La gente y la justicia



Por Gabriel Boragina ©

En una reciente conversación que mantuve con dos personas, estos se quejaban de la inacción del gobierno frente a hechos de violencia que se habían registrado en el interior del país por el reclamo de unos sedicentes “aborígenes” de unas tierras que pretenden usurpar.
Uno de ellos invocó el artículo 22 de la Constitución de la Nación Argentina, y esperaba que el gobierno “hiciera algo” al respecto. El otro coincidió, pero agregó que no veía “voluntad política” como para que el gobierno accionara.
Ambos, sin embargo, quedaron “sorprendidos” cuando les dije que cualquier ciudadano podía hacer la denuncia ante la justicia. 
De inmediato, surgieron las típicas objeciones. Uno de ellos dijo que como, en realidad, vivía en Mar del Plata, le era imposible hacer la denuncia, pero si residiera en la Capital Federal lo haría. A lo que le respondí que no era imprescindible que habitara en la Capital Federal, porque en su ciudad también había tribunales donde le recibirían la denuncia.
El otro objetó que sin “decisión política” hacer la denuncia ante la justicia no serviría de nada. Le contesté que lo que se necesitaba en el punto no era “decisión política”, sino que todo dependía de una decisión jurídica, pero que si los ciudadanos no accionaban ante la justicia nada iría a cambiar.
Finalmente, agregó que, dada mi condición de abogado, a mí me era sencillo conocer los vericuetos judiciales, pero que a gente que carecía de mis conocimientos no le era fácil, concluyendo que debería “informarse” más al respecto.
Estas actitudes merecen algunas reflexiones, porque se repiten a lo largo y a lo ancho del país, según puede verse, por ejemplo, en las masivas redes sociales, como Twitter.
Empiezo por la supuesta “falta” de información sobre las posibilidades de denunciar delitos por parte de los ciudadanos comunes. Sabemos que esta “objeción” es infundada, porque existe bastante publicidad de entes oficiales y privados acerca de la factibilidad de hacer denuncias por parte de la población corriente. Sin embargo, se espera que la justicia actúe “de oficio” en los casos que tienen mayor difusión periodística (como era el que discutíamos con estas personas).
Esto último es posible, pero si la queja consiste precisamente en que no lo hace, es allí donde el interesado debe actuar en la medida de su interés, como reza el célebre apotegma jurídico. Si no opera, difícilmente sea por ignorancia, o falta de información como hemos visto. Los motivos han de ser otros, de los cuales deduzco como principales el temor a quedar comprometido o, simplemente, comodidad que justifica su inercia. Sea cualquiera de estas razones u otras no explícitas, de un modo o del otro, ellas son demostrativas que el presunto interés no es tanto ni tan grande como que impele a la gente a movilizarse y denunciar.
En su lugar, son reiteradas las convocatorias a marchas “por esto o por aquello otro”. Es más fácil hacer marchas masivas donde el individuo se pierde en el anonimato y elude las potenciales incomodidades (reales o imaginarias) o riesgos (ídem) que una denuncia ante la justicia le pudiera ocasionar, cuando lo efectivo, en lugar de marchas masivas por la vía pública, son las denuncias masivas ante la justicia, las que -repito- cualquier ciudadano puede, sin necesidad de firma de abogado, promover.
Y la supuesta ignorancia no sirve de excusa, porque es posible leer múltiples comentarios en las redes sociales de gente común que pide a los fiscales judiciales que denuncien hechos. Es conocido a nivel general que los fiscales tienen esa facultad.
Ergo, si el interés de la ciudadanía en denunciar delitos fuera real, y suponiendo que -en su ignorancia- creyeran que sólo un fiscal puede hacerlo, bastaría pues para -abandonar su error- que le preguntaran a cualquier fiscal (o en cualquier fiscalía en mesa de entradas) cual o cuales personas están habilitadas según el código de procedimientos a denunciar. La ignorancia o el error quedarían rápidamente despejados, porque el propio fiscal respondería al interrogante que el mismo “interesado” también está autorizado por la ley a denunciar, sin que ello le cueste un sólo peso y sin necesidad de contratar a ningún abogado que lo represente a tal efecto.
Si la ciudadanía actuara de este último modo vería a la justicia movilizarse o, por lo menos, habría hecho el intento para conseguirlo. En una sociedad evolucionada y madura civilmente cabria la conducta que, ante delitos de acción pública propalados por la prensa, los ciudadanos conscientes se presentaran ante la justicia con sus denuncias formales o se aunaran bajo una representación letrada común para hacerlo en forma colectiva (y de esta manera reducir significativamente costos legales, ya que se prorratearían entre todos los denunciantes).
Pero es más cómodo (y más inútil) criticar a la justicia por una inmovilidad que -en el mejor de los casos- es directamente proporcional a la inacción para denunciar de la gente supuestamente “indignada” por los delitos informados periodísticamente.
Existe la creencia, es cierto, que la justicia es inoperativa, lenta y finalmente paralizante. Pero si, por si misma, la justicia no se moviliza realizando de oficio las denuncias del caso e impulsándolas, y la ciudadanía ni siquiera formula las mismas denuncias (y menos las promueve, es decir, se suma a esa supuesta inmovilidad judicial) difícilmente los delincuentes dejen de delinquir y -a ellos- se les sumen más delincuentes a violar la ley, ya que sabrán que tienen su impunidad garantizada, de momento que nadie se considera obligado a denunciarlos.
Resulta verdaderamente reprobable que la justicia no actúe de oficio en los casos de flagrantes delitos, pero también lo es que el resto de la población tampoco lo haga. Y no es con marchas multitudinarias el modo de hacerlo, ni gritando o insultando en las redes sociales, sino con denuncias masivas donde corresponde, o sea, ante los órganos del poder judicial.
Hay también conciencia por parte de la gente que los fiscales pueden actuar de oficio, pero es más fácil preguntar con “ira” desde cuentas anónimas de Twitter (las personas que se quejan, comúnmente se ocultan detrás un Nick, seudónimo o un alias) por qué la justicia no actúa, sin que el que pregunta “colérico” se considere involucrado en el asunto.
Si la gente no actúa como la ley indica, la justicia no tendrá incentivos para mejorar, y el delito campeará impune por todas partes. Sin embargo, en el espíritu del argentino medio está siempre presente la máxima “que lo que tendría que hacer yo lo haga el otro”.

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