Liberalismo y corrupción

 Por Gabriel Boragina ©

 Es cierto que escribimos numerosas notas con el mismo título. Pero ocurre que en la Argentina de hoy este es el verdadero tópico de actualidad, con una nota siniestra, el gobierno de LLA[1] dice representar y ejercer el liberalismo.  

Al hablar de corrupción no lo hacemos en el sentido corriente y popular que se le da al termino. Sino en el que utiliza el profesor Ludwig von Mises cuando trata el tema. 

Al respecto nos explica:

Hay múltiples esferas donde, dada una organización inter­vencionista, imposible resulta evitar el favoritismo. Piénsese, por citar un solo ejemplo, en la cuesti6n de las licencias de importa­ción. ¿A quién otorgarlas y a quién denegarlas? No existe módulo alguno que permita hacer tal distribución de manera objetiva y libre de consideraciones personales. El que efectivamente se llegue o no a pagar dinero por la adjudicaci6n, en el fondo, poco, a estos efectos, importa, pues no resulta menos recusable el, sin nada cobrar, conceder las deseadas licencias a aquéllos de quienes la Administración espera conseguir en el futuro particulares servicios (sus votos electorales, por ejemplo). El intervencionismo engendra siempre corrupción. Consignado este hecho, el economista se desentiende del asunto, deján­dolo en manos de historiadores y juristas. [2]

Pero nuestro interés de momento no reside en lo económico, ni lo jurídico, ni lo político, sin restarles la debida importancia que estos enfoques tienen, sin duda, sino en lo estrictamente liberal/filosófico.

Los grandes liberales de todos los tiempos siempre han sido contundentes en cuanto a que en el liberalismo no se debía reconocer ventajas y prerrogativas para nadie, porque la sinecura rompe la igualdad ante la ley, principio rector e irrenunciable de dicha tradición.

Ahora bien, la observación de Ludwig von Mises no constituye un caso aislado dentro del pensamiento liberal, sino que se inscribe en una tradición mucho más amplia y consistente. En efecto, diversos autores liberales han advertido, desde distintos ángulos, que toda forma de discrecionalidad estatal en la asignación de beneficios conduce inevitablemente al favoritismo y, por ende, a la corrupción. 

En esta línea, Friedrich Hayek señala que cuanto más interviene el Estado en la economía, más necesario se vuelve decidir quién obtiene qué, y que tales decisiones no pueden evitar ser arbitrarias. Es decir, allí donde no rigen normas generales y abstractas, sino decisiones particulares, el terreno queda necesariamente abonado para el privilegio.

Por su parte, Frédéric Bastiat definía al Estado como “la gran ficción mediante la cual todos intentan vivir a costa de todos los demás”, poniendo de relieve que cuando el aparato estatal es utilizado para redistribuir beneficios particulares, deja de ser un garante de derechos para convertirse en un instrumento de expoliación legalizada.

Ya Adam Smith había advertido que los empresarios tienden a conspirar contra el público cuando buscan ventajas otorgadas por el poder político, lo cual refuerza la idea de que el problema no reside en los individuos en sí mismos, sino en el marco institucional que permite —o impide— tales privilegios. 

Más contemporáneamente, Milton Friedman expresó la misma idea en términos económicos: cuando el gobierno decide quién gana y quién pierde, la corrupción no es una posibilidad, sino una consecuencia inevitable del sistema.

De todo lo anterior se desprende una conclusión fundamental: la corrupción, entendida en el sentido amplio que le da Mises —esto es, la concesión de privilegios particulares en desmedro del resto— no es un fenómeno accidental dentro de los sistemas intervencionistas, sino una consecuencia lógica de los mismos.

El episodio reciente que involucra a altas autoridades del gobierno argentino —en el que se promueve o favorece desde el poder un emprendimiento privado determinado— permite iluminar una cuestión de fondo que trasciende lo meramente coyuntural: la incompatibilidad estructural entre liberalismo y corrupción.

Si se adopta la definición amplia de corrupción desarrollada por Ludwig von Mises, el problema no radica únicamente en la existencia de sobornos o beneficios monetarios directos, sino en algo más profundo: el uso del poder estatal para otorgar ventajas particulares a unos en detrimento de otros. Bajo este criterio, cualquier intervención discrecional que favorezca intereses específicos constituye, en sí misma, un acto de corrupción, aun cuando no medie delito tipificado.

Lejos de ser una interpretación aislada, esta idea recorre todo el pensamiento liberal clásico. Friedrich Hayek advirtió que, cuanto mayor es la intervención estatal, más necesario se vuelve decidir quién obtiene qué, y que tales decisiones no pueden sino ser arbitrarias. Es decir, el problema no es moral sino institucional: allí donde el poder decide casos particulares, el favoritismo no es una anomalía, sino una consecuencia inevitable.

En términos aún más crudos, Frédéric Bastiat describió al Estado como un mecanismo a través del cual distintos grupos intentan vivir a expensas de otros, poniendo en evidencia que la captura del poder político para obtener beneficios es una tendencia constante cuando existen instrumentos para hacerlo.

Desde el plano institucional, James Madison y Lord Acton coincidieron en un punto decisivo: el poder tiende al abuso y, por lo tanto, debe ser estrictamente limitado. No se trata de confiar en la virtud de los gobernantes, sino de diseñar un sistema en el que les resulte imposible favorecer discrecionalmente a unos sobre otros.

A la luz de este marco teórico, el caso analizado adquiere un significado preciso: no es simplemente un escándalo más, ni un error político, ni una inconducta individual. Es la manifestación concreta de un esquema en el cual el poder público se utiliza para beneficiar intereses particulares. Y en ese punto exacto, el sistema deja de ser liberal. Es indistinto que esos intereses sean de los mismos miembros del propio gobierno o de quienes por fuera de ese marco se favorecen.

El liberalismo no se define por la retórica, ni por la autoidentificación ideológica de quienes gobiernan, sino por principios institucionales claros: igualdad ante la ley, normas generales y ausencia de privilegios. Cuando un gobierno promueve, recomienda o favorece desde su posición a determinados actores económicos, rompe esa igualdad y sustituye reglas por discrecionalidad.

Por lo tanto, la conclusión es directa: la existencia de este tipo de prácticas no constituye una desviación dentro de un gobierno liberal, sino la prueba de que no lo es. Allí donde hay favoritismo, prebendas o beneficios selectivos otorgados desde el poder (y para el poder, peor aún) no hay liberalismo posible, sino su negación.

En este sentido, la actual corrupción no contradice al liberalismo: lo desmiente en quienes dicen representarlo.

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[1] Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''

[2] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. Pág. 1063 a 1065