Más sobre subsidiariedad

Por Gabriel Boragina ©

 

Haremos ciertas consideraciones mas sobre este polémico "principio de subsidiariedad" analizando algunas de las opiniones que se han volcado sobre el mismo. Por ejemplo:

"debe decirse que el estado debe hacer todo aquello que por naturaleza los particulares no pueden. Si no se agregara la fórmula "por naturaleza", se produciría una gran confusión, porque, dado que los recursos son escasos ante las casi ilimitadas necesidades, siempre habrá una gran cantidad de actividades –educativas, religiosas, deportivas, etc.- que los particulares no "podrán" hacer."[1]

La duda que nos surge ante la anterior afirmación es ¿qué es lo que "por naturaleza" los particulares no pueden hacer? Dado que el criterio determinante para este autor es "la naturaleza", en definitiva, la cuestión planteada o –mejor dicho- el interrogante básico es ¿cuál es la naturaleza del "estado" y cual la de los particulares?, ya que –aparentemente- tendrían uno y otro "naturalezas" diferentes. Ello nos llevaría al examen de las definiciones que se dieron sobre el "estado", cuestión que ya hemos abordado antes muchas veces.

Otros autores consideran este "principio" como "el más importante":

"Tal vez el más importante, o el más considerado, sea el principio de subsidiariedad, el cual puede ser entendido como que ningún órgano de mayor importancia o de nivel superior asuma atribuciones o ejecute acciones que puedan ser llevadas a cabo efectiva y eficientemente por órganos locales y de menor jerarquía (Kafka Zúñiga 1999, p. 10). Este principio tiene una aceptación importante y forma ya parte tanto de Encíclicas papales como del mismo Tratado de Maastricht."[2]

Es decir, que según la anterior cita, para que el "principio de subsidiariedad" no funcione o no sea operativo ha de darse necesariamente la condición que esas "atribuciones" o ejecución de "acciones... puedan ser llevadas a cabo efectiva y eficientemente por órganos locales y de menor jerarquía". Entendemos que se refiere a órganos estatales y no privados.

Desde otro ángulo diferente se dijo:

"Uno de los tantos ejemplos de deslizamiento hacia el estatismo estriba en el tan citado "principio de subsidiaridad". En esta instancia del proceso de evolución cultural, las funciones del monopolio de la fuerza están principalmente referidas a la protección de derechos, pero nunca son subsidiarias puesto que, si los privados no encaran cierta actividad es porque prefieren destinar esfuerzos y recursos a otros campos y, como aquéllos son escasos, no puede hacerse todo al mismo tiempo. Es del todo impertinente e improcedente que los gobiernos irrumpan en las áreas en que las personas han decidido no participar según sus preferencias y prioridades."[3]

Conforme a este criterio, el "principio de subsidiariedad" estaría abonando el estatismo, y las funciones del estado "están principalmente referidas a la protección de derechos". Tales funciones no son subsidiaras.

Y según otro punto de vista (similar a los dos primeros enunciados al inicio):

"En esta responsabilidad estatal debe aplicarse el principio de subsidiariedad y sus dos componentes:

‣Las instituciones de jurisdicción mayor deben abstenerse de sustituir las acciones que deben ser realizadas autónomamente por la persona misma y las instituciones más cercanas a ella; y

‣Las instituciones de jurisdicción mayor deben asistir a las personas e instituciones más cercanas a las personas, cuando estas últimas no son capaces de funcionar adecuadamente y hasta el momento en el que lo puedan hacer.

La definición no puede ser más clara. El papel de la autoridad es subsidiario, lo que significa dejar en las personas la responsabilidad de la acción, pues ellas pueden actuar. Y sólo cuando existe una clara evidencia de no poder hacerlo, pueden actuar esas instituciones de más amplia competencia. El asunto resulta lógico sólo si se entiende a la persona humana como esa esencia individual, única y capaz de razonar."[4]

Este enfoque amplia el "principio" a límites que nos parecen harto difusos y, por tal motivo, peligrosos. Ya que lleva "el principio" a extremos que van más allá de la mera "protección de derechos", dado que -al parecer- se habla de acciones de todo tipo, que excederían a las meramente económicas. Por otra parte ¿quién y cómo determina "cuando" las personas "pueden" o "deben" no hacer algo? El "principio" navega "a dos aguas" indefinidas entre el "poder" (entendido como potencialidad o facultad de hacer) y el "deber" (entendido en sentido lato).

Como vemos, hay varias y disimiles formas de interpretar este mismo "principio" que, además, se aplica en distintos sentidos. Por lo que intentaremos dar nuestra personal opinión sobre el punto.

A nuestro modo de ver, este "principio" actúa como una formidable herramienta intelectual que opera en favor del intervencionismo estatal y mediante el cual los gobiernos van avanzando -lenta o rápidamente- sobre atribuciones, potencialidades o facultades privativas de los particulares, hasta terminar absorbiéndolas todas. Concordamos pues, con el criterio por el cual "Es del todo impertinente e improcedente que los gobiernos irrumpan en las áreas en que las personas han decidido no participar según sus preferencias y prioridades."[5] El principio en análisis ha dado una tremenda excusa a los gobiernos para avanzar sobre dichas áreas, lo que no se han privado de hacer ni realizar en el curso de las últimas décadas, no sólo en Latinoamérica sino en el resto del mundo.

También nos parece que -en principio- no hay actividad alguna que los particulares no puedan encarar eficazmente si cuentan con los recursos para tal efecto.

 

 

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[1] Gabriel J. Zanotti El humanismo del futuro Ensayo filosófico -político Con actualización del 2002. Pág. 48-51

[2] Martín Krause. "Descentralización: las limitaciones del paradigma predominante" Buenos Aires, Agosto de 2000 Trabajo contratado por CIEDLA de la Fundación Konrad Adenauer y publicado con autorización de esas instituciones. Pág. 75.

[3] Alberto Benegas Lynch (h) "La gran mentira de nuestro tiempo". La Nación. Miércoles 26 de febrero de 2014. Sección de Opinión. pág. 23

[4] Artículo titulado: "Michael Novak: Globalización definida". En Ideas En Economía, Política, Cultura. Parte I: Economía Eduardo García Gaspar. Ed. Contrapeso. INFO 2007 Pág. 130. Las cursivas de la cita son nuestras.

[5] Alberto Benegas Lynch (h) "La gran mentira... "Op. Cit. pág. 23

El principio de subsidiariedad

Por Gabriel Boragina ©

 

"La palabra “subsidiariedad” viene del latín subsidium, cuyo significado es sencillo para los hispanoparlantes: ayuda. En ese sentido, y en primer lugar, este principio es una derivación lógica del tema de la función específica del estado. Esta es, de esta manera, una ayuda específica que el estado brinda al grupo social, la cual, como hemos visto, consiste en la custodia del bien común y, por ende, en la protección de los derechos del hombre. Para analizar con más detalle la lógica interna de este principio, digamos que es un principio universal, que rige para toda organización grupal. Sostiene que las estructuras “mayores” de un grupo no deben hacer lo que las menores pueden. Lo que pueden hacer estas últimas se infiere de la naturaleza de cada estructura en cuestión, pues el obrar, como reza un viejo y fecundo principio de Santo Tomás, sigue ontológicamente a la naturaleza de cada cosa. Por ejemplo, en la Iglesia, el Episcopado no debe hacer lo que la Parroquia puede hacer. Y para saber qué puede hacer la Parroquia y qué el Episcopado, debe analizarse cuál es la naturaleza de ambas estructuras y cuál, por ende, su función específica. Aplicado esto al caso del estado y los particulares (solos o asociados) y aplicando la misma lógica, se deduce que el estado no debe hacer lo que los particulares pueden hacer. ¿Y qué es lo que estos últimos pueden hacer? Pues todo aquello que no tenga relación directa con la función específica del estado, que es la custodia del bien común."[1]

Sin embargo, en nuestros días –y desde hace varias décadas ya- el principio de subsidiariedad se ha entendido en sentido opuesto al citado supra, al punto de haber sido invertido por completo en su significado, y de acuerdo al enfoque estatista, este principio vendría a indicar que el estado debe hacer todo aquello los particulares no pueden ni desean hacer. Se parte de la base actualmente que los particulares sólo estarían facultados de hacer todo aquello que el estado -de hecho o potencialmente- no haga. Esto explica el crecimiento del tamaño de los estados-nación a proporciones gigantescas y dantescas en algunos casos. Por ejemplo:

"En el caso de Gran Bretaña, el volumen total de regulaciones crece como resultado de su participación en la Unión Europea. Los datos completos acerca de las regulaciones de la UE escasean. Sin embargo, parecería ser que pese a la promesa de Jacques Santer de que introducir el principio de subsidiariedad significaría “menos y mejores” normas, el volumen de regulaciones de la UE crece en forma continua. Según cifras de la propia UE, el total de actos legales de la CEE/UE en vigencia creció de 1.947 en 1973 a 14.729 en 1990 y a 23.027 en 1996. (15) Otro indicador de cuán activa es la máquina reguladora de Bruselas es que el número de páginas producidas por la Publicación Oficial de la UE se ha más que duplicado durante un período de siete años – de 886.996 en 1989 a 1.916.808 en 1996. Los costos de cumplimiento van a ser más elevados, sin duda, en aquellos países donde la interpretación nacional de las normas de la UE sea más estricta que las mismas normas originales, como ha sido a menudo el caso en Gran Bretaña. (16) Y serán mayores en aquellos países donde existe una fuerte tradición a obedecer la ley que en aquellos donde el respeto por la autoridad legal es débil"[2]

Bajo la excusa o con el pretexto de introducir el "principio de subsidiariedad", se crea todo un fenómeno que se conoce en la doctrina como de hiperinflación legislativa, con los consiguientes aumentos de los costos generales, tal como se consigna en la cita precedente. Todo ello demuestra que, en la práctica, la tergiversación del principio de subsidiariedad lo que ha dado como resultado es a que cada vez mas actividades privadas se consideren "a cargo" de los gobiernos, y que estos terminen absorbiendo cada vez áreas mayores de ocupaciones que los ciudadanos no sólo desean realizar sino que están en perfectas condiciones de hacerlo.

Tal como venimos observando, este principio ha sufrido una alteración de suma gravedad, porque hoy en día "se entiende" por el mismo que "los particulares no deben hacer lo que el estado puede hacer", lo que da lugar a un estado ilimitado y omnipotente que "todo lo puede". Es decir, esta tergiversación da espacio a un estado totalitario, ni más ni menos.

Como dijimos antes, este "mal entendido" viene de épocas atrás, como lo demuestra esta cita:

"Luckey analiza dos artículos de Murray de los años 1953 y 1961 respectivamente en los cuales el jesuita habla de la intervención del Estado en el mercado. En el primer artículo, "Leo XIII: Two concepts of goverment", sostiene de acuerdo al principio de subsidiariedad que la intervención del Estado debe implementarse para remediar serios males debidos al uso irresponsable o al abuso de la libertad y como último recurso. Dice que la tarea propia del gobierno "no es la intervención sino la promoción, protección y defensa de una vida económica verdaderamente libre, autogobernada y ordenada". El segundo artículo, "Natural Law and Public Consensus", sostiene que "la tendencia natural de una economía individual es hacia una organización oligárquica y hacia una independencia de todo control político, por no decir popular. La decisión por una democracia económica no es una decisión económica. Es política."[3]

Es en tales ideas que John Courtney Murray fundamenta el "principio de subsidiariedad".

En suma, este principio se ha convertido en ya no un instrumento del intervencionismo, sino en otro del totalitarismo, lo cual es mucho más grave.

 

 

 

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[1] Gabriel J. Zanotti El humanismo del futuro. Ensayo filosófico –político. Con actualización del 2002. Pág. 48-51

[2] John Blundell y Colin Robinson "Regulación sin el estado". Revista Libertas 32 (Mayo 2000) Instituto Universitario ESEADE Pág. 5-6

[3] Lic. Gustavo Hasperué. "La libertad económica en la doctrina social de la iglesia" Revista Libertas XIII: 44 (Mayo 2006) Instituto Universitario ESEADE p. 454-455

¿Qué son las "necesidades básicas"?

Por Gabriel Boragina ©

"Las necesidades básicas son todas aquellas necesidades vitales que contribuyen directa o indirectamente a la supervivencia de una persona, siendo éstas:

1. comer,

2. beber y

3. dormir.

En la sociedad actual, en la que hay división de trabajo, a las necesidades básicas se suman los siguientes aspectos:

1. El trabajo como un medio para el sustento y, por tanto, para la supervivencia de la propia persona o de la familia.

2. La vivienda como un lugar para vivir y dormir.

3. La protección contra ataques a la vida y a la propiedad que la persona requiere para sobrevivir.

Por tanto, las ideas fuerza políticas referidas a las necesidades básicas rezan:

1. Procurar alimentos a precios y en lugares accesibles para todos.

2. Procurar agua en cantidad y en calidad suficiente a precios y en lugares accesibles para todos.

3. Procurar espacio habitacional en la cantidad y con la calidad necesarias a precios y en lugares accesibles para todos.

4. Combatir la pobreza, si la satisfacción de las necesidades es un problema de la pobreza.

5. Procurar puestos de trabajo para aquellos que buscan trabajo.

6. Combatir la criminalidad para proteger la vida y la propiedad requerida para sobrevivir.

En tanto en una sociedad o en partes importantes de la misma existan problemas para satisfacer las necesidades básicas, éstas deben tratarse prioritariamente, o al menos mencionarse, en la discusión."[1]

Más allá de lo cuestionable de hablar de "ideas fuerza políticas" en relación a este tema, podemos observar que -según este autor- habría "necesidades básicas" anteriores a la "sociedad actual" (no aclara tampoco dónde daría comienzo, o cual sería el punto de partida que considera para dar inicio a lo que llama "la sociedad actual") y posteriores a dicho "misterioso" comienzo de "la sociedad actual".

Vemos, además, como el concepto de "necesidades básicas" cambia con el tiempo.

No es tan importante entonces tratar de establecer una definición de "necesidades básicas" sino que lo que parece más urgente es dar por sentado que el ser humano tiene necesidades, y a partir de allí estudiar cual es la mejor forma, vía o camino para lograr cubrirlas. En este aspecto, sólo existen dos posibles: el estado-nación o el mercado como únicas dos rutas factibles para dicha satisfacción.

Lo que interesa destacar es que el nebuloso concepto de "necesidades básicas" siempre ha sido manejado políticamente:

"Hagenbuch arguye (págs. 9-12) que “sin darnos cuenta nos deslizamos hacia un sistema en el que todos dependen permanentemente del estado para ciertas necesidades básicas, incrementándose, a la vez, de modo inevitable, tal dependencia. No es ya que los servicios sociales dejan de autofinanciarse, sino que se autopropagan…No cabe la menor duda que existen profundas diferencias entre un sistema que proporciona, ocasional y temporalmente, a unos pocos seres desgraciados una ayuda que les permite sobreponerse a un infortunio y aquel otro sistema que decididamente aspira a canalizar, de modo permanente, una gran porción de los ingresos de cada individuo a través del estado. La ausencia de correlación entre lo que el individuo pone y lo que el individuo toma; la situación política que se crea en cuanto es objeto de discusión cualquier especie de desigualdad en la distribución de las rentas, y el extremado paternalismo que a todo se aplica anuncia la rápida desaparición de esa escasa porción de la renta nacional, que no circula a través del lago común de los servicios sociales, y la aparición, en cambio, de una tendencia hacia el completo control de todas las rentas…Por lo tanto, cabe anunciar el conflicto político que a largo plazo ha de plantearse como sigue: por una parte, podemos apuntar a un sistema de servicios sociales que acabe con la pobreza haciendo pobres a todas las gentes (o rica, según el criterio de cada crítico), otorgando beneficios de tipo universal y socializando la renta nacional. Por otra parte, cabe aspirar a un sistema de previsión social que haga desaparecer a los necesitados mediante elevar a aquellos que se encuentran por debajo del nivel de pobreza, concediendo subsidios tan sólo a grupos de gentes necesitadas, sobre la base de la prueba de recursos en las categorías aseguradas y teniendo presente que llegará un día en que tales servicios ya no serán necesarios porque incluso el nivel de vida de los grupos con rentas más bajas se hallará por encima del nivel de pobreza”.[2]

El problema de este último enfoque es que la noción de pobreza es relativa como lo muestra su misma definición:

"pobreza. Carencia de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas. El concepto, como lo indica su propia definición, es de índole relativa: se es pobre -o rico, en este contexto- con respecto a la situación de otras personas o países, pues la misma idea de necesidades "básicas" es imprecisa y porque los individuos nunca pueden satisfacer por completo sus necesidades."[3]

Y esta relatividad inherente, es la que a menudo se pasa por alto en todos los estudios de pobreza, especialmente los efectuados por parte de organismos estatales que dicen tener por objeto la eliminación del flagelo. 

Por otro lado, lamentablemente, la experiencia ha demostrado en todas partes del mundo que el sistema de subsidios "temporales", se ha convertido -con el tiempo- en permanente por varias razones. Entre ellas destacan:

1.    Los incentivos que reciben los subsidiados a seguir percibiendo el "beneficio social" en lugar de buscar un trabajo por sus propios medios o medios ajenos. Es decir, se estimula perpetuar la condición de subsidiado, al tiempo que se desalienta el menor esfuerzo por generarse recursos propios en aquel.

2.     Los incentivos políticos que se traducen en que los políticos no tardan en descubrir que el ofrecimiento de prebendas y subsidios al electorado en sus compañas aumenta considerablemente su caudal de votos.

Ambos factores se retroalimentan mutua e incesantemente.

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[1] Schröder, Peter. Estrategias políticas / ISBN 0-8270-4733-9 p. 147

[2] Friedrich A. von Hayek. Los fundamentos de la libertad.

[3] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. Voz respectiva.

Gobernar a través de un mito

Por Gabriel Boragina ©

 

La tragicómica situación económico-política que vive la Argentina tiene mucho que ver con la mitomanía política que padecen muchos de sus habitantes. Esta mitomanía política viene alimentada desde varias fuentes, pero resultan reforzadas por el fuerte impacto que tienen las estadísticas que difunden muchos medios periodísticos de manera poco cuidadosa e irresponsable cuando se tratan de medios supuestamente "opositores", y la propaganda oficial que machacan constantemente los "medios" controlados por el gobierno.

Este mecanismo combinado y potenciado por otros factores, fue lo que permitió que el FpV (Frente para la Victoria del matrimonio Kirchner) se perpetuara en el poder a través de un mecanismo eleccionario fraudulento que funcionó a las mil maravillas en las tres elecciones en la que esta "organización" política "participó".

Si este mecanismo perverso no hubiera actuado, habría quedado al descubierto y se hubiera difundido en forma masiva que el FpV nunca obtuvo en las elecciones que supuestamente habría ganado más que un tercio del total de los votos del padrón electoral.

En su lugar, la propaganda masiva (tanto oficial como supuestamente "opositora") y la tremenda propensión del argentino medio a creer en cualquier cosa que el periodismo propague con suficiente insistencia, mantuvo el mito de que el FpV habría obtenido en las dos últimas elecciones presidenciales "más" del "50" % de los votos, cuando en ninguno de los dos casos fue así (en la última elección alcanzó apenas un 35,9 % de los votos, y en la anterior un 36,6 %. Es decir, apenas un tercio del total del padrón electoral conforme hemos explicado en repetitivas oportunidades. En ese orden es en el que ronda el "apoyo" real que tuvo el FpV en los últimos dos comicios, recordando que en el primero (2003) la cifra "oficial" fue del 22 %, en tanto la real le daba un 16 % de los votos).

Es decir, Argentina fue gobernada durante una década completa por un grupo político que -en el mejor de los casos- siempre tuvo el apoyo real de apenas un tercio del padrón electoral.

Como tantas veces hemos dicho, si por "democracia" se entiende el gobierno de la mayoría, hace por lo menos un decenio que la Argentina es gobernada cómodamente por una "selecta" minoría, y lo de "selecta" es por la forma en que, tanto la ley electoral como la prensa manejan arbitrariamente las cifras de los comicios. No estará de más recordar que la propia Constitución de la Nación Argentina exige un mínimo de un 40 % de los votos con una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales sobre la segunda fórmula más votada (art. 98). En ninguno de los tres casos el FpV alcanzó dicho mínimo.

Que un 35 % haya podido gobernar tanto tiempo al 65 % restante, sería algo difícil de explicar si no se conociera un poco sobre la idiosincrasia del argentino promedio. Este "prototipo" resulta altamente influenciable a los medios masivos de comunicación. Que los "medios" oficialistas hayan propagado y sostenido la mentira oficial respecto de los reales resultados electorales durante tanto tiempo no nos puede llamar la atención. Los "medios" y "periodistas" oficialistas son meros agentes propagandísticos serviles al poder. Es decir, cobran por propalar las mentiras oficiales precisamente, por lo cual siempre están al obsecuente servicio del régimen, para lo que este disponga. No son más que viles mercenarios de la palabra falsificada con credencial de "periodistas".

La cosa resulta más compleja de explicar si observamos lo que sucede del lado del llamado periodismo "independiente", este también ha contribuido a propagar la mentira oficial, pero por razones diferentes a los del "periodismo" oficialista. Y estas razones radican en la extrema ingenuidad de la mayoría del periodismo llamado "independiente" (entrecomillo "independiente" porque, en la generalidad de los casos, no me consta dicha "independencia", y a juzgar por el tratamiento que un sector significativo de este periodismo hace de las noticias políticas, me generan intensas dudas sobre su autoproclamada "independencia").

Y dada la alta propensión del argentino término medio al consumo masivo e intensivo de noticias (provengan de donde provengan) no es difícil concluir en la tremenda influencia que han tenido los medios en afincar la mentira de la "popularidad" de un gobierno que, en el no nada breve periodo de diez años, jamás pudo conseguir apoyos electorales superiores al tercio del total del padrón.

Eso explica a su vez -a mi modo de ver- la incongruencia y disparidad existente entre los registros económicos reales del mismo periodo y las mentirosas cifras electorales oficiales, y -por contrapartida- la coincidencia entre esos datos económicos reales y los porcentajes reales de los votos obtenidos por el FpV. En ambos casos, se confirma que las medidas económicas adoptadas por los tres gobiernos del FpV favorecieron al 35,9 % de la población (que fue su caudal electoral real durante los diez años de gobierno), en tanto perjudicaron al 65 % restante (que fue el verdadero caudal opositor durante idéntico periodo). Recordemos que dentro de este 65 % de votos en contra del gobierno en cada una de las dos últimas elecciones presidenciales, el 34,5 % corresponde a los partidos opositores. Es decir, a gente que votó a otros partidos diferentes al FpV.

La conclusión vuelve a ser evidente: que se trató del gobierno de una minoría que favoreció exclusivamente a una minoría (al 35.9 % del padrón electoral) y perjudicó grandemente al 65 % restante.

Que una mentira de tal calibre se perpetuara por tanto tiempo, encuentra su explicación en la ya célebre fórmula del Ministro de la Propaganda nazi, Joseph Goebbels, quien confesó que la estrategia de éxito de los nazis consistía en la repetición masiva de una mentira la suficiente cantidad de veces hasta que la gente llegaba a aceptarla como si fuera una "verdad". Esta misma, fue la estrategia aplicada durante los tres gobiernos del FpV en Argentina. No hay otra razón más que esta.

 

Notas relacionadas:

La verdadera mayoría

Economía y popularidad política

El poder y los precios

 

 

Economía y popularidad política

Por Gabriel Boragina ©

 

La economía tiene sus propios instrumentos para medir la popularidad política de un gobierno. Mecanismos -a mi juicio- mucho más precisos y confiables que los más conocidos (que son las tan famosas encuestas o sondeos de opinión).

Por "popularidad" entendernos aquí el grado de aceptación, apoyo o consenso del que goza un determinado gobierno en un país. Utilizaremos -en lo que sigue- todos estos vocablos como sinónimos.

La economía estudia la acción humana como tal, sin interesarle los motivos o razones por los cuales las personas actúan en cierto sentido y no en otro. Analiza el comportamiento concreto de los individuos, ya sea en una dirección o en otra diferente, y saca conclusiones a la luz de las categorías a priori implicadas en dicha acción.

Teniendo pues como base dicha acción humana, el estudio analítico de ciertas variables observadas con cuidado a lo largo de un periodo determinado, permite conocer -con una aproximación bastante exacta- el grado de aceptación o de rechazo de las políticas implementadas por un gobierno, y por lo tanto, el nivel de su popularidad o impopularidad.

La ventaja de medir la popularidad de un gobierno por medio de las herramientas que nos ofrece la economía, es que posibilita hacer un seguimiento casi día a día de aquella, y nos brinda una lectura mucho más fiel que el resultado de las elecciones políticas, que se dan muy espaciadamente cada dos o más años.

Algunos indicadores son extremadamente reveladores. Por ejemplo, una alta tasa de evasión fiscal muestra a las claras un elevado rechazo popular de las medidas fiscales adoptadas por el gobierno y viceversa.

Otro tanto sucede con el aumento de los precios de los bienes de consumo y de capital, ya que suelen exteriorizar insuficiencia de la oferta de los mismos, derivada generalmente de la falta de inversiones, la cual -esta última- es, la mayoría de las veces, consecuencia de fallas institucionales (la más típica de todas la inseguridad jurídica, generada por ataques del gobierno a la institución base de cualquier economía: la propiedad privada).

La inflación también tiene mucho que ver con el fenómeno anterior. Para no perder popularidad (o para recuperar la popularidad perdida) los gobiernos suelen acudir al acrecentamiento del gasto público. Para financiarlo, el gobierno sólo puede hacerlo a través de tres instrumentos: impuestos, empréstitos e inflación. Si todos estos parámetros no cesan de aumentar, ello implica que el gobierno está luchando para no perder popularidad (o para recuperar la perdida) como dijimos. El conjunto de estas medidas -adoptadas generalmente en forma simultánea- ocasiona incrementos y distorsiones continuos en los precios, y a la larga o a la corta, extiende la impopularidad del gobierno que echa mano de las mismas. Si vemos que estas variables se salen de cauce, podemos concluir sin demasiado margen de error, que el gobierno viene en picada en materia de popularidad.

Otro ejemplo es la llamada fuga de capitales, que denota pérdida de confianza en el gobierno de cuyo país los capitales huyen a paso firme. El hecho tiene estrecha relación con las violaciones reiteradas a la propiedad privada por parte de los gobernantes, las que –naturalmente- ocasionan la denominada inseguridad jurídica, y que -a su turno- provoca la salida de los capitales (grandes o pequeños) a lugares más confiables. Aquí debemos incluir las migraciones de mano de obra ("capital" humano o fuerza laboral indistintamente). Si el gobierno gozara de mayoritaria popularidad, esto obviamente no sucedería.

"Ahora, año tras año, el gobierno expropia más de 40 por ciento de los ingresos de los productores privados, lo que hace que incluso la carga económica impuesta a los esclavos y siervos parezca moderada en comparación. El oro y la plata han sido reemplazados por dinero de papel fabricado por el gobierno, y a los estadounidenses se les roba continuamente su dinero a través de la inflación. El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación está regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel (la legislación). Con el aumento de la legislación, se ha creado cada vez más inseguridad jurídica y riesgos morales, y el caos ha sustituido a la ley y al orden."[1]

Si tal es la situación en los EEUU, hay que tener en consideración que en el resto del mundo es muchísimo peor (especialmente si pensamos en Sudamérica, África, Asia y Oceanía), lo que hace que las migraciones, tanto de capital como de mano de obra, se desplacen hacia el país del norte. Pero por otro lado, es innegable que existen diferencias relativas entre los distintos gobiernos, aun dentro de un mismo país, y que los gobernados no son siempre ajenos a las medidas que la cita anterior menciona.

La popularidad de un gobierno decrece en relación directamente proporcional al perjuicio económico que sus disposiciones van provocando en cada uno de los habitantes del país bajo su esfera de jurisdicción. Superado cierto punto crítico, la popularidad cae a cero.

Como es sabido, todos los sucesos económicos no se dan ni se encuentran en "compartimentos estancos", ni son absolutamente independientes el uno del otro, sino que responden a relaciones causales que los vincula a unos con otros, ya sea de forma mediata o inmediata. De tal suerte que, de no adoptarse las correcciones en el rumbo de una o más variables fuera de control, mas tarde o más temprano tendrá su repercusión en una o más de las restantes distintas a la primera.

Estos indicadores económicos son mucho más claros y más fidedignos que las interminables y aburridas peroratas de los políticos delante de micrófonos hablando "maravillas" de ellos mismos sin cesar, a la que nos tienen acostumbrados.

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[1] Hans-Hermann Hoppe. "Sobre la Imposibilidad de un Gobierno Limitado y Perspectivas de una Segunda Revolución en América". Artículo publicado en el Blog del Instituto Mises - Articulo Diario – Junio 28 de 2008, Pág. 7