División de poderes versus gobierno limitado



Por Gabriel Boragina ©

                Es frecuente confundir gobierno limitado con división de poderes. Pero desde nuestro punto de vista, en modo alguno resultan sinónimos. Generalmente se apela a la clásica división tripartita de poderes (en rigor, vendrían a ser los órganos de un mismo y único gobierno) que los separa en un poder ejecutivo, otro legislativo y uno judicial. Y suele decirse que en esto consiste la "limitación" del gobierno o un gobierno "limitado".
                No lo creemos así, por cuanto detentando el gobierno el 100% del poder, y suponiendo una división igual del mismo entre las mencionadas tres ramas de aquel, esto equivaldría a un reparto del poder en un 33,33% para cada una de esas ramas. Lo que implicaría que ese poder se ha dividido en tres, pero en modo alguno se lo ha limitado, dado que la suma de ese 33,33% siempre seguirá dando el mismo resultado: un 100% de poder, o sea, el poder total del gobierno. En el mejor de los supuestos, esto equivaldría a una limitación formal o nominal, pero no efectiva ni real, habida cuenta que desde el punto de vista del gobernado, el gobernante sigue detentando el 100% del poder, solo que dividido entre tres ramas. Poder dividido no es igual a poder limitado.
                Nosotros creemos que el poderío político se visualiza mejor si lo contemplamos desde un punto de vista económico. Y desde este ángulo, el poder político no viene a ser algo diferente al poder de gastar y de recaudar las cantidades que serán destinadas a lo que mal se llama gasto "público" y que -en definitiva- no es ninguna otra cosa que simple gasto estatal. Simple pero no inocuo. He aquí lo que consideramos el verdadero límite. En consecuencia, lo que se debe limitar es el gasto estatal y el poder fiscal si lo que se quiere es ponerle límites al gobierno o -en los términos planteados- tener un gobierno genuinamente limitado.
                ¿Cómo reducir el gasto estatal y el poder fiscal? Lo idóneo seria hacerlo a través de una cláusula constitucional, pero si ello no fuera posible no habría óbice para crearlo a través de una ley dictada al efecto. Podría efectuarse incluso mediante una sencilla reforma a la ley de presupuesto nacional ya vigente, sin necesidad de dictar una norma nueva. Pocas veces se tiene en cuenta que la ley del presupuesto nacional es la clave del poder estatal (y también de su limitación que tratamos ahora).
                El problema básico es que el gobierno –a través de la ley de presupuesto nacional- fija primero su meta de gastos y, en función de estos, luego la de sus ingresos para solventar esos gastos. Todos nosotros tenemos un presupuesto. Como particulares los ciudadanos comunes fijamos nuestros gastos en función de nuestros ingresos. Si, por ejemplo, gano $ 100.- se a priori que esa cantidad es la que será el límite de cualquiera de mis gastos. Ergo, el presupuesto personal que elabore no podrá jamás ser mayor a los $ 100.- y si quiero comprar un producto que cuesta $ 200.- también se de antemano que no lo voy a poder hacer (salvo que solicite un crédito con las garantías respectivas, las que de no tener no se me otorgará).
                En un sentido por completo inverso, el gobierno (que no genera ingresos propios) si desea comprar ese mismo producto que cuesta $ 200.- lo único que tiene que hacer para obtenerlo es cobrar impuestos a la gente por esa exacta o (lo que ocurre muy a menudo) mayor cantidad, algo que como es sabido, ningún ciudadano del llano puede hacer. La gente común no posee el menor poder para fijar sus propios ingresos, debido a que estos están fijados por el mercado. En cambio, el gobierno si tiene ese poder, porque la fuente de sus ingresos son –precisamente- los ingresos de sus súbditos.
                Si realmente se quisiera limitar el poder político, debería revertirse lo señalado en el párrafo anterior, y que el gobierno también –como en el caso de los particulares- fije sus gastos en función de sus ingresos. Porque si realmente queremos un gasto publico bajo, hay que bajar los ingresos del "estado", lo que -en otros términos- implica limitar su poder fiscal fijando un tope de impuestos a cobrar que no pueda en circunstancia alguna ser superado (excepto ocurrencias verdaderamente excepcionales como podría ser una catástrofe natural o una guerra, por ejemplo) pero no en otra situación. Todo lo cual -conforme expusimos mas arriba- se logra mediante una cláusula constitucional que lo diga, o una ley especial, o incorporando una estipulación análoga en la ley de presupuesto nacional ya vigente. En suma, fijar un tope a la recaudación y que los gastos estatales se limiten a ese tope.
Es cierto que el procedimiento puede llevarse a cabo a la inversa, fijando ese tope al gasto. En este contexto, debe establecerse por ley que los impuestos no podrán en ningún supuesto superar ese límite de gastos. No bastará –desde luego- que la disposición meramente lo prohíba, sino que además deberá preverse en su texto una penalidad para el escenario en que la ley se viole por parte de los burócratas de cualquier nivel, con sanciones de extrema gravedad, que impliquen penas pecuniarias y la separación del cargo en la hipótesis de reiteración.
           Ahora bien ¿cuál debería ser el nivel del gasto o -mejor dicho- en qué punto debería definirse un gasto estatal como "bajo"?. Esta es una cuestión que podría llegar a ser complicada y que -en primera instancia- seguramente variará de un país a otro. Un parámetro que se nos ocurre podría ser tomar los precios de mercado de la actividad del sector privado y extrapolarlos a la misma actividad o servicio que pretende prestar el sector público. Por ejemplo, en materia de seguridad, educación, salud, etc. (y en la medida que se consideren algunas de estas o todas, funciones a cumplir por el "estado").
La limitación de gastos e impuestos es una solución poco simpática para los políticos y los burócratas, pero lamentablemente también lo es para muchas otras personas que no entran ni en una ni otra de las dos categorías mencionadas, pero las que, sin embargo, tienen una mentalidad estatista o dirigista. Cuando el consenso mayoritario en un lugar determinado es estatista o dirigista nada podrá impedir un gobierno ilimitado con los consiguientes desajustes económicos (en otras palabras, sociales).

Gobierno limitado vs. monopolio*



Por Gabriel Boragina ©

1.                Liberalismo clásico y funciones "esenciales".

Muchos liberales clásicos sostienen como "bandera" la defensa de un "gobierno limitado". Sin embargo, esta expresión es de un alto grado de ambigüedad, que no permite inferir sus contornos, algunos de los cuales intentaremos aquí precisar, si nos resulta posible.
Cuando tales liberales clásicos dicen defender el gobierno limitado suelen dar por sentado que la expresión alude a las también llamadas funciones "básicas" o "esenciales" de un gobierno según el prisma liberal. Tampoco hay un acuerdo neto entre tales liberales en cuáles deberían ser dichas funciones "básicas" o "esenciales", de tal suerte que algunos de ellos opinan que, dentro de las mismas deben incluirse la seguridad (policía) defensa (fuerzas armadas) justicia (tribunales); otros le agregan obras "públicas" (de infraestructura), y hay entre ellos quien les añade educación y seguridad social (salud, previsión, etc.) en fin, más o menos las posturas entre los liberales clásicos rondan entre las mencionadas. Todo ellos, sin embargo, están de acuerdo que todas o algunas de las funciones mencionadas deben ser ejercidas monopólicamente, es decir, con exclusión de cualquier otro agente, empresa o persona que este fuera de la órbita gubernamental.

2.                Monopolio

Defender la existencia de un gobierno "limitado" pero a la vez monopólico representa algunos problemas que creemos necesario examinar.
Todo monopolio tiende a expandirse por su propia característica monopólica. Esto ya representa una primera contradicción entre el pretendido carácter de "limitado" de un gobierno y el también pretendido carácter concomitante de monopólico, reunidos. Si se le otorga a un gobierno un monopolio en cierta área, por su propia naturaleza o -mejor dicho- por la propia naturaleza de los monopolios, dicho gobierno tenderá a expandirse y no a limitarse, lo que implicaría que, con el tiempo, dicho gobierno dejará de ser limitado y sólo conservará su carácter de monopolio, lo que desde mi óptica, sería una situación indeseable que ocurriera, ya que al final, tendremos no otra cosa que un monopolio enorme. Y a primera vista, parece insalvable la contradicción señalada entre "limitado" y a la vez monopólico, ya sea que se pretenda reunir ambas condiciones en un mismo ente (gobierno) persona o empresa.
Otra contradicción reside en lo siguiente: si a una persona, ente o gobierno se le otorga un monopolio, al mismo tiempo se le está otorgando la facultad exclusiva de fijar sus propios límites, y ya hemos visto que la característica de todo monopolio es a expandirse y está muy lejos de limitarse. Sigue, también desde este ángulo, surgiendo la insalvable contradicción entre monopolio y la pretendida limitación.
La cuestión no se resuelve como podría creerse, reduciéndose la lista de funciones "esenciales" o "básicas" que hemos enumerado más arriba, porque, aun suponiendo que se le redujeran todas esas funciones a una sola, por ejemplo, "seguridad", teniendo el gobierno un monopolio sobre ella, podría asignarle por caso, el 100 % del presupuesto nacional a la misma, aun cuando la función pudiera satisfacerse digamos con un 20 % o un 30 % del presupuesto. La cuestión no es trivial, porque el gobierno, en tal caso, estaría cobrando impuestos a la población por un monto total al 100 % de un servicio que bien podría costearse sobradamente con un 20/30 % de los recursos. Es decir, ni siquiera en este caso podría hablarse de gobierno "limitado", porque su poder fiscal seguiría siendo ilimitado aun cuando constitucionalmente sus funciones se redujeran a una sola.
Y adicionalmente es observable que, los gobiernos monopólicos presentan los problemas de todos los monopolios, a saber:
1.                  Dan un servicio malo o pésimo en cantidad y en calidad.
2.                  El servicio es caro, en relación con el punto 1.
Respecto de este punto, es bastante discutible si los gobiernos son monopolios naturales o artificiales. Si la gente desea tener gobiernos y hay un acuerdo explícito o implícito de una mayoría de la población sobre el tema, podría decirse con bastante exactitud que los gobiernos encuadrarían dentro de la clasificación de los monopolios naturales.
Sin embargo, este sería un caso curioso de monopolio natural, porque el gobierno -una vez constituido como tal- tiene la potestad de dictar leyes o constituciones que cierren toda posibilidad a la existencia de uno o más gobiernos paralelos o competidores en el ramo gubernamental y en el nivel de ese mismo gobierno (nacional). Tengamos en cuenta que los gobiernos provinciales (o estaduales) y municipales no son competidores del gobierno nacional, sino que se le subordinan.
Digamos que, una vez sancionada y promulgada la constitución que establece el monopolio gubernamental, lo que en remotos orígenes pudo haber constituido un monopolio natural pasará a ser -por decisión de ese mismo monopolio gubernamental- un monopolio artificial, entendiendo por este último a aquel creado por medio de una constitución o una ley derivada de esa misma constitución.

3.                 La constitución

   Otra forma de entender la expresión gobierno "limitado" es la de fijarle límites a sus atribuciones en un texto constitucional. Esto, en principio, sería algo más preciso, porque se trataría de establecer de antemano las funciones a cumplir. Pero de nada serviría tampoco si, además de determinar las funciones, no se limita en el propio texto constitucional la cuantía y la extensión en la limitación de tales funciones. Una cláusula constitucional válida sería la que no sólo reduce las funciones del gobierno a unas pocas, sino la que –además- establece taxativamente cuánto puede y cuánto no puede el gobierno gastar en ellas. Esta sería una noción más clara y más exacta de limitación, ya que, en principio, estaría plasmada por escrito en un texto constitucional.
Sin embargo, la experiencia demuestra que los gobiernos no han tenido mayores reparos en utilizar dos caminos para evitar este escollo, a saber: 1º reformar la constitución para ampliar los límites del gobierno o (cuando ello no es posible), 2º directamente ignorar el texto construccional, pasándolo por alto, es decir, la práctica tan frecuente y reiterada de violar la letra de la constitución.
Aquí es importante recordar lo que dijimos en el punto del monopolio, ya que los gobiernos -en su inmensa mayoría, sino todos- tienen el monopolio de reforma del texto constitucional. Es decir, también son los gobiernos (entendidos como la suma de los tres "poderes”: el ejecutivo, el legislativo y el judicial) los que detentan el monopolio sobre la reforma constitucional. Podrían -y de hecho lo hacen a menudo- reformar la constitución política en desmedro de sus propios gobernados, blindando su propio monopolio. De todo lo cual, se deriva lo perverso que es el hecho de que los gobiernos disfruten de monopolios o sean en sí mismos monopólicos.

*Fragmento del libro del autor titulado Análisis económico del gobierno Ediciones Libertad. España. 2010.

El modelo de competencia perfecta



Por Gabriel Boragina ©

"En un extremo de la clasificación tenemos la competencia perfecta, atomística o pura, que caracteriza a un mercado perfectamente competitivo. En este caso el número de oferentes es infinito, o prácticamente infinito, para cada uno de los bienes que se producen, y el número de demandantes también lo es; no existe limitación alguna para la entrada al mercado y, por lo tanto, ninguna de las fuerzas que compiten está en condiciones de determinar los precios a los que se llega en el mismo; tampoco hay economías de escala significativas, de modo que ningún vendedor puede crecer para dominar o controlar el mercado. Este modelo abstracto puede generalizarse a toda la economía, para demostrar la interdependencia de los mercados parciales existentes y la movilidad de los diferentes factores productivos."[1]
En una palabra, se trata de un supuesto completamente irreal, por eso mismo es correcto llamarla "modelo" y no "teoría" como se lo hace a veces. Dado que el mundo real es imperfecto, carece de sentido referirse a la "competencia perfecta" como algo que se dé o pudiera darse de alguna manera en la realidad. Sucede que con frecuencia no pocos economistas se han visto inclinados a confundir la realidad circundante con sus modelos imaginarios, y han enredado una con los otros. Es así que muchos críticos del mercado han basado sus objeciones asimilando el economía de mercado con la competencia perfecta cuando va de suyo que sensatamente no puede establecerse una total identificación entre una y la otra. La economía de mercado pertenece al campo de la realidad de los fenómenos económicos. Por el contrario, el modelo de competencia perfecta importa meramente un instrumento mental que sirve exclusivamente como herramienta didáctica y enteramente intelectual. Al decir del profesor L. v. Mises forma parte de las construcciones imaginarias de la ciencia económica.
"La competencia perfecta, como se apreciará, no es entonces la descripción de algún mercado empíricamente existente sino un modelo económico a través del cual puede entenderse el funcionamiento de una economía de mercado, donde el precio de cada bien o servicio queda determinado por la mutua influencia de la oferta y la demanda, sin control externo alguno y sin que los actores que concurran al mercado puedan influenciar el resultado que se alcanza a través de infinitas transacciones particulares. Este modelo, que resultó básico para el nacimiento de la ciencia económica como tal, tiene una inmensa utilidad aún hoy, pues actúa como una construcción intelectual a la cual se aproximan, en el límite, las situaciones de la realidad. Como modelo abstracto, por lo tanto, la competencia perfecta tiene la misma utilidad y valor que los modelos que elaboran otras ciencias en la comprensión de los fenómenos de la naturaleza."[2]
Sin embargo, de modo sorprendente y como hemos señalado en el párrafo anterior, la mayoría de los economistas del mainstream han confundido y siguen enmarañando el modelo con la realidad, y creen ingenuamente que el modelo de "competencia perfecta" es algo similar o parecido al de competencia libre o de mercado o de competencia capitalista como a menudo se la mal designa. Dejaremos en claro de aquí en adelante que estos últimos términos no guardan sinonimia alguna con el abstracto modelo de "competencia perfecta". Olvidar que el modelo de competencia perfecta es simplemente una idealización y no un reflejo de lo que sucede en la realidad, ha traído no pocos desórdenes. El factor más importante que impide hablar de tal tipo de competencia es el hecho histórico que los gobiernos no han cesado de intervenir en la economía, y por consiguiente en sus mercados. Cualquier intervención estatal implica la desfiguración de todos los indicadores económicos, no solamente los precios, sino también el de las cantidades ofertadas y demandadas, que, si bien dependen de los precios, son influidos también por instrumentos fiscales, de comercio exterior, etc.
"Para referirse a las situaciones que se encuentran en la práctica, y que se alejan por cierto de la competencia perfecta, los economistas suelen hablar de competencia imperfecta. Este concepto abarca una multitud de situaciones diferentes que van desde las que se aproximan a la competencia pura hasta las que se acercan a la ausencia total de competencia. En la práctica siempre es posible encontrar que algunos oferentes o demandantes poseen mayor poder que otros para la fijación de los precios, que aparecen economías de escala o que existen restricciones directas o indirectas que limitan el acceso del mercado a nuevos competidores. A pesar de que la competencia imperfecta resulta de gran interés para la ciencia económica, pues se trata de la situación que efectivamente se encuentra en la vida real, su estudio no ha reportado mayores conclusiones de interés: no es posible construir una teoría general para cada una de las posibles situaciones que se presenten en la práctica y, en la mayoría de los casos, el modelo de competencia perfecta o el estudio de los monopolios ofrecen resultados que pueden extrapolarse de algún modo a las situaciones intermedias."[3]
Como dijimos antes, hablar de "competencia imperfecta" resulta una redundancia. Excepto que creamos en un hipotético mundo platónico en el cual existen cosas perfectas en esta tierra, lo real es la imperfección y lo irreal su contrario, la perfección. En economía, sólo tiene sentido analizar el fenómeno de la competencia tal y como se da en el mundo real y no en el estrafalario escenario ideal de la competencia perfecta. Cualquier situación que se tome de la práctica (como la llama C. Sabino) va a ser por completo disímil al modelo de competencia perfecta. Por lo que lo sensato es abandonar por completo dicha terminología y entrar de lleno a tratar la materia con el rótulo de competencia, lisa y llanamente, sin perder de vista que la competencia puede revestir dos grandes modalidades: ser libre o controlada. En rigor, la competencia llamada "libre" también está controlada, la diferencia es en cuanto a quién es el sujeto activo del control. Los "sujetos" controlantes de la competencia pueden ser (y de ordinario son) solamente dos: el mercado o el gobierno. La competencia controlada por el mercado lo es por los sujetos que actúan dentro del mismo mercado, a la sazón, productores y consumidores. La competencia controlada por el gobierno lo es siempre por un único "sujeto": el gobierno y sus entes burocráticos. En último análisis, la competencia nunca es libre, siempre es controlada. Lo determinante es quién la controla.

[1] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. Voz "competencia".
[2] C. Sabino, Diccionario...ob. cit. Ídem.
[3]C. Sabino, Diccionario...ob. cit. Ídem.

El presidente puede constitucionalmente nombrar jueces



Por Gabriel Boragina ©

Me ha llamado mucho la atención la crítica al presidente Macri por la designación de dos jueces para ocupar cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No pensaba escribir sobre este tema porque creí –equivocadamente- que, al menos entre autores de cierto nivel tenía que resultar claro que el presidente de la nación posee -por la Constitución de la Nación Argentina- las necesarias facultades para designar a los jueces del poder judicial.
Pero dadas las críticas infundadas –provenientes generalmente de personas ajenas al campo del Derecho-, y que parten de un defectuoso conocimiento tanto de la Constitución de la Nación Argentina como de su espíritu, es menester señalar que la designación efectuada es perfectamente constitucional y está dentro del marco institucional del Derecho Argentino y no fuera del mismo. La metodología utilizada por el presidente Macri para tal efecto es irreprochablemente constitucional; no es en modo alguno "irregular" ni "anómala" ni se le aplican los tantos otros calificativos parecidos, que sólo pueden ser fruto –en el mejor de los casos- de ignorancia del Derecho Constitucional, y, en el peor, de una inconfesable mala fe.
La designación de jueces por decreto es uno de los controles interórganos del presidente:
"Son controles interórganos del Presidente de la República sobre el Congreso el veto total o parcial de las leyes aprobadas por el órgano legislativo (art. 83, Constitución Nacional); prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso o disponer su convocatoria a sesiones extraordinarias (art. 99, inc. 90). Los controles interórganos sobre el Poder Judicial, son presentar proyectos de leyes atinentes a la organización y estructura del órgano judicial; nombrar a los jueces (art. 99, inc. 4º, Constitución Nacional); conceder indultos o conmutar penas (art. 99, inc. 5°, Constitución Nacional); realizar nombramientos de jueces en comisión durante el receso del Senado (art. 99, inc. 19, Constitución Nacional)."[1]
"Los jueces inferiores son nombrados por el presidente de la Nación con acuerdo de la mayoría de los miembros presentes del Senado. ... Tanto en este caso como en el anterior el presidente de la Nación puede efectuar nombramientos en comisión durante el receso del Congreso (art. 99, inc. 19)."[2]
"El art. 99, inc. 19, faculta al Presidente para cubrir las vacantes en los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso. En tal caso, puede efectuar nombramientos en comisión que expiran al finalizar la próxima legislatura.
El objetivo de la norma consiste en dotar de mayor dinamismo y eficiencia al funcionamiento del Estado permitiendo, al Poder Ejecutivo, disponer la cobertura de aquellos cargos durante el receso del Senado.
La fuente de esta norma es la Constitución de los Estados Unidos que, en el art. II, sección 2a, cláusula 3, autoriza al Presidente para llenar las vacantes que se producen durante el receso del Senado, confiriendo comisiones que concluyen al final del período subsiguiente de sesiones.
Ella fue incorporada a nuestra Constitución en 1860 en reemplazo del texto que contenía la redacción de 1853. En esta última, también se reconocía tal facultad al Presidente, pero solamente con cargo de dar cuenta de lo obrado al Senado para obtener su aprobación una vez que se iniciaran sus sesiones. La actual redacción resulta mucho más precisa porque, ante un eventual silencio del Senado, determina el momento en que expira el nombramiento en comisión.
La interpretación de esta cláusula se ajustó a la declaración aprobada, el 15 de septiembre de 1917, por el Senado sobre la base de la propuesta formulada por Joaquín V. González que integraba ese cuerpo (Joaquín V. González, Obras Completas, t. 5, p. 314, ob. cit.). Conforme a esa declaración:
1. El nombramiento en comisión es viable, no solamente para las vacantes que se producen una vez que el Senado entra en receso, sino también respecto de los cargos que ya estaban vacantes al comienzo del receso.
2. La situación de receso se presenta cuando el Senado no sesiona tanto en forma ordinaria, sino también en sesiones de prórroga o extraordinarias.
3. El nombramiento en comisión cesa de mediar rechazo por parte del Senado concluido el receso.
Efectuado el nombramiento en comisión, éste concluye cuando, una vez que el Congreso comienza a funcionar en las siguientes sesiones ordinarias, éstas terminan o, en su caso, las sesiones de prórroga o extraordinarias. El nombramiento sólo se puede realizar a partir del 1° de diciembre, y siempre que no prosiga la actuación del Congreso en sesiones de prórroga o extraordinarias. Ese nombramiento, tiene validez hasta el 30 de noviembre del año siguiente pero, si el Congreso sigue funcionando en sesiones de prórroga o extraordinarias, su validez se extenderá hasta el último día del mes de febrero. Esto es así, porque la «próxima legislatura', es la que comienza su actuación el 1º de marzo.
Como es un nombramiento en comisión, entendemos que el Presidente lo puede dejar sin efecto en cualquier momento antes del vencimiento del plazo constitucional, salvo si se trata del nombramiento de magistrados judiciales. Asimismo, si iniciadas las sesiones ordinarias el Presidente no propone oficialmente la designación del funcionario, el Senado también en cualquier momento puede negar su acuerdo determinando la conclusión del ejercicio de su cargo por el funcionario. De igual manera, y aunque no medie la propuesta oficial, puede prestar el acuerdo con lo cual concluye la comisión y el nombramiento es definitivo. Si el Presidente propone oficialmente al funcionario que está en comisión, el rechazo del Senado determina la caducidad del nombramiento."[3]
"El art. 99, inc. 19, le otorga al Presidente, en forma exclusiva y excluyente, la potestad de cubrir las vacantes gubernamentales que requieren el acuerdo del Senado. Entre ellas, están los cargos judiciales.
Por razones de necesidad, y considerando que los cargos gubernamentales deben ser cubiertos y no permanecer vacantes, el Poder Ejecutivo puede nombrar jueces en comisión cuyo mandato no puede superar al momento en que concluyan las próximas sesiones, ordinarias y de prórroga, del Congreso. Ese nombramiento es insusceptible de control jurisdiccional, a menos que la persona nombrada no cumpla con las condiciones legales exigidas para ser juez.
El nombramiento, pese a su carácter provisorio, es constitucionalmente válido y, la persona designada, está habilitada para ejercer la función jurisdiccional de igual modo que lo hacen los jueces nombrados con acuerdo del Senado.
El límite del mandato puede ser acotado si, antes de su vencimiento, el Presidente nombra para el cargo a una persona que conforma la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura y obtiene el acuerdo del Senado. También, si se dispone su separación por las causales del art. 53 de la Constitución, o si el Senado al reanudar sus sesiones, decide rechazar de oficio el nombramiento mediando una terna remitida por el Consejo de la Magistratura al presidente para la cobertura del cargo.
En la hipótesis del art. 99, inc. 19, la potestad del Presidente es discrecional. Sin embargo sí, para el cargo vacante, el Consejo de la Magistratura ya elevó una terna, el nombramiento debería recaer sobre alguno de sus integrantes. Pero, si la recepción de la terna es posterior al nombramiento, este no pierde validez.
En el actual esquema de la Constitución, el Consejo de la Magistratura no puede convocar a concurso para la cobertura de vacantes eventuales, y elevar las ternas al Presidente para que seleccione cuál de sus integrantes deberá ser nombrado para el supuesto que, posteriormente, se produzca alguna vacante. La convocatoria a concurso sólo es viable cuando existe la vacante y respecto del cargo concreto. No es procedente una suerte de apertura abstracta a concurso, con la formulación de ternas alternativas."[4]

[1] Badeni, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional Tomo I - Edición Actualizada y Ampliada - 2a Ed., - Buenos Aires; La Ley. 2006. ISBN 987-03-0946-1 (Tomo I)-ISBN 987-03-0495-3 (OBRA COMPLETA) pág. 436
[2] Badeni, Gregorio. Tratado...ob. cit. Tomo I pág. 973
[3] Badeni, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II- 2ª Edición Actualizada. Ampliada - 2a M. - Buenos Aires- La Ley, 2006. ISBN 987-03-0947-X (Tomo II)-ISBN 987-03-0945-3 (Obra Completa) pág. 1725-1726
[4] Badeni, Gregorio. Tratado ...Ob. cit. Tomo II pág. 1798-1799

Gobierno, economía y educación

Por Gabriel Boragina © Es casi un lugar común considerar que la educación debe prioritariamente estar a cargo del gobierno. Existe u...