Por Gabriel Boragina ©
Generalmente hay un enfoque optimista de la tecnología como factor de progreso y adelanto. Y efectivamente es cierto que representa algo realmente positivo en muchos aspectos. Pero creo que no se está prestando atención adecuada a los negativos.
Internet ha venido a ocupar una posición relevante en nuestras vidas, brindado soluciones a muchos problemas pero, al mismo tiempo, ha creado (y sigue creando) complicaciones en no pocos casos y, en especial, en aquellos donde el estado-nación interviene.
Paradójicamente, el tiempo y dinero que se ahorra en desplazamientos físicos para realizar trámites de todo tipo, se ‘‘licua’‘ y neutraliza en la complejidad instituida por algunos organismos que han trasladado diligencias que antes eran presenciales en otras ahora llamadas virtuales o más precisamente digitales.
En el caso argentino esto es más que notorio. En especial, cuando se tratan de realizar operaciones financieras o gestiones (otrora simples) como pagar la factura de luz o del gas, para lo cual se debe sortear una verdadera carrera de obstáculos, representada por la incorporación de constantes reenvíos a otras páginas, ingresos de claves, contraseñas, nombres de usuarios, códigos de seguridad, ‘’llaves’’ de acceso, PINs, validaciones, comprobaciones que -para colmo- si no se realizan en el espacio de breves segundos (con el pretexto de resguardar ‘‘tu seguridad’‘) implican la instantánea desaparición de todos los datos ingresados en pantalla, y volver prácticamente a iniciar todo el proceso desde cero, si no es que el ‘‘sistema’‘ bloquea el acceso y no permite volver a iniciarlo si no es mediante una llamada a un teléfono en el que nadie atiende, en horarios inaccesibles, o bien debiendo concurrir el interesado en forma presencial (como antiguamente) a alguna dependencia en horarios laborales, con lo que la rapidez, comodidad y facilidad anunciada en sus sitios digitales se diluye y, en tiempo y dinero, viene a ser equivalente al dispendio que se generaba cuando había que realizar las mismas tareas pero en forma presencial.
La consabida ‘‘ayuda’‘ en linea es otro dolor de cabeza, cuando nos toca ‘‘dialogar’‘ con los famosos bots, que nos brindan decenas de opciones diferentes, pero jamás la que el usuario necesita o esta buscando para su problema puntual del momento.
Pero ahora se agrega un factor preocupante desde el punto de vista del derecho a la privacidad del individuo: la necesidad reiterativa de identificarse documentalmente con fotografías del documento de identidad y ‘‘selfis’‘ para trámites nimios e insignificantes (como pagar una factura de luz o de telefonía) requisito que obviamente no existía cuando el mismo trámite debía realizarse en forma presencial o telefónica.
Con la excusa de ‘‘validar datos’‘ el requerimiento de exhibir documentos que quedan registrados en los archivos de los organismos requirentes es cada vez más frecuente. Exigencia no sólo de entes públicos sino tambien organizaciones privadas.
Cuando la misma gestión se realizaba en forma presencial, como mucho el usuario exhibía el documento al empleado/a del mostrador o de la ventanilla. Este lo miraba, y el documento se devolvía a su titular, que lo guardaba en su porta documentos y se retiraba del lugar. Sin embargo, con Internet el mismo documento (o su copia fotográfica) queda de manera definitiva incorporada a la base de datos de la página de la entidad que lo exige.
Por supuesto, no son para nada creíbles las constantes promesas estampadas en los sitios web de que ‘‘con nosotros tus datos están seguros’‘ o ‘‘a nadie revelaremos tus datos personales’‘. ¿Quién podría ser tan iluso de creer algo semejante?
Siempre me ha dado escozor tener que dar mis datos personales o documentación individual a ‘‘personas’‘ (?) que en definitiva no conozco, ni se quién está detrás de la pantalla, es decir, darle información privada a seres por completo desconocidos, y con el agravante de que no tengo ninguna posibilidad de saber quiénes son, ni tampoco posibilidad de exigirle que se identifiquen ellos -a su vez- en reciprocidad. Posibilidad que existía cuando se tenía un ser humano real enfrente.
Me parece básico que si alguien se arroga la atribución de pedirme identificación personal, sea lógico y elemental que yo (como usuario y propietario de mis datos personales) tenga la misma facultad de reclamarle a ‘‘la máquina’‘ que se identifique dándome los datos personales de quién me está haciendo el requerimiento.
Nunca creo (ni me tranquilizan) las ‘’solemnes’’ declaraciones de ‘‘protección de datos personales’‘ o de ‘‘seguridad’‘ que prometen casi todos los sitios de internet donde se deben realizar gestiones públicas y privadas. Menos calma y creencia seguridad me despiertan si se tratan de páginas de entidades estatales (las que pululan y son cada vez más numerosas).
Y esto viene a cuento de un delito que ha proliferado con la tecnología (y en especial con Internet). Me refiero al llamado phishing o robo de identidad. El delito no es nuevo y es previo a la ‘’revolución’’ informática, pero se ha visto facilitado, multiplicado y centuplicado gracias a Internet.
Si antes de Internet era relativamente simple conocer los datos identificatorios de casi cualquier persona, luego del advenimiento de Internet sólo se trata de un juego de niños lograrlo. Basta tener un computador o un simple teléfono celular. Los buscadores hacen el resto.
Sin embargo, es un delito al que pocas veces se la ha dado la debida importancia, incluso (y lo que es más sorprendente) por parte de sus víctimas, las que, más a menudo, son las que ofrecen, generosa y despreocupadamente, los números de sus documentos de identidad (y demás datos personales… y hasta familiares!!) los que publican inocentemente en correos electrónicos, redes, y cuanto sitio web se los pida (e incluso aunque no se los pidan).
Pero el fenómeno tiene otros aspectos socioculturales. Revela que en la sociedad subyace el pensamiento estatista de que todos somos potenciales delincuentes que debemos ser perennemente identificados e investigados por alguien que cree que se encuentra exento de toda responsabilidad delictual. Es una típica convicción estatista. Los burócratas creen que por el simple hecho de serlo son honestos y, por contrapartida, abrigan la misma creencia en sentido contrario de todos aquellos quienes no forman parte de la burocracia: que somos todos sospechosos por ser personas que pertenecemos al llano no estatal.
Lo peor es que sus súbditos también piensan igual.
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