Sobre la importancia que le damos a lo que habitualmente no la tiene



Por Gabriel Boragina ©

La experiencia en las redes sociales brinda interesantes revelaciones. Una de ellas es la excesiva importancia que se le otorga a cosas y personas que -en realidad- carecen de ellas y deberían ser "premiadas" con la indiferencia más absoluta.
Por ejemplo, ciertos personajes siniestros de nuestra política son una y otra vez citados en posteos y comentarios, positiva o negativamente. Cuando es negativamente, la mayoría de las veces es para criticarlos o burlarse de ellos.
La misma suerte corren personajes del mundo de la farándula, del periodismo, del deporte o de ciertas profesiones. Son mencionados y citados una y otra vez, con la intención de perjudicarlos o difamarlos, perdiéndose de vista que muchas veces tanta insistencia y tanto énfasis en ello puede llegar a producir el efecto contrario al buscado. Esto es: en lugar de perjudicarlos con una mala imagen, en cambio se los está poniendo inconscientemente en el centro de atención pública una atención que -en otro caso- no merecerían.
Es bastante probable que ciertos personajes extravagantes hagan despliegue público sus incongruencias adrede, y con el sólo propósito de buscar reconocimiento y notoriedad. Una notoriedad que -en caso contrario- no tendrían y en cuyos supuestos sus existencias pasarían enteramente desapercibidas. Pero como sus egos son los suficientemente grandes como para atravesar cualquier barrera del ridículo que se les oponga, no dudan en saltarlas para poder adquirir la publicidad que -de otro modo- carecerían.
Los individuos que adolecen de valores morales o que sufren ciertos desarreglos nerviosos normalmente ansían reconocimiento social, fama y riqueza. Un medio para lograrlos es hacer cosas malas o -en el mejor de los casos- absurdas porque, curiosamente, en nuestras sociedades "modernas", las cosas buenas o conductas normales, pasan inadvertidas, precisamente por eso mismo, porque en una sociedad donde todos los valores morales de los comunicadores y/o dirigentes sociales están pervertidos lo bueno y normal es lo que hace la gente común y corriente. Lo que es noticia es lo contrario (lo absurdo, lo perverso, lo nefasto). Entonces, acuden a esta última vía.
De allí que, el periodismo comúnmente exalte lo grotesco, lo inmoral, lo repugnante, lo cruel, lo depravado, etc. Y el resto de las conductas buenas, altruistas, cooperativas y bondadosas directamente se ignoren por quienes tienen algún medio de difusión a su alcance. Otro tanto veo que sucede en las redes sociales donde se reproducen las mismas conductas a una escala menor, igual o mayor que en los medios de información masivos (TV, radio, etc.).
Entiendo que es por este mismo motivo que las pantallas de TV y las emisoras de radio comenten y entrevisten a aquel tipo de personas que encarnan los desvalores antisociales, y que sea tan frecuente escuchar en esos medios insultos, gritos y agresiones de todo tipo, incluso físicas. Estos logran gran audiencia por diferentes públicos, en parte de las personas que comparten de buen grado esas atrocidades, y en otra parte por la gente normal que no puede creer lo que ve y/o escucha. En ambos casos se le está dando rating y publicidad a quienes no los merecen.
No está mal criticar lo que se cree que está mal o elogiar lo que se cree que es meritorio. La denuncia tampoco es mala en si mimas. Sólo que es necesario que reconozcamos que nuestros comentarios -tanto en uno como en otro caso- están cargados de subjetivismo, y si nuestro propósito es que otros compartan nuestros juicios de valor, indirectamente estaremos poniendo en el centro de atención lo que pretendemos criticar o elogiar, y que nuestros objetivos pueden obtener los resultados inversos a los previstos. Pero cuando el ataque se centra sobre una persona y no sobre sus actitudes o ideas generadoras se esta agrandando su figura y empequeñeciéndose lo verdaderamente relevante, que es aquello que lo mueve a actuar como lo hizo o hace.
Esto es particularmente cierto en cuanto a los individuos, que son a los que más se les aplican los juicios valorativos que se hacen públicos y masivos en las redes, pero también en los medios tradicionales de información social (TV, radio, periódicos).
Hay muchas personas que, objetivamente, se comportan mal y aun han delinquido (como en el caso político argentino ha sucedido con el nefasto matrimonio Kirchner y sus secuaces) pero ya sea que se esté en contra o favor de ellos el permanente referirse a esas personas las posiciona en un lugar que entiendo no merecen. En su lugar, deberían exaltarse las conductas contrarias y los valores opuestos a lo que ellos hicieron. Importan las ideas y no quienes portan esas ideas.
Todo tiene una medida y una proporción, y excederse de ellas siempre produce efectos contrarios a los deseados. Es casi como la ley de la física de acción y reacción.
Debieran más bien destacarse sus actos y no sus personas, y si su accionar es malo o reñido con la ley aplicarles las penas que correspondan y olvidar sus personas (no sus conductas ni ideas). Recordar los hechos y los castigos que merecieron es más útil que hacerlo con los nombres a los cuales se les aplican o aplicaron. Porque, en última instancia, los personajes que hacen o hicieron mal en el presente o en el pasado, no son importantes. Lo que importa, son las ideas que los movieron a hacer lo que hicieron. Y de la misma manera que el nazismo no fue un resultante de Hitler, el populismo no es un resultante de los Kirchner. Hay que insistir, en cambio, en que si no queremos más Hilter´s ni más Kirchner´s debemos desterrar el populismo (el nazismo es un populismo extremo, o el populismo en su fase más alta).
Hay que insistir pues en la crítica o exaltación de las ideas, y no en el de las personas que portan esas ideas. Y en cuanto a los extravagantes, maleducados, provocadores y agraviantes, pero sólo mediáticamente, el mejor tratamiento es la indiferencia y la ignorancia de los mismos. Darles importancia o prestarles atención es magnificar lo insignificante de sus personas y sus conductas.

Naturaleza de la represión



Por Gabriel Boragina ©

El diccionario de ciencias políticas y jurídicas[1] define el término de la siguiente manera:

Represión
Acción y efecto de reprimir (v.) o reprimirse, de contener o dominar, de sujetarse. | Acción y método de oponerse la fuerza pública a las alteraciones del orden general. | Aplicación de penas y correctivos por delitos y faltas.

Reprimir
Contener o refrenara otros. | Sujetar impulsos o pasiones. | Dominar los desórdenes públicos o cualquier otra transgresión de la paz social. |Imponer las sanciones pertinentes por una infracción.

Como se ve, el vocablo en sí mismo no posee las connotaciones negativas que habitualmente se le dan en la Argentina, y no tiene ninguna vinculación con los actos llevados a cabo por gobiernos autocráticos, ni con dictaduras o tiranías. Por cuanto la represión siempre es un acto legal, y los hechos perpetrados por gobiernos tiránicos nunca lo son.
Se trata de un acto normal, justificado y jurídico, destinado a reordenar y reestablecer la paz social. Por lo tanto, el uso bastardeado que le dan de continuo, periodistas de bajo nivel que se hacen pasar por "analistas políticos" o estos últimos cuyos conocimientos legales y políticos dejan bastante que desear, es del todo contrario al verdadero significado de los vocablos reprimir y represión que carecen de los alcances que habitualmente se le atribuyen.
El acto de reprimir supone una previa alteración de ese orden y de esa paz social. Si no la hay, no hay represión. Se reprime a quien inicia el uso de la fuerza, y no quien se defiende de ella. En este sentido, la represión es del todo necesaria cuando se viola el orden legal o -sin llegar a esto- se promueven desórdenes públicos, o se trasgrede la paz social como bien define el diccionario de locuciones políticas y jurídicas. Precisamente, la función de la ley es reprimir las infracciones contra ella.
Represión y violación al orden legal son expresiones que se oponen y se excluyen mutuamente. Uno es antónimo del otro.
Estas reflexiones vienen a cuento de los últimos y lamentables hechos acaecidos en la Argentina donde grupos de sediciosos alentados por legisladores de la oposición intentaron consumar un golpe de estado contra el gobierno legitima y democráticamente elegido por los argentinos.
Al respecto, el Código Penal Argentino establece:

ARTICULO 194.- El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.
Nota: texto conforme a la ley 17567, ratificado por la ley 20509, que recuperó su vigencia según la ley 23077.

Cap. III - Intimidación pública
ARTICULO 211.- Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años.
Nota: texto conforme a las leyes 15276 y 20509 con la modificación dispuesta por la ley 20642, que recuperó su vigencia según la ley 23077.

ARTICULO 212.- Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.
Nota: texto según la ley 20642, conforme a la ley 23077.

Todas estas normas y otras tantas que no enumeraré para no hacer demasiado extensa esta exposición, fueron quebrantadas sistemáticamente en los últimos días, tanto por quienes materializaron los hechos subversivos ocurridos como por el grupo de legisladores de la oposición que alentaron los actos de vandalismo y de violencia por parte de las hordas salvajes que pretendieron cometer el golpe tendiente a derrocar el gobierno.
Frente a ello, la represión es la única y adecuada respuesta que da la ley contra los delitos, y el merecido castigo que le impone a los delincuentes que los cometen o tratan de hacerlo. Reprimir es legal siempre. Represión y delito son antónimos, no sinónimos.
Evidentemente, ideólogos de un pasado que la Argentina trata arduamente de superar no se resignan -desde el peronismo y las demás fuerzas de izquierda que le son afines - a permanecer lejos del poder, al que procuran recuperar con el único objetivo de lucrar de sus arcas, es decir, vivir del fruto del trabajo de todos los argentinos de bien, que trabajan, cumplen con sus jornadas laborales, producen, y desean vivir tranquilamente en paz y armonía con los suyos.
Por eso, es hora de recobrar el significado correcto e impecable del vocablo reprimir, que alude a un acto que siempre es lícito, y que apunta a restablecer el orden legal y el respeto a las instituciones, respeto que todo aspirante a tirano -como lo son el peronismo y la izquierda socialista ("dura" o "blanda", lo mismo da)- permanentemente trata de vulnerar para hacer prevalecer su vocación despótica, tal como ha sido demostrado en los últimos acontecimientos que tuvieron por objeto el derrocamiento del legitimo gobierno de "Cambiemos", quien -hace apenas menos de dos meses- obtuvo un amplio triunfo y respaldo electoral en las elecciones que tuvieron lugar.
En tanto esas tentativas de transgredir el orden constitucional por parte del peronismo (K o no K), los ideólogos de la izquierda socialista en cualquiera de sus variantes, vertientes o denominaciones, y todo aquel que, diciendo "no adherir" a ninguno de ellos (como el peronismo encubierto que encabeza Sergio Massa) quiera subvertir el orden constitucional como se deseó en esos días, no cabe ninguna duda que la única respuesta que debe dar la República es aplicarles todo el peso de la ley, lo que significa -en letras claras sencillas y conforme a derecho-: reprimirlos.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial Heliasta-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 842.

Acerca de la "regulación"



Por Gabriel Boragina ©

Cuando buscamos en el diccionario la palabra regulación nos remite a otro vocablo que es regular, y que -a su vez- es definido del siguiente modo:

regular1
Del lat. tardío regulāre 'determinar las reglas o normas'.
1. tr. Medir, ajustar o computar algo por comparación o deducción.
2. tr. Ajustar, reglar o poner en orden algo. Regular el tráfico.
3. tr. Ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines.
4. tr. Determinar las reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo.
5. tr. Econ. reajustar (‖ aumentar o disminuir coyunturalmente). Regular las tarifas, los gastos, la plantilla de empleados.[1]

Examinadas las connotaciones dadas por la definición, se denota la idea de control como subyacente a todas ellas.
En lo que nos interesa -y desde posiciones estatistas o intervencionistas- se nos dice que "no es posible" dejar al mercado funcionando en libertad, sino que debe ser regulado ya que, de lo contrario, abandonando en completa libertad a las "fuerzas" del mercado- la situación se convertiría en "caótica" y se producirían "injusticias". Muchos, directamente, identifican al mercado con la anarquía, sin más.
En primer lugar, debería aclarárseles que no existe "El" mercado, sino que lo que se observa en la realidad son varios mercados diferentes.
En segundo término, habría que hacérseles notar que la palabra "mercado" sirve simplemente para significar un proceso impulsado y desarrollado por miles de millones de personas que, voluntaria y libremente, deciden intercambiar valores sobre determinados bienes. Estos valores surgen todos del derecho de propiedad que tales agentes poseen en relación a diferentes bienes y servicios. Pueden decirse diversas cosas más sobre el mercado (y ya lo hemos hecho en sinnúmero de otras partes) pero a nuestros fines actuales bastará lo mencionado.
Em tercer término, es improcedente hablar de "fuerzas" del mercado, como si se tratara de un ejército de ocupación. Esta connotación violenta que se le quiere dar no concuerda con la realidad vital, en la que el mercado no ejerce violencia sobre nadie, ya que no consiste en una entidad física en sí misma y, menos aún, puede hablarse de aquel como si se tratara de cuerpo armado.
En cuarto lugar, también se observa que el mercado no es un caos sino un orden. Lo propio entonces es aludir al orden de mercado.
Lo que en realidad estos estatistas están queriendo significar es que tales mercados deben ser regulados por ellos, porque entienden a los mercados como "fuerzas caóticas" impersonales que actúan ciegamente y movidos por impulsos semejantes a los de un organismo vivo dotado de propulsiones e instintos a similitud de los de un animal salvaje que debe ser domesticado o encerrado en una jaula en razón de su salvajismo.
Esta caricatura absurda del mercado está más extendida de lo que podría suponerse, e inexplicablemente aceptada entre buena parte del vulgo.
Al dotar al mercado de una existencia ideal o entelequia se pierde de vista su humanidad intrínseca en el sentido de conformar nada más que una etiqueta para resumir el actuar de millones de personas que persiguiendo sus propios intereses y sin proponérselo mejoran la fortuna del prójimo, más cumplidamente que si lo hubieran querido hacer, como ya lo enseñó el formidable Adam Smith en 1776.
Se suele, entonces, decir "regulación" como sinónimo de "control". En materia de precios, decimos "precios regulados" como sinónimo de "precios controlados". Ergo, "precios regulados" son la antítesis de "precios reales de mercado". Lo que implica que no es posible conocer los precios reales de mercado a través de sus precios regulados. Si el precio de mercado es -por ejemplo- de 10 y el estado fija un precio regulado de 5, el precio real de mercado sigue siendo 10 y no 5 (el regulado por el gobierno).
Si el precio es libre, siempre estará reflejando el costo de prestación del servicio o del bien en cuestión, cosa que no se logra si el precio es regulado (controlado) estatalmente.
Pero estos razonamientos son extensibles a todos los mercados habidos y por haber. El mercado tiene sus propios mecanismos regulatorios. Por eso, no es incorrecto hablar de la regulación del mercado por un lado y la regulación del gobierno por el otro. En el primer caso aludimos a un concepto económico, en tanto que en el segundo lo hacemos a otro de naturaleza jurídica. La diferencia de fondo es que el mecanismo natural de regulación del mercado se compone de millones de acuerdos particulares donde las partes contratantes fijan las condiciones de sus transacciones y establecen las cláusulas necesarias para que las mismas se lleven a cabo, y se cumplan todos los términos del contrato, sin necesidad de que ningún agente externo interfiera o dirija la operación. Esto diferencia el mercado de los procesos políticos, donde las regulaciones son de otra complexión, y las fija un tercero ajeno a las partes y la mayoría de las veces sin conocimiento directo de las misma. Es la regulación jurídica que implica una injerencia externa al mecanismo de mercado.
Los estatistas e intervencionistas pierden de vista el aspecto humano del mercado, o le dan la significación que ellos prefieren darle, y que les sirve para su verdadero objetivo que es controlar la propiedad ajena ya que, en suma, regular al mercado es controlar esas miles o millones de propiedades que en el mismo se trasfieren de unas manos a otras.
En los sistemas socialistas o comunistas, esas propiedades se excluyen de la órbita privada y se trasfieren directamente y de jure a las manos de los burócratas que conforman el gobierno. En los fascistas y nazis sucede de la misma manera, pero de facto, en tanto de jure la propiedad en apariencia sigue en cabeza de su titular privado.
En sistemas más edulcorados (socialdemocracias) parte de esas transferencias entre derechos de propiedad transados entre particulares van a parar a las manos de esos mismos burócratas, pero en menor o mayor cuantía. En estos, hay una propiedad privada de jure como en los nazifascistas, pero de facto existe lo que puede definirse como una propiedad mixta entre el particular y el gobierno.


[1] Real Academia Española. Todos los derechos reservados.

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