Argentina: la corrupción y la prensa

Por Gabriel Boragina ©

 

 

Argentina bajo el régimen opresivo del FpV de los Kirchner, sufre el que posiblemente sea el gobierno más corrupto del siglo XX y lo que va del presente. La corrupción se concatena con la ética pública, que el destacado constitucionalista Dr. Bidart Campos explica de esta manera:

"Ética pública” y “función” (esta última sin adjetivo) puede traducirse en ética para el ejercicio de la función pública. La redacción de la fórmula puede ser objeto de críticas semánticas, pero su sentido se encuentra fuera de toda duda: la ley debe consignar los deberes que la ética impone en y para el desempeño de la función pública, de modo de dar juridicidad normativa a la ética política en el ámbito de las funciones públicas.

"Que el orden normativo del mundo jurídico asuma a la ética en la forma que lo ordena este art. 36 no difiere demasiado de lo que, habitualmente, encontramos en muchas otras normas jurídicas, cuando apelan a “la moral y las buenas costumbres” y, todavía con más claridad, cuando el art. 19 de la constitución exime de la autoridad estatal a las acciones privadas que no ofenden a “la moral pública”.

"Hemos interpretado —además— que cuando la constitución abre el acceso a los empleos sin otra condición que la idoneidad (art. 16), exige también y siempre la idoneidad ética o moral, a más de la que técnicamente resulte necesaria según la naturaleza del empleo al que se aspira o que se va a discernir a una persona determinada.

"La ética pública se relaciona con la corrupción y, por ende, con el delito al que dedicamos el siguiente parágrafo.

"El delito doloso contra el estado

56. —El penúltimo párrafo del art. 36 define como contrario al sistema democrático al grave delito doloso contra el estado, que conlleve enriquecimiento para quien lo cometa. La conducta “grave delito doloso” contra el estado requiere que la ley la tipifique, porque la constitución no lo hace por sí misma, si bien marca como pauta para la incriminación legal que tal delito ha de aparejar enriquecimiento.

"Se deriva también a la ley fijar el tiempo de inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos, y aquí hay otro parámetro: el congreso debe prever la inhabilitación temporal, y no puede dejar de adjudicar dicha sanción; le queda a su discreción únicamente la duración de la misma".[1]

Sin embargo, el congreso argentino obsecuente y cómplice del poder ejecutivo, parece desconocer no sólo las sabias palabras de tan prestigioso constitucionalista, sino ignorar la constitución misma en su integridad, como tantas veces lo hemos denunciado en nuestros escritos.

 De su lado, otro prominente constitucionalista, el profesor Badeni explica:

 "Sobre tal base, y sistematizando los objetivos que persigue el poder de policía, su ejercicio debe ser el medio razonablemente necesario para:...3) asegurar la moral pública, fomentando aquellos comportamientos y actitudes sociales que conduzcan al rechazo de las conductas públicas que debiliten a la moral, propicien el vicio, la indecencia o la corrupción social a través de un ejercicio irracional de las libertades constitucionales"[2]

El poder de policía del FpV ha hecho exactamente lo contrario.

La dictadura del FpV ha violado prácticamente todas las cláusulas constitucionales, en especial atacando a la prensa disidente y a todo aquel ciudadano honesto que se opuso a su repugnante corrupción. El Dr. Badeni examina en forma brillante el papel preventivo y correctivo de la prensa contra la corrupción:  

"En definitiva, el derecho a la privacidad que tutela el art. 19 de la Constitución, no es absoluto y, en el caso de los gobernantes, queda subordinado a la necesidad de acreditar permanentemente su idoneidad ética mediante un comportamiento ejemplar y conforme a las exigencias provenientes de los valores morales que albergan los gobernados. Sancionar a quienes difunden ciertos actos o datos íntimos o privados porque satisfacen el derecho a la información de la ciudadanía sobre el comportamiento ético de sus mandatarios, es abrir las compuertas para fomentar el desarrollo de la hipocresía, de la impunidad social, de la corrupción y la inmoralidad."[3]

Y más adelante agrega con indudable tino:

"Los datos periodísticos así obtenidos suelen ser aportados a los organismos gubernamentales para que profundicen o encaucen la investigación de ciertos acontecimientos, sin perjuicio de su difusión por los medios de prensa. No cabe duda que, en numerosas ocasiones, el periodismo de investigación facilitó la labor de aquellos organismos para esclarecer hechos delictivos o comportamientos irregulares que lindan con la corrupción, tanto en el ámbito del gobierno como en el de las actividades privadas."[4]

No obstante, el régimen fascista del FpV parece haber contaminado buena parte de los organismos gubernamentales a medida que la mayor parte de ellos van cayendo dentro de su devoradora órbita de poder.

"Se ha dicho, con acierto, que el secreto profesional del periodista es un derecho subjetivo de naturaleza pública que integra la libertad institucional de prensa. Ese secreto coadyuva a obtener y difundir la información que interesa a la sociedad ya que, tanto en el ámbito privado como en el gubernamental, se generan datos y noticias que son revelados bajo la condición expresa de preservarse la reserva de la fuente del informante (675). Precisamente, el desarrollo del periodismo de investigación que permitió el esclarecimiento de graves hechos delictivos y de corrupción, está basado sobre el secreto profesional."[5]

El ataque del régimen del FpV contra el periodismo disidente, muestra a las claras la evidente intencionalidad de su dictadura de acallar los hechos de corrupción que, con inusitada cotidianeidad y celeridad, van saliendo a la luz mes tras mes, semana tras semana y hasta día tras día, y que no parecen detenerse por nada del mundo.

 



[1] Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, Tomo III, pág. 16

[2] Gregorio Badeni. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo I, Edición actualizada y ampliada. La Ley, pág. 469

[3] Badeni, G. Tratado..... Ob. Cit. pág. 571

[4] Badeni, G. Tratado..... Ob. Cit. pág. 586

[5] Badeni, G. Tratado..... Ob. Cit. pág. 743

El caciquismo argentino

Por Gabriel Boragina ©

 

El destacado maestro Ossorio, define el caciquismo como: "Dominación o influencia del cacique de un pueblo o comarca. Cacique, en su verdadera acepción, se llamaba el señor de vasallos o superior en alguna provincia o pueblo de indios. Con sentido figurado, derivado del anterior, se llama cacique la persona que en un pueblo o comarca ejerce excesiva influencia en asuntos políticos o administrativos. Esta expresión tiene importancia no en el Derecho Político, sino en la corruptela del Derecho Político, porque sirve para designar una actividad pública absolutamente ilegítima y reprobable dentro de la organización de un Estado de Derecho. Por eso las palabras cacique (que los conquistadores españoles oyeron en las islas de Barlovento) y caciquismo se emplean siempre con sentido peyorativo. Pese a ello, el caciquismo ha ejercido durante mucho tiempo maléfica influencia en la organización política española, así como también en la hispanoamericana, aun cuando en ésta los vocablos más corrientes son “caudillo” y “caudillismo”. Con esto se advierte que la palabra caudillo, con que se designa o autodesigna el mal llamado jefe de algún Estado, jurídicamente debe ser entendida también en sentido peyorativo."[1]

Si pudiéramos le diríamos al profesor Ossorio que, en Argentina, el caudillismo dejó de ser una simple "influencia" para pasar a convertirse en un verdadero sistema, más que maléfico, diríamos que diabólico. Y su máxima expresión -desde los dos primeros gobiernos de J. D. Perón- es el inconmensurablemente corrupto régimen de los Kirchner.

En otra parte, expresa el Dr. Ossorio:

 "Sánchez Viamonte dice que, en la Argentina, caudillismo es equivalente a lo que en España se llamó caciquismo, y que es “el sistema por el cual un solo personaje político impone su voluntad dentro de un partido y en la función gubernativa”. Ese mismo autor dice que se sigue llamando caudillo “a un cierto tipo primitivo de dirigente político que en un barrio urbano, en una ciudad, en una provincia, o en el país entero, impone su voluntad a correligionarios incondicionales, a los que favorece y halaga demagógicamente, a cambio de la sumisión que necesita para sus fines de dominio personal”. Fácilmente se advierte que esta acepción tiene un sentido peyorativo, carácter que no pierde, sino que se refirma, por el hecho de que así se haga llamar el jefe de algún Estado. (V. CACIQUISMO)."[2] Cualquier parecido con el régimen dictatorial de los Kirchner no es mera coincidencia.

 La jerga popular, también dio otros nombres a estos personajes, tales como los tristemente célebres "punteros". El cacique es el jefe máximo de su clientela política. Es el sistema corrupto del FpV (Frente para la Victoria).

"Según la Enciclopedia Espasa: "Es un mal propio del régimen parlamentario en que viven los países latinos. Consiste en la influencia abusiva y empleada con fines bastardos, que ejercen determinadas personas en algunos pueblos o comarcas. Se deja sentir en todos los países latinos".[3] La Argentina –lamentablemente- no ha sido ni es una excepción a esta regla.

Al explicar la representación funcional, el eximio constitucionalista y profesor Dr. Badeni expresa: "Pero en todos los casos se procura preservar la manifestación de los grupos intermedios en el órgano gubernamental que será el encargado de exponer la voluntad política del Estado. Esta técnica responde a una concepción política determinada, a la luz de la cual todos los intentos por implantar la responsabilidad funcional en el siglo XX "han conducido a la perduración de una autocracia, sea de clase, de raza, de partido, de caudillo o de cualquier otra base de sustentación igualmente caracterizada por la falta de libertad política" (989)."[4]

Implica –en otros términos- que el cacique trata siempre de beneficiar a su grupo, por lo que intenta darle representatividad política en los órganos de poder. Ni más ni menos que lo que hizo el FpV de los Kirchner en la Argentina, con lo que, conforme al Dr. Vanossi (citado por el profesor Badeni en la nota nº 989 anterior) "han conducido a la perduración de una autocracia,... de caudillo".

 "La influencia del cacique nace, ya del arraigo natural que tiene por su posición, inteligencia o medios de fortuna, ya de habérsela otorgado otro cacique más elevado. Esa influencia se revela y utiliza primero en época de elecciones, para sacar triunfantes a determinados candidatos y después en una serie de favores para los amigos y de las venganzas contra los enemigos políticos, rebajándoles o aumentándoles respectivamente la cuota contributiva, favoreciéndoles o perjudicándoles sus intereses particulares; librándoles o envolviéndoles en determinados procesos, etcétera. A todos estos actos se les suele revestir de una exterior apariencia de legalidad; mas para realizarlos se salta por encima de todas las leyes. Por esto ha dicho con toda exactitud Posada Herrera que en España "el derecho administrativo ha quedado convertido en un montón de escombros bajo cuyo peso gimen todos los españoles que no gozan el favor de quien a la sazón gobierna" y que "ha llegado a ser casi un apotegma que las leyes y los reglamentos no se entienden con los amigos". "Los efectos del caciquismo se sienten en los municipios o ayuntamientos, y de una manera especial en los rurales. El cacique se apodera de los cargos concejiles o se sobrepone a quienes los ejercen, explotando para sus fines la ignorancia y el temor de los labriegos; pero se extienden a la provincia y aun a la gobernación del Estado, porque el caciquismo constituye un nuevo género de feudalismo con una jerarquía que comprende desde el secretario del Ayuntamiento o cacique rural al ministro, pasando por el intermedio del diputado."[5]

Nuevamente, cualquier parecido con el régimen de los Kirchner, no es mera coincidencia.

 

 



[1]Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. - Editorial HELIASTA - 1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553-pág. 128

[2] Ossorio... Diccionario...ob. cit. pág. 154 (voz "Caudillo")

[3] Carlos Sánchez Viamonte. "Caciquismo". En Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 2. letra C. grupo 1, pág. 15

[4] Gregorio Badeni. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo I, Edición actualizada y ampliada. La Ley, pág. 985

[5] Sánchez Viamonte, C. Óp. Cit. Pág. 15/16

¿"Estados" autolimitados?

Por Gabriel Boragina ©

 

Según el Dr. Cortés Giménez, "La autolimitación del Estado es una fórmula aceptada por una escuela de Derecho político, como característica de la organización o de la esencia del Estado. Una doctrina para solucionar el problema del origen del Derecho en el Estado. Gerber decía que mientras el Estado estuviese cumpliendo sus fines, actuaba de acuerdo a Derecho. Para Ihering, el Estado se somete al Derecho para dar ejemplo a sus súbditos; es decir, se somete porque le conviene."[1]

Sin embargo, estos conceptos de tan prestigiosos juristas dejan bastantes cosas sin explicar.

El planteo de Gerber nos introduce en un círculo vicioso y que -además- no dice mucho, porque el verdadero quid de la cuestión radica en contestar a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los reales fines del "estado"? Ya que no resulta difícil comprender que la respuesta diferirá de acuerdo a qué tipo de "estado" estemos considerando, habida cuenta que los fines de un "estado" totalitario serán muy distintos (y muy opuestos) a los de un "estado" limitado, y conforme a la fórmula de Gerber, en ambos casos, "estados" tan disimiles y tan contrarios, estarían actuado "de acuerdo a Derecho". El eje de la discusión ha de pasar -pues- por delimitar los fines del "estado", que es en lo que consiste el verdadero problema.

Algo parecido podría decirse respecto de la curiosa aseveración de Ihering, en cuanto da por sentado que el "estado se somete al Derecho", aunque agrega que no lo hace por convicción propia, sino por mera conveniencia, no obstante no queda en absoluto claro, qué relación existiría entre esa supuesta "conveniencia" y el "ejemplo" que se dice dar a sus súbditos. Tampoco se dilucida a qué tipo de "derecho" se está refiriendo, esto es, si a un Derecho anterior y por encima del "estado", o un supuesto "derecho" creado por ese mismo "estado". Cuestión de extremo interés esta, por cuanto -como es sabido- una corriente jurídica muy importante (y dominante) sostiene que el "derecho" es una mera creación estatal, en tanto, una línea contraria de pensamiento defiende la existencia de un Derecho anterior, preexistente y por encima del "estado". Va de suyo que alinearse en una u otra postura implicará consecuencias y justificaciones muy diferentes, tanto en un caso como en el opuesto.

Una teoría popular, ampliamente mayoritaria y a la vez muy peligrosa, es la llamada "de la personalidad del Estado". Veamos someramente lo que expresa:

"Jellinek parte de la doctrina de Kant, de la autolimitación de la voluntad y del concepto de persona jurídica aplicada al Estado para construir su teoría. Y dice: El Estado es una persona jurídica: primer punto. Fue discutido por el profesor francés Duguít, pero la mayoría de los tratadistas reconocen la personalidad jurídica del Estado. El Estado persona actúa de acuerdo a una voluntad, que en este caso es soberanía; del mismo modo que la persona humana puede trazar líneas de conducta, concordantes con un imperativo categórico, el Estado persona puede trazar sus propias normas. Así, el Estado dicta el Derecho y se somete a él. Se autolimita."[2]

Esta teoría -con reminiscencias inconfundiblemente hegelianas- es claramente peligrosa, por cuanto parte de una ficción, al asimilar al "estado" con una persona humana, dotada de voluntad, lo que nos recuerda la tristemente célebre tesis de Rousseau sobre una hipotética "voluntad general". Lo que no se dice, es que esa dudosa persona "estado" puede no trazar ninguna línea de conducta, ni tampoco sus propias normas o, en el caso contrario, puede o podría violarlas. De hecho, como consideramos que esta tesis se basa en un mito, y que en rigor, el "estado" no es en realidad ninguna "persona", ni actúa como tal, quienes lo hacen en su lugar son aquellos que gobiernan, y la historia enseña que, en la mayoría de los países, los "estados" siempre se han extralimitado de sus declamadas "funciones". Y aun cuando se han tomado las constituciones políticas y el conjunto de la legislación como semejantes a "una línea de conducta" o "normas", pocos fueron los casos históricos en los que los "estados" se hayan sometido al "derecho" por ellos creado. Menos aun se han conocido casos en que esos "estados" se hubieran autolimitado.

"Hauriou modifica la teoría y sostiene que los componentes del Estado deben dividirse en dos grupos: Primero, poder minoritario, que es el grupo de ciudadanos que forma el gobierno, y segundo, poder mayoritario, que es la masa de la población que tiene el derecho de sufragio. Este poder mayoritario es el que controla al gobierno e impide que éste se extralimite y desvíe de las reglas del Derecho. Duguit rechaza también esta teoría en absoluto, así como la pretendida, según él, personalidad del Estado, que es el punto inicial de esta concepción de la autolimitación"[3]

Nos parece muy acertada la posición de Hauriou, excepto en cuanto parece dar por sentado que ese poder mayoritario "controla al gobierno e impide que éste se extralimite y desvíe de las reglas del Derecho", porque no escasean los casos en que dicho control no sólo no existe, sino que en numerosas situaciones es ese mismo poder mayoritario el que a veces permite y en otras oportunidades impulsa al gobierno a que "se extralimite y desvíe de las reglas del Derecho". Las sociedades permisivas o autoritarias son, tanto o más perniciosas y peligrosas que los gobiernos que engendran, y estos últimos no resultan -en definitiva- sino fiel reflejo de aquellas. Y como ya aclaramos con anterioridad, estamos con Duguit en cuanto a la inexistencia de esa imaginaria "personalidad del estado", que no es más que un indebido antropomorfismo, detrás del cual se esconde no otra cosa que la voluntad y las acciones de las personas que -a la sazón- ejercen el poder.

Dado que los "estados" tienden a concentrar poder, su supuesta "autolimitación" luce quimérica.

 



[1] Dr. Eduardo Cortés Giménez. "Autolimitación" en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 1 letra A Grupo 9, pág. 59

[2] Cortés Giménez. Óp. Cit. Pág. 59.

[3] Cortés Giménez. Óp. Cit. Pág. 59.

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