El proyecto nacional y popular

Por Gabriel Boragina ©

Prácticamente no existe demagogia populista en el mundo (en realidad habría que llamarlas demagogias a secas) que no esgrima como "bandera" tener un "proyecto" nacional y popular para su país. Sin embargo, a la hora de tener que explicar en qué consiste el tan cacareado "proyecto" nacional y popular son pocas las demagogias que aciertan a dar una descripción clara, concreta, sintética y convincente acerca de en qué reside el mismo.
Analizada más en detalle la cuestión, nos encontramos con que el mentado "proyecto Nac&Pop" (como se lo suele abreviar) no radica en otra cosa más que -en realidad- en un "proyecto" personal del jefe del grupo o del partido que lo postula. En el mejor de los casos, se trata de un "plan de gobierno" a corto plazo, diseñado para el periodo en que el partido demagógico aspira a permanecer en el poder. Y ahondado más a fondo: el "proyecto" se reduce (en resumidas cuentas) a ese sólo objeto: permanecer en la cúspide del poder la mayor cantidad de tiempo posible. Se puede decir que, todos los "proyectos nacionales y populares" que hemos conocido se han restringido -en última instancia- a poco más que eso.
En general, el "proyecto" en cuestión busca concretar y materializar las ambiciones políticas, personales y –sobre todo- económicas de sus gestores y realizadores, lo cual -como es sabido-, de llegar al poder, sólo podría plasmarse mediante la extracción de recursos del resto de la ciudadanía a través de conocidos mecanismos tales como impuestos, exenciones fiscales para unos, subsidios para otros, planes sociales (que suenan "bien", pero que -en definitiva- se traducen en mayor pobreza para el conjunto) y otra serie de medidas que serian muy largas de enumerar detalladamente en este momento.
En lo que concierne a la República Argentina ¿necesita este país de un "proyecto" nacional y popular? Estimamos que sí, pero, al mismo tiempo, estamos convencidos que ese proyecto nacional y popular, la Argentina lo tiene desde hace muchísimo tiempo, tanto como desde 1853 y que -además- el mismo tiene nombre y apellido, y se llama Constitución de la Nación Argentina. No cabe ninguna duda que, dicho proyecto es genuinamente nacional, ya que basta leer apenas el Preámbulo de la Constitución para advertir de inmediato que el mismo ha sido redactado para el pueblo de la Nación Argentina. Y tampoco es dudoso que el referido proyecto sea verdaderamente popular, ya que en el mismo Preámbulo (y en otras partes del texto constitucional) se menciona al pueblo como su destinatario. Si tenemos en cuenta que dicho proyecto ha sido redactado y sancionado por ese mismo pueblo, no resulta difícil concluir que desde aquella fecha existe en la Constitución de la Nación Argentina un auténtico proyecto nacional y popular que está contenido en la Constitución misma. Pero, por supuesto, como sucede con todo proyecto, no debe quedarse en meramente un simple y ambicioso designio. Es necesario dar los pasos necesarios para que el diseño allí delineado se materialice. Es en esto en lo que han fallado muchísimos gobiernos (probablemente la mayoría de ellos) desde la fecha de la sanción del texto constitucional hasta el día de la fecha.
Entonces, no es que "falte" un "proyecto nacional y popular" sino que el verdadero problema, la verdadera falla reside en no haber intentado con suficiente insistencia realizar el proyecto ya diseñado por aquellos próceres, aunque es forzoso reconocer que, cuando en el transcurso de la historia tibiamente algunos gobiernos trataron de acercarse a él, la Argentina vio momentos de cierta prosperidad y esperanza. Bastaba pues apegarse a las cláusulas constitucionales delineadas y cuidadosamente proyectadas en 1853 para cumplir los propósitos enunciados en el Preámbulo de la Constitución: "con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia"
Es cierto que, en 1994, ese proyecto incluido en la Constitución de la Nación Argentina sufrió un duro golpe (por ejemplo, la Segunda Parte de la Constitución desnaturaliza a la Primera y en muchas ocasiones va abiertamente en contra de esta Primer Parte) habida cuenta que muchas cláusulas incorporadas por la reforma se contradicen entre si y chocan, hasta tal punto que llegan a anularse mutuamente. Sin lugar a duda, la reforma ha sido de lo más desafortunada. Pero sería todo aun mas caótico si, a la ya preexistencia de un proyecto nacional y popular como es el comprendido en la Constitución, se le quisiera agregar o superponer proyectos partidarios, o peor aún, personales, disfrazándolos y ocultándolos bajo la máscara de un falso "proyecto nacional y popular". Sin embargo, es lo que los gobiernos demagógicos populistas, hoy lamentablemente tan de moda otra vez, intentan hacer diariamente.
Hay que tener en cuenta que la Constitución de la Nación Argentina, no sólo contiene un proyecto de país sustentable a largo plazo, sino que –además- ha creado una serie de Instituciones políticas, jurídicas y económicas que son abiertamente incompatibles con las demagogias populistas que al presente nos asolan. Ya así lo explicaba claramente el prócer argentino Juan Bautista Alberdi, en su clásica obra Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853 avizorando premonitoriamente entonces, los peligros que se manifestarían en nuestra época. Estas demagogias letales y funestamente destructivas como son las conformadas por el FPV en Argentina y el PSUV en Venezuela, portan "proyectos" que, apenas se llevan a la práctica, revelan su naturaleza autocrática y empobrecedora, negación esta de cualquier democracia republicana, si es que cabe confluir el concepto de democracia con el de república. Se trata de un mentiroso "progresismo" que, en los hechos, implica un verdadero regresismo a épocas que ya deberían estar plenamente superadas

Acerca de las reelecciones

Por Gabriel Boragina ©

Desde tiempos pre-bíblicos los gobiernos se adjudicaron el monopolio de la violencia, fueron instrumento de explotación y de enriquecimiento por parte de los gobernantes a costa de los gobernados. El origen de los gobiernos fue en primer lugar la conquista, y el sometimiento de los conquistados a su férreo imperio. Reyes, monarcas, emperadores, jefes de estado y otros jerarcas ejercían, de manera más o menos habitual, un dominio absoluto, que se materializaba y se sostenía mediante el pago de tributos de los pueblos sojuzgados hacia la corona. Este paradigma sufrió una profunda transformación hacia el siglo XVIII con el surgimiento del liberalismo que introdujo la novedosa y revolucionaria idea para la época, de que el gobierno era el sirviente y no el amo de los pueblos. Que la soberanía recayese en el pueblo y no en "el poder divino de los reyes" representó un duro golpe para el despotismo atávico que regia entonces. Montesquieu implanta el concepto de la división de poderes y autores como Locke, Hume Ferguson, Adam Smith, Mill, Ricardo y muchos otros comienzan a hablar de la limitación del poder como un derecho del pueblo soberano para con los otrora omnipotentes. El gobierno retenía como antes el monopolio de la violencia, pero esta ya no podía dirigirse indiscriminadamente contra sus súbditos, sino para defenderlos a estos de los ataques de terceros nacionales o extranjeros.
Sin embargo, la vigencia de ese pensamiento no se sostuvo demasiado comparativamente en el tiempo. Hacia la década de los años 20 del siglo XX, tibiamente primero y con gran ímpetu poco después, resurge el antiguo paradigma de la monarquía absoluta remozado, y dando lugar a los totalitarismos que desencadenaron dos guerras mundiales devastadoras. Nuevamente los gobiernos del mundo direccionaban su violencia contra propios y ajenos sin discriminación.
La constante de los tiempos violentos siempre ha mostrado como eje central y protagonistas a líderes ávidos de dominio que procuraron a toda costa perpetuarse a ultranza en la cúspide de la máxima potestad. El detentar y ejecutar el monopolio de la fuerza gubernamental en contra de ciudadanos indefensos por tiempo indeterminado, siempre ha sido la gran tentación para los jerarcas de todas las épocas. Instigación a la que han sucumbido con harta frecuencia y extrema facilidad.
Lord Acton dijo que el poder tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente, estableciendo una correlación exacta e irrefutable entre poder y corrupción, moviéndose ambos de un circuito creciente de retroalimentación: a poderío más prolongado mayor corrupción. De allí la importancia de su restricción. Esta condición ha de operar en dos áreas: la espacial y la temporal. La espacial se divide a su vez en dos más: la territorial y poblacional, ambas de orden cuantitativo. Por ahora nos interesa detenernos a analizar la temporal. Si como ha enseñado Lord Acton, el poder tiende a corromper va de suyo que, a mayor tiempo de ejercicio de esa autoridad, tanto mayor serán los grados de corrupción, de allí que sea de todo acierto confinar el actuar de ese imperio al menor tiempo permisible a fin de que el agente que lo ejerza vea delimitadas sus oportunidades de corromperse y corromper a la sociedad. La experiencia histórica -como decimos- ha demostrado la gran corrupción generada por los gobernantes que -por el imperio de la fuerza o el de las urnas- alargan sus mandos más allá de lo prudente. Los gobiernos dilatados generan tensiones e incitaciones de todo tipo. La de enriquecerse es la mayor, dada la facilidad que tienen los gobernantes para hacerse de recursos expoliando a los ciudadanos, mediante instrumentos de diversa naturaleza, los que se pueden englobar todos bajo el rótulo genérico de tributo y que incluyen mecanismos tales como el impuesto propiamente dicho, la inflación, los controles de precios y muchas más medidas intervencionistas, pero que -en suma- se traducen todas en una transferencia compulsiva de recursos del sector privado hacia el sector público, o -dicho en términos más políticos- desde los gobernados hacia los gobernantes.
Desde luego que, para consumar esta expoliación los gobiernos han de echar mano a la violencia. Existe pues una cadena de correlación entre poder >>> corrupción >>>y violencia, donde el primero lleva a esta última y esta -a su vez- genera un circuito de retroalimentación en sentido inverso = violencia >>> corrupción >>> poder.
No debe olvidarse que esta transferencia compulsiva de riqueza desde los ciudadanos a los gobernantes opera dentro de un sistema de juego de suma cero: lo que gana uno lo pierde el otro, pero como el que tiene el imperio de la fuerza siempre es el gobernante, este proceso determina que en ese juego de suma cero siempre sea el que gane aquel, y en contrapartida, el ciudadano el que pierda recurrentemente. El resultado es la opulencia estatal y la pobreza ciudadana. De allí, nuevamente, la importancia de que el juego dure el menor tiempo viable, lo que se traduce en la necesidad imperiosa de que el gobernante salga lo más rápido posible del mando a fin de ceñir dicha violencia y las pérdidas del conjunto de la población. Los gobiernos extensos -de un mismo partido o personaje- producen (a la larga o a la corta) lo que yo llamo violencia económica. La manifestación más palpable de esa violencia económica es la pobreza, la miseria y la degradación general.
La reelección de una misma persona al frente de la potestad política tiene todos estos efectos malsanos, y muchos otros que, por restricción de espacio, ahora no podemos entrar a tratar. La frecuente alternancia en el gobierno –en cambio- permite acotar y reducir esa cadena "poder >>> corrupción >>> violencia"; evita las pasiones totalitarias, fortalece la auténtica democracia y disminuye las tensiones sociales. La hegemonía absoluta -sea en el tiempo o en el espacio- es nociva (por empobrecedora) para los pueblos que la sufren. Cada año del mismo gobernante en el mando es un eslabón mas que se le agrega a la cadena poder >>> corrupción >>> violencia.

El Derecho (7° parte)

Por Gabriel Boragina © “F. La coerción jurídica en la práctica. Saliendo ahora del aspecto puramente filosófico y emplazando el tema...