Entelequias fiscales

 Por Gabriel Boragina ©

"A título de principios, inmutables para un buen impuesto, que respete fundamentalmente la regla de la igualdad, Stuart Mill recomienda las cuatro máximas expuestas por Adam Smith que han sido aceptadas por numerosos economistas y, por consiguiente, ofrecen las características de verdaderamente "clásicas". Estas máximas son 1» Los sujetos del Estado deberán contribuir a sostener el gobierno tanto como sea posible en relación a sus facultades, es decir, en proporción de la renta de que ellos gozan bajo la protección del Estado. De la observación o del desprecio de esta máxima surge la igualdad o la desigualdad de un impuesto. 2» El impuesto que cada uno está obligado a pagar debe ser definido y no arbitrario."[1]

La expresión "sujetos del Estado" presenta problemas, porque si se entiende que el "estado" se compone de tres partes o elementos (gobierno, territorio y población) como acuerdan la mayoría de los juristas, es evidente que uno de los tres elementos (el territorio) no puede "contribuir", por cuanto no se trata de un ser humano. Nos quedan entonces solo los dos elementos restantes como posibles "contribuyentes" (gobierno y población) pero, como el gobierno está integrado por algunos miembros de esa población será más claro hablar de gobernantes y gobernados, ya que toda población se divide en estas dos partes.

Ahora bien, ya explicamos que los gobernantes no pagan impuestos como tales, entonces, nos quedan (por descarte) que se pretende hacer recaer esa "obligación" (cuyo fundamento no se ha dado, o se dieron "fundamentos" falaces para la misma) exclusivamente sobre los gobernados (es decir, solo una parte de la población).

Esto demuestra que es falsa la cacareada pretensión de "igualdad fiscal" (los burócratas se autoexcluyen de las leyes fiscales).

En suma, sigue sin explicarse porque unas personas deben mantener a otras (gobernados a gobernantes) y además de manera "obligatoria". La respuesta típica es porque el gobierno tiene el monopolio de la fuerza para exigirlo, pero entonces preguntaríamos ¿Quién le ha otorgado ese monopolio? Hoy en día se respondería que el parlamento, pero el interrogante subsiste ¿quién le ha conferido autoridad al parlamento para otorgar monopolios a nadie, y menos aún a un grupo de personas que se auto titulan "gobierno”? Se responderá: la Constitución, pero tampoco satisface las preguntas anteriores esta respuesta, porque volveremos a preguntar ¿Quién les ha otorgado a los redactores de la constitución la facultad de otorgarles a otras personas el establecimiento de monopolios incluido el de la fuerza?, se responderá "el pueblo" lo que tampoco resuelve nuestra pregunta original, simplemente porque esta última respuesta carece de toda prueba y evidencia, ya que no existe ningún registro documental que sirva para probar que el pueblo -así en abstracto- hubiera jamás conferido a nadie facultad alguna para constituir monopolios, ni mucho menos, constituirse en monopolio por sí mismo por decreto legal. Las teorías del "contrato social, pacto social" etc. no tienen evidencia ni fundamento de ningún tipo.

No existe, pues, tal cosa como "igualdad fiscal". Y en cuanto a que "El impuesto que cada uno está obligado a pagar debe ser definido y no arbitrario" peca de inocente. porque no ha tenido en cuenta al tan extendido hoy en día impuesto definidamente arbitrario.

"La época de pago, el modo de pago, la suma a pagar debe ser determinada con un sentido y de una manera inteligible para el contribuyente y para todo el mundo. Mientras que, si fuera de otro modo, toda persona sujeta al impuesto se encuentra más o menos sometida al recaudador que puede agravar la carga del contribuyente para el cual está mal dispuesto o extorsionar por el temor de cualquier gratificación."[2]

Que estas cosas se cumplan, en el mejor de los casos, puede hacer menos evidente la arbitrariedad del impuesto, pero no la eliminan por competo. Aun conocidos esos detalles el impuesto puede seguir siendo arbitrario. ¿Quién define la arbitrariedad del impuesto? Indudablemente aquel que tiene que pagarlo, nadie más que él. Por cuanto es el único que conoce sus necesidades, patrimonio, proyectos, etc. Todas cosas que se verán más o menos afectadas por el impuesto. No es menos arbitrario el impuesto que alterará -por ejemplo- más del 50 % de mi patrimonio por el hecho que yo tenga la certeza de que el plazo de pago vencerá todos los días 5 de cada mes, que puedo pagar en efectivo o cheque, etc.

De hecho, se puede decir que la teoría que impera en materia fiscal es la contraria: la de la arbitrariedad, porque es la que efectivamente se aplica en la práctica para desgracia de todos, menos de los burócratas.

Igual de arbitrario seria que la tasa fuera baja pero que el recaudador pudiera exigirla en cualquier momento, o, de cualquier modo, etc.

La única manera de poder decir que un impuesto es menos arbitrario que otro (o menos arbitrario en sí mismo) es que el gasto que está destinado a satisfacer sea bajo. Por eso, la discusión relevante no es, en el fondo, sobre el impuesto, ya que este no es más que un efecto del gasto estatal (que es su verdadera causa). Lo vicioso del impuesto es su carácter de coactivo, pero su origen (y el del mal) debemos buscarlo -y lo hallaremos- en el gasto estatal.

"El carácter indefinido del impuesto —y esto es una práctica que se recoge a diario, en todos los países y en todas las épocas—, estimula la insolencia y favorece la corrupción de una clase de hombres naturalmente impopulares, aun cuando no fueran ni insolentes ni corrompidos."[3]

Aquí se dice algo interesante y muy cierto. Los impuestos fomentan la insolencia y la corrupción, y el mismo párrafo reconoce que esto es diariamente observable. Basta ver las planillas fiscales que tiene que llenar y completar el expoliado para poder ver con nitidez la cantidad de preguntas insolentes que formula el fisco, realmente uno al completarlas se siente de la misma manera que debieron sentirse los esclavos de la antigüedad.

El trato humillante que reciben los expoliados en la oficina de tributos, la cantidad de trámites agobiantes e inútiles que deben realizar, la arrogancia con que los empleados fiscales observan a sus víctimas tributarias, etc. justificaría por si solo la abolición de todo el sistema fiscal, y reemplazarlo por otro verdalmente voluntario. Naturalmente, somos conscientes que muy lejos estamos de ese ideal, sino que, al contrario, si existió una época donde los impuestos constituían la arbitraria voluntad del déspota de turno, entonces, o no hemos experimentado evolución alguna o -caso contrario- hemos ido en franca involución, regresando a aquel sistema de barbarie en materia fiscal.


[1] Mateo Goldstein. Voz "IMPUESTOS" en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

[3] Goldstein, M. ibidem.

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