Igualdad y desigualdad fiscal.

 Por Gabriel Boragina ©

De una manera o de otra, "las reglas de juego" las imponen en las democracias las mayorías y, de la misma forma que los derechos deberían ser iguales para todos, las obligaciones también deberían serlo. Y si la mayoría entiende que el impuesto debería ser o es una obligación, también debería ser igualitario para todos. ¿Lo es? La respuesta es no. No lo es. Por cuanto los miembros del gobierno -que son personas humanas como nosotros- no tributan, solamente recaudan de lo ajeno.

Hay que estar prevenidos a los juegos que se suelen hacer con la palabrita "igualdad", juegos a que los juristas son especialmente afectos en jugar. En dicho sentido, es correcto decir que todos somos iguales en cuanto a que todos pagamos impuestos. Pero no es igual de cierto decir que todos pagamos impuestos por igual, ni tampoco todos pagamos los mismos impuestos, y -mucho menos- que todos pagamos la misma cantidad por cada impuesto que pagamos.

Entonces, se difumina la idea de "igualdad" que todos enuncian en abstracto, pero se niegan a concretizar y particularizar. Cuando empezamos a ver el asunto a fondo nos empezamos a dar cuenta que la cacareada igualdad, de la cual tan orgullosos se muestran los juristas, políticos y demás demagogos, no existe.

Sentado esto, digamos que, en materia fiscal, los burócratas no son iguales a nosotros los del llano. Aquí deberemos retomar lo que ya explicamos sobre el "contribuyente" (expoliado, en rigor) de hecho y de derecho.

Podría quizá haber una ley (decreto, resolución etc.) que dijera que los empleados estatales deben pagar impuestos como "todo el mundo". Lo que sucede es que, ese régimen legal por el cual se les quisiera hacer pagar impuestos a los empleados estatales (incluimos en este rótulo empleados llanos, funcionarios de todas las jerarquías, desde el presidente nacional hasta el portero de la casa de gobierno) no podrían cumplir, ni, aunque quisieran. En tal sentido, nunca serian iguales a los privados.

Por ejemplo, supongamos el empleado estatal Juan que trabaja en cualquier puesto de cualquier ministerio, repartición, etc. y que recibe un "salario" de $ 1000.-

Juan puede cobrar $ 1000.- de "salario" porque esos $ 1000.- provienen de impuestos que han pagado -por caso- Pedro, José, Luis y Carlos que trabajan en el sector privado, a razón de $ 250 cada uno.

Si, eventualmente, se le quisiera hacer "pagar" impuestos y -figurativamente- debiera sufragar $ 100.- va de suyo que esos $ 100.- solo podrían salir de los $ 1000.- (los ingresos de Juan). Pero esos $ 100 que se dice "ingresa" Juan por impuestos, en realidad, los están costeando o -mejor dicho- ya los adelantaron, Pedro, José, Luis y Carlos cuando oblaron los impuestos con los cuales se le pagó el "sueldo" a Juan.

Conclusión: los burócratas no pagan impuestos en su condición de burócratas, porque si lo hicieran no estarían más que reingresando al fisco el producido de los impuestos previamente oblados e incorporados al fisco por el sector privado. Esto aplica a todos los burócratas de los tres niveles (nacional, provincial y municipal). En consecuencia, es falso que el impuesto sea igual para "todos" y que "todos" los paguen. Los burócratas están exentos, si no de derecho si, de hecho.

Pero ¿cómo conciliaríamos esto con lo que dijimos que todos pagamos impuestos? Porque nos estamos refiriendo a los "contribuyentes" de hecho; estos siempre pagan impuestos, aunque no tengan que desembolsar ninguna suma de dinero.

Juan -como burócrata- podría tener su "sueldo" gravado de derecho, pero de hecho no está pagando nada que antes no lo hubiera pagado un particular vía impuestos, dado que los únicos que generan riqueza son los particulares, nunca los burócratas.

Pero, como las leyes de la economía no pueden ser violadas por las leyes jurídicas que, frente a las económicas son irrelevantes, de todos modos, Juan, si bien está exento de hecho como burócrata no lo está como consumidor, ya que su condición de burócrata no impide que mantenga la de consumidor. Es más, Juan podría dejar de sur un burócrata, lo que nunca podrá es dejar de ser un consumidor de hecho. O sea, si bien como burócrata Juan no produce absolutamente nada, como consumidor continúa consumiendo como cualquier otro ser humano.

Así, en cuanto a consumidor, Juan "pagará" el impuesto dejando forzosamente de consumir aquellos productos que -"gracias" a los impuestos con los cuales se le paga (entre otros destinos) su "salario"- el sector privado dejará de producir y -por lo tanto- de comerciar.

En este sentido, nuestro empleado estatal se verá también perjudicado por el mismo impuesto merced al cual cobra su "salario". Lo que recibe por un lado lo pierde por el otro. Ninguna ley jurídica pudo jamás cambiar este hecho, porque las leyes jurídicas nunca pudieron ni pueden violar las leyes económicas, ya que estas no dependen de la voluntad de ninguna persona en particular.

"Hay gente, sin embargo, continúa su razonamiento el eminente economista inglés, que no acepta un principio general de justicia como una base sobre la cual sea posible establecer una teoría de. las finanzas y que requieren alguna cosa más especial, como ellos dicen. Ellos prefieren mejor considerar el impuesto pagado por cada miembro de la sociedad como el equivalente del valor que él recibe a título de servicio del gobierno: ellos prefieren mejor sostener que es justo que cada uno contribuya a las cargas públicas en razón de sus facultades, porque el que tiene dos veces más bienes para defender que otro, recibe —conforme a todo cálculo— una suma doble de protección y debe, de acuerdo a los principios de la mercancía y de la venta, pagar doblemente por esta protección."[1]

Se insiste en lo que podríamos llamar la "teoría del servicio" y, en un sentido más realista, no se habla del "servicio del estado" sino del "gobierno". Pero, ya hemos refutado este punto anteriormente, cuando expusimos que los posibles "servicios" que "prestan" los burócratas no son más que los mismos servicios que -en mejores condiciones de precio, costo y calidad- suministraban antes los particulares, y que el gobierno puede "ofrecerlos" porque ha privado a esos particulares de los medios y los recursos para que pudieran hacerlo como lo hacían antes de la expoliación "legal".


[1] Mateo Goldstein. Voz "IMPUESTOS" en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

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