Los limites del "estado"



Por Gabriel Boragina © 

Un debate siempre abierto consiste en responder a la pregunta ¿cuáles son las funciones de un gobierno o -formulada de otra manera- ¿para qué se necesita un gobierno? Los pensadores de todos los tiempos, desde la filosofía, la política, el derecho, la economía y -en general- desde lo que se denominan las ciencias sociales, siempre han tratado de dar respuesta a esta pregunta y, por supuesto, no todas las veces (o quizás la mayoría de las veces) han podido ponerse de acuerdo. De esta manera, se ha introducido en el debate si los gobiernos tienen o no funciones propias o básicas o si estas son esenciales o no. Desde nuestro punto de vista, uno de los pensadores que mas en claro han tenido este tema ha sido el prócer argentino Juan Bautista Alberdi:
“¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes le exigía a Alejandro, que no le haga sombra” (Opus cit., p. y en la tercera se lee que “Si los derechos civiles del hombre pudiesen mantenerse por sí mismos al abrigo de todo ataque, es decir, si nadie atentara contra nuestra vida, persona, propiedad, libre acción, el gobierno del Estado sería inútil, su institución no tendría razón de existir” (“El proyecto de Código Civil para la República Argentina” en Obras Completas, Buenos Aires, Imprenta de la Tribuna Nacional, 1868/1887, tomo VII, p. 90). Estas dos referencias apuntan a las funciones del gobierno en una sociedad abierta."[1]
Un punto clave cuando se considera que el "estado" tiene (o debería tener) funciones "propias" es la referida al financiamiento de las mismas. Nosotros ya en otra oportunidad nos hemos expedido al respecto, centrando el debate en cuanto a dos puntos: 1) la cuantía de los recursos mediante los cuales se pretende costear las llamadas funciones "propias", y 2) la idoneidad o pericia con la cual esos dineros son administrados. Si la cantidad excede un determinado porcentaje de la renta nacional, y para peor tal enorme cantidad de fondos son mal o peor administrados, resulta evidente que se está produciendo un grave perjuicio a los contribuyentes, que son los que siempre -y en última instancia- costean el gasto estatal (o menos precisamente, denominado "publico"). El aumento del gasto público es una de las tentaciones más grandes de todo gobierno, y se han ofrecido varias y muy interesantes propuestas para solucionarlo:
"quisiera concentrar ahora mi atención en un análisis completamente distinto para reducir drásticamente el gasto público. Se trata de recurrir a la competencia también para este propósito. Esto puede lograrse muy eficientemente a través de un genuino federalismo transfiriendo prácticamente todas las funciones del gobierno central a las provincias o estados miembros. Si esta medida se adoptara, inmediatamente aparecerían potentes incentivos a través de la competencia para reducir gastos puesto que allí donde los impuestos resulten más gravosos hará que la gente se traslade o haga operaciones comerciales en otros estados lo cual también guiará a las inversiones en general. Al derivar las funciones del gobierno central a las distintas jurisdicciones antes referidas se obligará a los gobiernos locales a usar su imaginación y esforzarse en retener clientela al efecto del consiguiente rédito electoral y para preservar la existencia misma de la política en ese ámbito. La preocupación de limitar el poder a través del federalismo data de muy antiguo pero fue expuesta sistemáticamente por vez primera en el siglo XVIII a través de los llamados Papeles Antifederalistas (paradójicamente más federalistas que los propios Federalistas)."[2]
Por supuesto que suscribimos esta propuesta, al mismo tiempo que, luce como de difícil materialización, no por otras razones que por la falta de voluntad política de los actores que deberían impulsarla, y no porque la misma fuera inviable desde el punto de vista teórico ni practico (que son la misma cosa, al final de cuentas). La tendencia mundial es exactamente la opuesta a lo que el profesor Alberto Benegas Lynch (h) sugiere en la cita anterior. Por desgracia, existe una mayor concentración de los poderes centrales, y en consecuencia la tendencia es hacia la centralización y no hacia su contraria. También anotamos (sobre todo en los países latinoamericanos y -en particular- es muy notorio en un país como Argentina) la predilección de los gobiernos provinciales a hacerse proveer de fondos por el gobierno central, en lugar de elegir la competencia entre distintas jurisdicciones. Es cierto que el sistema legal propende al centralismo e imposibilita, de todos modos, la práctica de un federalismo genuino y sano como el que sugiere el Dr. Alberto Benegas Lynch (h), pero también lo es que las distintas provincias (unas mas, otras menos) prefieren competir por las migajas que el gobierno central les conceda a través del nefasto mecanismo de la "coparticipación", que optar por un régimen de competencia entre las diferentes provincias. Como sucede en el ámbito empresarial de los sistemas intervencionistas, muchos gobernadores se comportan como aquellos pseudo-empresarios que, en lugar de competir por el favor del consumidor, escogen "competir" por ser atendidos en forma preferencial por aquellos burócratas que están en condiciones de ofrecerles algún privilegio o prebenda para su empresa o actividad.
Otra arista del debate (de especial discusión entre los liberales o libertarios) es la función del gobierno en definir los derechos de propiedad. Discusión que se enmarca -en realidad- dentro del origen del derecho de propiedad. Un sector de aquellos sugiere que el derecho de propiedad sólo puede ser definido a partir del "estado":
"Algunos libertarios intentan resolver el problema afirmando que quienquiera que el gobierno existente decrete que tiene el título de propiedad debería ser considerado el justo dueño de la propiedad. En este punto, aún no hemos ahondado lo suficiente en la naturaleza del gobierno, pero aquí la anomalía debería ser muy notable, porque con seguridad resulta extraño encontrar que un grupo siempre receloso de prácticamente cada una y todas las funciones del gobierno de buenas a primeras le permita a éste definir y aplicar el precioso concepto de la propiedad, base y fundamento de todo el orden social. Y particularmente, son los utilitaristas partidarios del laissez-faire los que creen más factible comenzar el nuevo mundo libertario confirmando todos los títulos de propiedad existentes; es decir, los títulos de propiedad y derechos decretados por el mismo gobierno al cual se condena como agresor crónico."[3]
 

[1] Alberto Benegas Lynch (h) "Homenaje a Juan Bautista Alberdi". (Discurso pronunciado ante la Academia Nacional de Ciencias). pág.2
[2] Alberto Benegas Lynch (h) "Para bajar el gasto público" p. 1 y 2
[3] Murray N. Rothbard. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. (ISBN 13: 9780020746904). Pág. 42-43

Ingeniería social y educación



Por Gabriel Boragina ©

"Tan cierto es que los socialistas consideran a la humanidad como materia destinada a combinaciones sociales, que si por casualidad no están muy seguros del éxito de aquellas combinaciones, reclaman por lo menos una porción de humanidad a titulo de material de experimentación: es bien sabido cuán popular es entre ellos la idea de experimentar todos los sistemas, y se ha visto a uno de sus jefes llegar a la asamblea constituyente a pedir con toda seriedad que se le diera una comuna con sus habitantes, para realizar su ensayo. Así procede todo inventor que fabrica su máquina en pequeño antes de realizarla en grande. Así el químico sacrifica algunos reactivos, y el agricultor sacrifica ciertas semillas y un rincón de su terreno para ensayar una idea. ¿Pero qué distancia separa al jardinero de sus árboles, al inventor de su máquina, al químico de sus reactivos, al agricultor de sus semillas? El socialista cree de buena fe que la misma distancia es la que lo separa a él de la humanidad. No hay que asombrarse de que los escritores del siglo XIX consideren la sociedad como una creación artificial salida del genio del legislador. Tal idea, producto de la educación clásica, ha dominado a todos los pensadores y a todos los grandes escritores de nuestro país. Han visto entre la humanidad y el legislador la misma relación que existe entre la arcilla y el alfarero. "[1]
Estas luminosas palabras escritas por el fenomenal Frédéric Bastiat a mediados del siglo XIX han sido premonitorias de lo que ha vivido el mundo, no sólo en la época en las que fueron escritas sino que se consolidaron con mayor fuerza y vigor en el siglo siguiente y el actual. Es que el ingeniero social -aquel que está convencido que puede moldear a la sociedad su antojo- nace fundamentalmente en la escuela primaria, se lo reafirma en tal dirección en la secundaria, y se lo consagra como tal en la educación universitaria. Hoy podemos decir sin lugar a dudas que nuestras escuelas y universidades son fábricas de ingenieros sociales, y a estos los encontramos en todas las carreras, no exclusivamente en las destinadas a ingeniería, sino -y sobre todo- en las disciplinas referidas a las ciencias sociales. En particular, los ingenieros sociales destacan en dos carreras bien demarcadas a saber : las de ciencias económicas y jurídicas. Creemos que por mucha distancia el grueso de los ingenieros sociales se hallan entre las filas de los economistas y de los abogados.
Tampoco se equivoca el genio de Bastiat cuando no duda en identificar a los ingenieros sociales (aunque no los llame de este modo aquí) con los socialistas. Va de suyo que, entre socialismo e ingeniería social existe la misma relación que entre género y especie. La segunda es natural consecuencia del primero, caso contrario el socialismo no tendría manera de operar si no controla y dirige a su antojo a los individuos que componen la sociedad y con ellos a la sociedad en todo su conjunto. No pueden escindirse uno de la otra, sino que son como los dos pares del par de zapatos. Muchos profesionales de las carreras mencionadas antes, se sorprenderán genuinamente de saber que sus ideas dirigistas están inspiradas en el socialismo y el comunismo a los que de continuo "niegan" pertenecer ideológicamente. Sin embargo, no hay escapatoria posible. Y por ello, Bastiat lo explica con meridiana claridad.
"Una vez que esté en la pendiente en cuestión, ¿por lo menos gozará la sociedad de alguna libertad? Por supuesto. ¿Y qué es la libertad, según Louis Blanc? : “Digámoslo una vez por todas: la libertad no consiste sólo en el derecho concedido, sino en el poder, dado al hombre para que lo ejercite, de desarrollar sus facultades, bajo el imperio de Injusticia y bajo la salvaguardia de la ley. Y no se trata de un distingo sin importancia: tiene un sentido profundo y son inmensas sus consecuencias. Porque si se admite que para ser verdaderamente libre el hombre necesita el poder de ejercitar y desarrollar sus facultades, resulta de ahí que la sociedad es deudora con respecto a cada uno de sus miembros, en cuanto a proporcionarles una educación adecuada, sin la cual el espíritu humano no puede desenvolverse, les debe también los instrumentos de trabajo a falta de los cuales la actividad humana no puede seguir su curso. Ahora, ¿por intervención de quién, si no es el Estado, puede la sociedad dar a cada uno de sus miembros la instrucción adecuada y los necesarios instrumentos de, trabajo”. Es así que la libertad es el Poder. ¿En qué consiste tal poder según Blanc? En poseer la instrucción e instrumentos de trabajo. ¿Quién habrá de dar la instrucción y los instrumentos de trabajo? La sociedad que al respecto es deudora. ¿Por intervención de quién dará la sociedad los instrumentos de trabajo a quién no los posee? Por intervención del Estado. ¿A quién habrá de quitárselos el Estado? Corresponde al lector dar la respuesta y ver a dónde desemboca todo esto.<"[2]
Resulta notable como los dirigistas de hoy en día utilizan el mismo falaz "argumento" que empleaba Blanc en el siglo XIX, lo que demuestra la caducidad de sus ideas que sin embargo no dudan en presentar como "progresistas", y el rechazo o la más profunda ignorancia (lo mismo da a los efectos prácticos) en relación a las ventajas de la libertad individual, es decir una libertad donde la única dirección dada es la del propio individuo interesado en ella. Revela la cita de Bastiat el ansia que ya poseían los hombres de su época por dominar y dirigir los espíritus y haciendas ajenos, con palabras disfrazadas de "nobles ideales" y de las "mejores" intenciones. No es difícil en nuestra época actual escuchar un discurso semejante al de Blanc en las aulas de las escuelas, colegios y universidades. Es de esta manera en que se indoctrina a los estudiantes para convertirlos en futuros ingenieros sociales que dominen y encaucen a la sociedad hacia adonde ellos (y no los individuos que la componen) decidan que deben dirigirse, violando todas las libertades individuales. En las palabras de Blanc se encuentra la base del espíritu totalitario, de la dominación absoluta, del aplastamiento total al individuo, en una palabra la esencia del socialismo en su máxima expresión.

[1] Frédéric Bastiat. La Ley. Edición del Centro de Estudios Económicos-Sociales de Guatemala (www.cees.org.gt.) pág. 15
[2] Bastiat F. La ley. Ob. Cit. Ídem pág. 26

El Derecho natural




Por Gabriel Boragina ©

Luego de realizar una aguda y contundente critica al utilitarismo, explica el Profesor Dr. Alberto Benegas Lynch (h):
"La perspectiva del derecho natural es sustancialmente distinta. Natural en este contexto no alude a la condición primitiva del hombre ni a leyes físicas sino a las propiedades de la especie. Alude al orden natural circunscripto al ser humano. Las plantas, las piedras y los perros tienen propiedades que le son características. El hombre también posee propiedades exclusivas que lo distinguen. El derecho natural se refiere a las facultades de hacer o no hacer por parte del hombre sin obstaculizar iguales facultades de terceros. Si cada ser humano es único desde el punto de vista anatómico, fisiológico, bioquímico y, sobre todo, psicológico, para que pueda actualizar sus potencialidades hay que dejarlo que siga su camino. El hombre al actuar pretende pasar de una situación menos satisfactoria a una que le proporcione mayor satisfacción, lo cual implica hacer uso del análisis subjetivo basado en el libre albedrío y la consiguiente responsabilidad individual. Para que esto sea posible es menester respetar en primer término su vida y consecuentemente todo lo que adquiere de modo lícito. De esta manera se sustentan los derechos que, como queda dicho, son naturales porque no son consecuencia del invento ni del diseño del hombre sino que le preceden y emanan del antes mencionado orden natural."[1]
A las criticas absurdas y pueriles que intentan decir que el derecho natural seria un derecho que "prescinde" de la sociedad o que sería antisocial no puede menos que contestársele de esta manera tan clara como la que resulta de la cita precedente. Va de suyo que, el derecho es una ciencia social, y la doctrina del derecho natural en modo alguno viene a desmentir que el derecho es por esencia social. Lo que sucede en realidad es que la doctrina del derecho natural violenta a los espíritus totalitarios y a esos tantos que pululan por todas partes que anhelan o quisieran imponer sus propios criterios, decisiones y -sobre todo- valores a la sociedad, y para hacerlo se escudan en el aparentemente inocente rótulo de "defensores de los derechos sociales, o de la sociedad". En realidad, lo que no confiesan es que bajo esa máscara, lo que verdaderamente sueñan es con someter a la sociedad a sus propios caprichos. Por eso, es absolutamente cierto que los derechos naturales están ínsitos en el hombre, es decir, en su propia naturaleza humana, y afirmar esto no implica negar ni desechar a la sociedad como acusan esos espíritus totalitarios, sino que -por el contrario- la palabra "hombre" en este contexto no alude jamás al hombre aislado. Ni tampoco esta indicando que existan hombres que tengan "derechos" por encima de los demás. El vocablo "hombre" apunta a todo el género humano por igual. Incluye a hombres y mujeres, y no solamente a específicas personas. Por supuesto, una mentalidad socialista o socialistoide no puede comprender nada de esto.
"El derecho natural o iusnaturalismo se opone al positivismo legal que sostiene que no hay norma alguna extramuros de la ley positiva, lo cual descalifica la posibilidad de que hubiera tal cosa como una ley injusta, con lo que el poder legislativo pretende justificar cualquier atropello a los derechos de las personas que son anteriores y superiores a la existencia misma del legislativo."[2]
Hoy en día, nuestro mundo vive inmerso en el océano del positivismo legal donde "es ley" lo que una mayoría circunstancial desea que sea "ley" y donde esa mal llamada "ley" se traduce, en la generalidad de los casos, en violaciones al derecho de otras personas, y en que esa mal denominada "ley" responde ordinariamente al capricho de accidentales mayorías, que van mutando de gobierno en gobierno. Con lo cual, según quién gobierne, se dictan normas contra grupos opositores, y cuando estos finalmente llegan al poder, promulgan contranormas para vengarse de los que les precedieron en el mando. A esto, es a lo que debemos el caos jurídico en que el mundo hoy se encuentra sumergido.
"Estirando el concepto de utilitarismo puede decirse que resulta útil respetar el derecho natural, lo cual constituye una visión un tanto retorcida del utilitarismo que, así, de facto, se convierte en partidario del derecho natural."[3]
En realidad, los partidarios del positivismo legal que hoy dominan el universo jurídico por doquier, invierten la fórmula, y pretenden convencernos que el "único derecho posible y existente" es el derecho legal (positivo), queriendo borrar del mapa el derecho natural que es el verdadero derecho, y que no es un derecho "antisocial", ni tampoco representa el "derecho" de un hombre aislado, y menos aun contrario al orden social. El orden social es resultado del derecho natural y no a la inversa.
"El primer registro escrito del orden natural se encuentra quinientos años antes de nuestra era, en una obra de Sófocles, cuando Antígona discute la decisión del gobernante de dejar a uno de sus hermanos insepulto. Tal vez resulte oportuno transcribir una breve cita de Cicerón que nos ilustra acerca de adónde apunta el proceso evolutivo del descubrimiento del derecho, aunque la idea antigua de "ley natural" difiere del "derecho natural" a partir de Locke quien, a su vez, fue influido en esta materia por Grotius, Pufendorf y Hooker. La cita nos dice que: "No es posible debilitar la ley natural con otras leyes ni derogar ningún precepto suyo, ni menos aún abrogarla por completo; ni el Senado ni el pueblo pueden libertarnos de su imperio; no necesita intérprete que la explique; no habrá una en Roma, otra en Atenas, una hoy y otra pasado un siglo, sino que una misma ley, eterna e inalterable rige a la vez todos los pueblos en todos los tiempos." Por su parte, Montesquieu escribió en 1748 las primeras líneas Del espíritu de las leyes de este modo: "Las leyes, en su significación más extensa, no son más que relaciones naturales derivadas de la naturaleza de las cosas" y unos renglones más adelante afirmaba que "Decir que no hay nada justo ni injusto fuera de lo que ordenan o prohíben las leyes positivas, es tanto como decir que los radios de un círculo no eran iguales antes de trazarse la circunferencia"[4]

[1] El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. 663 664
[2] A. Benegas Lynch (h). El juicio... ob. Cit. Pág. 663-4
[3] A. Benegas Lynch (h). El juicio... ob. Cit. Pág. 663-4.
[4] A. Benegas Lynch (h). El juicio... ob. Cit. Pág. 665

Economía y Moral



Por Gabriel Boragina ©

Es interesante examinar las numerosas implicaciones que existen entre la moral y la economía, por cuanto son muy frecuentes las veces en que se las soslayan, y es de suma importancia que se den ciertas condiciones para tener una economía moral y no cualquier otra. Será bueno analizar entonces de qué manera algunas doctrinas económico-políticas -aparentemente "positivas" o "beneficiosas"- atacan, en realidad, y terminan destruyendo a la moral. Comencemos, pues, con el populismo, con esta excelente cita:
"El populismo no solo es ineficiente como organización económica, sino que es fundamentalmente inmoral porque su funcionamiento así lo requiere."[1]...." Dentro de este pensamiento autoritario en materia económica, que es una especie de iluminismo económico y monopolio de la bondad de los políticos, no hay lugar para entender que la competencia es un proceso de descubrimiento. Descubrir qué demanda la gente, qué precios está dispuesta a pagar por cada mercadería y qué calidades exige. Por eso el populismo económico inhibe la capacidad de innovación de la gente y los “empresarios” millonarios son, en su mayorista, simples lobbistas que hacen fortunas con negociados turbios gracias a sus influencias con los corruptos funcionarios. Es en este punto en que el intervencionismo deja de ser ineficiente para transformarse en esencialmente inmoral porque los beneficios empresariales no nacen de satisfacer las necesidades de la gente, sino de esquilmar los bolsillos de los consumidores. Y como para esquilmarlos necesitan el visto bueno de los funcionarios públicos, ese acuerdo se transforma enorme corrupción donde la riqueza surge de expoliar a la gente mediante pactos corruptos."[2]
La inmoralidad nace -como bien se observa- de la dinámica propia del sistema intervencionista, que requiere del latrocinio para beneficiar a unos a costa de otros. Incluso la inmoralidad surge aunque las intenciones del burócrata tengan como base firmes convicciones acerca de la "corrección" de su actuación. Una acción es intrínsecamente inmoral con independencia de que el agente que la provoca conozca o no sus vínculos causales con la moral, en tanto y en cuanto, desde el punto de vista objetivo, la intervención viole la regla moral.
De cualquier manera, en la mayoría de los casos donde intervienen los gobiernos, las normas morales se violan en forma consciente de que se lo está haciendo. No interesa demasiado que el político sepa o no que está vulnerando las normas morales con sus políticas intervencionistas, lo relevante es de qué modo sus acciones favorecen o perjudican –potencial o concretamente- a los demás. Y, en tanto y en cuanto, se adopten políticas populistas (que siempre han de ser -por definición- intervencionistas) hemos de tener por seguro que las reglas morales han de ser transgredidas violenta o no violentamente.
Entonces, desde un punto de vista legal, los frecuentes contubernios habidos entre funcionarios y empresarios, sindicalistas, o de cualquier otro sector social, pueden ser jurídicamente válidos, lo que no quita ni quitará jamás que –asimismo- sean moralmente repudiables. Para lo cual, no es necesaria –y esto es importante reiterarlo y destacarlo- la existencia concreta de un perjuicio, sino que basta la mera probabilidad de haberlo provocado. La acción será doblemente inmoral si el daño -al final de cuentas- se consuma. Y basta que sea uno solo el afectado para que la inmoralidad se materialice.
"Pero además de ser más eficiente la economía de mercado, su gran diferencia con el intervencionismo es que está basada en principios morales y éticos en que nadie se apropia de lo que no le corresponde. No se usa al Estado y a sus funcionarios para que, con el monopolio de la fuerza, se desplume a trabajadores y consumidores. No se hace de la corrupción una forma de construcción política en que las voluntades se compran."[3]
La diferencia entre la economía de mercado (o economía liberal conforme preferimos llamarla) y los demás sistemas es que, aunque no existieran normas legales, siempre van a preexistir normas morales que deben ser respetadas, y en el punto donde se quebranten será en ese mismo momento y lugar donde habrá desaparecido la economía de mercado, capitalista o liberal. El tema se entronca con el de la ley moral, que se diferencia de la ley inmoral. Ambos tipos de leyes podrán tener por igual imperio legal, pero sólo será justa la ley moral y no la inmoral. La moralidad del capitalismo se encuentra en que cada ser humano respeta el fruto del trabajo ajeno, en tanto que en todos los demás sistemas que lo adversan ocurre exactamente lo contrario. Es esto lo que hace del capitalismo un régimen moral superior a los demás.
"Como se ve, no estamos hablando solo de eficiencia económica cuando hablamos de capitalismo versus populismo. Estamos diciendo que la economía de mercado es un imperativo moral frente a la inmoralidad del populismo intervencionista, dado que en este último imperan la corrupción y el saqueo. La decencia, la honestidad en la función pública y la transparencia en los actos de gobierno no son la esencia del populismo. Por eso el populismo no solo es ineficiente como organización económica, sino que es fundamentalmente inmoral porque su funcionamiento así lo requiere."[4]
La idea básica, entonces, es que un robo no es ilegal porque la ley jurídica así lo declara, sino que es ilegal porque infringe la ley moral. Las leyes jurídicas no pueden hacer "legal" (ni menos aun "moral") lo que la ley moral declara ilegal. Y menos todavía -como hemos consignado- la ley legal puede hacer "justo" lo que moralmente es injusto. Y de esto se trata precisamente la moralidad del capitalismo, en contraste con la inmoralidad de todos los demás sistemas anticapitalistas, como son los populismos e intervencionismos de distinto signo. Son inherentemente inmorales, aunque sean declarados "legales" desde lo jurídico. Y todos los entramados anticapitalistas están basados en el robo y el latrocinio, reconocidos incluso en documentos tales como sus Constituciones y códigos.

[1] Roberto Cachanosky. "El populismo es esencialmente inmoral". Publicado originariamente en "Economía para todos" http://economiaparatodos.net/ y reproducido posteriormente por la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. http://www.atlas.org.ar/ pág. 1
[2] Cachanosky R. "El populismo..." op. Cit. pág. 2
[3] Cachanosky R. "El populismo..." op. Cit. pág. 2
[4] Cachanosky R. "El populismo..." op. Cit. pág. 3

Gobierno, economía y educación

Por Gabriel Boragina © Es casi un lugar común considerar que la educación debe prioritariamente estar a cargo del gobierno. Existe u...