La meta de la propiedad común

Por Gabriel Boragina ©

 

Desde tiempos inmemoriales filósofos y pensadores de todas las épocas han buscado y creído posible -y hasta deseable- la meta de la propiedad común como medio de supresión de la propiedad privada. Sin embargo, este ideal adquirió su mayor fuerza con el advenimiento de las teorías marxistas que pretendieron darle a tal objetivo la categoría de "científico", y por lo tanto plenamente realizable.

Al respecto, explica el Dr. A. Benegas Lynch (h):

"Roosevelt formula diversas críticas a la idea de abolir el mercado e intenta algunas explicaciones sobre las dificultades que surgirán cuando se adopta esa política pero afirma que la propiedad común de los medios de producción se derivaría lógicamente de la premisa marxista. La premisa consistiría en que la etapa anterior de la sociedad comunista -el capitalismo- producirá la abundancia plena". ... "De ahí Roosevelt concluye que se asume la abundancia (p. 128) “por tanto en la visión de Marx, la sociedad comunista no tendrá que pelear con ‘el problema económico’, podrá lograr sus metas en un medio de abundancia” (p. 129). Anotamos al margen que esta lectura sobre Marx y Engels -en cuanto a que asumen la abundancia- no nos parece ajustada rigurosamente al sentido del texto, pero sin duda que si este fuera el caso no tendría sentido la propiedad privada de bienes y servicios, ni tampoco el mercado."[1]

Por supuesto que, si la abundancia fuera simplemente un dato de la realidad o, en otras palabras, la escasez hubiera desaparecido por completo de la faz del planeta, no existiría problema alguno en establecer un régimen de propiedad común, ya que habiendo "de todo para todos" y sobrando en las cantidades deseadas todos los bienes, carecería de objeto incluso la ciencia económica misma.

Sin embargo, lamentablemente no es ese el mundo en el que vivimos, al menos no lo es por el momento, y no lo será por muchísimo tiempo más. Los recursos continúan siendo escasos frente a necesidades humanas ilimitadas, y es precisamente en virtud de este último principio que si es un dato de la realidad que la propiedad común nunca ha podido ser, ni antes ni hoy, posible.

"El socialismo no persigue en modo alguno la división de los medios de producción y también desea hacer más que solamente expropiarlos; busca producir sobre la base de la propiedad común de los bienes de producción. Por tal razón, aquellas proposiciones que sólo apuntan a la expropiación de los medios de producción no pueden ser consideradas como socialismos; a lo más, pueden constituir proposiciones para una vía hacia el socialismo."[2]

 Pero la propiedad común de los bienes de producción, allí donde se la ha intentado, ha demostrado ser imposible, dado que la propiedad siempre es o pertenece a alguien, y sólo hay dos maneras de apropiarse de ella: una es por la fuerza y la otra es mediante acuerdos libremente celebrados y pactados entre las partes, lo que jurídicamente se denominan contratos.

Tampoco existen fórmulas intermedias o transaccionales entre la propiedad común y la propiedad privada. Siempre será una o la otra. Ambas son excluyentes:

"Todo intento de abolir a través de una transacción el contraste existente entre la propiedad común y la propiedad privada de los medios de producción es, por lo tanto, equivocado. La propiedad siempre estará localizada allí donde resida el poder de decisión. En consecuencia, el socialismo de estado y las economías planificadas, que desean conservar la propiedad privada legal y nominalmente –pero que en el hecho subordinan el poder de disponer a las órdenes del estado porque persiguen socializar la propiedad– son sistemas socialistas en todo el sentido de la palabra. La propiedad privada sólo existe allí donde el individuo puede manejar su propiedad privada de los medios de producción del modo como considere más ventajoso."[3]

Esto es, ni más ni menos, lo que ocurría en los sistemas nazi y fascista, donde jurídica y nominalmente se permitía que la propiedad figurara en cabeza de personas o empresas, pero que -en los hechos o también legalmente- quienes eran los únicos facultados a tomar decisiones sobre la administración y disposición de tales propiedades eran los funcionarios nazis o fascistas. Como explica L. v. Mises, se trataban de socialismos de estado y economías planificadas. Y así sigue siendo hoy en día, aunque los gobiernos del mundo no digan adherir ni al nazismo ni al fascismo, no obstante adoptan sus mismos métodos, quizás algo menos violentos a los que implementaban Hitler, Mussolini y fauna similar a estos dos ejemplares. 

En efecto, los controles de precios, las restricciones al comercio exterior (importaciones y exportaciones) la inflación, las regulaciones gubernamentales, el gasto público, los impuestos, y el sin fin de desorbitadas medidas económicas que los gobiernos adoptan, no son otra cosa más que virulentos ataques a la propiedad privada para reemplazarla por una falsa propiedad "común", que de "común" sólo tiene que pertenece en común a los políticos que dirigen el gobierno. Toda propiedad común implica una transferencia de ingresos del sector privado al sector estatal, es decir, una lisa y llana expropiación de la propiedad.

Es que, como ha explicado el genial Friedrich A. von Hayek:

"Nuestra generación ha olvidado que el sistema de la propiedad privada es la más importante garantía de libertad, no sólo para quienes poseen propiedad, sino también, y apenas en menor grado, para quienes no la tienen."[4]

La propiedad "común" fue, es y seguramente será siempre un mito.

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[1] Alberto Benegas Lynch (h). Socialismo de mercado. Ensayo sobre un paradigma posmoderno. Ameghino Editores y Fundación Libertad –Rosario. Pág. 102 y 103.

[2] Ludwig von Mises. "SOCIALISMOS Y PSEUDOSOCIALISMOS" Extractado de Von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis, capítulos 14 y 15. La traducción ha tenido como base la versión inglesa publicada por Liberty Classics, Indianápolis, 1981. Traducido y publicado con la debida autorización. Estudios Públicos, 15. Pág. 28 y 29

[3] L. v. Mises, "SOCIALISMOS Y..." Op. Cit. Pág. 37

[4] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 140

Los "beneficios" del estado "benefactor"

Por Gabriel Boragina ©

 

La idea de que el "estado debe mejorar" la condición de la gente no es, por cierto, nueva, pero ha ganado mucho impulso en las últimas décadas entre personas –incluso- que tienen una cierta "cultura". Claro que, poseer una cierta "cultura" no es sinónimo de ser depositario de ideas claras, y menos aun de las ideas correctas. Se dice que el mal llamado "estado benefactor" ha de ocuparse de tratar de igualar las rentas y patrimonios de las personas. Pero no ha sido infrecuente en la historia, y aun en la época actual, que detrás de la máscara del "estado benefactor" se esconda un "estado" totalitario, como explica el Dr. A. Benegas Lynch (h):

"Es cierto que no es posible hacer un tajo en la historia separando el antes y el después como si en nuestra época se hubiera abandonado el sistema empobrecedor. Lamentablemente, a partir de la primera guerra mundial, han aflorado sistemas socialistas y socializantes que parieron sistemas totalitarios, autoritarios, algunos de los cuales se ocultan bajo la fachada de aquella contradicción en términos denominada “Estado Benefactor”. Hoy día, tal vez el ejemplo más repugnante de una gigantesca y hedionda cárcel queda plasmada en la Cuba de Castro."[1]

 

La propia dinámica de los "estados benefactores" los lleva a convertirse en "estados" totalitarios, ya que la pretensión de satisfacer todas las necesidades de los individuos conduce inexorablemente a tal resultado. Es por esa razón que, muchos países donde este tipo de "estados" han tenido gran promoción, han debido de detenerse y -en muchos casos- dar marcha atrás a la pretensión de constituir y afianzar tal clase de "estados".

También existe una gran mitología respecto a estados "benefactores" como Suecia, país donde se pudo establecer tal tipo de política simplemente porque previamente se siguieron mecanismos pro-capitalistas:

"Para 1950, antes de que se forjara el Estado Benefactor sueco, la economía sueca se había cuadruplicado. La mortalidad infantil había sido reducida en un 85 por ciento y la expectativa de vida había aumentado milagrosamente en 25 años. Estábamos en camino a abolir la pobreza. Nos habíamos globalizado."[2]

Para repartir lo que el "estado benefactor" "generosamente" distribuye es indispensable e inexcusable que antes se haya creado una riqueza suficiente que lo permita, lo que sólo es posible y viable bajo un sistema capitalista de producción, y no en ningún otro. En diferentes palabras, el "estado" sólo puede regalar lo que antes otro u otros han producido. Y siempre es mucho más fácil ser "dadivoso" repartiendo lo que otros han elaborado, que haciéndolo con los bienes propios de cada uno de nosotros.

Lo cierto es que, el estado "benefactor" empeora la condición de los pobres:

"el “estado benefactor” -que siempre se comportó como un elefante en un bazar- ha hecho mucho por denigrar el concepto de caridad (que siempre es un acto voluntario realizado con recursos propios), ha generado más pobreza y ha intentado pasar el mensaje que es responsabilidad del estado el ocuparse del prójimo. Ahora amenaza con producir nuevos desastres pero en el terreno ecológico. Es hora de rescatar el imperativo moral del singular y no dejarse engañar por la hipocresía del plural. Y cuando se recurre al singular debe estarse alerta que no se trate del uso cínico del singular falso al que echan mano políticos en campaña o en ejercicio machacando el tedioso “voy a resolver los problemas del hambre, la pobreza y la marginación”. Este es un singular falso porque significa el uso coactivo del fruto del trabajo ajeno. Tras esto se esconde la verdad: el plural que sólo está disfrazado para que los mequetrefes del poder puedan ocultar sus fechorías."[3]

El "estado de bienestar" es el mecanismo por el cual se práctica la mal llamada "justicia social", que consiste en despojar por la fuerza a unos lo que les pertenece para darles a otros lo que no les pertenece. En pocas palabras, es la consumación del "estado" ladrón, o del "estado" delincuente, en términos lisos y llanos.

"El Estado Benefactor moderno ¿realmente ayuda a los pobres? La noción generalizada, la idea que impulsó al Estado Benefactor y lo mantuvo vigente es que, en esencia, redistribuye ingresos y riqueza de los ricos hacia los pobres: el sistema de impuestos progresivos recauda dinero de los ricos mientras que numerosas agencias y otros servicios lo canalizan hacia los pobres. Pero incluso los (seudo) progresistas PPSD, los grandes defensores e impulsores del Estado Benefactor, están comenzando a darse cuenta de que cada parte y cada aspecto de esta idea no es más que un mito. Los contratos gubernamentales, en particular los militares, encauzan los fondos tributarios hacia las corporaciones favorecidas y los trabajadores industriales, que reciben sueldos sustanciosos."[4]

Este tipo de "estados" no son más que fuente de corrupción, como se observa en los populismos latinoamericanos (Argentina con los Kirchner, Bolivia con Morales, Ecuador con Correa, Venezuela dominada por el comunismo castrochavista, Nicaragua sandinista, etc.) donde los gobiernos tejen y manejan fabulosos negociados, siempre a costa de los que menos tienen. Así ya había ocurrido en EEUU como explica Murray N. Rothbard:

"Las leyes estatales o federales de prorrateo de combustibles determinan límites máximos absolutos para la producción de crudo, con lo cual elevan los precios del petróleo, que además se mantienen altos por las restricciones a la importación. Y el gobierno concede en todo el país un monopolio absoluto en cada área a compañías de gas, electricidad y teléfonos, protegiéndolas de la competencia, y establece sus tarifas para poder garantizarles un ingreso fijo. En todas partes y en todas las áreas ocurre lo mismo: el despojo sistemático de la mayoría de la población por parte del "Estado Benefactor"."[5]

 

 

 

 

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[1] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. 189-190

[2] Johan Norberg - La Globalización y los Pobres, Fundación Friedrich Naumann (FFN) pág. 11

[3] Benegas Lynch (h) A. El juicio ...Ob. Cit. pág. 204

[4] Murray N. Rothbard. Hacia una nueva libertad. El Manifiesto Libertario. Pág. 185.

[5] Rothbard M. Hacia ...Ob. Cit. Pág. 187

El "estado de bienestar"

Por Gabriel Boragina ©

 

El intervencionismo estatal ha venido adoptando, en modo creciente, muchísimas formas y medios de implementarse a través de las épocas, pero, sin lugar a dudas, una de las más populares -o quizás la más popular de todas- es el llamado "estado de bienestar" o también "estado benefactor", modelo intervencionista al que aspira llegar la mayoría de los gobiernos del mundo, sino todos.

Uno de los Padres Fundadores de los EEUU -Thomas Jefferson- consideraba que este tipo de intervencionismo era contrario a la Constitución que se estaba gestando:

"Muy posteriormente, algunos de los personajes clave que apoyaron el New Deal también reconocieron que la emergencia del estado de bienestar era inconstitucional. Incluso, en 1935, Franklin Roosevelt escribió al presidente del House Ways and Means Committee diciendo que esperaba que el Comité no tenga dudas, que admite son razonables, sobre la constitucionalidad para bloquear la legislación sugerida. En el mismo sentido, uno de los principales arquitectos del New Deal, Rexford Guy Tugwell, en 1968 observó: “Para extender esas políticas del New Deal, hubieron muchas interpretaciones de un documento (i.e., la Constitución) orientadas a prevenirlas”.[1]

El "estado de bienestar" crea un sin fin de efectos contrarios a los objetivos que los teóricos de dicho "estado" dicen querer obtener, y las consecuencias de su aplicación empeora la condición de las personas a las que con la misma se procuraba "beneficiar":

"Kochan muestra que la seguridad social, beneficios por desempleo, subsidios corporativos, subsidios agrícolas, vivienda pública e innumerables manifestaciones del estado de bienestar son todas transferencias coercitivas que imponen un impuesto sobre los contribuyentes. Inclusive, muchos de los beneficiarios no son pobres ni necesitados, pero han aprendido a jugar el juego político suficientemente bien para obtener grandes montos del gobierno. Esto no sólo afecta la libertad individual, sino que también incrementa el número de problemas burocráticos. Los programas del gobierno crean dependencia, defectuosos incentivos y son demasiado amplios y generalizados para asignar recursos efectivamente. Lastiman más de lo que ayudan."[2]

Aun cuando en el muy corto plazo pueden "beneficiar" a un escaso número de personas, los incentivos que crean en estas, forjan en esas mismas personas (y en muchas otras) una demanda constante y –sobre todo- creciente por mas y mayores prebendas y privilegios y -con el tiempo- en cantidades y calidades cada vez mayores.

"El desarrollo del “estado de bienestar” implicó que el estado asumiera funciones que hasta el momento eran realizadas por individuos y asociaciones voluntarias. El gobierno fue adquiriendo mayores funciones en cuestiones tales como la salud, la educación y la ayuda a los más necesitados, y en consecuencia, para financiar estas funciones debió incrementar los niveles impositivos. Tomando como acontecimiento clave el New Deal lanzado por Franklin Delano Roosevelt en 1932, el estado no cesó de entrometerse en un ámbito predominantemente privado, desligando a los ciudadanos de su responsabilidad por los menos afortunados. Como hemos dicho incluso algunos de los personajes clave que apoyaron el New Deal reconocieron la inconstitucionalidad del “estado de bienestar” ya que violaba los estrictos límites que la Constitución había puesto a la injerencia del gobierno en la vida de los individuos y ya hemos citado el propio reconocimiento del Presidente Roosevelt en este sentido."[3]

Pero esta lamentable situación no se limitó, ni mucho menos, a los EEUU, sino que –posteriormente, con el tiempo- cada vez más cantidad de gobiernos, de diferentes puntos del orbe, quisieron imitar el "modelo" norteamericano de Roosevelt, ya que fundamentalmente permitía a esos gobiernos hacerse de mayores recursos económicos para controlarlos en forma cada vez más arbitraria.

"La popularidad de la teoría socialista fue borrando lentamente aquel concepto originario de la ambición como motor de la sociedad y comenzó a predominar en la percepción de los habitantes otro por el cual el “egoísmo individual y empresario” afectaba negativamente los intereses de la nación. Gradualmente, se fue gestando el caldo de cultivo que permitiera obtener el consenso político para la profundización del “estado de bienestar”. Dice Ralph Raimi que las palabras “caridad” y “generosidad”, características de la beneficencia privada, fueron reemplazadas por otras tales como “programas federales”, “fondos federales” y “ayuda”, utilizadas por quienes están en el “negocio” de ayudar gente con fondos públicos."[4]

Hubo pues un trastrocamiento de los valores morales que el intervencionismo que comentamos ocasionó. El "estado de bienestar" comenzó a originar un "ejercito" cada vez más grande de menesterosos mendicantes ansiosos de vivir todos "a costilla" del "estado providencia", todos ellos con la expectativa de recibir oportunamente su dádiva de cada día.

Con todo, la situación en los EEUU no parece ser peor que en la del resto del mundo:

"A pesar de los profundos desincentivos generados por la emergencia del “estado de bienestar”, la actividad benéfica en los Estados Unidos continúa siendo sorprendentemente superior a la del resto del mundo, lo cual evidencia el profundo arraigo de estas prácticas en el espíritu de la población debido al clima de libertad y correlativa responsabilidad que aún prevalece. Un cuadro elaborado por Mario Roitter muestra la preeminencia de la beneficencia que aún conservan los Estados Unidos en este tema respecto a otros países, asignando un 2.2% de su Producto Bruto Interno y 490.6 dólares per capita anuales a este tipo de actividades."[5]

Por supuesto que el "estado de bienestar", además de todos los efectos negativos que promueve y desencadena, es una fuente constante y permanente de la corrupción mas atroz. Esto es lo que sucede en países subdesarrollados como Argentina con los Kirchner, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Correa, la Venezuela del comunismo castrochavista, Nicaragua sandinista y otras naciones del continente americano y también europeo. 

 

 

 

 

 

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[1] Alberto Benegas Lynch (h) – Martin Krause. En defensa de los más necesitados. Editorial Atlántida. Buenos Aires, pág. 259.

[2] Benegas Lynch (h) y Krause. En defensa....Ob. Cit. Pág. 259 y 260

[3] Benegas Lynch (h) y Krause. En defensa....Ob. Cit. Pág. 282

[4] Benegas Lynch (h) y Krause. En defensa....Ob. Cit. Pág. 282 y 283

[5] Benegas Lynch (h) y Krause. En defensa....Ob. Cit. Pág. 287 y 288.

El Estado liberal

Por Gabriel Boragina ©

 

Política y jurídicamente, las palabras "estado" y gobierno representan conceptos diferentes, sobre los que ya nos hemos ocupado extensamente en otros lugares[1]. Sin embargo, no es posible dejar de reconocer que, en el uso coloquial ambos vocablos son ampliamente utilizados como sinónimos, si bien con una altísima carga de ambigüedad por parte de quienes así los emplean. Con todo, es indudable que la mayoría de la gente se refiere indistintamente a una misma cosa cuando usa una u otra palabra. Lo que nos proponemos ahora, es trazar una breve semblanza de lo que para algunos autores muy importantes significan los conceptos de "estado" y gobierno liberal.

El profesor L. v. Mises parece diferenciar "estado" liberal de gobierno liberal:

"en la constitución política de un estado liberal no resulta difícil conceder una cierta independencia al gobierno local. La necesaria coordinación de las partes dentro del todo está suficientemente asegurada por la obligación impuesta a cada unidad territorial para que maneje sus asuntos en el marco de las leyes."[2]

 

Según este párrafo, para el distinguido economista austriaco, el de "estado liberal" vendría a ser más bien un concepto de orden político antes que económico, reservando –también en apariencia- el de gobierno liberal para aludir al aspecto económico, como, por ejemplo, lo hace en este pasaje:

 

"No hubo nunca poder político alguno que voluntariamente desistiera de interferir la libre operación y desarrollo de la propiedad privada de los medios de producción. Los gobiernos toleran, en efecto, el derecho dominical de los particulares sólo cuando no tienen otro remedio; jamás admiten voluntariamente su conveniencia social. Hasta los políticos liberales, reconozcámoslo, cuando llegan al poder, relegan a un cierto limbo las ideas que les amamantaron. La tendencia a coartar la propiedad, a abusar del poder y a desconocer la existencia de un sector no sujeto al imperio estatal hállase tan implantada en la mentalidad de quienes controlan el aparato gubernamental de fuerza y coacción que no pueden resistir la tentación de actuar en consecuencia. Hablar de un gobierno liberal, realmente, constituye una contradictio in adjecto. Sólo la presión de unánime opinión pública obliga al gobernante a liberalizar; él jamás, de motu propio, lo haría."[3]

 

Es cierto que en esta parte L. v. Mises aparenta estar empleando -en última instancia- como sinónimos las palabras "estado" y gobierno, que es -como anticipamos- el uso general que le dan una mayoría de personas. Con todo, no parece descartar de plano la existencia de un gobierno liberal (a pesar de afirmar enfáticamente que se trata de una contradictio in adjecto) sino que lo que más bien parece quiere indicar es que, ningún gobierno llegará, ni por iniciativa propia ni espontánea ni -menos aun- voluntariamente a practicar el liberalismo, sino que sólo y exclusivamente por la vía de una intensa presión social en sentido contrario a la opresión y la dominación podría un gobierno verse forzado a volcarse hacia el liberalismo, con lo que, en resumidas cuentas, podría hipotéticamente llegar a configurarse -en ciertos casos- algo semejante a un gobierno liberal, no –reiteramos- por motu propio de sus componentes, sino por oposición ("presión de unánime opinión pública") de la sociedad. Es decir, la condición previa necesaria (aunque no suficiente) de la existencia de un gobierno liberal, sería la de una sociedad auténticamente liberal, que le sirva no sólo de base sino de elemento de presión constante que lo impulse hacia el liberalismo.

Va de suyo que un gobierno antiliberal no podría sostenerse en una sociedad liberal, de tal suerte que, en tanto la sociedad de la que emerge siga siendo liberal, el gobierno siempre se verá forzado a enmarcar su accionar en dicha doctrina. Los gobiernos antiliberales afloran únicamente allí donde mayoritariamente se los apoya o se les teme.

El Dr. Mansueti, por su lado, resume las características que él entiende ha de tener un gobierno liberal:

"...en un Gobierno liberal, las actividades privadas son privadas, y en ellas no intervienen los Ministros ni diputados sino los jueces, y sólo en los casos que van a Tribunales. Así la corrupción no desaparece, pero al reducirse los Ministerios, la burocracia, las compras etc., se limita a las obras públicas y poco más allá, y se reduce a niveles manejables (y castigables) con sus remedios propios: judiciales."[4]

El grado de liberalismo de un gobierno decrece en relación inversa al aumento del grado de intervencionismo del mismo. Este fenómeno es claramente observable en el mundo entero, y muy particularmente en Latinoamérica, donde el aumento de los índices de corrupción en países como Argentina bajo el régimen de los Kirchner, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Correa y Venezuela castrochavista es una clara demostración del hecho.

Hayek, define por exclusión al "estado" liberal:

 

"Cuando al hacer una ley se han previsto sus efectos particulares, aquélla deja de ser un simple instrumento para uso de las gentes y se transforma en un instrumento del legislador sobre el pueblo y para sus propios fines. El Estado deja de ser una pieza del mecanismo utilitario proyectado para ayudar a los individuos al pleno desarrollo de su personalidad individual y se convierte en una institución «moral»: donde «moral» no se usa en contraposición a inmoral, sino para caracterizar a una institución que impone a sus miembros sus propias opiniones sobre todas las cuestiones morales, sean morales o grandemente inmorales estas opiniones. En este sentido, el nazi u otro Estado colectivista cualquiera es «moral», mientras que el Estado liberal no lo es."[5]

Los "estados morales" pues, resultan ser los estados totalitarios, o como en el caso de los países citados, los que aspiran a serlo en el corto, mediano o largo plazo.

 

 

 

 

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[1] Véanse nuestros libros, La democracia; 2º edición. Ediciones Libertad, Buenos Aires, y Socialismo y capitalismo; 1º edición. Ediciones Libertad, Buenos Aires.

[2] L. v. Mises. Socialismo. Fragmento publicado por Estudios Públicos, pág. 23

[3] Ludwig von Mises. Liberalismo. La política económica liberal. Ed. Orbis, Madrid. págs. 92-93

[4] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009. pág. 62

[5] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 109-110