Descentralización y gasto

Por Gabriel Boragina ©

Hay autores que, comprendiendo los nocivos efectos que un gasto público desbordado puede ocasionar, han insinuado diversas recetas para contenerlo. Por ejemplo:

"Con el fin de establecer defensas institucionales sólidas frente a demandas sociales que no es posible atender en el corto plazo y evitar eventuales desbordes populistas, cabe sugerir: [....] Reservar al Presidente de la República (o Primer Ministro en un régimen Parlamentario) -también por norma constitucional- la iniciativa exclusiva de ley en materias que signifiquen aumento del gasto público, mayores beneficios previsionales, creación de empleos estatales o incrementos tributarios."1

El objetivo es plausible, y ya nos hemos explayado sobre los males de un gasto público que no cumple ni con las finalidades del gobierno, ni permite libertad a la actividad privada. Si bien la cita enuncia como problemas "el aumento del gasto público, mayores beneficios previsionales, creación de empleos estatales o incrementos tributarios", poniendo a todos ellos -al parecer- en un mismo rango, en rigor los beneficios previsionales, los empleos estatales y los incrementos tributarios son consecuencia y no causa del gasto público. Por supuesto que, el gasto no se reduce a estos ítems, sino que sus partidas comprenden muchas otras erogaciones, pero el autor citado ha querido circunscribirse a aquellas que -según él- considera las de mayor demanda social.
Ahora bien, la cuestión de otorgarle al presidente de la república o primer ministro facultades exclusivas en materia de iniciativa legal para proponer medidas semejantes es, desde nuestro punto de vista y como habitualmente se suele decir, “un arma de doble filo”. Pareciera que la idea es sustraerle al congreso o parlamento tales prerrogativas, presumiblemente porque ha de suponerse que los legisladores o parlamentarios serán mas vulnerables que el presidente o primer ministro a las presiones populistas. Sin embargo, nosotros no encontramos base, ni lógica ni racional, a tal interpretación. Por el contrario, creemos no equivocarnos si observamos que la experiencia política (la latinoamericana es un muy buen ejemplo) demostró que han sido muchos presidentes los que fueron susceptibles y altamente influenciables a las demandas populistas. Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, y mas tarde Chávez en Venezuela, los Kirchner nuevamente en Argentina, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, etc. impulsaron y dieron cabida por igual a las pretensiones populistas para elevar el gasto público (sistemáticamente llamado “social” como si pudiera existir algún gasto público que no tuviera por destino satisfacer una demanda social).
Finalmente, habría que apuntar que la medida propuesta podría atentar contra la división republicana de poderes, y -al mismo tempo- ser una tentación para ambiciones personalistas y -por ultimo- para aspirar a la implantación de una dictadura. Instintivamente, no nos parece prudente la propuesta. Que la iniciativa legislativa sobre el gasto público se concentre en una sola mano como que se distribuya entre muchas no es por cierto mejor que contar con una regla que lo limite, sea quien fuere quien la proponga.
Tampoco resulta tranquilizante la necesidad de una reforma constitucional para determinar quien será -en suma- quien tendrá la iniciativa de proponer leyes sobre el gasto público. Por triste experiencia es sabido que las reformas constitucionales son ocasiones propicias para que los políticos que las llevan a cabo introduzcan de contrabando muchas otras normas que poco o nada benefician a la comunidad, y si -en cambio- favorecen sus propias posiciones de poder. Los ejemplos abundan en la historia de reformas constitucionales que, lejos de ser positivas para el interés de la gente, han resultado -por el contrario- muy negativas, sobre todo en materia de derechos individuales 
 
"Debe comprenderse que no existe una definición precisa, mucho menos una fórmula —ni un sentido general, ni específico para cada país— ya sea para medir el nivel óptimo de descentralización o para indicar la ubicación ideal de los recursos, responsabilidades y poderes entre las diferentes esferas del gobierno. Vale la pena ilustrar la simple comparación de la evolución de la distribución gubernamental del gasto público en Chile y en Brasil desde la década de los ochenta. Mientras que en el primero la participación de los gobiernos subnacionales en el gasto nacional ha crecido del 4 al 13%, en el segundo se ha elevado del 35 al 48%; en otras palabras, la descentralización chilena ha avanzado más en términos relativos, aunque sigue siendo un sistema tan centralizado como lo fue Brasil en los años de apogeo del régimen militar."2

La primera observación a realizar respecto de este párrafo arriba transcripto es que el autor hace una completa asimilación entre nivel de gasto público y descentralización. Es decir, toma ambos términos como sinónimos. Los gobiernos centrales pueden favorecer el aumento del gasto público provincial o estadual, o pueden desalentarlo. Las provincias o gobiernos subnacionales pueden endeudarse a cuenta de las arcas nacionales, o hacerlo por su cuenta. Todo ello debería estar debidamente reglamentado. Y por sobre todas las cosas, limitado. Habría que encontrar mecanismos por los cuales se habilitara una enmienda constitucional que solamente tuviera por objeto fijar una regla restrictiva a la facultad de los gobiernos -tanto nacionales como provinciales- a endeudarse sin mas limite que el de la propia voluntad política por encima de los recursos reales y efectivos con los cuales aquellos verdaderamente cuentan en sus tesoros.
Cuestiones diferentes son la descentralización del gasto y la de funciones. No son lo mismo o, al menos, no nos parece tan seguro que ambos conceptos lo sean. Pensamos como cosa distinta la descentralización de funciones y el costo que cada una de esas funciones demande concretamente al ente político o administrativo que tenga a su cargo. Determinada función puede delegarse a una repartición administrativa, provincial o municipal. No obstante, a menos que se le conceda una completa y absoluta autarquia, podría legalmente establecerse que la financiación de dicha actividad quedara a cargo del gobierno nacional. Este seria el caso de una mera descentralización funcional pero no financiera. Se delegan o descentralizan las funciones, pero no su financiamiento Claro que se podría cuestionar -con razón- de que este se trate de un verdadero caso de descentralización, dado que, quien maneja los fondos necesarios para la función es (en los hechos) el que esta gestionando la función, ya que sin tales recursos la función seria imposible de cumplir, por mucho que se la hubiera descentralizado legalmente. 
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1 EDGARDO BOENINGER-"El papel del Estado en América Latina"- Capítulo I. En Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC, pág., 124.
2 JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO - THEREZA LOBO."Descentralización fiscal y participación en las experiencias democráticas tardías", Capítulo V. pág. 259-260. En Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía...Ob. Cit. ,

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