Por Gabriel Boragina ©
Es frecuente confundir gobierno limitado con división de poderes. Pero desde nuestro
punto de vista, en modo alguno resultan sinónimos. Generalmente se apela a la
clásica división tripartita de poderes (en rigor, vendrían a ser los órganos de un mismo y único gobierno)
que los separa en un poder ejecutivo, otro legislativo y uno judicial. Y suele
decirse que en esto consiste la "limitación" del gobierno o un
gobierno "limitado".
No lo creemos así, por cuanto
detentando el gobierno el 100% del poder, y suponiendo una división igual del mismo
entre las mencionadas tres ramas de aquel, esto equivaldría a un reparto del
poder en un 33,33% para cada una de esas ramas. Lo que implicaría que ese poder
se ha dividido en tres, pero en modo alguno se lo ha limitado, dado que la suma
de ese 33,33% siempre seguirá dando el mismo resultado: un 100% de poder, o
sea, el poder total del gobierno. En el mejor de los supuestos, esto
equivaldría a una limitación formal o nominal, pero no efectiva ni real, habida
cuenta que desde el punto de vista del gobernado, el gobernante sigue
detentando el 100% del poder, solo que dividido entre tres ramas. Poder dividido no es igual a poder limitado.
Nosotros creemos que el poderío político
se visualiza mejor si lo contemplamos desde un punto de vista económico. Y
desde este ángulo, el poder político no viene a ser algo diferente al poder de
gastar y de recaudar las cantidades que serán destinadas a lo que mal se llama
gasto "público" y que -en definitiva- no es ninguna otra cosa que
simple gasto estatal. Simple pero no
inocuo. He aquí lo que consideramos el verdadero límite. En consecuencia, lo
que se debe limitar es el gasto estatal y el poder fiscal si lo que se quiere es ponerle límites al gobierno o -en los términos planteados-
tener un gobierno genuinamente limitado.
¿Cómo reducir el gasto estatal y
el poder fiscal? Lo idóneo seria hacerlo a través de una cláusula
constitucional, pero si ello no fuera posible no habría óbice para crearlo a
través de una ley dictada al efecto. Podría efectuarse incluso mediante una sencilla
reforma a la ley de presupuesto nacional ya vigente, sin necesidad de dictar
una norma nueva. Pocas veces se tiene en cuenta que la ley del presupuesto
nacional es la clave del poder estatal (y también de su limitación que tratamos
ahora).
El problema básico es que el
gobierno –a través de la ley de presupuesto nacional- fija primero su meta de
gastos y, en función de estos, luego la de sus ingresos para solventar esos
gastos. Todos nosotros tenemos un presupuesto. Como particulares los ciudadanos
comunes fijamos nuestros gastos en función de nuestros ingresos. Si, por
ejemplo, gano $ 100.- se a priori que
esa cantidad es la que será el límite de cualquiera de mis gastos. Ergo, el presupuesto
personal que elabore no podrá jamás ser mayor a los $ 100.- y si quiero comprar
un producto que cuesta $ 200.- también se de antemano que no lo voy a poder
hacer (salvo que solicite un crédito con las garantías respectivas, las que de
no tener no se me otorgará).
En un sentido por completo
inverso, el gobierno (que no genera ingresos propios) si desea comprar ese
mismo producto que cuesta $ 200.- lo único que tiene que hacer para obtenerlo
es cobrar impuestos a la gente por esa exacta o (lo que ocurre muy a menudo)
mayor cantidad, algo que como es sabido, ningún ciudadano del llano puede
hacer. La gente común no posee el menor poder para fijar sus propios ingresos,
debido a que estos están fijados por el mercado. En cambio, el gobierno si
tiene ese poder, porque la fuente de sus ingresos son –precisamente- los ingresos
de sus súbditos.
Si realmente se quisiera limitar
el poder político, debería revertirse lo señalado en el párrafo anterior, y que
el gobierno también –como en el caso de los particulares- fije sus gastos en
función de sus ingresos. Porque si realmente queremos un gasto publico bajo,
hay que bajar los ingresos del "estado", lo que -en otros términos-
implica limitar su poder fiscal fijando un tope de impuestos a cobrar que no
pueda en circunstancia alguna ser superado (excepto ocurrencias verdaderamente
excepcionales como podría ser una catástrofe natural o una guerra, por ejemplo)
pero no en otra situación. Todo lo cual -conforme expusimos mas arriba- se logra
mediante una cláusula constitucional que lo diga, o una ley especial, o incorporando
una estipulación análoga en la ley de presupuesto nacional ya vigente. En suma,
fijar un tope a la recaudación y que los gastos estatales se limiten a ese tope.
Es cierto que el procedimiento puede llevarse a cabo a la
inversa, fijando ese tope al gasto. En este contexto, debe establecerse por ley
que los impuestos no podrán en ningún supuesto superar ese límite de gastos. No
bastará –desde luego- que la disposición meramente lo prohíba, sino que además
deberá preverse en su texto una penalidad para el escenario en que la ley se
viole por parte de los burócratas de cualquier nivel, con sanciones de extrema
gravedad, que impliquen penas pecuniarias y la separación del cargo en la
hipótesis de reiteración.
Ahora bien ¿cuál debería ser el
nivel del gasto o -mejor dicho- en qué punto debería definirse un gasto estatal
como "bajo"?. Esta es una cuestión que podría llegar a ser complicada
y que -en primera instancia- seguramente variará de un país a otro. Un
parámetro que se nos ocurre podría ser tomar los precios de mercado de la actividad
del sector privado y extrapolarlos a la misma actividad o servicio que pretende
prestar el sector público. Por ejemplo, en materia de seguridad, educación,
salud, etc. (y en la medida que se consideren algunas de estas o todas,
funciones a cumplir por el "estado").
La limitación de gastos e impuestos es una solución poco simpática
para los políticos y los burócratas, pero lamentablemente también lo es para
muchas otras personas que no entran ni en una ni otra de las dos categorías
mencionadas, pero las que, sin embargo, tienen una mentalidad estatista o
dirigista. Cuando el consenso mayoritario en un lugar determinado es estatista
o dirigista nada podrá impedir un gobierno ilimitado con los consiguientes
desajustes económicos (en otras palabras, sociales).
