Corrupción, sociedad y liberalismo.

 Por Gabriel Boragina ©

Sostuvimos mucho antes del arribo de LLA al gobierno que la sociedad argentina no era liberal. Y cuando LLA ganó las elecciones mantuvimos esta misma tesis, explicando que aquella elección no había expresado una conversión doctrinaria hacia el liberalismo sino apenas una reacción coyuntural frente al agotamiento del ciclo kirchnerista. La sociedad argentina no debatió ideas liberales, principios filosóficos, escuelas económicas ni cuestiones doctrinarias. Jamás estuvo verdaderamente interesada en ello.

La coyuntura exigía liberarse del flagelo peronista en su vertiente “K” dominante, y cualquier candidato que apareciera como alternativa a Sergio Massa sería favorecido electoralmente. Derrotada la coalición denominada ''Juntos por el Cambio'', liderada anteriormente por Mauricio Macri —quien decidió no competir nuevamente por la presidencia— emergió un personaje hasta poco antes relativamente marginal en la política institucional: un panelista televisivo elevado rápidamente a figura nacional gracias a una exposición mediática constante y extraordinaria.

Bien se ha dicho que la prensa constituye el “cuarto poder”, y ello resulta particularmente visible en la Argentina, donde la influencia cultural y política de los medios de comunicación continúa siendo enorme. La construcción mediática de figuras políticas no es un fenómeno nuevo, pero en este caso alcanzó niveles inusitados: voluntaria o involuntariamente, gran parte del sistema periodístico contribuyó a instalar ante la opinión pública la idea de que aquel personaje representaba una ruptura radical con el sistema tradicional.

Ingenuamente, muchos creyeron que bastaba con declamar contra “la casta”, denunciar la corrupción y presentarse como ajeno al circuito político tradicional para encarnar automáticamente una alternativa moral superior. El electorado, agotado y frustrado, aceptó esa narrativa y le otorgó el triunfo. Pero el dato verdaderamente relevante no fue el resultado electoral, sino la evidencia de que la sociedad argentina no modificó en absoluto su mentalidad respecto del poder y de la corrupción.

El problema de fondo es que la sociedad argentina parece haberse anestesiado frente al fenómeno corrupto. La corrupción dejó de escandalizar; apenas genera discusiones comparativas. Lo que el ciudadano promedio espera no es un gobierno honesto, sino simplemente uno “menos corrupto” que el anterior. Allí reside precisamente la demostración más contundente de la ausencia de una cultura liberal genuina.

El liberalismo no aspira a reducir la corrupción: aspira a erradicarla. Un liberal no acepta la corrupción como un componente inevitable del sistema político, del mismo modo que no aceptaría como inevitable el robo o el fraude. Sin embargo, la mentalidad predominante en la Argentina parece haber naturalizado la degradación institucional hasta convertirla en una fatalidad cotidiana.

En este sentido, Frédéric Bastiat escribió una frase que parece describir con exactitud este fenómeno: “Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en sociedad, con el tiempo crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica”. La corrupción deja entonces de percibirse como una anomalía para transformarse en parte constitutiva del orden político aceptado socialmente.

Esto se refleja con claridad en los debates cotidianos y, especialmente, en las discusiones observables en redes sociales. Cuando alguien denuncia hechos de corrupción del gobierno actual, las respuestas oscilan casi exclusivamente entre quienes sostienen que los gobiernos anteriores fueron más corruptos y quienes afirman que fueron menos corruptos o igualmente corruptos. La posibilidad de exigir gobiernos completamente honestos ni siquiera aparece como horizonte imaginable.

Y ello demuestra que jamás existió un verdadero clima liberal dentro de la opinión pública argentina. No lo hubo antes de la llegada de LLA al poder, ni tampoco existe ahora, cuando las denuncias y sospechas sobre corrupción vuelven a ocupar el centro de la discusión pública. Lo único que cambia es el nombre de los acusados y la intensidad de la defensa partidaria.

Un liberal auténtico es ajeno a esa lógica tribal. No le interesa determinar si fulano robó más o menos que mengano. El liberal no compara porcentajes de corrupción; exige la eliminación absoluta de ella. La honestidad institucional no es para el liberal una cuestión relativa sino un principio moral.

Como señalaba Ayn Rand: “Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican influencias más que bienes, sabrás que tu sociedad está condenada”. Allí donde el poder político distribuye privilegios discrecionalmente, inevitablemente surge una estructura de corrupción destinada a capturar esos beneficios.

Del mismo modo, Ludwig von Mises explicó reiteradamente que el intervencionismo estatal genera corrupción porque amplía las oportunidades de arbitrariedad política. Cuando el Estado decide quién gana, quién pierde, quién recibe subsidios, quién obtiene contratos o quién accede a privilegios regulatorios, la lucha económica deja de orientarse hacia la producción y pasa a orientarse hacia la captura del poder político. La corrupción no aparece entonces como una desviación excepcional sino como una consecuencia lógica del sistema intervencionista.

Por eso la ausencia de una mentalidad liberal también se refleja en el hecho de que, cuando existe cierta bonanza económica, la corrupción pasa inmediatamente a un segundo plano para gran parte de la sociedad. Mientras determinados sectores obtengan beneficios materiales, tolerarán e incluso justificarán mecanismos corruptos si estos preservan sus ventajas. La preocupación moral desaparece frente a la conveniencia económica inmediata.

Friedrich Hayek advirtió en Camino de servidumbre que la expansión del poder estatal no sólo transforma la economía sino también la cultura moral de una sociedad. Cuanto mayor es el intervencionismo, más se acostumbra la población a depender de favores políticos, excepciones regulatorias y privilegios discrecionales. La corrupción deja entonces de ser vista como una patología y comienza a considerarse simplemente una herramienta más dentro de la lucha por recursos y posiciones.

En suma, nunca se avanzó verdaderamente hacia la libertad entendida en sentido liberal profundo. No antes, no ahora y probablemente tampoco en el futuro inmediato. Porque el problema central no reside únicamente en determinados dirigentes corruptos, sino en una cultura política que acepta la corrupción como un fenómeno inevitable de la vida pública.

La sociedad argentina parece concebir la existencia de gobiernos completamente honestos como algo utópico, casi extraterrestre. Sólo puede escandalizarla el grado de descaro o de torpeza de ciertos hechos, pero no la corrupción en sí misma. Y mientras exista esa resignación cultural, cualquier proyecto liberal auténtico resultará imposible.

El liberalismo no es un sistema con “poca corrupción”. Es, por definición moral e institucional, un sistema anticorrupción. Un orden basado en la igualdad ante la ley, la limitación estricta del poder y la eliminación de privilegios estatales incompatibles con una sociedad libre.

Tal como advertía Juan Bautista Alberdi, “la peor tiranía es la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia”. El drama argentino no consiste únicamente en la corrupción de ciertos gobiernos particulares, sino en la normalización social de un sistema donde el poder administra privilegios, castigos y beneficios mientras la ciudadanía acepta mansamente esa dinámica como si se tratara de un fenómeno natural e inevitable. Mientras ello no cambie, el liberalismo seguirá siendo apenas una consigna electoral ocasional y no una verdadera convicción cultural de la sociedad argentina.