Por Gabriel Boragina ©
La reciente visita del Papa León XIV a la Argentina dejó algo más que una manifestación religiosa. Sus discursos, pronunciados ante las máximas autoridades del país y representantes de distintos sectores sociales y económicos, contuvieron una serie de definiciones que, deliberadamente o no, constituyeron un llamado de atención sobre la orientación de la política gubernamental argentina.
El Pontífice no necesitó mencionar a LLA[1] ni a su jefe partidario ni individualizar las decisiones de su administración. Bastó con que expusiera determinados principios económicos, sociales e institucionales para que surgieran evidentes contrastes con algunas de las prácticas del actual gobierno.
No se trata de convertir al Papa en un economista liberal ni de atribuirle una adhesión a la Escuela Austríaca. Su pensamiento se inscribe en la doctrina social de la Iglesia, que contiene diferencias importantes con el liberalismo clásico. Pero eso no impide advertir que varias de sus afirmaciones pueden ser compartidas desde una perspectiva liberal y, sobre todo, utilizadas como parámetros para juzgar el ejercicio del poder político.
La economía debe servir al hombre
Quizás la frase más significativa de su visita fue aquella pronunciada en el Palacio Libertad: «La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía».
No es una afirmación menor. Implica rechazar cualquier concepción que convierta los indicadores macroeconómicos en objetivos absolutos, independientemente de sus consecuencias sobre las personas concretas.
El equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la estabilidad monetaria son objetivos deseables. Pero no constituyen fines en sí mismos. Son instrumentos que deben contribuir a mejorar las condiciones de vida de los individuos.
Desde la perspectiva de la Escuela Austríaca, el valor económico es subjetivo y las decisiones deben analizarse desde las valoraciones individuales, no desde abstracciones estadísticas. Un superávit fiscal puede ser presentado como un éxito contable, pero no informa por sí solo cuánto sacrificio soportan los contribuyentes, qué oportunidades productivas se pierden ni qué consecuencias padecen quienes dependen de determinados servicios.
El ajuste tampoco adquiere legitimidad económica o moral por el solo hecho de ser denominado liberal.
El Papa destacó expresamente a quienes buscan empleo, a los ancianos, a las familias que viven bajo incertidumbre y a quienes, pese a trabajar, no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares. Es una observación que interpela a cualquier administración que pretenda evaluar su gestión exclusivamente mediante indicadores agregados.
También reconoció la importancia de la iniciativa privada y de quienes emprenden y arriesgan su patrimonio. En este punto, su discurso estuvo lejos de constituir una condena del capitalismo o de la actividad empresarial. Por el contrario, reivindicó su contribución, aunque advirtió contra la absolutización del beneficio económico.
La cuestión es que la libertad económica debe traducirse en oportunidades reales para producir, invertir, trabajar y prosperar, no simplemente en una consigna gubernamental.
El problema social no desaparece con las estadísticas
León XIV puso especial énfasis en el trabajo como medio de realización personal y no solamente como fuente de ingresos.
La desocupación, señaló, no consiste únicamente en la pérdida de una remuneración: también representa una lesión a la dignidad de quien desea aportar a la sociedad.
Esta consideración resulta particularmente relevante en una Argentina donde la precariedad laboral, la informalidad y las dificultades para acceder a empleos productivos siguen siendo problemas estructurales.
El Pontífice también formuló una pregunta incómoda: ¿qué ha fallado en una nación cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños?
No es una cuestión exclusivamente sentimental o patriótica. Es un interrogante económico e institucional. Cuando las personas más capacitadas consideran que su futuro está fuera del país, existe un problema de oportunidades, seguridad jurídica, inversión y perspectivas de desarrollo.
En materia educativa, reclamó robustecer la formación profesional, las universidades y la investigación. La observación tiene particular relevancia frente a las controversias por el financiamiento universitario y la situación presupuestaria de las instituciones científicas.
Una política de reducción del gasto no puede convertirse en una justificación automática para desatender inversiones que contribuyen a formar capital humano y ampliar las posibilidades productivas futuras.
La austeridad, por sí sola, no constituye una doctrina económica.
El poder también necesita límites
Quizás el aspecto institucional del mensaje papal haya sido el más significativo para quienes sostienen una concepción liberal del Estado.
León XIV recordó que la autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio y que quienes gobiernan tienen el deber de reconocer los límites del poder que les ha sido confiado.
También reivindicó la democracia, la división de responsabilidades, el respeto por la ley, la convivencia y el cuidado de la palabra pública.
Estas afirmaciones tienen una importancia que excede las diferencias partidarias.
El liberalismo clásico nunca entendió que la libertad consistiera simplemente en reemplazar a unos gobernantes por otros que prometieran utilizar el poder en beneficio de la sociedad. Desde Locke y Montesquieu hasta Hayek, la preocupación fundamental fue establecer límites institucionales al poder político.
Por eso resulta contradictorio reivindicar la libertad mientras se considera que la concentración de facultades ejecutivas puede justificarse por la bondad de los objetivos perseguidos.
Un gobernante no deja de ser intervencionista porque invoque la libertad. Tampoco adquiere facultades ilimitadas por declarar que las utilizará para reducir el tamaño del Estado.
La democracia requiere algo más que elecciones periódicas: exige respeto por las instituciones, tolerancia hacia el disenso y sometimiento de los gobernantes a las normas que limitan sus atribuciones.
En este sentido, la exhortación papal a cuidar las palabras y reconocer como compatriota a quien piensa diferente constituye también una advertencia frente a la creciente degradación del debate público y la descalificación sistemática de los adversarios.
La libertad de expresión no se limita a permitir que hablen quienes coinciden con el poder.
Una advertencia que no pertenece a la oposición
Sería equivocado, sin embargo, interpretar las palabras de León XIV como una reivindicación de las administraciones que precedieron a LLA[2].
Los problemas sociales, económicos e institucionales que señaló no comenzaron con el actual gobierno. Décadas de inflación, endeudamiento, intervencionismo, corrupción, privilegios corporativos y deterioro institucional contribuyeron a producir la situación que hoy atraviesa el país.
Quienes gobernaron anteriormente tampoco pueden apropiarse selectivamente de las palabras del Pontífice para convertirlas en una impugnación exclusiva de la actual administración.
Pero esa constatación tampoco exonera al gobierno presente.
La responsabilidad política se ejerce desde el momento en que se asume el poder. Las herencias recibidas explican parte de las dificultades, pero no justifican cualquier decisión posterior.
León XIV no ofreció un programa partidario ni una receta económica. Recordó principios que deberían orientar a toda autoridad: dignidad humana, trabajo, iniciativa privada, educación, solidaridad, respeto institucional y límites al poder.
El mensaje tiene, por ello, un alcance mucho mayor que una controversia circunstancial entre el Vaticano y la Casa Rosada.
Un gobierno que se proclama liberal debería ser especialmente receptivo a las advertencias sobre los límites del poder, la importancia de la iniciativa individual y la necesidad de que las decisiones económicas respeten a las personas concretas.
La libertad no puede medirse solamente por la cantidad de regulaciones eliminadas ni por el resultado de una planilla fiscal. También debe evaluarse por la capacidad efectiva de los individuos para desarrollar sus proyectos de vida sin interferencias arbitrarias del poder.
Quizás esa haya sido la principal enseñanza de la visita de León XIV: ningún gobierno, por más nobles que considere sus propósitos, está autorizado a colocar sus propios objetivos por encima de las personas a las que debe servir.
Y esa advertencia, intencional o no, también alcanza a quienes hoy gobiernan la Argentina.
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