Por Gabriel Boragina ©
Normalmente se entiende que se tratarían de antónimos pero no es asi. El antónimo de optimista es pesimista y el de escéptico es confiado, creyente.[1]
Esto me permite definirme políticamente como un optimista escéptico en casi
todas las materias en las que he reflexionado públicamente y, por sobre todo, en
las cuestiones políticas y económicas que se refieren a la Argentina. Pero debo
ser más explícito al respecto.
Mi optimismo se refiere al largo plazo. Siguiendo el pensamiento de Friedrich A. von Hayek y su teoría (que él mismo aclara no es original suya) del evolucionismo social y del orden espontáneo, creo en los cambios durables en el largo plazo. Por consiguiente, no creo en las revoluciones de ningún signo como causas del cambio sino que considero que son su consecuencia (normalmente, el vulgo entiende las cosas a la inversa). Las llamadas ''revoluciones'' políticas siguen este esquema.
En esta línea, opino que en Argentina no ha existido hasta ahora ninguna revolución. La de 1810 fue consecuencia -a su turno- de una oleada de movimientos similares que se venían dando en el continente desde la norteamericana de 1776. Mas propia de un ‘’efecto contagio’’ que de ideas originadas en algún político ‘’iluminado’’
Mi optimismo se circunscribe a pensar que en el largo plazo es posible, y mi escepticismo en lo contrario.
Esto, destaco, no depende de gobierno ni de partido político alguno. Entiendo que es un fenómeno social. Partidos políticos y gobiernos son consecuencia de ese cambio social y no sus agentes productores.
Lo dicho no significa que los políticos sean enteramente títeres del destino. Sus acciones u omisiones pueden contribuir en mayor o menor grado a un cambio, pero no en la medida que habitualmente se cree. Los cambios de una sola persona son efímeros si no son seguidos (y sostenidos) en el tiempo por la mayoría. Se exagera en mucho el rol del político. Es una mirada cortoplacista, meramente coyuntural. En definitiva, y como afirmaba sabiamente Ludwig von Mises, el destino de los pueblos está en sus manos, aunque la gente tienda a creer que son víctimas de tal o cual político o partido.
Si bien el político debe encaminar sus pasos en la dirección de sus convicciones, no llegará a buen puerto si esos convencimientos no son coincidentes con la de la opinión mayoritaria. Ocurre ahora en Argentina con el gobierno de LLA[2]
Y otro condicionante, normalmente olvidado, omitido y que (cuando se lo admite) se minimiza su importancia es el marco legal, poco comprendido incluso por destacados profesionales. No es extraño, porque la legalidad, el orden y la justicia nunca han tenido gran predicamento en la Argentina. incluso el cuadro legal suele ser poco respetado por los mismos profesionales del Derecho. Esto le da mala prensa a la legalidad y es una de las causas por la cual se la suele ignorar.
Hay quienes destacan la importancia de las instituciones sin tomar conciencia que es el encuadre legal dado por la Constitución de la Nación el que permite el funcionamiento de esas instituciones. La primer institución que es desconocida en la Argentina es la Constitución misma.
En cuanto al gobierno actual argentino, hemos destacado que el rumbo elegido no sólo no es el prometido sino que es equivocado. Y en este sentido, somos escépticos en cuanto a los pasos dados y consecuentemente a sus resultados.
Pero también señalamos que la moldura institucional del país no es liberal sino intervencionista, y el gobierno ha adecuado su accionar (quizás forzosamente o no) en esta última dirección. Era previsible. Las fuerzas sociales no pueden ser doblegadas fácilmente por tendencias que le sean contrarias.
Así se vio ¿obligado? a integrar sus cuadros con elementos antiliberales (Frente de Todos) y no liberales (PRO), dando lugar a ese híbrido presente que Ludwig von Mises denominó intervencionismo.
Un gobierno liberal debería (por tomar sólo un aspecto pero no único) dar el ejemplo, absteniéndose de utilizar instrumentos antiliberales aunque la Constitución se lo permita. El caso típico son los llamados decretos de necesidad y urgencia que infortunadamente fueron incorporados en contradictorias disposiciones constitucionales a raíz de la lamentable reforma del 94.
Estos decretos, son la versión moderna de los tradicionales Decretos-Leyes que empezaron a popularizarse de la mano de los numerosos gobiernos militares que tuvo el país. Los civiles quisieron ‘’democratizarlos’’, y en 1994 los insertaron funestamente en el texto constitucional. Les quitaron el adjetivo ‘’leyes’’ y se lo cambiaron por ‘’necesidad y urgencia’’. Pero, en esencia, siguen siendo los tristemente célebres decretos leyes de antaño.
No hacer uso de decretos, pese a que la constitución ahora los autoriza, sería una buena manera de empezar a cambiar la mentalidad estatista, dirigista y militarista argentina. Sin embargo, en dicha orientación, el gobierno se comporta tal y como lo han hecho los partidos antiliberales o no liberales que ha ocupado el poder. Ni más ni menos.
Los supuestos ''liberales'' que alientan a gobernar por decreto, avalando la figura del déspota liberal, favorecen algo que yo concibo como muy contrario al liberalismo.
Entonces, resumiendo, respecto del gobierno que a si mismo gusta llamarse ''liberal'' soy completamente escéptico. Pero sigo siendo un optimista de las instituciones y del orden constitucional, y en tal disposición, y aunque fuera por una mera cuestión de supervivencia, creo que ese orden constitucional, a la larga, se terminará imponiendo por sí mismo o, mejor dicho, la sociedad -por sí misma- se lo autoimpondrá, si es que quiere sobrevivir como sociedad. Quizás este también fuera el pensamiento de F. A. von Hayek al elaborar su teoría. O tal vez no.
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