El Derecho (7° parte)


Por Gabriel Boragina ©

“F. La coerción jurídica en la práctica. Saliendo ahora del aspecto puramente filosófico y emplazando el tema en su aspecto práctico, resulta evidente que, desde el punto de vista subjetivo, no existen derechos (de signo positivo o negativo) cuya realización no esté respaldada por la fuerza de una sanción, pues los ejemplos citados en contrario son poco convincentes. Se dice que un derecho no susceptible de coacción es el que se tiene frente al deudor insolvente o al delincuente prófugo, así como el que afecta a las obligaciones de hacer. El razonamiento es por completo erróneo: el deudor insolvente puede ser constreñido mediante apremios personales (como ya se hizo en épocas pasadas) o mediante inhabilitaciones para ciertos actos o para el ejercicio de ciertos derechos; el prófugo no es que no pueda ser constreñido, sino que no se lo encuentra para aplicarle la sanción, y en las obligaciones de hacer, la coacción queda determinada por la sustitución en indemnización de daños y perjuicios.”[1]
Comencemos aclarando que lo filosófico tiene consecuencias prácticas. No se trata de un mero elucubrar. No está clara la alusión a los Derechos subjetivos, ni tampoco la distinción entre positivos y negativos. Por lo pronto, los términos sanción y coacción no son sinónimos, en tanto la sanción es la declaración del castigo descripto en la norma, la coacción se refiere al plano de la acción efectivamente realizable por la cual se cumple el objeto de la sanción. Teniendo en cuenta esta distinción, si bien casi todas las normas prevén una sanción o castigo para su incumplimiento, es cierto que -en contraposición a lo expuesto por el autor- tal prevista sanción, en muchísimos casos, no puede ser efectivizada. Es lo que en doctrina se conoce como un Derecho ilusorio o de imposible cumplimiento. En el caso de los ejemplos dados, se omite que el deudor para ser constreñido debería ser hallado primero, y que las inhabilitaciones no logran el objetivo primario del acreedor, que es recuperar lo adeudado. Lo mismo puede decirse para los dos ejemplos restantes, el del prófugo y de las obligaciones de hacer. Si el obligado no es encontrado y además es insolvente la coacción no puede efectivizarse. Es decir, el hecho está sancionado legalmente pero no puede concretarse la sanción por una imposibilidad material de hacerlo. A pesar de los esfuerzos dialécticos del autor lo cierto es que existen situaciones de facto donde la coercibilidad no resulta posible de momento o de manera definitiva (por ejemplo, en los casos de prescripción de acciones y Derechos).
“Se alega también que otro caso de derecho sin coacción es el que afecta a la relación entre el Estado y los particulares, carente de fuerza coercitiva a favor de estos últimos. Esto tampoco es cierto, por lo menos de un modo absoluto; pues la jurisdicción contencioso-administrativa se encamina precisamente a que los tribunales de justicia impongan coactivamente al Estado el cumplimiento de sus obligaciones incumplidas o de las normas vulneradas en perjuicio de los particulares.”[2]
No obstante, la práctica jurídica indica que la mayoría de las sentencias que se dictan en el fuero mencionado -en caso que favorezcan al particular- son meramente declarativas, aun cuando condenen al “estado” y lo “sancionen”. Ya hemos aclarado previamente que -en los hechos- lo que sucede es que el “estado” se estaría sancionando a sí mismo, porque el poder judicial es nada más que una rama del poder político del “estado”, lo cual deviene en una incongruencia, no solamente desde el punto de vista formal, sino sustancial. Tengamos en cuenta además que el poder de policía no reside en el poder judicial, sino en el ejecutivo. Llegado el caso -y suponiendo una situación extrema- ¿echaría mano el poder ejecutivo de su propio poder policial para ejecutar una sentencia dictada contra quien controla ese poder policial, es decir, contra sí mismo? Nuevamente, se presenta la dicotomía entre la sanción legal contenida en la ley y declarada en la sentencia, por una parte, y la concreción efectiva de la pena o condena por la otra. Difieren el plano material del formal. Si se quiere describir cómo funciona la coerción jurídica en la práctica no puede desconocerse esta realidad de quienes hacen del Derecho profesión. ¿Qué poder coactivo tendrían los tribunales contenciosos administrativos contra el Poder Ejecutivo (Administrativo precisamente) formando ambos partes del “estado” y que no implique -desde un punto de vista del Derecho Constitucional- la intromisión de un “poder” u “órgano” del estado en otro poder u órgano del mismo “estado”??
“Y en lo que al Derecho Internacional se refiere, se puede sostener no que exista pese a no estar amparado por la coacción, sino que no existe un Derecho Internacional y que lo procedente sería hablar de hechos internacionales. Precisamente de lo que tratan juristas y políticos es de convertir esos hechos en un Derecho, creando a tal fin organismos internacionales que fijen las normas de relación entre los Estados, pero que tengan también la facultad de interpretarlas judicialmente y la fuerza material necesaria para imponer sus fallos (tribunales y ejércitos internacionales).”“[3]
Si aceptamos, como lo hemos hecho, que la coacción no constituye elemento fundamental del Derecho y que este existe con independencia de aquella, este principio general resulta aplicable a todo lo que reciba el nombre de Derecho, independientemente de la calificación que reciba; en el caso, es extensivo tanto al Derecho nacional como internacional. La existencia de un Derecho internacional sólo podría tener sentido en el supuesto de lo que se ha dado en llamar -por algunas materias- un Derecho internacional privado (en oposición a otro Derecho internacional “público”). Este Derecho internacional privado trata de regular los vínculos jurídicos y las relaciones establecidas entre ciudadanos de diferentes países, entre ellas temas tales como la adquisición o perdida de la ciudadanía, estado civil, relaciones comerciales entre ciudadanos de distintos países entrarían en el marco de su campo. Pero el autor en comentario, aunque no lo aclara en su definición, no estaría hablando de este Derecho sino del opuesto (el público).

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial Heliasta-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 294 y sigtes.
[2] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.
[3] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

No hay comentarios.:

Corrupción, cohecho e incentivos

Por Gabriel Boragina © Los incentivos para una corrupción menor o nula tienen más que ver con la cuantía de los fondos que maneja la...