La llamada ‘’nueva’’ izquierda

 

Por Gabriel Boragina ©

 

Me refiero a las posturas que sostienen la Ideología de género, instituciones como el INADI, el abortismo, la OMS, LGTB, progresismo woke, globalismo, etc. que se denominan a sí mismos como colectivos.

La expresión colectivos con que se autodefinen es muy apropiada, porque representan grupos que comparten una misma ideología que, no hace mucho, se comprendía con el termino colectivismo.

El profesor Dr. Carlos Sabino, en su excelente diccionario de economía[1] concreta el vocablo de este modo :

colectivismo. Término genérico que se utiliza para designar las ideologías y las propuestas políticas favorables a la supresión de la propiedad privada. Dentro de las corrientes colectivistas pueden mencionarse el socialismo, el fascismo y algunas variantes del anarquismo. Desde el punto de vista económico las posiciones colectivistas proponen la estatización o la conformación de cooperativas organizadas y controladas por el Estado como forma básica de propiedad. También, y como consecuencia de ello, abogan por la planificación central y recusan al mercado como forma de asignación de recursos. Las posiciones colectivistas, y junto con ellas las que propugnaban el crecimiento del sector estatal de la economía, tuvieron su época de mayor auge en Europa durante los años treinta, cuando se produjo -entre otros hechos notables- la colectivización forzosa de toda la agricultura soviética; más tarde, hacia los años sesenta, muchas ideas colectivistas arraigaron en las naciones recientemente independizadas de Asia y África, así como en América Latina. Actualmente no existe, en ninguna parte del mundo, un movimiento vigoroso a favor del colectivismo. [collectivism]. (V. CAPITALISMO; PLANIFICACIÓN; SOCIALISMO).

Naturalmente, este es un concepto económico de la palabra, pero no del todo ajeno a los colectivos mencionados al comienzo de nuestro tema.

El profesor Ossorio, en el suyo[2], nos da este concepto :

Colectivismo. Doctrina que tiende a suprimir la propiedad particular, transferirla a la colectividad y confiar al Estado la distribución de la riqueza (Dic. Acad.).

Algo más completa (y quizás más útil para nuestros propósitos) es la definición de Greco[3], que dice :

COLECTIVISMO: sistema económico que tiende a convertir en propiedad colectiva los medios de producción, eliminando la propiedad privada en lo referente a la tierra. Partiendo de La república de Platón y siguiendo por numerosos autores (Rousseau, Babeuf, Owen, Saint Simon, Blanc, etc.), el colectivismo concreta su aspecto científico en El capital de Marx. El colectivismo, como teoría, se difunde a través de los congresos internacionales obreros y, aunque sufriendo diversas modificaciones, da las bases al socialismo. ▪ Toda doctrina política que se oponga al individualismo y que, en particular, sostenga la abolición de la propiedad privada y la colectivización de los medios de producción. Son colectivistas tanto el socialismo como el comunismo. ▪ Conjunto de teorías que defienden la propiedad estatal de los medios de producción y la planificación económica por la administración. ▪ Algunos sociólogos definen colectivismo como un conjunto de actitudes y comportamientos basados en la creencia de que la unidad básica de supervivencia recae en un grupo, no en el individuo. Algunos tipos de colectivismo señalan que el bien del grupo es más importante que el bien individual; otros alegan que mientras que cualquier grupo está finalmente hecho de individuos, el individuo, incidentalmente, sirve a su propio interés al servir a los intereses del grupo (en otras palabras, en tanto el grupo prospera, todos los miembros del grupo prosperan).

Los que creemos que la contraposición entre lo económico y lo social es falsa, encontramos analogías y aplicaciones mutuas entre estas definiciones.

La ‘’nueva’’ izquierda (o ‘’nuevo’’ colectivismo) propugna la limitación o supresión del lenguaje privado, e incluso va más allá también la del pensamiento privado. Pero esto no es muy diferente a la propuesta colectivista de la eliminación de la propiedad privada si tenemos en cuenta que, tanto el lenguaje como el pensamiento de cada uno forman parte de su propiedad privada.

Que el objeto de la censura sea un objeto material, verbal o intelectual no cambia demasiado la cosa desde el punto de vista de su propietario. Es que, necesariamente, la colectivización de la propiedad lleva a la colectivización de lo que genera esa propiedad, y esa es la mente privada (valga la redundancia) donde se crea toda propiedad. Y la mente/conciencia de cada uno es de su propiedad.

Fracasada con la caída del Muro de Berlín la colectivización obligada de la propiedad material, ahora van en procura de la colectivización compulsiva del origen de esa propiedad física o material : la propiedad verbal, intelectual o mental.

Los canales son los ya propuestos por el socialista italiano Antonio Gramsci para la educación, pero ampliando ese espectro a los medios masivos de comunicación e información, la TV, la radio, el cine, (los instrumentos clásicos) y luego, y ahora, las redes sociales, etc.

El objetivo es la colectivización y uniformidad del vocabulario y las mentes.

Como cualquier dictadura, los colectivistas que se autodefinen como woke deben imponer su colectivización a través de la fuerza, variando los mecanismos de uso de esa fuerza, pero recayendo siempre en última instancia en la del gobierno y sus distintas ramas. En los países republicanos, es decir, con división tripartida del poder, a través de los tres poderes clásicos respectivos (ejecutivo, legislativo y judicial).

Es decir que, de la misma manera que la colectivización de la propiedad física, la de la propiedad verbal y mental se busca imponer a través de la fuerza de la educación, la política, la ley y los fallos judiciales en su consecuencia.

Pero insisto, no es esto ‘’nuevo’’, ni demasiado diferente a lo que recurrieron dictadores históricos como Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Mao Tse Tung, Pol Pot, Perón, Fidel Castro, Chávez, Maduro, etc. , con métodos menos sutiles que los actuales de los ''modernos'' partidos progresistas.

¿Cómo se combaten estas dudosamente ‘’nuevas’’ ideologías? Creemos que de la misma manera que se ha combatido (y aun se lo hace) al socialismo utópico, clásico, marxista y sus demás derivaciones desde su aparición en escena en adelante.

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[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela. Voz respectiva.

[2] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 175.

[3] Greco, Orlando. Diccionario de sociología. - 2a ed. - Florida: Valletta Ediciones, 2008. Pág. 84

 

¿Por qué es imposible el capitalismo "de estado"?

 por Gabriel Boragina ©

L. v. Mises fue quien echó luz sobre el punto al señalar que hay tres elementos del capitalismo que no pueden reproducirse ni replicarse en el ámbito estatal, ni actuar en él. Estos tres componentes son: propiedad, privada, precios y mercados que aparecen en ese mismo orden dado.

Es decir, la base es la propiedad privada, la que -a su vez- da nacimiento a los precios y -en tercer lugar, como lógica consecuencia de todo el proceso anterior- da espacio a la aparición del mercado (propiamente a los mercados, ya que bajo la palabra mercado -en singular- se sintetizan las acciones de muchos mercados actuando en diversos campos de la economía). Ninguno de esos tres basamentos puede ser creado, ni apropiado por el estado/gobierno, ni puede ser repetido dentro de su esfera de acción.

Ausentes pues estas tres unidades clave no hay tal cosa como "capitalismo", ni "privado", ni "estatal", ni de ninguna otra índole. En este esquema, la ideología no cumple ningún papel. Y, desde luego, también nos parece un absurdo la frase hacia el final de párrafo[1], tanto cuanto pretende la "existencia" de un "verdadero" capitalismo "estatal", como afirma una cierta indiferencia de este hacia la propiedad. No hay tales. Pero el autor analizado insiste respecto de esta supuesta "indiferencia":

"Esto es cierto sólo en función de una convención para definir al verdadero capitalismo de Estado como aquél que es indiferente acerca de la propiedad. ¿A cuáles de los sistemas realmente existentes, a qué países abarca tal definición? Tomemos el testimonio de un destacado capitalista estatal, miembro de uno de los Grands Corps de la cumbre de la Administración Pública francesa, promovido más tarde a Ministro de Industria: «Ninguna cantidad de dirigismo vale lo que un sector público poderoso» Q.-P. Chevènement, Le vieux, la crise, le neuf, 1977, pág. 180, traducción mía). Su capitalismo estatal ciertamente no es indiferente acerca de la propiedad. Si hay capitalismos estatales que lo son, no son visibles. ¿Se confunden, quizá, demasiado fácilmente con los capitalismos privados?<"[2]

Todo el tema de la "indiferencia" hacia la propiedad es una enorme patraña, conforme incluso parece dejar entrever hacia el final de la cita el mismo expositor. Naturalmente, que nadie puede ser indiferente hacia la propiedad, dado el rol vital que esta desempeña para la vida humana, el crecimiento económico, tanto personal como nacional. Tal indiferencia no existe, sea que la propiedad se tenga o no.

En rigor, todos somos propietarios de nuestras propias vidas, de nuestro cuerpo, y de todo lo que podemos hacer por medio de él o con él. La propiedad siempre es una potencialidad, porque es algo que nos permite hacer otra cosa o nos brinda un servicio, desde el más sencillo o insignificante hasta el de mayor alcance. Así, mi derecho de propiedad sobre mis actos me brinda -por ejemplo- la potencialidad de ir a la cocina a servirme un vaso con agua. Ni el dueño de una cosa ni el ladrón de esa misma cosa son indiferentes hacia la propiedad de la cosa en cuestión; el primero porque la defiende y el segundo porque la ataca. Pero ninguno de los dos es neutral al respecto. Quienes compran y venden tampoco son indiferentes hacia la propiedad de lo que se encuentran negociando. ¿Qué ejemplos pueden darse de "indiferencia" acerca de la propiedad?.

No hay que confundir la cuantía de la propiedad con la propiedad misma como derecho, ya que en este tema es harto frecuente hacerlo. No estamos discutiendo cuántas cosas puede o debe tener fulano sino si puede tener cosas en propiedad o no, es decir si posee ese derecho o no. En dicho sentido, no hay nadie que sea indiferente a la propiedad, ni siquiera los comunistas, que no adoptan jamás una actitud neutral frente a la propiedad sino que la reclaman para ellos como "depositarios legítimos".

Un atajo que suelen tomar los marxistas al respecto es el relativo a los "tipos de propiedad y sistemas sociales”:

"Para ser justo con Engels, es de nuevo su Anti-Dühring el que proporciona la formulación más sencilla de una alternativa marxista más duradera para identificar tipos de propiedad y sistemas sociales. Explica que en un mundo de escasez {alias «en el reino de la necesidad») la división de la sociedad en clases enfrentadas debe continuar."[3]

Por empezar, todo el mundo en el que vivimos es de escasez. Un axioma básico de la economía reza que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Siempre se ha cumplido este apotegma, y es el asiento de la economía; el principio fundamental del cual parten todos los teoremas económicos que le siguen.

Durante siglos, hasta la aparición del capitalismo en el tardío siglo XVIII, la humanidad no encontró ningún sistema "mejor" para "solucionar" el eterno problema de la escasez que el saqueo de unos individuos por otros primero, y luego -de manera algo más "organizada"- de unos pueblos por otros, reinos por otros, etc. No se concebía otra forma de aumentar la riqueza -ya sea personal o colectiva- que no fuera por medio de la conquista, la violencia y el robo. Pero, con la aparición fortuita de la Revolución Industrial, fruto -a su turno- de ideas y tecnologías que iban apareciendo y mejorándose -con lentitud al principio y con más dinámica posteriormente- la situación se empezó a revertir. La escasez principió a reducirse y la abundancia a expandirse, no en virtud del "enfrentamiento de clases" (invento marxista) sino a través de la cooperación social.

"Desde luego, el conflicto de clases entraña la existencia de un Estado para asegurar la dominación de una clase. Así el «Estado socialista» no es una contradicción en los términos. El Estado que posee todos los medios de producción es un Estado socialista represivo. Puesto que aún hay clases, no puede prescindirse todavía de él, debe continuar para reprimir a los explotados en beneficio de los explotadores."[4]

Cuando se describe que el "Estado socialista represivo" […] "debe continuar para reprimir a los explotados en beneficio de los explotadores" se ha de entender (a fin de no caer en contradicción con los postulados marxistas clásicos) que los "explotadores" son -en este caso- la clase que domina a ese estado/gobierno, es decir, la proletaria. Caso contrario no podía llamarse "Estado socialista represivo". De ser a la inversa hay entonces un error en la redacción.

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[1] Anthony de Jasay. El Estado. La lógica del poder político. Alianza Universidad. Pág. 309 (nota al pie)

[2] de Jasay, A. Ibídem. pág. 310/311

[3] de Jasay, A. Ibídem. pág. 310/311

[4] de Jasay, A. Ibídem. pág. 310/311

 

Acerca de los Estados "capitalistas"

 Por Gabriel Boragina ©

Hemos venido criticando la expresión "capitalismo de estado" empleada por ciertos autores (inclusive aquellos partidarios del capitalismo (a secas)) por creer que se trata de no otra cosa que una contradicción en términos.

En esa línea, parece que uno de ellos, el célebre historiador británico, Paul Johnson, gusta llamar "capitalismo de estado" a "los gobiernos [que] crecieron y aumentaron su poder"[1]. Podemos plantear aquí las mismas disidencias que hicimos al autor examinado en las oportunidades precedentes que nos ocupamos del tema.

El crecimiento de cualquier gobierno no es "capitalismo" sino que es estatismo, vocablo este último que expresa con meridiana claridad y en toda su dimensión la realidad del fenómeno, sin necesidad de extrapolar términos cuya significación denota conceptos muy diferentes al más claro estatismo. L. v. Mises también lo llama intervencionismo, cuyo significado es intuitivo y también mucho más apropiado al de "capitalismo de estado".

Habrá que insistir, entonces, que el capitalismo es propio de la actividad privada y no se confunde con los gobiernos excepto en el mal uso y abuso que se hace de las palabras.

Sigue siendo fundamental para entender este tema tener en cuenta la objeción de este último autor en relación a la imposibilidad de calcular económicamente en el socialismo. Dicho último factor determina que, en el mismo, no puede establecerse qué cosa es un bien de capital y que no lo es, ya que en el socialismo (y por extensión en el estatismo) los bienes no tienen pecios, es decir, en rigor no serían bienes sino simplemente cosas. Si una cosa no tiene precio puede ser literalmente cualquier cosa. En sentido económico, podría ser tanto un bien de capital como otro de consumo. En un sistema semejante un tractor –por ejemplo- podría servir tanto para la labranza como para dar un paseo por la vecindad. Lo que determinará qué uso se le dará estará condicionado a si hay o no precios para los productos de ambas actividades. En un régimen capitalista los habrá para la labranza y no para los paseos (en tractor), pero en otro socialista no los habrá para ninguno de los dos. En consecuencia, es imposible saber en este último sistema si el tractor es un bien de capital o no. Ergo, es absurdo llamar "capitalista" a un esquema semejante, donde no se pueden diferenciar los bienes de capital de otros tipos de bienes, es decir, donde todos ellos son simplemente cosas, y no puede deducirse cuáles de esas cosas son bienes propiamente dichos y cuales otras simplemente cosas.

Veamos otras opiniones parecidas a la examinada antes:

"Respectivamente, mercantilismo y socialismo se definen también como “capitalismo oligopólico” y “capitalismo de Estado”. Una economía siempre es “capitalista”, porque hay capital: no toda la producción se destina al consumo inmediato, un excedente se ahorra, para ser invertido en producir bienes que sirven para producir otros bienes, por ej. maquinaria, equipos, plantas e instalaciones, edificios de oficinas. En este sentido, en toda economía la producción es indirecta. Esos bienes de segundo orden -bienes instrumentales o productivos- se llaman “de capital”.[2]

Hasta aquí la explicación es correcta, y podemos coincidir en un todo con ella, lo que no será así con la segunda parte del párrafo que citaremos seguidamente. Es cierto que "Una economía siempre es “capitalista”, porque hay capital" pero no es acertado llamar a un estado/gobierno "capitalista" o "capitalismo de estado", ni avalar esos usos idiomáticos.

Sería redundante aludir a la "economía privada", pero dado el tal grado de confusión que el mal uso de las palabras hacen en este tema se torna imprescindible realizar aclaración tras aclaración.

Toda la explicación del párrafo anterior citado supone la existencia de los tres requisitos forzosos para darse el capitalismo que ya hemos mencionado antes: propiedad privada, precios y mercados. En ninguna economía estatista (si es que puede hablarse de tal cosa) se dan, o bien, se permiten en esferas tan pequeñas e insignificantes que no logran efectos de largo alcance. En una palabra, la descripción que se hace en la cita es lo que ocurre en un sistema capitalista o también designado como economía de mercado.

"Por eso en toda sociedad hay capital -mucho o poco-, que puede ser propiedad del Estado o de los particulares. Pero en el segundo caso, el acceso a los mercados -y por tanto las oportunidades de formar capital- puede estar más o menos restringido por el poder, como es en el mercantilismo, o haber libre competencia, como es en el capitalismo liberal. Así como en política la democracia puede no ser liberal, también en economía hay un capitalismo no liberal, que es el mercantilismo. Y un capitalismo de Estado, antiliberal también, que es el socialismo."[3]

Aquí comienzan nuestras discrepancias con el autor que estamos estudiando ahora. El capital no puede ser "propiedad" del estado/gobierno, porque la creación de capital es privada y no hay tal cosa como "propiedad estatal" o "pública, colectiva, comunal", etc.

Por lo demás, ya hemos explicado que -siguiendo al profesor L. v. Mises- allí donde el sistema de precios no exista o se encuentre restringido por controles gubernamentales se dan estas situaciones: 1) o directamente no se puede calcular o 2) los cálculos que se hagan siempre tendrán como resultado distorsiones tanto o más severas cuanto más este interferido el sistema de precios.

Un control de precios es una restricción a la propiedad privada. En la medida que el gobierno no pueda distinguir (en virtud de su propia intervención) cuáles bienes serían de capital y cuáles de consumo, todos los bienes van pasando -más temprano o más tarde- a esta última categoría. En rigor, se estaría consumiendo capital, pero el gobierno estatista o socialista no puede saberlo con exactitud y ni siquiera aproximadamente, ya que ha desfigurado todo el sistema de precios, porque ha restringido o suprimido -parcial o totalmente- la propiedad privada de los medios de producción.

Uno de los peligros que existen al intentar explicar este tema por parte de los autores es entrecruzar o entremezclar economía con política. Como se observa haca el final de la cita, el autor hace ese entrecruzamiento entre política y economía.

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[1] Citado en Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura. Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007. Pág. 319

[2] Alberto Mansueti - José Luis Tapia Rocha. LA SALIDA. o la solución a los problemas económicos y políticos del Perú, Venezuela y América Latina- Edición ILE. Perú. pág. 42-43

[3] Mansueti-Tapia Rocha. La Salida. Ibídem. pág. 42-43

Liberalismo, confianza en la justicia y desarrollo: el respeto irrestricto de los derechos individuales como base del progreso

 

Por Gabriel Boragina ©

La historia económica y política demuestra que las naciones que han alcanzado niveles sostenidos de desarrollo, institucionalidad y bienestar comparten un denominador común: un orden jurídico confiable que protege los derechos individuales y limita estrictamente el poder del Estado. Esta premisa, central en el pensamiento liberal clásico, sostiene que la libertad individual, la propiedad y el cumplimiento imparcial de la ley no son simples valores filosóficos, sino condiciones innegociables para el progreso de una sociedad. Allí donde la ley se aplica con previsibilidad y neutralidad, florecen la inversión, la innovación, el trabajo productivo y la convivencia pacífica. Allí donde la justicia se deforma, se politiza o pierde credibilidad, el desarrollo se estanca.

El liberalismo, desde sus orígenes teóricos, entiende que la confianza en la justicia es el cimiento de toda construcción institucional sostenible. John Locke ya afirmaba en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil que los hombres acceden a vivir bajo un Estado únicamente para obtener una garantía efectiva de sus derechos naturales, especialmente la vida, la libertad y la propiedad. El Gobierno, para Locke, no es creador de derechos, sino protector de ellos. Si ese pacto se quiebra —por arbitrariedad, corrupción o abuso estatal— la sociedad pierde su fundamento político y los ciudadanos, inevitablemente, retraen su participación productiva o buscan protegerse al margen del sistema.

Friedrich A. Hayek profundizó esta idea al señalar que la libertad individual solo puede prosperar si existe un orden jurídico que limite la discrecionalidad estatal. En Camino de servidumbre, Hayek advierte que sin reglas claras y estables, que se apliquen por igual a gobernantes y gobernados, la economía se convierte en terreno fértil para la concentración de poder, la planificación coercitiva y, en última instancia, la servidumbre de los ciudadanos. La incertidumbre jurídica —producto de regulaciones arbitrarias, cambios improvisados en las normas o decisiones judiciales manipuladas— actúa como una señal negativa que disuade el ahorro, la inversión y el emprendimiento.

Robert Nozick, desde una perspectiva más contemporánea, también refuerza esta visión al sostener en Anarquía, Estado y utopía que la única función legítima del Estado es la protección contra la fuerza, el fraude y el incumplimiento de contratos. Todo avance más allá de esa función compromete la libertad individual y, por lo tanto, debilita la dinámica social que genera prosperidad.

La relación entre justicia confiable y desarrollo económico no es solo teórica. La evidencia empírica muestra que los países con mayor respeto por la propiedad privada y el cumplimiento de la ley son consistentemente aquellos con mejores indicadores de ingreso per cápita, innovación, inversión extranjera directa y movilidad social. La razón es sencilla: nadie arriesga su capital, su tiempo o su talento en una sociedad donde el fruto de su esfuerzo puede ser arrebatado sin consecuencias. Por el contrario, cuando las reglas son estables y se cumplen, los individuos dan ese paso adicional que permite hacer crecer la economía: invierten, contratan, inventan, producen.

Juan Bautista Alberdi, en el caso argentino, dejó expresado en Sistema económico y rentístico que la riqueza nacional no surge de la acción del Estado, sino de la libertad civil garantizada por la Constitución. La función del Estado —remarcaba Alberdi— es asegurar el orden jurídico que resguarde la propiedad privada, la libertad de industria, el comercio y el trabajo. Cuando este marco se respeta, el país progresa; cuando se ignora o la ley se convierte en herramienta de presión política, las fuerzas productivas se paralizan.

Una justicia confiable no implica un poder judicial perfecto, sino uno independiente, transparente y sometido únicamente al imperio de la ley. Requiere jueces profesionales, no militantes; procesos basados en la prueba y no en la conveniencia; sentencias que se cumplan sin necesidad de afinidades políticas. También exige un Estado que se autolimite, que respete la división de poderes, que se abstenga de ocupar espacios privados y que comprenda que su grandeza reside en su capacidad para garantizar la libertad ajena, no en administrarla.

En el ámbito económico, la confianza jurídica también se traduce en seguridad de propiedad. Cuando un país premia el ahorro, la inversión y la creación de riqueza —y no su destrucción— envía la señal correcta a quienes generan empleo y desarrollo. En cambio, la inseguridad jurídica, el intervencionismo arbitrario o la inflación crónica actúan como formas indirectas de expropiación, pues erosionan la riqueza acumulada de los ciudadanos sin compensación. Como señalaba Ludwig von Mises, la propiedad privada no es una condición moral opcional, sino el único mecanismo que permite la coordinación social efectiva en una economía libre.

Por todo lo expuesto, el desarrollo de un país no depende principalmente de sus recursos naturales, de sus gobiernos de turno ni siquiera de su cultura, sino de la fortaleza de su marco jurídico y de su compromiso sostenido con el respeto irrestricto de los derechos individuales. Allí donde impera la ley, donde la justicia es confiable, donde el Gobierno se entiende limitado y donde el ciudadano sabe que lo suyo es suyo, la sociedad avanza. Allí donde ese pacto se rompe, la decadencia deja de ser una posibilidad para convertirse en destino.

En definitiva, el liberalismo no propone una utopía ni un credo abstracto: propone una estructura institucional concreta para que cada ciudadano pueda vivir, trabajar, producir y prosperar sin miedo. El desarrollo es la consecuencia. La justicia confiable, su condición necesaria.

En la Argentina de LLA estas condiciones jurídico-liberales no existen.