Mercado y dirigismo



Por Gabriel Boragina ©

¿Realmente se puede dejar librada la economía a las fuerzas desatadas por el libre mercado? Una sociedad donde imperara el mas irrestricto laissez faire, ¿no terminaría aniquilándose a sí misma en medio de una espantosa anarquía que condujera todo irremediablemente hacia el más completo caos? Estas, y otras por el estilo, son las cuestiones que se plantean muchas personas, probablemente la mayoría de ellas, en torno al sempiterno debate existente entre mercado libre o controlado. O, en términos extremos, mercado/antimercado. Tales inquietudes suponen, cuando se las formula por parte de gente poseedora de buena fe, no otra cosa que fuertes indicios de ignorancia económica respecto del verdadero significado de la alocución "libre mercado". En rigor, el formidable maestro austriaco Ludwig von Mises consideraba una redundancia aludir a la expresión "libre mercado":
"El único sistema económico social que puede y, efectivamente, en la práctica, ha funcionado es el del mercado. El socialismo resulta impracticable porque no puede calcular. El dirigismo provoca situaciones, incluso desde el propio punto de vista del intervencionista, peores que aquellas que la mecánica del mercado libre impondría, realidades que, mediante la actuación coactiva, se pretendía remediar y, además, el sistema se autodestruye al pretender ampliarlo más allá de muy estrechos límites. Forzoso resulta, por ello, concluir que la economía de mercado constituye el único orden que permite mantener e intensificar la social división del trabajo. Quienquiera rehúya la desintegración social y la reaparición del primitivismo más bárbaro ha de cobrar positivo interés en la pervivencia de la economía libre."[1]
Hoy, sin embargo, tenemos que continuar aclarando que, cuando nos referimos al mercado estamos aludiendo al mercado libre o libre mercado, porque tal nociva predica socialista-intervencionista tan difundida por todo el orbe, ha dotado a la palabra mercado de una connotación cuasi-peyorativa, y en la mayoría de los individuos, se da por sentado que el mercado debe estar intervenido por parte de los gobiernos, al punto tal que, en muchos se da por sobreentendido que cuando alguien habla del mercado lo está haciendo en relación a un mercado donde el gobierno tiene una participación activa o muy vigorosa, y no conciben que bajo el rótulo mercado alguien pueda estarse refiriendo a un mecanismo de intercambio de valores entre los hombres libres por completo de cualquier injerencia estatal.
"Paz y nacionalismo económico son conceptos incompatibles y contradictorios. Lo que pasa es que el estado que pretende intervenir la mecánica del mercado no tiene más remedio que recurrir al nacionalismo económico. El dirigismo exige la implantación de medidas proteccionistas. Pues el comercio libre, según es notorio, haría inalcanzables los objetivos que el intervencionista pretende conseguir."[2]
Nacionalismo y proteccionismo no son sino más que dos caras de la misma moneda. No se puede ser nacionalista sin ser proteccionista y viceversa. No hay escapatoria a este dilema. Ni los gradualismos siquiera cambian esta realidad. Y la paz que se quiebra mediante su adopción, es tanto la interna como la externa. Interna, por cuanto cualquier medida nacional-proteccionista conlleva ínsito el consiguiente dirigismo gubernamental que, al romper la voluntad libre de los sujetos que buscan contratar de acuerdo a sus particulares preferencias (y no a las del burócrata de turno), ven infringida su paz al violentarse lo que -de otro modo- hubieran sido sus decisiones libres, pacificas y voluntarias. En el plazo más largo, la persistencia de políticas dirigistas-nacionalistas termina esfumando la paz externa, ya que somete a los países a tensiones comerciales que finalizan repercutiendo en las relaciones internacionales de modo muy negativo.
"Hacia fin de la década de 1980 y principios de la de 1990, fuimos testigos de la implementación masiva de reformas de mercado, un acontecimiento por el cual el FMI toma el crédito. Sin embargo, estas reformas fueron resultado de una necesidad económica nacida del colapso de la planificación central. Como lo señala el economista Deepak Lal, “simplemente no es creíble que la condicionalidad de los ajustes estructurales, los programas estabilizadores y el dinero que los acompañaba, fueran las razones por las que los países con crisis de deuda (y otros) se hayan volcado, desde la planificación al mercado [...] La liberalización económica que ocurrió se debe a una profunda crisis de gobernabilidad que fue engendrada por el dirigismo del pasado”.[3]
Con todo, hay que señalar que la liberalización en comentario no duró demasiado tiempo, y tampoco durante su vigencia tuvo la profundización deseada y necesaria como para mostrar todos sus frutos. No obstante, fuerza es reconocer que, en comparación con el período anterior de marcadísima intervención y dirigismo económico, la dinámica de los mercados, durante el período indicado por el autor citado, fue por cierto muy importante. Y, lamentablemente, no fue perseverante en el tiempo, volviéndose -a poco de andar- nuevamente a los manejos dirigistas que caracterizaron -sobre todo en América latina- al populismo que la región adoptó casi uniformemente a comienzos del siglo XXI. Verdaderamente, fue una broma de mal gusto que el FMI se adjudicara el "movimiento hacia" el mercado (entendido aquí tal como L. v. Mises lo concebía, es decir, como libre sin más adjetivaciones). La alternativa que plantea el autor es "mercado vs. planificación", que es otra forma de enunciar la misma idea contenida en la fórmula "mercado libre vs mercado intervenido". Desafortunadamente, como indicamos, esas "reformas pro-mercado" no fueron consistentes, ni en volumen, ni en duración y tampoco, imperioso es admitirlo, en lo que a su implementación atañe. Estos factores marcaron el desencanto de buena parte de la población respecto de las mismas, y generaron un clima general por el retorno hacia las malas "estrategias" dirigistas, las que fueron el origen de los males que con ellas mismas se buscan remediar sin éxito.
 

[1] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. Pág. 990/1
[2] L. v. Mises La acción humana ...ob. cit. Pág. 996
[3] Ian Vásquez. "Reparación de la relación acreedor-deudor en el mercado financiero internacional" en Daniel Artana y James A. Dorn. Compiladores. Crisis financieras internacionales: ¿qué rol le corresponde al gobierno? - 1ª. ed. – Buenos Aires: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, 2004. Pág. 127

Inversión, calidad institucional y multiplicador



Por Gabriel Boragina ©

Iremos viendo a continuación la importancia de la inversión, pero desde diferentes ángulos de estudio y en la opinión de distintos autores que se han preocupado de la misma, dado que este es un tema clave del análisis económico que tiene profundas implicaciones, sobre todo en materia de desarrollo y crecimiento. En este orden de ideas, existe una relación directa entre la llamada calidad institucional y la inversión:
"La calidad de las instituciones afecta directamente a los motores del crecimiento: la inversión y las innovaciones y esto, por supuesto, afecta la calidad de vida de las personas. La pobreza, al igual que la riqueza, está directamente relacionada con la calidad institucional, donde encontramos a los países más pobres ocupando las últimas posiciones en el Índice."[1]
Se refiere al Índice de Calidad Institucional que elabora el autor de la cita. Se señala con notable acierto dos de los principales motores del crecimiento: la inversión por un lado y las innovaciones por el otro. Sin una o sin otro, o sin ambas a la vez va de suyo que los índices de pobreza se dispararán, como se observa en las economías atrasadas que tienen en común ser todas intervencionistas. Hay que aclarar que se asume en este Índice por calidad institucional una serie de instituciones entre las que desempeñan un papel relevante la propiedad privada, el respeto a las leyes que la protegen, como asimismo la libertad contractual que se relaciona directamente con aquella. Hacemos esta aclaración porque, desde una óptica estatista, podría definirse "calidad institucional" en sentido contrario, tema este que de momento no ocupará nuestra atención en este lugar.
"El vínculo entre calidad institucional y crecimiento económico está dado por el volumen de inversiones. Éstas incrementan la productividad total de los factores de producción, mejoran la competitividad de las economías y promueven un crecimiento económico sostenido. La calidad institucional reduce el costo de las inversiones, particularmente la incertidumbre sobre el retorno de la inversión o sobre la capacidad de poder recuperarlo. Por supuesto la calidad institucional no es el único elemento para que las inversiones se produzcan. Los inversionistas también consideran la demanda potencial del producto o servicio que piensan ofrecer, tanto sea en el mercado de destino o en otros mercados de exportación, como también la disponibilidad de recursos humanos y financieros.[2]
Resulta claro que en este pasaje el término "inversión" se utiliza como sinónimo de lo que el profesor Sabino ha definido como "gastos en bienes de capital o de producción". Es decir, en su sentido estricto, y no en el más amplio que le dan otros autores, como Ludwig von Mises para quien la inversión -en rigor- consiste, más bien, en el destino que se le da al ingreso, y que -según nosotros- puede ser dirigido tanto hacia el consumo como al ahorro. Posiblemente, el significado de la palabra "inversión" como "gasto en bienes de capital" sea más preciso y menos ambiguo (además de ser el más difundido entre los economistas) pero, asimismo, describe con menos fidelidad –a nuestro juicio- la secuencia temporal y la dirección en que se mueve el ingreso. El Dr. Krause establece una relación vincular entre calidad institucional, crecimiento económico y volumen de las inversiones. Dice que el nexo entre la primera y el segundo está dado por el volumen de aquellas.
Cuando se refiere a que "La calidad institucional reduce el costo de las inversiones, particularmente la incertidumbre sobre el retorno de la inversión o sobre la capacidad de poder recuperarlo" está aludiendo a la vigencia irrestricta del derecho de propiedad, cuya garantía legal –seguridad jurídica mediante- asegura mediana o completamente (dependerá del grado de fuerza legal que tenga en el país a considerar) el retorno de la misma o -al menos- la posibilidad de recuperar ese retorno. Por eso se indica correctamente a la incertidumbre como un costo de la inversión, para lo cual este costo no depende exclusivamente de lo que aquí se llama calidad institucional, sino que el riesgo es un rasgo implícito en toda inversión formando parte esencial de su naturaleza.
No cabe ninguna duda que quien más ha contribuido a confundir, tanto la definición como el papel de la inversión en el mercado, no ha sido otro que J. M. Keynes con sus atrabiliarias "teorías". Una de las más conocidas y populares es la del famoso "multiplicador" que tanto ha dado que hablar a los economistas. Un reconocido experto sobre J. M. Keynes (nos referimos a H. Hazlitt) se ocupó puntualmente de refutar todas y cada una de las ideas de J. M. Keynes:
"Henry Hazlitt explicaba así la idea del multiplicador: “Si por definición la renta de una comunidad es igual a lo que consume más lo que invierte, y si esa comunidad gasta en consumo nueve décimas pares de su renta e invierte una décima parte, entonces su renta ha de ser diez veces su inversión. Si gasta 19/20 en consumo y 1/20 en inversión, su renta ha de ser veinte veces su inversión y así ad infinitum. Estas proposiciones son verdad porque son distintas formas de decir lo mismo. Pero supongamos que tenemos un hombre hábil familiarizado con el uso de las matemáticas. Verá que, dada la fracción de la renta de la comunidad que se dedica a la inversión, la propia renta puede matemáticamente ser designada como una “función” de dicha fracción. Si la inversión es una décima parte de la renta, entonces la renta será diez veces la inversión, etc. A continuación, dando un salto mortal [introduciendo un camelo, diría un castizo], esta relación “funcional”, formal o meramente terminológica se confunde con una relación causa efecto. Seguidamente ponemos boca abajo la relación causal y surge la increíble conclusión que ¡cuanto mayor es la proporción de renta consumida y menor el porcentaje que representa la inversión, más tiene que “multiplicarse” esta inversión para crear la renta total!” Una conclusión absurda aunque necesaria de esta teoría es que una comunidad que consuma el 100% de su renta tendría un incremento infinito de su renta."[3]

[1] Martín Krause. Índice de Calidad Institucional 2012, pág. 6
[2] Martín Krause. Índice de Calidad Institucional 2012, pág. 7
[3] José Ignacio del Castillo-"LA REFUTACIÓN DE KEYNES". Revista Libertas 35 (Octubre 2001). Instituto Universitario ESEADE. Pág. 16-17

Monopolios estatales y privados



Por Gabriel Boragina ©

La palabra monopolio produce un casi instintivo rechazo en la mayoría de las personas a las cuales el término se les pronuncia. Es un vocablo sensiblemente antipático, que despierta connotaciones negativas y que prácticamente sin excepciones se identifica popularmente con la actividad empresarial privada o -en expresiones más generales- con todo lo que tenga que ver con el sector privado de la economía, sean estos individuos, comercios o empresas. Curiosamente, poca es la gente que tiene conciencia que acepta principalmente de buen grado otros tantos monopolios estatales, como -por ejemplo- el impositivo y el monetario. Parecería que las personas razonan de manera dual cuando de monopolios privados y estatales se trata. Conciben la existencia y nocividad de los primeros y la inexistencia o -en el peor de los casos- la necesidad y/o inevitabilidad de los segundos.
No obstante, como hemos aclarado otras veces, solamente hay dos únicos orígenes para la formación de cualquier monopolio: el favor del consumidor, o el amparo del gobierno. En el primer caso, cuando los consumidores deciden -en número mayoritario- centrar sus compras en el articulo "X" que fabrica el productor "A" por encima o con exclusividad al del resto de sus competidores, el Sr. "A" tendrá como resultado las que se llaman ganancias de monopolio, las que -en un mercado libre- lo único que indican es que los consumidores, en forma masiva, lo prefieren al resto de los competidores. Si el mercado es completamente libre, no habrá –para esos mismos consumidores- nada malo en ello, dado que el precio que ellos pagan por el articulo monopolizado siempre –en esas condiciones- se considera un precio de mercado, pero, en cambio, es bastante probable que entre los competidores del Sr. "A" se despierten ciertos recelos y sean estos -en definitiva- quienes envidien el buen éxito empresarial de aquel, sobre todo entre sus competidores menos afortunados, que -casi con seguridad- buscarán la manera de acudir al gobierno, directa o indirectamente, para limitar de alguna forma el monopolio de "A", a quien –seguramente- acusarán de "competencia desleal" o de una u otra falacia por el estilo.
Sin embargo, como -en líneas generales- nuestros mercados hace tiempo que ya no son libres, sino que (en menor o superior grado) sufren la intervención de los gobiernos, lo más frecuente es que los monopolios que conocemos a nivel mundial no sean fruto del mercado, sino encuentren su origen en el estado-nación, o bien, siendo inicialmente privados, operen bajo la protección -de hecho o de derecho- del gobierno del que dependan. Este último tipo de monopolios –por lejos los dominantes a nivel planetario- afectan de manera muy regresiva la distribución de ingresos, entre otros efectos muy perniciosos:
"La distribución de ingresos en el mercado debe distinguirse claramente de las rentas obtenidas fruto del privilegio y la dádiva. Los mercados cautivos, las exenciones fiscales, los proteccionismos aduaneros y los monopolios artificiales constituyen herramientas devastadoras que inciden negativamente en los más necesitados".[1]

 Como ya habrá advertido el lector, el autor citado denomina al último tipo de monopolios que venimos comentando, como "monopolios artificiales", y su característica principal -acorde también se señala en la cita- es que estos nacen y se sostienen en el tiempo como fruto del privilegio y la dádiva. Creo que será de gran interés subrayar que existe un nexo causal entre los "mercados cautivos, las exenciones fiscales, los proteccionismos aduaneros" y los monopolios artificiales, dado que se tratan de medios que implementados -separada o conjuntamente- conducen a la formación de esta última clase de monopolios.
Lo que debe destacarse, es que todos los mecanismos indicados (y no indicados en la cita) solamente pueden ser llevados a cabo por obra y "gracia" de un gobierno. Exclusivamente por vía de una imposición legal, que puede provenir de un decreto, una resolución, un fallo judicial o una ley formal del gobierno, es que podría adjudicarse un determinado mercado a un particular empresario, productor o comerciante. En ausencia de la fuerza o coacción legal ello sería absolutamente imposible. No hay manera alguna de limitar la competencia sino es a través de los mencionados instrumentos "legales" (en donde la palabra legal no es de ningún modo sinónimo de lo justo).
Lo mismo cabe decirse respecto de las exenciones fiscales. Dado que los gobiernos son los únicos que detentan el monopolio legal de cobrar impuestos, de idéntica manera son también estos los únicos que poseen la facultad de decidir quién los paga y quién no lo hará. Al eximir el cobro del tributo a un determinado productor, comerciante o empresario le está otorgando indebida ventaja por sobre sus competidores, privilegio que -si se extiende en el tiempo y, a su vez, hacia otros gravámenes- puede ayudar a contribuir grandemente a consolidar una situación monopolística a los eximidos de tributar. En este punto, resulta de interés detenerse en la curiosa actitud de muchas personas que justifican tanto la existencia de los impuestos como de las exenciones impositivas. Se trata de un monopolio raramente cuestionado por la ciudadanía, si bien la generalidad trata de eludir -como sea- ser alcanzada por los efectos del mismo.  El monopolio de la moneda es un caso análogo al fiscal:
"En algunas oportunidades se ha argumentado en favor de la presencia gubernamental en el campo monetario sobre la base de que el dinero es un bien público. Como es sabido, la moneda no encaja en la definición de bienes públicos en relación a la noexclusión y la no-rivalidad. El activo monetario de una persona queda excluido de otra y el servicio de liquidez que reporta una unidad monetaria a una persona no la puede consumir simultáneamente otra. También se ha sostenido que el monopolio gubernamental del dinero reduce costos de transacción, pero basarse en esta conclusión conduciría al establecimiento de monopolios artificiales en todas las áreas (que además sacarían partida de la economía de escala) lo cual no permitiría la elección al consumidor quien al asignar sus ingresos está evaluando la relación costo-beneficio de contar con opciones y marcas múltiples."[2]

[1]Alberto Benegas Lynch (h) "Economía, libertad y globalización". Especial para la Fundación Adenauer. Pág. 13. 
[2] Alberto Benegas Lynch (h) Entre albas y crepúsculos: peregrinaje en busca de conocimiento. Edición de Fundación Alberdi. Mendoza. Argentina. Marzo de 2001. Pág. 141-142.

Alberdi y el libre comercio



Por Gabriel Boragina ©

Juan Bautista Alberdi, a quien no creemos equivocarnos si lo designamos como el primer gran constitucionalista argentino, fue -sin lugar a dudas- un gran paladín de la libertad, y tuvo un papel transcendental en la época de la formación de la República Argentina. Inspirador de la Constitución de esa nación, fue precisamente sumamente claro en describir el espíritu que animaba a esa constitución que se basó en sus formidables ideas, verdaderamente revolucionarias para su tiempo. Una de sus preocupaciones residió en explicar cómo esa misma constitución contenía un programa completo de libertad económica, que incluía –como no podía ser de otro modo- la libertad de comerciar. He aquí algunos de sus párrafos en tal sentido: 
"Los art. 9, 10, 11 y 12, según los cuales no hay más aduanas que las nacionales, quedando libre de todo derecho el tránsito y circulación interna terrestre y marítima, hacen inconstitucional en lo futuro toda contribución provincial, en que con el nombre de arbitrio o cualquier disfraz municipal se pretenda restablecer las aduanas interiores abolidas para fomentar la población de las provincias por el comercio libre. En Francia se restauraron con el nombre de octroi (derecho municipal) las aduanas interiores, abolidas por la revolución de 1789. Es menester no imitar esa aberración, que ha costado caro a la riqueza industrial de la Francia."[1]
Desafortunadamente, y salvo muy contados periodos posteriores al ejercicio de la novel constitución alberdiana, con el andar de los tiempos, el noble federalismo que la Carta Magna proclamaba fue paulatinamente dejado de lado y, algunas veces más, otras veces menos, pero con tendencia progresiva, el federalismo constitucional fue disipándose en el transcurrir. Formalmente, en nuestros días las aduanas interiores ya no existen. Pero –acorde lo temía nuestro prócer- fueron sigilosamente reemplazadas por medio de otras medidas que, con nombres diferentes, se alzaron como barreras muy similares a la de las aduanas de aquel entonces. Los impuestos provinciales, por ejemplo, que a veces alcanzan niveles abusivos para determinados artículos o renglones, hacen en los hechos de barreras aduaneras para el ingreso de empresas, productos o servicios. El régimen actual de coparticipación federal es muestra acabada de la más flagrante violación a la letra y al espíritu de la constitución fundadora.
"Conforme a semejantes leyes, ¿puede entenderse concedido el goce y ejercicio de las garantías de libertad, igualdad y propiedad? ¿Podría ser ejercida la libertad de comercio conforme a las leyes de Felipe II y de su padre Carlos V, los opresores del comercio libre? Nuestros legisladores deben tener presente la historia del derecho que está llamado a reformar; y todo economista argentino debe fijarse en los nombres que suscriben la sanción de la mayor parte de las leyes civiles que reglan el ejercicio de las garantías que la Constitución ha concedido a la industria. Así verán que en la obra de la organización que nos rige en plena república independiente, nueve partes tienen los reyes absolutos de España, y una la América emancipada. Esta única parte está en el derecho constitucional; las nueve realistas en el derecho orgánico. Practicar la Constitución conforme a este derecho, es realizar la república representativa conforme a la monarquía simple y despótica. He aquí lo que pasa de ordinario en nuestro régimen económico."[2]
Alberdi se lamentaba en este párrafo de las leyes que -por entonces- regían a la Confederación Argentina. Se refería al derecho español que gobernó hasta 1810. Pero que -en los hechos- perduró durante muchos años más, ya no tanto en su letra como en su espíritu, incluso en las primeras leyes patrias propiamente dichas. Desdichadamente, el llamado del insigne argentino hacia los legisladores no fue escuchado, y si bien entre estos últimos ha habido –fuerza es reconocerlo- honrosas excepciones, la tendencia mayoritaria ha sido en restringir el libre comercio mediante leyes regulatorias de corte proteccionista, lo que -en los hechos- implicaba un retorno a la legislación colonial de la cual se suponía se quería renegar a través de las luchas de la independencia. El tiempo demostró que se obtuvo una mera independencia política de la metrópoli, y hasta todavía económica de esta también, pero el elemento ausente en el tramo final fue una auténtica independencia de sistema económico, y que -en definitiva- la República terminó adoptando como propio el régimen económico mercantilista heredado de España, el que, en una general visión retrospectiva histórica, no fue abandonado jamás hasta el presente. Alberdi temía -ya en su momento- que ello fuera a suceder, como lo demuestran estas otras palabras suyas:  
"Guárdese el comercio actual de Buenos Aires de volver a merecer la descripción que hizo el doctor Moreno del comercio bonaerense de 1809. - "Un cuerpo de comercio que "siempre ha levantado el estandarte contra el bien común de los demás pueblos; que ha sido ignominiosamente convencido ante el monarca del abuso rastrero de comprar el mal nacional con cantidades de que no podía disponer". (Representación de los hacendados de las campañas del Río de la Plata, pidiendo el comercio libre con la nación inglesa en 1809)".[3]
Paradójicamente, era Buenos Aires quien se oponía al libre comercio entre Inglaterra y las Provincias Unidas del Rio de la Plata, conforme el propio Alberdi lo explica. Clara demostración todo, de cómo se combinaban de manera perfecta -tal como hoy también sucede- un exacerbado centralismo político complementado por un proteccionismos económico, que no son más que dos caras de la misma moneda, y que concurren paralelamente. Esta puja entre el centralismo porteño y el descentralismo provincial ha sido una constante desde las palabras de Alberdi hasta hoy, y continúa siendo un tema de gran actualidad pese a su antigüedad.
"Como repetidas veces Buenos Aires había frustrado los esfuerzos de las provincias para crearse un gobierno común con sólo quedar aislada y prescindente, las provincias vieron que para crear su gobierno general, les era indispensable destituir a Buenos Aires de los medios efectivos que tenía de impedírselos por su simple prescindencia sistemática, con la cual debían contar siempre las provincias. Y como Buenos Aires retenía esos medios al favor del monopolio que hacía de la navegación y del comercio exterior, las provincias cuidaron esta vez de proclamar la libre navegación de los ríos, para atraer a sus manos, por medio del comercio libre, los recursos elementales del poder de que Buenos Aires las tenía privadas por medio del comercio esclavizado, es decir, por medio del comercio indirecto obligatorio."[4]

[1] Alberdi, Juan Bautista. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. .pág. 48
[2] Alberdi, J.B. ídem. Pág. 57
[3] Alberdi, J.B. ídem. Pág. 122
[4] Alberdi, J.B. ídem. Pág. 221

Gobierno, economía y educación

Por Gabriel Boragina © Es casi un lugar común considerar que la educación debe prioritariamente estar a cargo del gobierno. Existe u...