Origen del impuesto a la renta en Argentina

 Por Gabriel Boragina ©

Luego del proyecto de ley de 1919 vino el de 1924 diciéndose del mismo que:

"El proyecto venía precedido de un amplio estudio del Ministro de Hacienda doctor Víctor Molina y de su colaborador, doctor Salvador Oria. Tampoco esta vez la iniciativa tuvo suerte y recién en 1930, bajo uno de los tantos gobiernos "de facto" que experimentó el país, se materializó el anhelo de sancionar el impuesto a la renta, "A mérito de esto, señala Ruzzo, el impuesto a la renta en nuestra República es un hecho; pero, la faz constitucional del asunto no ha sido debidamente dilucidada y no es posible omitir referencias a la misma, aunque sea en forma somera, debiéndose asimismo contemplar la conveniencia económica de su implantación. Yo, particularmente me siento obligado a ello, puesto que en mi carácter de senador nacional presenté un proyecto de reforma de la Constitución Nacional, destinado, precisamente, a incluir tal impuesto como recurso nacional. Por otra parte, son ya dos las provincias que han iniciado la implantación en su propio territorio, si bien no han llegado a la sanción de tales iniciativas, el hecho es posible, sin duda alguna".[1]

En el año indicado es cuando comienzan a ingresar al país las primeras ideas fascistas, que ya dominaban ampliamente un gran espectro de la opinión pública en Europa, y que permitiera los ascensos de Mussolini (que ya estaba gobernando autocráticamente en Italia) y poco después el de Hitler, que se preparaba para asumir el poder absoluto en su pais, Alemania. El general Uriburu -que diera el golpe de estado que derrocara al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen- era de ideas que reconocían aquella inspiración, y no puede llamar la atención que viera con agrado la expoliación fiscal que estamos estudiando.

La reflexión de Ruzzo es llamativa, pero claramente de ella se desprende que es un entusiasta partidario de este tipo de imposición como de otras, a juzgar por las numerosas referencias que hace el autor en estudio.

Parece que a Ruzzo le preocupaba la forma en que el impuesto se sancionó (mediante un decreto-ley) y no por una vía constitucional. Pero no era que estaba en contra del impuesto, sino que le inquietaba una mera cuestión formal o jurídica si se quiere. De hecho, manifiesta que, más tarde y ya como senador nacional, propuso una reforma constitucional; cambio “destinado, precisamente, a incluir tal impuesto como recurso nacional", lo cual era un disparate desde nuestra visión federal del impuesto por lo que ya dijimos: un federalismo real implica descentralización fiscal y autonomía provincial y municipal para sancionar sus propios regímenes impositivos sin injerencia alguna del gobierno nacional. Al parecer el sr. Ruzzo piensa que si la Constitución no tuviera una cláusula expresa que incluya al impuesto sobre la renta como impuesto nacional el mismo no podría regir pese a su "conveniencia económica" punto que no discute, ni sobre el cual esgrime argumento alguno.

Lamentablemente, la Constitución de la Nación Argentina contiene dos cláusulas cuya vaguedad y amplitud dan cabida a la sanción por parte del gobierno central y provincias de una amplia gama de impuestos.

"Está claro, y el propio autor que acabamos de transcribir lo asevera así, que el asunto se halla regido por las disposiciones de los artículos 4° y 67, inciso 2° de la Constitución Nacional, y que el impuesto a la renta está expresamente reconocido por la segunda de las cláusulas citadas, que expresa al establecer las atribuciones del Congreso, la de "imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bienestar general del Estado lo exijan". El impuesto a la renta es una contribución directa y nadie puede impunemente tergiversar el texto tan claro y preciso, en este aspecto, de la carta constitucional del país."[2]

Realmente, el texto constitucional anotado no es ni claro y mucho menos preciso. Posee una ambigüedad que ha dado pie a toda clase de atropellos y violaciones de las restantes cláusulas constitucionales.

Mas allá de las continuas violaciones al artículo constitucional citado perpetradas no sólo por los gobiernos de facto sino y quizás con mayor énfasis por los denominados de jure (supuestamente constitucionales) en la práctica de nuestros días lo que existe es una amplia gama de impuestos superpuestos unos a otros, incurriendo en dobles, triples, cuádruples, quíntuples, etc. imposiciones. Es decir, lo que tenemos es un régimen de multiplicidad fiscal que no alcanza sólo a la cantidad de impuestos en danza sino a la cantidad de ellos que recaen sobre un mismo contribuyente cuyo patrimonio es el objeto de todos los impuestos pasados y presentes.

Todo tipo de gravámenes recaen sobre la cabeza del sufrido -e irónicamente llamado- "contribuyente", a quien ya poco y nada le queda por "contribuir" desangrándose en la azarosa aventura de ver que impuesto pagar primero, y exprimido como un limón al que el gobierno siempre trata de darle otro apretón para extraerle alguna gota de jugo más.

Naturalmente, y como el lector ya se podrá imaginar y más todavía si vive en la Argentina, la cláusula constitucional que ordena que esas "contribuciones" lo sean "por tiempo determinado y proporcionalmente iguales" nunca se han cumplido completamente y sigue sin cumplirse. Y si bien todas las leyes impositivas comienzan sus artículos indicando su transitoriedad, en los hechos se transforman en permanentes, con o sin reformas del texto original, y sin siquiera preocuparse por eliminar la cláusula de transitoriedad en muchas de ellas.

El principio de "igualdad" -que también aparece en el texto- tampoco fue observado. Basta remitirnos a las numerosas exenciones fiscales que obran en los textos legales para eximirnos de más comentarios sobre el particular. Y respecto a "la defensa, seguridad común y bienestar general del Estado" se han interpretado con tal latitud que prácticamente los gobiernos han hecho entrar cualquier cosa dentro de esos términos, de modo que les permitiera gravar lo que objetivamente no encuadraba en ninguno de ellos. Lastimosamente, el texto debería haber sido mucho más específico y trazar limites férreos a la voracidad fiscal típica de nuestros gobiernos de ayer y de hoy. No fue así, y los gobiernos siempre tienen el "argumento apropiado" para gravar lo ingravable.


[1] Mateo Goldstein. Voz "IMPUESTOS" en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

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