Las funciones del "estado"

Por Gabriel Boragina ©

Correlacionado con el tema de los límites al gobierno se encuentra el de la funciones del "estado". En realidad, se tratan de las dos caras de una misma moneda (para utilizar un símil muy conocido y fácil de entender). Hay dos grandes campos en el análisis de este tema que pueden abordarse: uno es el jurídico y el otro es el económico, y si bien es indudable que las reciprocidades entre ambos son infinitas, conviene no obstante -a los fines didácticos- estudiarlos por separado.
Por ejemplo, el Dr. A. Benegas Lynch (h) advierte sobre una relación de dependencia directa entre las funciones del estado y el gasto público, destacando que la atención debe centrarse más que nada en el primero, dado que el segundo no es otra cosa que una consecuencia de aquel. Así lo explica este profesor:
"El concepto de la reducción de funciones del Estado nacional se contrapone abiertamente a la mera reducción del gasto público a la manera de los habituales ajustes latinoamericanos, destinados a equilibrar el presupuesto sin mayor preocupación acerca de la razón de ser del gobierno ni de los derechos de los ciudadanos. El problema esencial no es de caja: no es el déficit fiscal, sino el excesivo nivel del gasto, en cuanto proviene de funciones no específicas del gobierno republicano (v. Alberto Benegas Lynch (h.), Contra la corriente (Buenos Aires: El Ateneo, 1992), pp. 400- 401). Nuestras preocupaciones en este sentido se inscriben en la línea de los temores de los anti-federalistas americanos sobre la tiranía, inclusive tributaria, que puede provenir de un gobierno central diseñado con atribuciones fuertes, aunque sea elegido mediante procedimientos mayoritarios (v. Alberto Benegas Lynch (h.), “Los Papeles Antifederalistas”, en Libertas, Nº 10, Buenos Aires, ESEADE, mayo de 1989)."[1]
Otros autores, en cambio, como Murray N. Rothbard y Hans-Hermann Hoppe, han señalado, inversamente que, aun cuando las funciones del "estado" se redujeran a una sola, si en ella el gobierno gastara una cuantía similar a la que sufragaba por todas las demás funciones anteriores que hipotéticamente hubiera dejado de cumplir, el problema del gasto excesivo permanecería invariable. Es decir, independizan el número de las funciones del gasto.
Hans-Hermann Hoppe lo expone de este modo:
"Como ha explicado Rothbard, aún si el gobierno se limitara a la "protección" de persona y propiedad, y los impuestos se "limitaran" solamente a la prestación de ese servicio, entonces, cómo podría decidir el gobierno cuánta protección debe proporcionar y cuanto debe recaudar en impuestos? En efecto, contrario a la teoría del gobierno limitado, la "protección" ya no es una abultada “cosa” colectiva, diferente a cualquier otro bien o servicio a la sociedad. Ciertamente, "protección" podría significar cualquier cosa, desde una policía para todo un país, hasta el suministro de una cuadrilla de guardaespaldas armados y un tanque para cada ciudadano - una propuesta que llevaría a la bancarrota a la sociedad. Pero, ¿quién debe decidir sobre la cantidad de protección, ya que es innegable que todas las personas están mejor protegidas contra robo y asalto en caso de estar vigilados por un guardaespaldas armado, que si no lo están? En el mercado libre, las decisiones sobre cuánto y qué calidad, de cualquier bien o servicio, debe ser suministrada a cada persona se hace por medio de adquisiciones voluntarias de cada individuo, pero ¿qué criterio se puede aplicar cuando la decisión la toma el gobierno? La respuesta es, absolutamente ninguno, y tales decisiones gubernamentales sólo pueden ser puramente arbitrarias." (La Ética de la Libertad, pp. 180-81)."[2]
En términos simples, lo que quieren decir estos últimos autores es que si –ejemplificando- por 10 funciones que antes cumplía el "estado" se gastaba 10, y suponiendo que ahora se limite al "estado" a cumplir sólo 1 (por ejemplo, "seguridad") y en ella se siguiera gastando 10 (cuando se debería y correspondería gastar 1) el problema de la ilimitación del gasto no se resolvería limitando las funciones del "estado". Indudablemente se trata de un análisis agudo, dado que estos autores toman como ejemplo lo que se considera en general como una función "esencial" del "estado".
Desde un punto de vista político F. A. von Hayek explica cómo se delimitan las funciones del "estado": "Cuando los individuos se combinan en un esfuerzo conjunto para realizar fines que les son comunes, las organizaciones, como el Estado, que forman con ese propósito reciben sistemas de fines propios y medios propios. Pero la organización así formada no deja de ser una "persona" entre otras; en el caso del Estado, mucho más poderosa que cualquier otra, cierto es, pero también con su esfera separada y limitada, sólo dentro de la cual son supremos sus fines. Los límites de esta esfera están determinados por la extensión en que los individuos se conciertan sobre fines particulares; y la probabilidad del acuerdo sobre una particular vía de acción decrece necesariamente a medida que se extiende el alcance de esta acción. Hay ciertas funciones del Estado en cuyo ejercicio se logrará prácticamente la unanimidad entre sus ciudadanos; habrá otras sobre las cuales recaerá el acuerdo de una mayoría importante, y así, sucesivamente, hasta llegar a campos donde, aunque cada individuo desearía que el Estado actuase de alguna manera, habría casi cantas opiniones como personas acerca de lo que el Estado debiera hacer."[3]
Por nuestro lado, creemos que no hay que perder de vista que detrás de la "noble" máscara que recibe el nombre de "estado" se esconden individuos concretos de carne y hueso, tan humanos y falibles como cualesquiera otros, pero con el ingrediente peligroso del enorme poder conferido.




[1] Alberto Benegas Lynch (h) Entre albas y crepúsculos: peregrinaje en busca de conocimiento. Edición de Fundación Alberdi. Mendoza. Argentina. Marzo de 2001 pág. 371.
[2] Hans-Hermann Hoppe. "Sobre la Imposibilidad de un Gobierno Limitado y Perspectivas de una Segunda Revolución en América". Artículo publicado en el Blog del Instituto Mises - Articulo Diario – Junio 28 de 2008, Pág. 22
[3] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. Pág. 92-93

Gobiernos controlantes vs. gobiernos controlados

Por Gabriel Boragina ©

Los límites al poder siempre son un tema vigente, ya que precisamente ese es el nudo del problema social a nuestro modo de ver. Entre los liberales, sigue abierto el debate sobre el "gobierno limitado", que gira en torno a cuan "limitado" debería ser el gobierno, frente a los anarcocapitalistas que postulan la supresión directa del gobierno.
Sin embargo, la controversia es más amplia si incluimos a los "no-liberales" o antiliberales, que se posicionan del lado de los que propician la ilimitación del gobierno. La verdadera cuestión a resolver es pues: gobierno limitado vs. gobierno ilimitado.
La mayoría de la gente tolera la ilimitación del gobierno, hasta el punto en que dicha ilimitación no se revierta perjudicialmente sobre esa mayoría. Si el gobierno extiende sus confines sobre una minoría en forma negativa, la mayoría no opone objeción a tal expansión. Sólo -como decimos- cuando esa expansión se torna perjudicial a quien -en principio- no la objetaba, entonces ahí sí, se clama por frenar al gobierno en su avance. Si las libertades amenazadas por el gobierno son las de otros, entonces -en general- quién no se ve coaccionado por ese gobierno no suele poner reparos al atropello a dichas libertades....hasta que no le llegue el turno.
Recurrentemente se ha fracasado en el intento de poner límites al poder creciente de los gobiernos, como señalan verdaderos expertos en el tema:
 "El libertario también es predominantemente realista porque sólo él comprende plenamente la naturaleza del Estado y su ambición por el poder. En contraste, el verdadero utópico impráctico es el conservador, aparentemente mucho más realista, que cree en el "gobierno limitado". Este conservador repite una y otra vez que el gobierno central debería ser severamente limitado por una constitución. Sin embargo, al mismo tiempo que vitupera la corrupción de la Constitución original y la ampliación del poder federal desde 1789, el conservador no extrae la lección correcta de esa degeneración. La idea de un Estado constitucional estrictamente limitado fue un experimento noble que fracasó, incluso en las circunstancias más favorables y propicias. Pero si falló entonces, ¿por qué un experimento similar debería resultar mejor? No, el verdadero utópico impráctico es el conservador del laissez-faire, el hombre que pone todas las armas y todo el poder de la toma de decisiones en manos del gobierno central y luego dice: "Limítate a ti mismo".[1]
En un sentido parecido se expresa el profesor A. Benegas Lynch (h):
"Las utopías resultan siempre peligrosas. Por esto es que debe estarse precavido con la idea de perpetuar el experimento de otorgar el monopolio de la fuerza para proteger derechos en base a la exacción legal en nombre de un gobierno limitado. El esfuerzo por limitar el poder del monopolio de la fuerza ha constituido una etapa fértil pero no debe verse como una instancia final. No hay instancias finales en un proceso evolutivo abierto. Por otra parte, además de la referida lesión al derecho a través de los impuestos, todos los que conocen algo de historia saben que el "gobierno limitado" nunca ha podido mantenerse limitado."[2]
La gran incógnita es pues, hacia donde evoluciona o involuciona la sociedad ¿hacia la limitación del gobierno o en sentido inverso? Claro que la evolución o involución se verá de distinto modo conforme a quien sea el observador. Los partidarios del gobierno ilimitado verán evolutivamente el avance hacia mayores poderes gubernamentales, y los que estamos del lado del liberalismo (o libertarianismo como le dicen algunos) veremos cualquier expansión del poder gubernamental como una involución lamentable.
Friedrich A. von Hayek destaca a la democracia como instrumento para limitar el poder:
"El verdadero valor de la democracia es servir como una precaución sanitaria que nos proteja de un abuso de poder. Esto nos capacita para deshacernos de un gobierno y tratar de reemplazarlo por uno mejor. O, para ponerlo de otra manera, es la única forma que hemos descubierto para hacer posible el cambio pacífico. Como tal, constituye un alto valor por el cual vale la pena luchar, ya que cualquier gobierno que la gente no pueda reemplazar mediante un procedimiento acordado, está destinado a caer tarde o temprano en malas manos. Pero está lejos de ser el valor político más alto, y una democracia ilimitada bien puede ser peor que un gobierno limitado de una clase distinta."[3]
Es importante destacar que Hayek se refiere a la democracia limitada, que no era la dominante en la época en que el Premio Nobel de Economía austriaco escribía, ni tampoco lo es hoy.
Tampoco la limitación del gobierno parece tener mucho que ver con definir sus funciones esenciales o no esenciales:
 "Como ha explicado Rothbard, aún si el gobierno se limitara a la "protección" de persona y propiedad, y los impuestos se "limitaran" solamente a la prestación de ese servicio, entonces, cómo podría decidir el gobierno cuánta protección debe proporcionar y cuanto debe recaudar en impuestos? .... Pero, ¿quién debe decidir sobre la cantidad de protección, ya que es innegable que todas las personas están mejor protegidas contra robo y asalto en caso de estar vigilados por un guardaespaldas armado, que si no lo están? En el mercado libre, las decisiones sobre cuánto y qué calidad, de cualquier bien o servicio, debe ser suministrada a cada persona se hace por medio de adquisiciones voluntarias de cada individuo, pero ¿qué criterio se puede aplicar cuando la decisión la toma el gobierno? La respuesta es, absolutamente ninguno, y tales decisiones gubernamentales sólo pueden ser puramente arbitrarias." (La Ética de la Libertad, pp. 180-81)." [4]






[1] Murray N. Rothbard. Hacia una nueva libertad. El Manifiesto Libertario. Pág. 352-353 (Una estrategia para la libertad)
[2] Alberto Benegas Lynch (h) Hacia el Autogobierno. Una crítica al poder político. Emecé. Pág. 246-247
[3] Friedrich A. von Hayek. "La contención del poder y el derrocamiento de la política" Estudios Públicos. pág. 58.
[4] Hans-Hermann Hoppe. "Sobre la Imposibilidad de un Gobierno Limitado y Perspectivas de una Segunda Revolución en América". Artículo publicado en el Blog del Instituto Mises - Articulo Diario – Junio 28 de 2008, Pág.  22

Estado y "políticas públicas"

Por Gabriel Boragina ©

 

La suposición de que el mercado opera dentro de un marco de anarquía es lo que ha dado origen al intervencionismo y -dentro de este- a una subespecie del mismo que recibe el respetable título de "políticas públicas". Sin embargo, como bien señala el Dr. Krause:

"Los mercados no funcionan en un “vacío” de normas. Por el contrario, necesitan de ellas para coordinar los planes de los individuos, de forma tal de articular sus acciones y guiar sus decisiones de producción hacia la satisfacción de sus necesidades. Los mercados no son perfectos, esto supondría que los seres humanos lo somos. Entre los problemas que se presentan en su funcionamiento, suelen mencionarse las imperfecciones en la competencia, externalidades, bienes públicos e información asimétrica."[1]

Para "superar" estas supuestas "deficiencias" es que se proponen las "política públicas".

"Pero la solución a los problemas de fallas de mercado a través de políticas públicas no es tan obvia. Aunque la “mano visible” del estado parece una solución, no quiere decir esto que sea una solución efectiva. Puede haber serios problemas para implementar una política pública adecuada, y además, puede ser muy difícil lograr que se aplique en forma eficiente."[2]

La mera proposición de políticas públicas no es -en rigor- suficiente y, como veremos más tarde, ni siquiera es necesaria:

"Además, el proceso de elaboración y decisión sobre políticas públicas necesita de sólidas instituciones que permitan su implementación en aras del bien común, evitando las presiones de los sectores afectados y superando los problemas de información e incentivos que afectan al mercado."[3]

Este es un escollo importante, ya que en los hechos, observamos a diversos grupos de presión y de interés reclamar una política pública "a su medida y satisfacción", generándose una suerte de "competencia salvaje" entre ellos, por ver qué sector social logra cazar las mejores y mayores políticas públicas. La competencia social se transforma -en este supuesto- en una lucha despiadada por la captura de mayores y mejores privilegios. Como se observa en este caso, son las ofertas de políticas públicas la que generan un ambiente social caótico.

Es importante no confundir políticas públicas con normas y -en suma- con el concepto de calidad institucional:

"la calidad institucional promueve la calidad ambiental en tanto consideramos a la primera, como lo hace el ICI, no solamente como políticas públicas sino como la existencia de normas que generan incentivos para la protección del medio ambiente, tal como los derechos de propiedad claramente definidos, precios que reflejen las valoraciones de los consumidores y la real escasez del recurso y la libertad contractual."[4]

Estas normas permiten que los actores sociales (no necesariamente ni deseablemente políticos) sean quienes encaren las más idóneas políticas públicas.

El profesor A. Benegas Lynch (h) explica la razón por la cual se destinan más recursos a las políticas públicas que a la enseñanza:

"Es de gran importancia conectar este análisis con las llamadas “políticas públicas” por una parte, y por otra, con la investigación y la enseñanza. Si se analiza la cantidad de fondos que reciben instituciones que se dedican a políticas públicas o a propuestas coyunturales se observará que son cuantiosos en relación a los magros recursos que reciben instituciones dedicadas a la investigación y la enseñanza. Esto es así porque generalmente las políticas públicas y los comentarios coyunturales se entienden mejor puesto que están más al alcance de un mayor número de personas. Además, estos temas excitan a la gente que quiere acercarse al calor del poder político. Por otra parte la investigación y la enseñanza son más difíciles de abordar por el común de la gente y están alejadas de los vericuetos del poder."[5]

Esto sucede porque, en la mayor parte de los casos, las llamadas "políticas públicas" en realidad no son otra cosa que políticas estatales, y de "públicas" bastante poco tienen, puesto que en definitiva terminan beneficiando a ciertos sectores sociales a costa de otros postergados. En última instancia, concluyen constituyendo un sistema de repartos de prebendas y de privilegios a unos a costa de los demás. Estos últimos, generalmente, son aquellos más alejados del amparo del calor del poder político.

Los partidarios de las políticas públicas suelen desdeñar la teoría a favor de la práctica. Pero:

"no hay políticas públicas o análisis de coyuntura que no se basen en la teoría. Esta podrá ser defectuosa o idónea pero no hay comentario práctico que no esté sustentado en un esqueleto teórico. Pretender buenas políticas públicas sin andamiaje teórico-conceptual es lo mismo que pretender que existan productos farmacéuticos sin investigación médica. El menosprecio por la investigación y la transmisión de teorías inexorablemente conduce a políticas públicas de peor calidad. Revalorizar el estudio teórico es uno de los cometidos más importantes de la sociedad moderna."[6] 

Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que las llamadas "políticas públicas", confluyen en el asistencialismo. Murray N. Rothbard nos da cuenta del fracaso de las "políticas públicas" en EEUU, lo que desembocó la "explosión del asistencialismo":

"Esta "explosión" fue creada, en parte de manera intencional, y en una mayor parte en forma inconsciente, por funcionarios y empleados públicos que llevaban a cabo políticas públicas en relación con una "Guerra contra la Pobreza". Y estas políticas fueron defendidas y promulgadas por muchas de las mismas personas que luego se mostraron perplejas ante la "explosión del asistencialismo". No es sorprendente que tardaran en darse cuenta de que el problema que intentaban resolver era el mismo que habían creado."[7]

Este proceso también fracasó en Latinoamérica, donde la "explosión del asistencialismo" dio paso al clientelismo político, que explotan los populismos de todo signo y color político hasta hoy.

 



[1] Martín Krause. "Índice de Calidad Institucional" 2012, pág. 8.

[2] Krause M. Op. Cit. Pag. 8

[3] Krause M. Op. Cit. Pag. 8

[4] Krause M. Op. Cit. Pag. 41

[5] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. Pag. 166.

[6] A. Benegas Lynch (h) ob. Cit. pag. 166-167

[7] Murray N. Rothbard. Hacia una nueva libertad. El Manifiesto Libertario. Pág. 171-173

La defensa del "bien común"

Por Gabriel Boragina ©

El bien común es uno de los tantos conceptos de las ciencias sociales y éticas que se presta a interpretaciones de las más variadas y dispares, lo que hace de la fórmula -tal vez- una de las más resbaladizas y ambiguas de estas ciencias. Apelan a ella representantes de las más disimiles tendencias ideológicas, y se la usa en los sentidos más opuestos que sean imaginables.
De esto da buena cuenta el Dr. A. Benegas Lynch (h) cuando expresa:
"Según las tristemente célebres historias oficiales, los que ganan son los buenos y los que pierden son bandoleros y conspiradores contra el bien común. Así se llamaban a todos los movimientos latinoamericanos de independencia (muchos de los cuales se independizaron de la metrópoli pero lamentablemente fueron colonos de sus propios gobiernos). Así les decían los ingleses del establishment a los revolucionarios del otro lado del Atlántico."[1]
Dentro de la diversidad mencionada, hay autores que recurren a la fórmula "bien común" en oposición al de "bien sectorial", como, por ejemplo, parece hacerlo el Dr. Krause:
"el proceso de elaboración y decisión sobre políticas públicas necesita de sólidas instituciones que permitan su implementación en aras del bien común, evitando las presiones de los sectores afectados y superando los problemas de información e incentivos que afectan al mercado"[2]
En este sentido, la expresión "bien común" vendría a ser un equivalente de "bien general" o "bien público".
No obstante, Ayn Rand, critica seriamente esta última significación:
"Conceptos indefinidos e indefinibles como el interés público o el bien común, que esgrimen tanto los enemigos como los defensores del capitalismo, serían resabios de una visión tribal del ser humano que sólo sirven para escapar de la moral, mas no de guía moral."[3]
No son pocos (digamos más bien que son una mayoría) los que asimilan el "bien común" con la idea de estado-nación o de gobierno:
"La opinión general -cuidadosamente cultivada, claro está, por el Estado mismo- es que los hombres se dedican a la política o ejercen el gobierno motivados sólo por su preocupación por el bien común y el bienestar general. ¿Qué es lo que confiere a los gobernantes la pátina de una moral superior? Quizás el hecho de que la gente tiene un conocimiento vago e instintivo de que el Estado está involucrado en el robo y la depredación sistemáticos, y siente que sólo una dedicación altruista por parte del Estado hace tolerables estas acciones."[4]
                Indudablemente no resulta casual que la mayor parte de los políticos (sino todos) invoquen de continuo a la noción de "bien común" y la esgriman repetidamente, adoptándolo como teoría ética:
"Todo sistema social se basa, explícita o implícitamente, en alguna teoría ética. A través de la historia, el concepto tribal del "bien común" ha servido de justificación moral a la mayor parte de los sistemas sociales y a todas las tiranías. El grado de esclavitud o libertad dependía del grado en que dicho slogan tribal era invocado o ignorado."
"El bien común" (o "el interés público") es un concepto indefinido e indefinible: no existe entidad tal como "la tribu" o "el público"; la tribu (el público, o la sociedad) es simplemente un número de individuos. Nada puede ser bueno para la tribu como tal: términos como "bueno" o "valor" son propios de los organismos vivos —de organismos vivos individuales— no de un conjunto etéreo de relaciones.
"El concepto de "bien común" carece de significación, salvo que se le tome en sentido literal, en cuyo caso el único significado posible es: la suma del bien de todos los individuos considerados. Pero en ese caso el concepto carece de sentido como criterio moral, pues deja sin respuesta la interrogante sobre cuál es el bien de los individuos y cómo se determina. Sin embargo, el concepto no se usa generalmente en sentido literal. La razón por la cual es aceptado radica precisamente en su carácter elástico, indefinible y místico; el cual sirve no de guía moral sino para escapar de la moralidad. Puesto que el bien no es aplicable a lo etéreo, se convierte en un cheque moral en blanco para aquellos que pretenden encamarlo.
"Si el "bien común" de una sociedad es considerado como algo aparte y superior al bien individual de sus miembros, ello significa que el bien de "algunos" hombres adquiere prioridad sobre el bien de otros, quedando estos otros relegados a la condición de animales para sacrificio. En dichos casos se supone tácitamente que "el bien común" significa "el bien de la mayoría" en oposición al de la minoría o del individuo. Nótese el hecho significativo de que esta suposición es "tácita". En efecto, incluso las mentalidades más colectivistas parecen percibir la imposibilidad de justificarlo moralmente.
"Sin embargo, "el bien de la mayoría", además, es sólo una pretensión y una ilusión, puesto que, de hecho, la violación de los derechos de un individuo implica la abolición de todos los derechos, la entrega de la mayoría desamparada al poder de cualquier cuadrilla que, autoproclamándose "la voz de la sociedad", procede a gobernar por medio de la fuerza física, hasta que es derribada por otra cuadrilla que emplea los mismos medios."[5]
Normalmente este es el sentido en el cual la mayoría de las personas utilizan la expresión "bien común", como sinónimo del bien de la mayoría. Pero nosotros entendemos que el bien común es el de todos (mayoría y minoría) y en la medida que alguien de esa totalidad salga perjudicado (aunque solo fuere una sola persona) ya no es posible hablar de la existencia de un bien común allí donde ello suceda.



[1] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. 96.
[2] Martín Krause. Índice de Calidad Institucional 2012, pág. 8
[3] Ayn Rand. ¿Qué es el capitalismo? Estudios públicos. Introducción. pág. 64.
[4] Murray N. Rothbard. Hacia una nueva libertad. El Manifiesto Libertario. Pág. 74
[5] Ayn Rand. Ob. Cit. Pag. 74 a 76.

Gobierno, economía y educación

Por Gabriel Boragina © Es casi un lugar común considerar que la educación debe prioritariamente estar a cargo del gobierno. Existe u...