Política: Responsabilidad y educación

 Por Gabriel Boragina ©

 Hace algún tiempo que me dedico al derecho de propiedades y, en particular, al derecho de propiedad horizontal. En este segmento del derecho, mis clientes suelen ser consorcios de copropietarios. En otras ocasiones he señalado el enorme paralelismo que existe entre el funcionamiento de esta pequeña sociedad de condóminos y el sistema político argentino. Vuelvo sobre el tema. 

En la vida de un consorcio es bastante frecuente (por no decir la normalidad) que entre vecinos en privado o en las conversaciones entre ellos en los pasillos del edificio, se critique acerbamente y en términos aun insultantes al administrador del edificio por su gestión (''es un chorro'', ''afana'', y expresiones equivalentes son comunes de escuchar en esos ámbitos.

Sin embargo, a la vez que estas acusaciones tienen lugar y en privado o pequeños grupos de 10, 20 o más personas, en los hechos (y en el derecho) convalidan el actuar del administrador criticado mediante dos mecanismos legales: el pago mensual de las expensas y la reelección del censurado en las asambleas anuales que se celebran de acuerdo al Reglamento de Administración y Copropiedad del Consorcio.

Argentina -a nivel político- funciona de manera análoga. Podemos fácilmente comparar al presidente con el administrador del consorcio (aquí como administrador del país) y al congreso con la asamblea de copropietarios. Individualmente, y aun dentro del recinto, los legisladores de la supuesta ''oposición'' emiten muy fuertes críticas contra el presidente y en algunos casos también se escuchan insultos o expresiones de elevado tono contra el mismo por su mala gestión. Sin embargo, a la hora de ponerlas en práctica, esos mismos legisladores suelen avalar sus proyectos de leyes, presupuestos, iniciativas, etc. que ese mismo presidente criticado envía al congreso para su aprobación.

Entre ellos dicen en privado ''hay que echar al presidente'' pero son incapaces de reunirse para formarle juicio político de la misma manera que las asambleas de consorcios nunca se logran los votos necesarios para remover al administrador (que en privado todos dicen odiar) ya que incluso los que lo critican en privado o corrillos, en la votación obran contrariamente a lo proclamado, absteniéndose de votar e, incluso, votando en contra de sus palabras, confirmando al detestado administrador en su cargo, ya sea por acción o por omisión.

El consorcio de propietarios de cualquier edifico de propiedad horizontal argentino es un reflejo casi exacto del comportamiento de ese vecino cuando le toca votar o ser legislador a nivel nacional: dice una cosa y hace exactamente su opuesto.

Jurídicamente, y ya en el campo del derecho, esta conducta suele recibir el nombre de ''doctrina de los actos propios'', que en términos sencillos implica la actitud de aquella parte que en un proceso judicial empieza sosteniendo *A* y posteriormente se contradice afirmando que en realidad quiso decir *Z*.

Entonces, nuevamente la base del problema lo encontramos en la educación. Suele ser un lugar común decir que la solución a este inconveniente consiste en tener más educación. Yo también lo creía. Pero ahora pienso que eso no basta por sí mismo, sino que es necesario no solamente tener más educación sino mejor. Es decir, educación de verdadera calidad que no consiste en aumentar el saber enciclopédico del alumno, porque eso no es educación sino acumular información, que no es lo mismo.

Educar es básicamente enseñar a pensar por sí mismo al educando, luego o simultáneamente, por supuesto, de haberse informado. Para ello es necesario -como enseñara Karl R. Popper- tener una sociedad abierta.

Una sociedad abierta es una sociedad responsable y -paradójicamente- a esta se llega también por la misma vía: la educación. Requiere del educador tener conciencia de su propia responsabilidad individual para enseñarle a otros a que también sean responsables individualmente y no a delegar la responsabilidad de sus propios actos en otros como les ocurre a los argentinos en todos los ámbitos sociales, desde el más pequeño y cotidiano (la comunidad de vecinos citada) a los más extensos y complejos (el político y económico).

No se trata, desde luego, de una percepción aislada ni puramente intuitiva. Numerosos autores han advertido acerca de este divorcio entre las convicciones proclamadas y las conductas efectivamente realizadas en la vida social y política.

Ya Alexis de Tocqueville había señalado que las instituciones políticas no funcionan independientemente de las costumbres y hábitos sociales de los pueblos. Las leyes, decía, descansan finalmente sobre las “costumbres del corazón”, es decir, sobre hábitos morales y culturales profundamente arraigados. Cuando una sociedad carece de responsabilidad individual y de coherencia cívica, las instituciones terminan reproduciendo esa misma inconsistencia.

En igual sentido, José Ortega y Gasset advertía en La rebelión de las masas que el gran problema de las sociedades modernas aparece cuando el individuo deja de exigirse a sí mismo responsabilidad personal y espera que otros resuelvan aquello que le compete. El “hombre-masa”, según Ortega, reclama derechos permanentes, pero rehúye sistemáticamente las obligaciones correlativas que hacen posible la convivencia civilizada.

También Friedrich Hayek sostuvo que una sociedad libre solamente puede sostenerse sobre individuos conscientes de la responsabilidad por las consecuencias de sus actos. En Los fundamentos de la libertad explicó que el deterioro institucional comienza cuando las personas transfieren continuamente a terceros —al Estado, al líder político, al partido o al colectivo— las consecuencias de sus propias decisiones.

Desde otro ángulo, Ludwig von Mises observó que los gobiernos no son entes separados de la sociedad sino una expresión de las ideas predominantes en ella. Por eso afirmaba que cada pueblo termina teniendo, en gran medida, las políticas compatibles con sus propias creencias y valores dominantes. La corrupción política, en consecuencia, no puede explicarse exclusivamente por la conducta de los gobernantes sino también por la tolerancia social hacia ella.

Algo semejante expresó Juan Bautista Alberdi cuando advertía que las constituciones escritas resultan insuficientes si la cultura política de la sociedad no acompaña sus principios. Alberdi insistía en que el problema argentino no era solamente jurídico o institucional sino profundamente moral y educativo.

En el terreno estrictamente jurídico, la llamada doctrina de los actos propios —desarrollada ampliamente por autores como Luis Díez-Picazo— se funda precisamente en la exigencia de coherencia entre conducta y declaración. El derecho sanciona a quien actúa contradiciendo sus propios actos anteriores porque entiende que la convivencia social requiere previsibilidad, responsabilidad y buena fe. Sin esos elementos básicos ninguna relación jurídica ni política puede consolidarse de manera estable.

Asimismo, Karl Popper explicó que la sociedad abierta solamente puede existir allí donde los individuos aceptan la crítica, la responsabilidad personal y la revisión racional de sus propias ideas. Una sociedad cerrada, por el contrario, tiende a buscar permanentemente culpables externos y líderes providenciales sobre quienes descargar la responsabilidad individual.

En el plano educativo, Hannah Arendt sostenía que educar significa introducir al individuo en un mundo común y enseñarle a hacerse responsable de él. La crisis educativa aparece precisamente cuando los adultos abdican de esa función formativa y reducen la educación a mera transmisión de información o entrenamiento técnico.

Por eso el problema argentino parece ser menos económico o incluso institucional que cultural y educativo en el sentido más profundo del término. No basta con alfabetizar, informar o incrementar contenidos curriculares. Como señalaba Paulo Freire, educar no consiste en “depositar” conocimientos en el alumno sino en formar sujetos capaces de pensar críticamente y asumir conscientemente sus propias decisiones.

En definitiva, ninguna reforma política o económica puede resultar duradera mientras persista esta escisión entre lo que socialmente se declama y lo que efectivamente se practica. Porque una comunidad donde casi todos dicen condenar ciertas conductas, pero simultáneamente las convalidan con sus actos termina institucionalizando exactamente aquello que verbalmente afirma rechazar.