccionar a aquéllos ni exigirles nada. En los países dirigistas, por el contrario, existen poderosos grupos de presión que bregan bus­cando privilegios para sus componentes, a costa siempre de otros grupos o personas más débiles. En tal ambiente, no es de extrañar que los hombres de empresa intenten protegerse contra los abu­sos administrativos comprando a los correspondientes funciona­rios. Es más; una vez habituados a dicha mecánica, raro será que, por su parte, no busquen también privilegios personales, al ampa­ro de la misma. Pero ni siquiera esa solución de origen dirigista entre los funcionarios públicos y los empresarios arguye en el sentido de que estos últimos sean omnipotentes y gobiernen el país. Porque son los consumidores, es decir, los supuestamente gobernados, no los en apariencia gobernantes, quienes aprontan las sumas que luego se dedicarán a la corrupción y al cohecho."[1]
En otras palabras, el dirigismo gubernamental ocasiona 4 efectos visibles inmediatos:
1.                  Una puja entre diversos grupos por los privilegios que otorga el gobierno.
2.                  La aparición de sectores beneficiados por las dádivas repartidas por el gobierno.
3.                 Los empresarios desfavorecidos por 2, tratan de protegerse comprando a los funcionarios que podrían brindarles tal resguardo.
4.                 Este mecanismo perverso se retroalimenta a sí mismo en una suerte de círculo vicioso que hace que se vuelva a 1, y repitiéndose más tarde el mismo ciclo: 1, 2, 3, 4....1...etc.
Básicamente, este es el circuito "intervencionismo (intrusión gubernamental)- corrupción" que se repite en forma constante donde el gobierno insista en obstruir el funcionamiento de la economía. 
Queda claro pues que, el sistema de economía de libre mercado también llamado capitalista nada tiene que ver con la corrupción, ni en su origen, ni tampoco -obviamente- en su desarrollo ni en sus consecuencias. Y de las enseñanzas del maestro Mises podemos derivar que, a mayor intervención, mayor corrupción, lo que sintetizaremos en la siguiente fórmula: (+ i = + C)
La búsqueda de privilegios es una consecuencia necesaria de la corrupción gubernamental y no puede encontrar otra causa. En tanto el gobierno sea corrupto (lo será por definición si es intervencionista) y su corrupción se expanda, obligará mas y mas a los diferentes agentes económicos a entrar en su circuito diabólico de corrupción desenfrenada. Esto se ha visto y se sigue viendo en muchos países del mundo, y en Latinoamérica es notorio en la Venezuela chavista, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y los Kirchner en la Argentina como los casos más salientes del Cono Sur, lo que -a su turno- indica que el grado de interferencia de estos gobiernos en la economía de sus respectivas naciones es enormemente elevada (+ I = + C).
Por último, L. v. Mises aporta un dato de extrema importancia, por el cual nos explica que, dado que las sumas distraídas "que luego se dedicarán a la corrupción y al cohecho" son -en última instancia- aprontadas por "los consumidores, es decir, los supuestamente gobernados, no los en apariencia gobernantes" son aquellos y no los empresarios ni los capitalistas los que -en rigor- están financiando la corrupción y el cohecho. O sea -en otros términos- el gobierno estaría forzando a los consumidores a sostener dinerariamente el sistema corrupto impuesto por el mismo gobierno, sufragándolo a través de los empresarios y capitalistas. Estos serian -en tal sistema- un simple medio y no un fin en sí mismo de la corrupción (lo que no implica, desde luego, que, como simples intermediarios al fin de cuentas, no obtengan ningún rédito del mecanismo por el cual son utilizados). La mayor tajada, claro está, se la llevaría el gobierno, y en menor proporción empresarios y capitalistas, recayendo las mayores pérdidas sobre el conjunto de la sociedad civil. En definitiva, la corrupción empobrece a todos a la larga.
Sumas que, de otro modo, empresarios y capitalistas deberían invertir en producción y comercialización de bienes y de servicios, son desviadas para alimentar la corrupción gubernamental. 



[1] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. , pág. 419 y 420

Corrupción: causas y efectos.

Por Gabriel Boragina ©

 

La corrupción es un problema mundial, que ha preocupado y sigue inquietando a muchos pensadores y, en general, a otros, por lo que será interesante detenernos a analizar algunas de sus probables causas y consecuencias.

Hans-Hermann Hoppe, atribuye a los políticos y a la competencia política el "cultivo y perfeccionamiento" de la corrupción junto con la de otros males, tal como lo explica aquí:

"...dado que, en todas las sociedades, existen más personas que 'no tienen' de todo lo que vale la pena tener, que personas que sí 'tienen', los que tienen talento político y poca o ninguna inhibición moral para tomar una propiedad y enseñorearse de los demás tendrán una clara ventaja sobre los que tienen esos escrúpulos. Así que, una competencia política favorece talentos agresivos, es decir peligrosos, más que talentos defensivos, es decir inofensivos, y por lo tanto, dan lugar al cultivo y perfeccionamiento a las peculiares habilidades de la demagogia, el engaño, la mentira, el oportunismo, la corrupción y el soborno. Por lo tanto, entrar y tener éxito dentro del gobierno será cada vez más difícil, casi que imposible, para personas con escrúpulos morales contra la mentira y el robo. "[1]

 El Dr. Krause, autor del Índice de Calidad Institucional, dice al respecto:

"Todos los indicadores que componen el ICI están vinculados entre sí. De la misma forma que la burocratización puede aumentar el nivel de corrupción, la pobre vigencia del Estado de Derecho deteriora la libertad económica y el desempeño de las economías de estos países., desalentando inversiones y elevando el costo de las transacciones."[2]

La ausencia de calidad institucional opera asimismo como factor que favorece la corrupción y Krause acota algo muy importante: "el exceso de regulaciones no solamente desalientan las inversiones sino también promueven la corrupción."[3]

 Para el insigne profesor L. v. Mises, la corrupción es consecuencia del intervencionismo, término este que para el celebrado economista austriaco, incluye el de burocratización y regulación empleado por el Dr. Krause y otros autores. Dice L. v. Mises:

 "Incompleto quedaría el examen del intervencionismo de no aludirse, siquiera brevemente, al fenómeno de la corrupción ad­ministrativa.

"No hay prácticamente ninguna intervención estatal en la me­cánica del mercado que, desde el punto de vista de los ciudadanos por ella afectados, pueda dejar de calificarse o como una confis­cación o como un donativo. La actividad intervencionista da lugar a que ciertos grupos o individuos se enriquezcan a costa de otras gentes o agrupaciones. Lo que no impide que el daño infligido a unos, muchas veces, a nadie en definitiva beneficie; saliendo todos, al final, dañados.

"Normativa alguna garantiza el que sean, justa y equitativa­mente, ejercitadas las tremendas facultades que el intervencionismo coloca en manos del poder. Los intervencionistas pretenden que la actuación del gobernante, siempre sabio y ecuánime, y la de sus no menos angélicos servidores, los burócratas, evitará las tan perniciosas consecuencias que, «desde un punto de vista social», la propiedad individual y la acción empresarial provocan. ... Los actos de los administradores públicos están siempre autorizados; esa justicia sui generis que hoy por doquier se invoca precisamente les faculta para sancionar a quie­nes ellos entiendan haberse egoístamente apropiado de lo que a otros pertenecía.

"Los conceptos de egoísmo y altruismo, sin embargo, tal como los intervencionistas los manejan, resultan vanos y contradicto­rios. El hombre, al actuar, como más de una vez se ha destacado, invariablemente aspira a provocar una situación que él aprecia en más que la que piensa hubiera prevalecido en ausencia de la correspondiente actuación. Toda humana actividad, en este sen­tido, viene siempre dictada por el egoísmo. Quien entrega dinero para alimentar niños hambrientos lo hace o bien porque piensa que su acción será premiada en la otra vida o bien porque disfruta más remediando la necesidad infantil que con cualquier otra satisfacción que la suma en cuestión pudiera conseguirle. El político, por su lado, también es siempre egoísta; tanto cuando, para alcanzar el poder, hace suyas las doctrinas más populares, como cuando se mantiene fiel a sus propias convicciones despreciando las ventajas y beneficios que conseguirla si traicionara tal ideario. ...El buró­crata, en su fuero interno, estima torpe y deshonesto el mundo de los negocios; el depender de los consumidores; el cortejar a la clientela; el obtener beneficio sólo cuando se ha conseguido atender a las masas compradoras mejor que la competencia. Almas nobles y elevadas - para él- son sólo aquéllos que aparecen en la nómina del gobierno.

"Pero, por desgracia, no es angélica la condición de los fun­cionarios y sus dependientes y pronto advierten que sus decisio­nes, bajo un régimen intervencionista, pueden irrogar al empre­sario graves pérdidas y, a veces, también, pingües beneficios. Hay desde luego, empleados públicos rectos y honorables; pero también los hay que no dudan, si la cosa puede hacerse de un modo «discreto», en llamarse a la parte en los beneficios que sus auto­rizaciones engendran.

"Hay múltiples esferas donde, dada una organización inter­vencionista, imposible resulta evitar el favoritismo. Piénsese, por citar un solo ejemplo, en la cuestión de las licencias de importación. ¿A quién otorgarlas y a quién denegarlas? No existe módulo alguno que permita hacer tal distribución de manera objetiva y libre de consideraciones personales. El que efectivamente se llegue o no a pagar dinero por la adjudicación, en el fondo, poco, a estos efectos, importa, pues no resulta menos recusable él, sin nada cobrar, conceder las deseadas licencias a aquéllos de quienes la Administración espera conseguir en el futuro particulares servicios (sus votos electorales, por ejemplo).

"El intervencionismo engendra siempre corrupción. Consig­nado este hecho, el economista se desentiende del asunto, deján­dolo en manos de historiadores y juristas"[4]



[1] Hans-Hermann Hoppe. Sobre la Imposibilidad de un Gobierno Limitado y Perspectivas de una Segunda Revolución en América. Artículo publicado en el Blog del Instituto Mises - Articulo Diario – Junio 28 de 2008, Pág. 6.

[2] Martín Krause. Índice de Calidad Institucional 2009.

[3] Krause, M. Índice...2012, ídem.

[4] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. Pág. 1063 a 1065.

Electocracia. Democracia. Kakistocracia. Cleptocracia.

Por Gabriel Boragina ©

 

Como ya hubiéramos comentado en numerosísimas oportunidades, la palabra democracia ha tenido tantas definiciones y ha sufrido tantas tergiversaciones, que su significado ha quedado en tal magnitud confuso que permite prácticamente a cualquiera usarla para casi cualquier uso y con disímiles objetivos, sean lícitos o ilícitos. 

Regímenes totalitarios se han valido del término, como la tristemente recordada "República Democrática Alemana", que estuvo bajo la órbita y dominación del poder soviético desde 1945 hasta 1989, y que como se ha señalado, jamás tuvo nada ni de república ni de democracia sino sólo de alemana. Otro tanto ha sucedido con la palabra "república", que muchos autores utilizan como sinónima de "democracia".

En América latina, desde comienzos del siglo XXI se ha venido observando que corrientes populistas como las de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y los Kirchner en la Argentina apelan continuamente al término, para justificar sus regímenes que -en sustancia- no son más que dictaduras que se justifican a sí mismas por haber surgido de supuestos procesos "electorales".

Creemos que es hora de demarcar los significados de sistemas tan opuestos como son la democracia (entendida esta como "Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", según la célebre fórmula de Abraham Lincoln) y la de los regímenes de los sátrapas mencionados antes, que nosotros vamos a rotular de electocracias con el alcance que definiremos seguidamente y con la intención de ir depurando -en la medida de nuestras posibilidades- la palabra democracia.

Es importante que comencemos contrastando las principales diferencias que observamos entre la electocracia y la democracia, señalando que -como primer punto- si en la democracia el que gobierna es el pueblo, en la electocracia el que gobierna es el candidato electo. Alguien podría decir que no advierte ninguna diferencia en este aspecto, pero esta existe toda vez que en la democracia representativa lo que el pueblo delega no es el poder, sino simplemente otorga un mandato a los elegidos para que estos ejerzan parte de ese poder popular con fines predeterminados y limitados por el marco constitucional.

En la electocracia, la cuestión es bien diferente, en la medida que en este sistema los elegidos entienden y asumen que la elección no les delega el poder sino que se lo transfiere en forma amplia y en su totalidad, para que los electócratas lo ejerzan a su gusto y placer. Por supuesto, lo harán en nombre de la "democracia", solamente como una excusa, para justificar sus planes totalitarios.

Normalmente, se le ha dado a lo que denominamos electocracia el significado de democracia ilimitada o popular, entendiéndose por tal la del gobierno irrestricto de las mayorías, sin controles de ninguna especie. La diferencia con la electocracia de la que aquí hablamos, es que en esta, las que gobiernan no son positivamente las mayorías, sino las minorías electas, que asumen todo el poder que piensan les ha sido transferido mediante el simple mecanismo electoral.

El engaño consiste en creer que se vive en "democracia" cuando, en realidad, el sistema en el que se halla es una electocracia. Y la fuente de ese engaño proviene de los distintos y difusos significados que se le han venido dando y se le siguen dando a la palabra "democracia" y que aquí estamos tratando de depurar de alguna manera.

Ahora bien, la electocracia se refiere, simplemente, al procedimiento por el cual se elige a quienes gobernarán, y en el que los que gobernarán si bien formalmente lo harán en nombre del pueblo y en su representación, en realidad mandarán en nombre propio de los gobernantes y sobre y contra los gobernados.  Al entender -tanto votantes como votados- que lo que se hace en el acto electoral es transferir el poder y no solamente delegarlo (como si sucede en la democracia representativa) esto implica -por definición- la ausencia de límites de los trasferidos para ejercer un poder del cual los transferentes se han despojado mediante el acto eleccionario. Lo que habitualmente se suele denominar como "darle un cheque en blanco" al gobierno.

El procedimiento electocrático, como se viene advirtiendo, da lugar a todo tipo de arbitrariedades, y faculta ampliamente a los electócratas a cometer cuanta tropelía y trapisonda se halle a su arbitrio, generalmente con el propósito de enriquecerse personalmente. Es por esta razón que, la electocracia -a su turno- da lugar a otros subtipos que se refieren ya no a la forma, sino al modo en que los electócratas gobiernan.

"A partir de 1944 se comenzó a utilizar un nuevo término, con el cual se califica estas formas de gobierno atendiendo a las personas que los ejercen, de este modo aparece el vocablo kakistocracia.

 En el “Dictionary of Sociology”, primera edición en inglés año 1944, registrada en New York, N.Y., U.S.A. por Philosophical Library, Inc., se incorpora la definición del término “Kakistocracia” por Frederick M. Lumley, que reza así:

“Gobierno de los peores; estado de degeneración de las relaciones humanas en que la organización gubernativa está controlada y dirigida por gobernantes que ofrecen toda la gama, desde ignorantes y matones electoreros hasta bandas y camarillas sagaces, pero sin escrúpulos”.

Posteriormente, Michelangelo Bovero (profesor de la cátedra de Filosofía Política de la Universidad de Turín) amplió la definición de Lumley. Según Bovero, la kakistocracia es: "La combinación de la tiranía, la oligarquía y la demagogia: el pésimo gobierno, la república de los peores".

"En tanto la kakistocracia alude a la condición de quienes gobiernan, la ciencia política tuvo que acuñar otros términos para referirse al modo en que se gobierna. En lo que en este momento nos interesa, prestaremos atención a la cleptocracia, la que se define habitualmente de esta manera:

"CLEPTOCRACIA

Explotación sistemática de las oportunidades de enriquecimiento personal ejercida por el gobierno, que sólo tiene por límites el amiguismo y el gangsterismo. Un transgresor de la norma no escrita de corrupción es el funcionario honesto. Literalmente, es el gobierno en manos de ladrones."[1]

  

 

 

 



[1] Gabriel Boragina, Análisis económico sobre el gobierno, Ediciones Libertad. Págs. 241 y 242.

El derecho de propiedad y su violación

Por Gabriel Boragina © Desde todos los ángulos imaginables se reclaman con urgencia "políticas públicas" como supuesta y ú...