Deuda, empleo, gasto y ahorro

Por Gabriel Boragina (c)

Que el gobierno encare por si mismo obras públicas trae consigo numerosos problemas cuya posterior solución lo hace incurrir en círculos viciosos. La obra pública se financia invariablemente con gasto público (como ya expresamos anteriormente, es más correcto -en estos casos- hablar de obras estatales y gastos estatales, pero, por razones de arraigo en el lenguaje, continuaremos refiriéndonos al vocablo “público” aplicado a estas cuestiones como “sinónimo” de estatal. Habitualmente, los gobernantes sufragan la obra pública con impuestos. Cuando estos se vuelven insuficientes, acuden al empréstito, pero -a veces- siguen el camino inverso. En este último caso veamos que sucede:
“Cuando el Estado decide, finalmente, satisfacer la deuda contraída a causa de las obras públicas, se ve obligado necesariamente a imponer a la comunidad un gravamen fiscal superior a los gastos presupuestarios que realiza. Por consiguiente, durante este último período se ve forzado a destruir mayor número de empleos del que puede proporcionar mediante el gasto público. El inevitable incremento en la imposición fiscal no sólo detrae de la comunidad más poder adquisitivo; debilita o destruye en los empresarios el incentivo de la producción y reduce la riqueza y la renta total del país.”1
Sentado que ningún gobierno genera ingresos propios, cualquier cosa que decida hacer debe obtener recursos de terceros. Esos terceros de ordinario son sus propios gobernados, quienes, a la sazón y en dicha función, reciben el ficticio nombre de “contribuyentes” cuando -en rigor- debería llamárselos expoliados, ya que la palabra “contribución” por su propia estructura nos da a entender un acto voluntario, lo que claramente no sucede en la persona que paga impuestos, habida cuenta que lo hace porque la ley lo fuerza a ello bajo pena de severos castigos en caso contrario.
Sea que la deuda se contrató porque la recaudación resultaba insuficiente, o bien, sea que lo haya sido porque no se quisieron aumentar impuestos, de una manera o de otra, llegado el momento de cancelar la misma, el gobierno deberá obtener de algún lado los recursos necesarios para tal fin. Para esto último, tiene tres vías posibles, a saber: 1) pedir más préstamos; 2) crear nuevos impuestos o aumentar las alícuotas de los existentes; 3) generar inflación. En los tres casos indefectiblemente quien paga, siempre es el mismo sujeto: el trabajador..
“La única forma de escapar a esta conclusión es presumir (como sin duda hacen siempre los partidarios del «gasto público») que los gobernantes tan sólo realizarán aquellos desembolsos en períodos que de otra suerte habrían sido de depresión o «deflacionarios» y se apresurarán a pagar la deuda contraída en épocas que en caso contrario habrían sido «inflacionarias» o de inusitado auge en los negocios. Esto equivaldría, desde luego, a una ficción fraudulenta; pero a pesar de ello, por desgracia, quienes gobiernan nunca procedieron así. Es tan difícil en economía predecir futuros acontecimientos y son tan influyentes las fuerzas políticas en acción, que existen muy escasas probabilidades de que los gobernantes actúen de esa forma. La financiación deficitaria del gasto público, una vez emprendida, engendra poderosos intereses privados que exigirán su prosecución bajo cualesquiera circunstancias”2
Aunque no queda en claro a cuales “desembolsos” se refiere nuestro autor, todo parece indicar por el contexto de la cita, que han de tratarse de los gastos por la obra pública. De ser así, se describe aquí lo que en economía suele recibir el nombre de política contraciclica. En algún sentido, era lo que básicamente proponía Lord Keynes. En términos más sencillos, Keynes sugería aumentar el gasto público en épocas de contracción económica y reducirlo en las de expansión.
Como bien indica el párrafo transcripto, los gobiernos no se comportan de la manera en que los estatistas keynesianos y sus discípulos lo suponen. La experiencia histórica demuestra que, una vez lanzada la política de gasto público expansivo, raramente se da marcha atrás en este terreno, y la mencionada política tiende a perpetuarse en el tiempo, no sólo en los casos de gobiernos del mismo partido o signo político, sino también -y además- en aquellos que no lo son.
Correctamente se señala que, en la continuidad de tal conducta de incremento del gasto se encuentran comprometidos intereses de diferentes sectores, escalas y niveles. La obra pública, en particular, compromete no sólo a áreas del gobierno, sino también a un muy importante sector privado que, en frecuentes componendas con el gobierno, suelen obtener pingues ganancias, que no se hallan dispuestos a resignar.
“Los economistas clásicos, al refutar los errores de su tiempo, mostraron que la política del ahorro, orientada en interés del individuo, sirve al propio tiempo el de la comunidad; Indicaban que el ahorrador consciente, al preocuparse de su propio futuro, no perjudicaba, sino que ayudaba a la sociedad. Pero en nuestros días, aquella antigua virtud, así como su defensa por los economistas clásicos, vuelve a ser atacada mediante teorías que pretenden ser moderadas y, en cambio, se ensalza la doctrina actualmente en boga del «gasto público».”3
Teniendo en cuenta los años en las que fueron escritas estas palabras, bien podemos decir que la situación actual no difiere en absoluto a la que describe el autor. En nuestros días, el gasto sigue siendo una especie de tótem, algo a lo que se le rinde como una clase de culto, y que su cuestionamiento no puede ser objeto de atención seria. En rigor, lo que esta explicando el autor citado, encierra una verdad que resulta evidente por si misma, y que es que sin previo ahorro no existe gasto posible. Y que el ahorro sólo puede provenir de fuentes privadas, por lo que carece de todo sustento lo que afirman algunos respecto que el gobierno puede “ahorrar” o puede forzar a los particulares a hacerlo.
Como quiera que la economía -pese a su gran difusión- sigue siendo una ciencia ignorada o mal comprendida por una mayoría de personas, el malentendido persiste y los esfuerzos por disiparlo nunca serán suficientes.

1Henry Hazlitt. La economía en una lección. Edición digital. pág 94
2Hazlitt, H.. La economía en una lección pág 94
3Hazlitt, H.. La economía en una lección...pág 96

Gasto, pobreza e inversion “pública”

Por Gabriel Boragina (c)

            Veamos, brevemente, uno de los mitos económicos mas difundidos de todos los tiempos. Aquel que dice que un mayor gasto estatal permitiría un menor número de pobres o -al menos- aliviar en un grado significativo la pobreza. ¿Qué hay de cierto en esta popular creencia, sostenida, incluso, por muchos economistas que posan de “serios”?. En su excelente obra, el fenomenal Henry Hazlitt nos explica que:
"Los economistas se han visto obligados a re­petir una y otra vez que casi todos los pretendidos remedios de la po­breza se limitan a agravar el problema. Ya he analizado los verdade­ros efectos de los ingresos garantizados y el impuesto negativo sobre la renta; las leyes de salario mínimo y las que aumentan el poder de los sindicatos; la oposición a la maquinaria que ahorra brazos; los planes para "multiplicar el trabajo"; las subvenciones especiales; el au­mento del gasto público y de la tributación; los impuestos marcadamente progresivos sobre la renta y los punitivos sobre las ganancias del capital, las herencias y las sociedades; y el socialismo a ultranza»"1
          En lo que nos interesa de momento, vamos a analizar -de toda la enumeración dada de los mecanismos que, en lugar de ayudar, agravan el problema de la pobreza- el relativo al gasto público.
            Un mayor gasto no implica, de modo alguno, menor cantidad de pobres, sino que, en el mejor de los casos, mediante su operación se transfieren recursos de un sector a otro. Si el objetivo es “aliviar” la pobreza de cierto grupo de individuos, el gobierno no tendrá mas remedio para ello que detraer recursos de otro grupo. Si el PBI total de la nación es, por caso, de 100, y esta distribuido -hipotéticamente- entre el sector A y B en 80 y 20 respectivamente, y el gobierno decide redistribuir la riqueza -a fin de “suprimir” la pobreza- mediante el conocido artilugio de “quitarle a los ricos para darle a los pobres” procederá a extraer 30 a A y entregárselos a B, con lo cual en el sector A se empobrece a la gente en 30, y en el B se la enriqueció en la misma cantidad. Como se ve claramente, no se suprimió ni se disminuyó la pobreza como se declama habitualmente, sino que sencillamente se enriqueció a unos a costa de otros, y la acción del gobierno no puede hacer mas que eso, pero si puede hacer menos, evitando meterse en el asunto.
            A la falacia “redistribucionista” se le suman otras: 
“Al dejar para ulterior examen la maraña de sofismas íntimamente relacionados con la deuda pública y la inflación crónicas, habremos de dejar bien sentado a través de este capítulo que de una manera inmediata o remota cada dólar que el Gobierno gasta procede inexcusablemente de un dólar obtenido a través del impuesto. Cuando consideramos la cuestión de esta manera, los supuestos milagros de las inversiones estatales aparecen a una luz muy distinta. Una cierta cantidad de gasto público es indispensable para cumplir las funciones esenciales del Gobierno. Cierto número de obras públicas —calles, carreteras, puentes y túneles, arsenales y astilleros, edificios para los cuerpos legislativos, la policía y los bomberos— son necesarias para atender los servicios públicos indispensables. Tales obras públicas, útiles por sí mismas y por tanto necesarias, no conciernen a nuestro estudio. Aquí me refiero a las obras públicas consideradas como medio de «combatir el paro» o de proporcionar a la comunidad una riqueza de la que en otro caso se habría carecido”2
        No esta de más, nuevamente, aclarar a nuestros lectores que, el gasto estatal no se reduce exclusivamente a las obras públicas. Este es -simplemente- un rubro de aquel, si bien puede ser un renglón muy importante del mismo. El autor estudiado ahora, parece asumir -en el párrafo citado- que las obras públicas sólo pueden ser encaradas por el gobierno, y -en esa linea- distingue entre dos tipos o clases de obras públicas (siempre estatales) a saber: aquellas que él llama “indispensables”, y otras que podrían ser denominadas “no-indispensables”, dentro de las cuales cita las destinadas a crear empleo por un lado, y, por el otro, aquellas dirigidas a generar riqueza.
           Es bastante cuestionable, por no decir del todo inapropiado, equiparar los conceptos de “gasto público” con el de “inversión pública”. Técnicamente -como tantas veces dijimos- gasto e inversión no son términos sinónimos, ni siquiera equivalentes, aunque muchos economistas los empleen de esa manera. El vocablo inversión sólo puede -y debería- ser aplicado exclusivamente a la actividad privada, porque la misma noción comprendida en la palabra, connota -como mínimo- dos elementos, a saber: la propiedad privada de los recursos que se van a destinar a la inversión y, en segundo lugar, el riesgo que la acción de invertir conlleva en si misma. Toda inversión incluye el riesgo de su pérdida para el sujeto que invierte, y este sólo puede ser el propietario de los recursos en cuestión y no otro.
            En esta linea de razonamientos, las erogaciones que el gobierno realiza a diario no pueden ser catalogadas de “inversiones”.
“Los modernos gobernantes, partidarios decididos de la «economía planificada», acuden con tan encendido entusiasmo a la inflación porque enturbia y trastoca todo el proceso económico. En el capítulo III, por citar un ejemplo, hicimos ver cómo la creencia de que las obras públicas necesariamente crean nuevos empleos es falsa. Si se obtuvo el dinero mediante impuestos, según allí se expuso, por cada dólar que el Estado gastó en obras públicas se invirtió un dólar menos por los contribuyentes en sus propias necesidades, y por cada empleo proporcionado mediante el gasto público se destruyó otra colocación en la industria privada.”3
        El gasto estatal no hace otra cosa que impedir el gasto privado. En rigor, es violatorio del derecho de propiedad, porque por medio de la fuerza (legal, pero fuerza al fin de cuentas) se detraen recursos del sector privado de la economía, lo que significa privar a sus propietarios de la libertad de decidir el mejor destino a dar a los mismos y -en su lugar- arrogarse el gobierno la facultad de ejercer dicha decisión.
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1[Henry Hazlitt. La conquista de la pobreza. Unión Editorial, S. A. Pág. 252
2Henry Hazlitt. La economía en una lección. Edición digital. Pág 9-10
3Hazlitt, H.. La economía en una lección....Ob. Cit. Pág. 93-94

Salario mínimo, inflación y gasto público

Por Gabriel Boragina ©

El escolástico Juan de Mariana tenía ideas sumamente claras, concretas y acertadas sobre la relación entre los impuestos, la inflación y el gasto público: 
 
"El déficit gubernamental es causa de impuestos mayores a los necesarios. Además, es causa de la alteración del valor del dinero. El gobernante con un presupuesto deficitario sucumbe con facilidad a ese medio para cubrir faltantes. Alterar el valor de la moneda, por ejemplo, reduciendo la cantidad de oro o plata que contiene, permite emitir más monedas. Se piensa que con esa medida nadie sufrirá, puesto que el valor legal de la moneda queda igual, aunque disminuya su valor intrínseco. Falso. En la realidad, la alteración del valor de la moneda es un latrocinio, según Mariana. El dinero es un medio general de intercambio y lo es, porque su valor se considera sujeto a muy pequeñas variaciones. El remedio a esos daños es la reducción del gasto público. Los activos de la nación no deben ser usados con la misma libertad del propietario particular. Los subsidios deben reducirse. Los gobernantes no deben iniciar guerras innecesarias."1

Ya en ese entonces, se explicaba de esta manera aquella vinculación. En realidad, el déficit se produce porque se han calculado mal los gastos y se han previsto partidas superiores a los ingresos disponibles, o bien porque los impuestos son tan altos que -conforme nos enseña la curva de Laffer- la recaudación nunca será suficiente para sufragar los gastos. Pero, hay una tercera causa: es posible que el presupuesto este bien calculado, y que se hayan previsto los impuestos necesarios como para poder cubrirlo, y que estos sean razonables al punto que todos los contribuyentes estén en condiciones de poder afrontarlos. Pero, imprevistamente el gobierno -o alguna de sus áreas- decida incrementar los gastos por encima de lo aprobado por la ley de presupuesto. En esta coyuntura, será un factor no ponderado por la ley de presupuesto lo que hace aparecer el déficit, excepto que se legislen nuevos impuestos, y que la población esté en condiciones de poder seguirlos abonando. La cruda realidad nos muestra que es el tercer supuesto el que se da con mayor frecuencia. Aunque también ocurre que se establecen impuestos excesivos, que superan las salidas previstas. Lo común es que se combinen dichos dos elementos: lo corriente es que los gobiernos aumenten sin cesar sus gastos, y también sus gravámenes. No obstante, cuando opera la curva de Laffer, deben apelar a inflación o deuda.
          Otro caso digno de examen es el de la relación entre salarios mínimos y gasto público, que también es un fenómeno de antigua data, en particular cuando los gobiernos entran en su cruzada de "ayudar a los pobres", como se expone seguidamente:

"En 1798, se dio un paso importante que agravó considerablemente el problema de este tipo de ayuda benéfica. Los jueces de Berkshire, [...] decidieron que los salarios inferiores a lo que ellos consideraban como el mínimo absoluto deberían ser completados con la ayuda parroquial de acuerdo con el precio del pan y el número de personas que dependían del cabeza de familia. Tal decisión fue confirmada por el Parlamento al año siguiente. Durante los treinta años que siguieron, este sistema (aparentemente el primero "que garantizaba un mínimo de ingresos") acarreó innumerables problemas.
La primera consecuencia lógica para los contribuyentes fue un incremento en proporción geométrica de los costes de la beneficencia. En 1785, el coste total de los gastos que supuso la ley de pobres fue casi de dos millones de libras. En 1803 se superaron los cuatro millones, y en 1817 casi se llegó ya a los ocho millones. Esta última cifra venía a representar casi una sexta parte del gasto público total. Algunas parroquias se vieron sumidas en grandes dificultades. Un pueblo de Buckinghamshire informaba en 1832 que sus gastos por ayuda benéfica habían sido ocho veces superiores a los de 1795, y que habían superado a los ingresos totales de la parroquia durante aquel año. Otra población, Cholesbury, llegó a la bancarrota, y otras estuvieron muy cerca de ello. A pesar de su gravedad, este gasto público no fue el peor de los males. Mucho más grave fue la creciente desmoralización en el aspecto laboral, que culminó con los desórdenes e incendios de 1830 y 1831."2

Se trató de la tristemente célebre "ley de pobres". En el caso, la iniciativa es tomada por lo que hoy llamaríamos el poder judicial. Mediante sendas sentencias, los jueces británicos habían decidido que las diferentes regiones (parroquias) -se entiende que por intermedio de sus gobiernos locales (municipales)- habrían de arbitrar los mecanismos para lo que ellos (los jueces) habían determinado como lo que "debería" ser un "salario mínimo". Los parámetros para la fijación del nuevo salario mínimo fueron dos, a saber: el precio del pan y la cantidad de miembros de la familia. Los gobiernos locales debían "compensar" la diferencia entre los ingresos familiares y el precio del referido producto. La sentencia dictada por los jueces recibió rápida confirmación legal por parte del Parlamento británico al cabo de un año, de manera que, lo que en principio fue una medida que afectaba sólo a determinadas localidades de Inglaterra, rápidamente se convirtió en una ley de alcance nacional.
No es difícil imaginar que, siguiendo los delineamientos que hemos dado, tal incremento del salario debía ser financiado por vía de mayores impuestos, deuda o emisión monetaria, que son las tres únicas "herramientas" por las cuales los gobiernos del mundo (no solamente el británico desde luego) pueden solventar cualquier erogación que sea decretada mediante una ley, tal como ha sido el caso en análisis, si bien esta ley no fue originada en una iniciativa parlamentaria, sino judicial. Ejemplo que -de paso- demuestra que no siempre la justicia "hace justicia", sino que -a menudo- produce grandes injusticias, máxime si tenemos en cuenta las nefastas consecuencias que se derivaron de la extensión y generalización de dichas políticas.
En esa línea, no son de extrañar las consecuencias nocivas que estos salarios mínimos (financiados con gasto público) tuvieron históricamente para los afectados. Como se ve en la cita, apareció el fenómeno del déficit fiscal. 

1 Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura. Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007. Alejandro A. Chafuén. "Impuestos y finanzas públicas", pág. 56/57
2 Henry Hazlitt. La conquista de la pobreza. Unión Editorial, S. A. Pág. pág. 80/81

Impuestos, gastos y escolásticos



Por Gabriel Boragina ©

Hay autores que atribuyeron el aumento del gasto público a determinados sistemas políticos. García Gaspar comenta un texto de Tocqueville, y señala a este como uno de dichos autores. Al respecto dice:
"Las naciones en las que los pobres sean los responsables de hacer las leyes fiscales, allí no se puede esperar una gran economía en los gastos públicos. Los impuestos serán elevados, porque esos impuestos no afectan al votante más numeroso. Y esto lleva a Tocqueville a una afirmación, el gobierno de la democracia es el único en el que quien vota un impuesto puede escapar de la obligación de pagarlo. Cuando en una sociedad prevalece la democracia y cada hombre posee un solo voto, ese gobierno se entrega a la clase más numerosa. Ese es un efecto real de la democracia. Si son los pobres los que forman la mayoría de una nación, el sufragio universal les entrega el gobierno y las leyes de impuestos. Eso, seguramente, provocará un exceso en los impuestos y en el gasto público. Pero, ese defecto irá disminuyendo conforme la ciudadanía se vuelve propietaria. Conforme pase eso, los pobres tendrán menores necesidades de quitar dinero a los ricos por medio de impuestos y, siendo ya propietarios, no querrán dañarse a sí mismos al elevar impuestos."[1]
Sin embargo, y aunque sus efectos no se perciban a primera vista, los impuestos elevados -a la larga- afectan a todos, ricos y pobres. A pesar de todas sus fallas, es bastante cuestionable la afirmación de que "el gobierno de la democracia es el único en el que quien vota un impuesto puede escapar de la obligación de pagarlo". En otros sistemas como, por ejemplo, la monarquía, los impuestos los decide directamente el monarca y, normalmente, como la historia lo atestigua, este se consideraba automáticamente excluido de la obligación de tributarlos junto con todo el clero y la nobleza. De modo tal que, los impuestos recaían sobre las clases bajas o populares, compuestas por campesinos, artesanos, labradores, etc. Con lo que resulta bastante discutible atribuir los altos impuestos y el excesivo gasto público exclusivamente a la democracia. Es cierto, en cambio, que en la democracia gobierna la clase más numerosa, aun cuando el concepto de "clase" sea -de algún modo- inadecuado (por decir lo menos). Pero, más allá de estas distinciones sobre la relación entre democracia e impuestos, resulta indudablemente innegable que, un gobierno de pobres provocará los efectos que se señalan en la cita de arriba. Técnicamente, lo que estará sucediendo se tratará de una transferencia de ingresos desde los ricos hacia los pobres, mediante mecanismos redistributivos (en el caso analizado, fiscales). Los pobres se irán volviendo ricos y se equilibrará la tendencia. Pero esto seria así en un sistema de democracia pura o ideal. En los hechos, lo que sucede es bien diferente. Los que gobiernan (sean pobres o ricos) no quieren perder el control de la situación. Y quien esté en el poder -con independencia del patrimonio que disponga- querrá excluirse de cualquier medida que pudiera menguar o comprometer sus fortunas ya habidas. Esto último es lo que hace que, gobierne quien gobierne (pobres o ricos) continúen imponiendo gabelas a aquellos que no gobiernan, al tiempo que tratan por todos los medios de exceptuarse ellos mismos de tales cargas tributarias.
El problema del gasto público desorbitado ya había sido -de algún modo- advertido tempranamente por los escolásticos. Por ejemplo, Juan de Mariana y otros:
"Mariana habla de lo triste que es constatar cómo llegan al gobierno personas sin un centavo en la bolsa y cómo es que después gozan de grandes fortunas personales.... Pero el gran punto es un presupuesto público balanceado. Es imperativo balancear los gastos con los ingresos. De lo contrario el mal será inevitable, aumentarán los impuestos y los ciudadanos desesperarán. El gobierno debe reducir sus gastos superfluos para que así los impuestos sean moderados. Si el presupuesto público no está balanceado, se incurrirá en deudas y se consumirán sus reservas. Los pagos de los intereses aumentarán. Otro Escolástico señala lo mismo. Domingo de Soto habla de que el tesoro público, que proviene de los impuestos no debe gastarse en cosas innecesarias. El tesoro público agotado hará decretar nuevos impuestos. Una idea igual es planteada por Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648). Dice que los ingresos del gobierno deben ser mayores a sus egresos. Para lograr esto es necesario reducir los gastos públicos. Debe imponerse la prudencia económica a la locura del poder, ya que de lo contrario la nación sufriría. Pedro Fernández de Navarrete, en 1619, comentó lo fácil que es gastar dinero ajeno. Según él, el mayor problema de España en su tiempo es el de impuestos muy elevados para financiar el gasto público. Lo mejor que puede hacer un gobernante es moderar sus gastos."[2]
A pesar de que estos autores escribieron en la Edad Media, sus observaciones son de una actualidad pasmosa, máxime por cuanto sus prudentes consejos y acertadas conclusiones nunca fueron atendidas por los gobernantes del mundo, donde quiera se ponga el ojo histórico y geográfico. Ellos estaban hablando del equilibrio fiscal. Un mundo sin déficits ni superávits fiscales, en otras palabras, recomendaban la sana economía como -mucho mas tarde- la llamaría el fenomenal Ludwig von Mises. Hoy, en pleno siglo XXI, las palabras de los escolásticos siguen vigentes. Altos impuestos y exorbitantes gastos estatales están a la orden del día en la mayoría de los países occidentales y también orientales. La disciplina fiscal brilla por su ausencia, y la frugalidad en las erogaciones estatales rara vez es constatada. Y como vimos, dado que los impuestos no logran compensar los gastos, los gobiernos recurren a endeudamiento e inflación. Pero el gobernante no tiene incentivos a moderar sus gastos, porque padece de la ilusión de que el poder de imponer tributos o -en su defecto- emitir dinero es ilimitado, y sólo la catástrofe económica cuando se le hace evidente le pone un freno a sus ambiciones. Porque -no ha de olvidarse que- los gobernantes son, después de todo, tan humanos como cualquiera de nosotros, y como decía el genial Lord Acton: "El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente".

[1] Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura. Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007. Alexis De Tocqueville."Impuestos, ¿quién los decreta?" pág. 55
[2] Eduardo García Gaspar. Ideas en......ob. cit. pág. 56. Alejandro A. Chafuén. "Impuestos y finanzas públicas"

El Derecho (7° parte)

Por Gabriel Boragina © “F. La coerción jurídica en la práctica. Saliendo ahora del aspecto puramente filosófico y emplazando el tema...