Por
Gabriel Boragina ©
Hemos escrito bastante sobre la gran tergiversación en los términos
que significa la populista “derechos sociales” o “estado social”, “organizaciones
sociales”, etc. Todas fórmulas y expresiones que ocultan un significado muy
diferente al que quieren aparentar y que -en definitiva- esconden como objetivo
el logro de porciones de riquezas que deberán ser detraídas a unos para ser entregadas
al grupo que se oculta tras el adjetivo “social”.
“[…] los
derechos individuales han pasado de ser “negativos”, una esfera protegida de
acción, a “positivos” una exigencia de materialización de beneficios concretos
que inevitablemente exige quitar a unos para dárselo a otros.”[1]
Antiguamente, la única noción concebible -tanto jurídica como filosófica
y económicamente- era la de derechos individuales.
Todo el mundo, en épocas ya idas, tenía clara conciencia de qué significaban estas
palabras unidas, y nadie cuestionaba la claridad de su sentido, al punto que
había un gran consenso en cuanto a que separados estos vocablos perdían total representación.
Hoy en día las cosas al respecto han cambiado bastante.
“Las
libertades sancionadas por las cartas constitucionales de los siglos XVIII y
XIX proporcionaban espacios y garantías para la acción libre del hombre, pero
no atribuían ventajas sustantivas a nadie. Eran derechos absolutos
(incondicionales) porque no tenían “coste”, porque su satisfacción no exigía la
cooperación forzosa de los demás.”[2]
No eran derechos positivos
sino negativos, en el concepto de que
tales garantías constitucionales aseguraban que nadie pudiera interferir con
las acciones, libres, voluntarias y lícitas de toda persona, reconociendo la
misma obligación negativa hacia los demás. En algunos casos, los autores se refieren
a ellos como derechos naturales, propios
e inherentes a la condición humana, y por esto recibían este nombre. Constituían
la órbita de conducta donde cada uno -sin lesionar los iguales derechos del prójimo-
podía hacer lo que se le viniera en gana.
“Si tengo
derecho a trabajar y nadie quiere contratarme, alguien (el gobierno) debe
forzar a otro para que lo haga. Así, los derechos iguales para todos del
liberalismo clásico se han transmutado en desiguales, en discriminaciones. Los
modernos derechos sociales son costosos y además generan expectativas de
satisfacción crecientes que inexorablemente se traducen en un deterioro, por no
decir, en un creciente quebranto de los primeros.”[3]
Los “derechos sociales” son la más pura expresión de la negación
del Derecho mismo, y son la causa de todos los males sociales (aunque resulte
paradójico). Se tratan -como han expresado profundos pensadores, como el Dr.
Alberto Benegas Lynch (h)- de pseudoderechos.
Sin embargo, es la corriente imperante y dominante, no sólo en el campo
jurídico sino en el económico que es donde más daño causan, ya que para que se
cumplan tales “derechos sociales” se deben violar los derechos naturales de otra persona o de un conjunto de ellas. La
misma necesidad de tener que calificar la palabra derecho, que ha perdido su sentido univoco para pasar a adquirir
otro equivoco, nos da la pauta del caos legislativo y económico en la materia
en el que se vive.
“Los
derechos, que resultan significativos, son los derechos naturales, no los que
se confieren por una autorización legislativa. Los llamados “derechos sociales”
de hoy en día no son “derechos” y, sin dudas, no son “programas de ayuda social”
pues nadie tiene la facultad de ayudar a expensas de otro; son más bien
demandas que la sociedad puede o no satisfacer.”[4]
Participamos de la utilización de la locución derechos naturales que consideramos auténtica y la adecuada para
expresar la naturaleza y esencia de los verdaderos derechos a los que antiguamente
no era necesario adjetivar. Como bien expresa el autor que ahora comentamos,
los derechos jamás provienen de la ordenanza gubernamental, ni de decreto, ni
aun de ley positiva alguna. El poder político ha de reconocer los derechos individuales
o naturales, mas no puede crearlos y, por supuesto, mucho menos abolirlos. Así,
la Constitución de la Nación Argentina reconoce tales derechos individuales, aunque
-lamentablemente- después de la infortunada reforma sufrida en el año 1994 su
texto se vio desnaturalizado por completo.
“Y no
obstante, en las democracias industriales modernas, a un gran número de
ciudadanos se les exige trabajar para mantener a otros: en Suecia, el Estado
más retrógrado en este sentido, por cada ciudadano que se gana la vida, 1.8 son
mantenidos completa o parcialmente por los impuestos que él debe pagar; en
Alemania y Gran Bretaña la proporción es de 1:1, y en los Estados Unidos de 1:0.”[5]
Si este es el panorama de las democracias industriales modernas imagínese
el lector cual será el de los populismos latinoamericanos, donde del
asistencialismo social se ha hecho más que una cultura, sino un culto mismo, y
en los cuales postular la diminución o eliminación de los programas sociales de
“ayuda” (en el caso particular de Argentina conocidos como “planes sociales”)
es un tema tabú y merecedor de la más severa condena social para quien siquiera
lo insinúe.
“Los
pensadores comunistas y fascistas insistieron en que las personas somos sólo
títeres de los supuestamente inapelables “capitanes de la industria”, un
argumento falaz pero atractivo y conveniente para justificar que la política
nos recorte o arrebate la libertad. Podemos decir que estamos en manos de leyes
históricas inapelables, como diría Marx, o de héroes imprescindibles, como
diría Carlyle, o de sombríos poderes económicos, como han sostenido cientos de
artistas.”[6]
Para evitar esto, los propios comunistas han propuesto -como lo
aclara el mismo autor líneas más abajo- la creación de los denominados “derechos
sociales”. Es justamente en esos falsos “males” invocados por socialistas y
fascistas (como los nombrados) que se sostiene que estamos “necesitados” de “derechos
sociales”. Lo que realidad quieren es suprimir los únicos derechos reales existentes:
los individuales o naturales (como lo han hecho y lo continúan haciendo). La idea
de fondo es que el gobierno pueda manejar nuestras vidas y recursos como mejor
le parezca.
[1] Lorenzo
Bernardo de Quirós “Las consecuencias políticas del liberalismo: La declaración
de derechos y el debido proceso”. Seminario Internacional sobre la Democracia
Liberal. Democracia, Libertad e Imperio de la Ley. Sao Paulo. 15/16 de mayo
Pág. 18-19.
[2]
Lorenzo Bernardo de Quirós …ibidem.
[3]
Lorenzo Bernardo de Quirós …ibidem.
[4] Richard Pipes. “Propiedad y Libertad: La Piedra Angular de la
Sociedad Civil”. Fundación Friedrich Naumann. México Business Forum Pág. 23-24
[5] Richard Pipes. …ibidem, Pág. 23-24
[6] Carlos Rodríguez Braun “Cultura y
economía”. Revista Libertas 41 (octubre 2004) Instituto Universitario ESEADE
Pág. 4
