Gasto público y equidad

Por Gabriel Boragina ©

Se suele denominar "gasto social" a la parte del gasto estatal que se destina al asistencialismo. Este componente del gasto público es cada vez mas creciente, en la medida que la demanda por una mayor intervención del gobierno en el área de la seguridad social se consolida en un numero progresivo de países del mundo, incluso en aquellos que se consideran los mas conservadores. Cuando el gobierno se ve obligado, ya sea por iniciativa propia o por presiones originadas en los diversos grupos de interés, a asumir un rol mas activo en la provisión de fondos a esos mismos sectores o a otros a instancias de los primeros, no solamente el gasto público se agranda, sino que -con él- aparecen serias distorsiones económicas que terminan extendiéndose y afectando a los demás miembros de la comunidad.
"El tema de la equidad atrae la atención en la cuestión de cómo dirigir el gasto público. Si es un medio de buscar más efectividad en la redefinición de las responsabilidades de gasto, también supone un desafío de difícil solución: identificar y elegir de entre la población quiénes deberán tener prioridad en la distribución de los beneficios. Ésta es una tarea que se vuelve cada vez más compleja conforme se va haciendo más grande la porción de población absoluta y relativa que vive debajo de la línea de pobreza —como en el caso de Brasil. Con el fin de instrumentar y obtener beneficios a partir de políticas redistributivas efectivas y de amplio rango, es imperativo buscar nuevos arreglos financieros e institucionales."1
Si el gasto público tiene partidas que van a destinarse a la práctica del asistencialismo, de inmediato surgirá el debate de cómo deberá repartirse, entre quiénes, en qué cuantía y por cuáles periodos hacerlo. Todas estas consideraciones nos llevan al terreno de la equidad, y este concepto -como todo juicio de valor- es susceptible de apreciación subjetiva y no objetiva. Ahora bien, tratándose del gasto público (en buen romance gasto estatal) el sujeto activo de opinión sobre qué es o no es equitativo reposará invariablemente en cabeza del gobierno, siendo del todo irrelevante que los sujetos pasivos (a la sazón, los contribuyentes) concuerden o no con dicho juicio valorativo del ente gobernante. La redistribución del ingreso (que, en suma, de esto se trata la cuestión) da invariablemente origen a disputas de toda índole entre los diferentes grupos de poder y de presión, en una puja ascendente e interminable por conseguir -a quien mas y mejor- la tajada mas importante del botín del gobierno. Entendiéndose por botín aquí, lo que en economía llamamos habitualmente la recaudación fiscal.
"La economía neoinstitucional aconsejaría ser muy prudente en el uso del supuesto que si hay demanda a nivel local por un bien público, la oferta va a responder con elasticidad. Y advertirá, con mayor insistencia, sobre la alta probabilidad de que esa oferta no sea eficiente. En el caso del gasto público social en Colombia el problema ha sido examinado y lo que los expertos observan es una situación de oferta inelástica y un mercado de monopolio en casi todos los insumos de la producción de bienes públicos locales".2
Este problema no sólo se ha presentado en Colombia, sino en todos los países de la región y en muchas otras naciones del mundo. La oferta de bienes públicos rara vez es eficiente, esto es, escasamente y muy excepcionalmente dicha oferta pueda considerarse eficiente a los ojos de quienes -en teoría- deberían ser sus destinatarios. Como ya hubiéramos discutido antes, la idea de un gasto público "eficiente" es hartamente criticable, desde que la eficiencia también es un juicio valorativo, y recae exclusivamente en el sujeto que recibe algo a cambio de otra cosa. Es decir, que tiene la oportunidad de valuar si su costo compensa su beneficio. La cuestión de fondo ya había sido explicada por el profesor austriaco Ludwig von Mises cuando demostró la imposibilidad de cálculo económico en ausencia de propiedad privada. Si bien su exposición tendía a evidenciar la total inviabilidad de un sistema socialista, su razonamiento puede perfectamente aplicarse a cualquier ámbito en el cual la propiedad privada se diluye o directamente desaparece Esto es lo que -en escala- sucede cuando los impuestos detraídos al contribuyente pasan a formar parte del tesoro nacional. El contribuyente pierde, en ese mismo acto, la propiedad privada de sus dineros, y estos pasan a componer una etérea propiedad pública (en rigor, estatal). Pero, como el costo de obtener esos recursos detraídos al particular por parte del estado es igual o cercano a cero, al disponer el ente burocrático de tales fondos no posee ningún parámetro que le permita conocer si la utilización que hace de ellos es positiva o negativa , es decir, rentable o improductiva.
"¿Qué dice el enfoque institucional sobre las externalidades? En esencia diría que es principalmente a través de un cambio de las condiciones positivas que se creará el entorno que generara los factores institucionales requeridos por la descentralización. Tal cambio de condiciones estaría constituido por variaciones en el origen del financiamiento del gasto público local. Si este gasto es financiado en una alta proporción por transferencias, libres de condicionalidad significativa, será muy difícil que los requisitos institucionales se cumplan y sean sostenibles. La clave es asegurar que los ciudadanos locales financien, de sus propios recursos, una parte importante de sus gastos públicos."3
El gasto público opera como una externalidad negativa para todos aquellos que lo financian, e inversamente será positiva para quienes sean destinatarios del mal llamado "gasto social" cuyos elementos principales son las transferencias directas, hoy mas conocidas como "planes sociales", que no son otra cosa que los ya familiares subsidios, típicos de los denominados estados "de bienestar".
La última parte del párrafo citado es verdaderamente curiosa, dado que -en instancia final- recurra el gobierno al método de financiación que apele, siempre serán los ciudadanos locales quienes, de sus propios recursos, costeen el gasto público, y no solamente sus gastos públicos (pese a que no se precisa en el texto a qué desea referirse el autor con esta última expresión.
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1José Roberto Rodrigues Afonso - Thereza Lobo."Descentralización fiscal y participación en las experiencias democráticas tardías", Capítulo V, en Rolf Lüders-Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC, pág. 282.
2Eduardo Wiesner. "La economía neoinstitucional, la descentralización y la gobernabilidad local". Capítulo VI, en Ludes-Rubio, ...Ob. Cit. pág. 318.
3. Eduardo Wiesner. "La economía neoinstitucional, la descentralización y la gobernabilidad local". Capítulo VI, en Ludes-Rubio, ...Ob. Cit. pág. 320,

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