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Las señales del mercado

 


Por Gabriel Boragina

 

Las vinculaciones entre política y economía son evidentes por sí mismas, pese a que muchos tratan de desligar.

Fue el maestro Ludwig von Mises quien destacó (entre varios importantes autores de la Escuela Austríaca de Economía) que la democracia política deriva de la democracia de la economía de mercado y no a la inversa.

He señalado (en otras partes) los paralelos entre, los que llamé, el voto político y el económico.

L. v. Mises explica cómo la democracia de mercado es la que elige quién va a producir tales o cuales bienes mediante el voto que cada consumidor hace diariamente al comprar o abstenerse de hacerlo. El empresario que acumule más ''votos'' (ventas) será el elegido, pero el poder siempre residirá en el consumidor, siempre y cuando, claro está, el mercado sea libre.

Yo he tomado ese símil y lo he aplicado a la democracia como sistema político, lo que permite, a mi juicio, medir el grado de apoyo que tiene un gobierno determinado a lo largo de su permanencia en el poder.

Este indicador me parece más exacto que el que usan los encuestadores con sus incomprobables y dudosos ''sondeos de opinión'', porque aquel es más representativo, confiable y cuantificable que estos últimos.

Por otra parte, los resultados económicos son visibles para todo el mundo y casi para cualquier persona que pueda discernir un poco.

Hay señales inequívocas de la marcha de la economía, reflejada en parámetros tales como la cantidad de comercios que abren o cierran sus puertas en X cantidad de tiempo; los asalariados pueden medirlo fácilmente por la suba o baja de sus salarios; el ama de casa en el supermercado al hacer las compras cotidianas para el hogar; etc. En una palabra, a través de ese tablero de señales (como lo llamó el premio Nobel de economía Friedrich A. von Hayek) denominados los precios.

En Argentina, todos esos indicadores son negativos. Lo eran antes de las elecciones de diciembre último y lo son ahora, e incluso más.

Por ejemplo, la cantidad de familias durmiendo en las calles, en pleno invierno, ha crecido en un número de 300 desde diciembre a esta parte, según estimaciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de una realidad tangible que sólo con recorrer algunas calles y avenidas céntricas puede observarse por cualquiera. La repentina desregulación del precio de las locaciones sin que se viera acompañada por una suba sustancial de salarios que permitiera afrontar los altos alquileres ofrecidos, más la ausencia de reactivación de la industria de la construcción ha contribuido a agravar el fenómeno de la falta de vivienda para cada vez más personas que han traspasado la línea de pobreza hacia abajo.

Los autores de la Escuela Austríaca de Economía han puesto de resalto, e, insistido que en una economía sana los precios bajan, exceptuando los salarios que tienden al alza por efecto de la competencia desatada entre los empresarios por el siempre escaso factor trabajo, necesario para toda actividad humana mercantil.

Sin embargo, en Argentina, los precios continúan subiendo, aun cuando el gobierno anuncia dudosos índices de inflación que muestran ''bajas'', en tanto los salarios reales o descienden o, en el mejor de los casos, persisten invariados, pero nunca en aumento. Basta recorrer cualquier supermercado, o hacer las compras diarias para comprobarlo.

Se ven comercios bajar sus persianas a poco de haberlas abierto, ya que las ventas caen estrepitosamente por el poco poder adquisitivo de los salarios, al tiempo que los alquileres liberados solamente para los propietarios, hace que las locaciones sean impagables para pequeños y medianos empresarios y comerciantes.

Por el lado externo las rigideces prosiguen a la orden del día, y el mercado subsiste cerrado (curioso en un gobierno que se jacta de ''liberal/libertario''). El tipo de cambio continúa alto y en acrecentamiento, lo que alienta las exportaciones y desalienta las importaciones impidiendo el equilibrio de mercado del comercio externo, agravado por el mantenimiento del llamado ''cepo cambiario'' que restringe la compra/venta de dólares, lo que induce a la creación y afirmación de un mercado negro (o paralelo) de cambios. El cuadro, como se advierte, lejos esta de encaminarse hacia un sistema liberal como el incansablemente pregonado por el gobierno.

Estas señales contradicen de plano la propaganda oficial. Por ejemplo, se informan incrementos en las reservas del banco central, lo que refuta el aumento del dólar paralelo, y sigue sin explicar la prolongación del control de cambios impuesto por el anterior gobierno peronista .

Por su lado, el elevación del precio de la divisa implica una falta de confianza hacia la moneda local, la que siendo la oficial conlleva la misma suspicacia hacia el gobierno que la mantiene. Este indicador es mucho más creíble que cualquier ‘’sondeo de opinión’’ de cualesquiera encuestadora de las que continuamente pululan en las noticias.

Estas señales tienen una clara lectura política de rechazo por parte del mercado hacia la actual gestión. Un mercado que sobrevirá al actual gobierno, pero puede determinar su suerte en la medida que el poder no cambie de rumbo y se alinee al trazado por el mercado mismo.

Los muchos gobiernos que han ignorado señales de este tipo, o bien quisieron suprimirlas enfrentándolas o disimulándolas, fracasaron y -más tarde o más temprano- cayeron y fueron reemplazados por otros. Y son estos los indicadores a los que el gobierno debe prestar atención y no a las dudosas encuestas y sondeos de opinión, los que muchas veces (o quizás las más) son elaborados, preparados y difundidos por el mismo gobierno o sus adláteres quienes, vendidos por ''un plato de lentejas'', siempre están prestos a ''dorarle la píldora'' al poder de turno.

De allí, los ejércitos de trolls que inundan las redes sociales, donde el poder trata de sembrar su propaganda de un ''éxito'' que no se observa por ninguna parte.

Sin duda, habrá quien se está beneficiando con las políticas implementadas. Siempre los hay en todo gobierno. Pero lo que nos interesa no son los pequeños grupos favorecidos sino la sociedad en su conjunto. Y desde esta óptica las cosas no podrían estar peor. O si, podrían. Esperemos que no lo sea.

La burocracia avanza. La libertad, no.

 



Por Gabriel Boragina ©

 

Una buena manera de saber si estamos o no bajo un régimen liberal es controlar el tamaño de la burocracia, que es otra manera que hacerlo del volumen del gasto público.

No se observa de diciembre a esta parte que ese tamaño se hubiera reducido sino que sigue en ascenso.

Si bien el crecimiento de la burocracia no es un fenómeno que haya tenido comienzo con este gobierno sino que viene de antaño, de cuando el estatismo comenzó su auge y podemos datarlo a principios del siglo pasado, no cesó de hacerlo hasta el presente, y lo mejor que hicieron algunos de los gobiernos de ese periodo fue mantenerlo estable, pero nunca comprimirlo.

Lo normal siempre ha sido que el estado creciera, lo que implica lógicamente su burocracia.

Me ha tocado lidiar buena parte de mi vida contra la burocracias. Hoy sigo en esa lucha perpetua. Si alguna esperanza abrigaba de un gobierno liberal era que esa disputa al fin cesara y tuviéramos un gran periodo de paz, donde esa bonanza solamente podría ser entendida eliminado la burocracia o, de no ser ello posible, disminuirla a limites ínfimos. Como con tantas otras ilusiones, nada de eso está ocurriendo a la fecha. Ni siquiera se vislumbra cambio alguno en tal sentido

No se trata tanto del número de reparticiones a las que hay que acudir sino, más bien, de la cantidad de trámites que deben realizarse para cada vez cosas más nimias y carentes de relevancia.

Lejos de facilitar las cosas la tecnología y (en particular) Internet no han sido vías de solución para empequeñecer todo el enjambre de tramitaciones a realizar, antes más bien una complicación aún mayor. Porque al multiplicarse los trámites, de la misma manera se han visto incrementados los sitios webs con interminables registraciones, donde recurrentemente se piden infinidad de veces los mismo datos, identificaciones, claves, usuarios, y requisitos, los que al menor error de tipeo son rechazados luego de llenar inagotables formularios y donde todo el proceso debe comenzarse nuevamente desde cero con un consumo de tiempo y dinero que recuerda a aquellos ''adorables'' tiempos donde todo lo mismo se hacía, pero en formato manual y recorriendo oficina tras oficina.

Es decir, la burocracia se ha trasladado desde lo físico hacia lo virtual, y ahora el tiempo se pierde llenando páginas y más paginas interminables en formularios y planillas digitales vía web.

Pero eso no es todo. Lo más frustrante es cuando, luego de perder horas frente a la pantalla y completar todos los pasos necesarios cargando documentos y credenciales y más documentos, cuando creíste llegar al final del camino y arribar airoso, un cartel aparece avisando que luego de todo eso se debe pedir un turno para terminar la diligencia concurriendo en forma presencial a una oficina publica donde se acabara de validar todo, luego de hacer una fila como las de los ''mejores tiempos'' de la era predigital.

Como digo, esperaba que eso concluiría bajo un régimen liberal, pero no sólo no lo veo finalizar sino que lo veo crecer. Y evidentemente nada de eso se puede mantener sin el concurso de recursos.

A veces se cae en la falacia de confundir desregulación con descentralización. No se tratan de sinónimos como la gran mayoría piensa. Son conceptos diametralmente diferentes, pero que bien pueden ir juntos o separados.

Desregular consiste en dejar de regular lo que lo estaba. No necesariamente significa descentralizar, ni tampoco significa per se ''baja del gasto público''. El gobierno puede dejar de regular una determinada actividad, pero puede continuar subvencionándola. Si bien el fenómeno puede no darse en la práctica, es perfectamente posible.

Es más frecuente que una actividad deje de regularse políticamente pero siga regulada económicamente. De hecho, mediante los impuestos esto se hace todos los días. Las áreas económicas sobre las cuales recaen mayores gravámenes, aunque jurídicamente sean privadas y sus titulares sean particulares, pueden llegar a estar más reguladas que otras a cargo de entes estatales. Los subsidios cumplen una función similar. En rigor, no son más que impuestos que se dirigen a núcleos favorecidos que son financiados con dineros de otros perjudicados, y por eso los primeros pueden ser beneficiados.

Cosa desigual es la descentralización que suele confundirse con las dos figuras anteriores, las que si bien no se excluyen tampoco deben enredarse.

Descentralizar no es más que la acción por la cual un ente estatal (o privado) que realizaba muchas funciones ahora las delega en otros entes menores, subordinados o desemejantes. Esto no sólo no supone baja del gasto público sino que normalmente, por el contrario, su aumento, aunque no es necesario porque se puede descentralizar sin aumentar el gasto.

Por ejemplo, si una repartición estatal ''A'' consume 100 unidades monetarias (UM) y el gobierno decide descentralizarla pasando a dividirla en 10 oficinas y asignándoles a cada una, una partida de 10 UM, el gasto total seguirá siendo 100, con lo cual vemos que descentralizar no supone, ni necesaria, ni mucho menos automáticamente, menguar el gasto público (o privado si se trata de una empresa particular). Aunque lo normal consiste que, al descentralizar una determinada función en una oficina o repartición disímil se le asigne a cada una, una partida que, en la sumatoria, resulte superior a la que demandaba la oficina originaria ''A''

Muchas veces, pícaramente, los gobiernos le dan a lo anterior el nombre de ''recortes'' cuando no son tales sino que son simples transferencias de un sector del estado a otro sector distinto, pero del mismo estado. Sin embargo, el dinero siempre ''queda en casa''. No hay, en rigor, ningún ''recorte'' y, por ende, tampoco baja del gasto público. Se trata nada más que de un antiguo artilugio, una ‘’chicana’’, que los gobiernos que quieren posar de austeros frente a la opinión pública, echan mano con bastante frecuencia.

No es, por desgracia, la libertad la que avanza sino la burocracia, y si esta sigue avanzando como lo hace, sólo puede significar que la libertad retrocede.

Poniendo ‘’el carruaje delante del caballo’’

 


Por Gabriel Boragina ©

 

En recientes declaraciones el ministro de economía argentino Luis Caputo pidió a los empresarios que inviertan en el país prometiéndoles que si lo hacen, recién allí se podría comenzar a bajar los impuestos. Resulta alarmante que el ministro de economía de un supuesto gobierno ‘’liberal’’ hiciera declaraciones del tipo efectuadas.

Como han señalado agudos economistas de la talla de Roberto Cachanosky. el señor ministro tiene la ecuación económica invertida. Es que forma parte de la economía básica austriaca (que dice seguir el oficialismo) el principio que solamente se podrán reactivar las inversiones una vez que la carga fiscal disminuya, máxime en países como la Argentina donde esa gabela estatal es altísima y agobiante.

Devienen verdaderamente pavorosas las declaraciones del máximo responsable de la cartera económica, y más sorprendente aun, que nadie del poder ejecutivo saliera a corregir sus términos.

Es que la incapacidad demostrada por el elenco gobernante desde el más alto nivel hasta el más bajo, no sólo no disminuye sino se aprecia que crece.

Ya se ha señalado que la promesa reiterada en la campaña política de la baja de impuestos no sólo no se ha cumplido sino que los mismos han aumentado.

Ello conlleva una consiguiente elevación de los costos de toda índole lo cual, a su turno, realza los precios, por reducir la oferta de bienes.

Está claro para cualquiera que entienda lo primordial de la economía que, estas políticas (que han sido las de siempre en Argentina) nada tienen que ver con los principios básicos del liberalismo, y ni siquiera del libertarianismo al que presume constantemente adherir el gobierno.

Es difícil concebir cómo, con el rumbo seguido, se podrán alcanzar (alguna vez) los objetivos opuestos que fueron presentados en campaña. Lo que, a su vez, lleva a pensar que, exceptuando una improvisación total, nunca se creyó en la etapa prelectoral que dichos logros serian realizables. O si, por el contrario, se los creyó posibles, denotaría una ingenuidad mayúscula por parte del actual gobierno.

Finalmente, el poder ejecutivo tuvo que ceder posiciones que declamaban como inflexibles para mostrar a la ciudadanía algún tipo de iniciativa, y mediante concesiones claudicantes de todo tipo a la denostada casta política, lograr al menos la aprobación de una ley, que ha sufrido tantas mutilaciones en el Congreso que apenas tiene algún parecido con lo que fue el proyecto original rechazado hace seis meses.

Otro dato que revela incompetencia (y alguna cuota de engaño premeditado quizás) en el gobierno y desde el mismo, es el anuncio permanente de reducciones presupuestarias en la administración pública. Lo que más bien, parece una estrategia para simular una austeridad política que tampoco se observa como real.

Suponiendo que esas ‘’podas’’ previsionadas se estuvieran ejecutando, hay dos cuestiones que no están del todo claras.

En primer lugar, no es explicable cómo es que se efectúan ajustes en partidas aprobadas legislativamente ya asignadas en el presupuesto sin la correspondiente modificación de la ley respectiva que autorice esos límites a gastos que ya se han presupuestado. Es que, precisamente, para que dichos gastos se pudieran sufragar se sancionaron los pertinentes impuestos. Punto este que revela el poco respeto por la ley que el gobierno ha evidenciado en otras actitudes anteriores.

Si es que el gobierno está haciendo recortes ¿dónde está el dinero cobrado por impuestos destinado a enjugar gastos que no se están (en el discurso) llevándose a cabo?. Aquí hay un tema de contabilidad básica, porque toda entrada de dinero debe tener su correspondiente contrapartida (o salida) pero si se dice que no se le da (o dará) salida, porque el gasto no se ha hecho o no se hará ¿qué se hizo o qué se hará con el dinero que ya se cobró al contribuyente?.

Salvando las dificultades legales al punto, ese dinero debería volver al contribuyente, pero la realidad es que no hay devolución de esos impuestos. De haberla, implicaría un aumento de ingresos en el sector privado, cuestión, que ya dijimos, no se visualiza este sucediendo.

Lo dicho desde lo jurídico. Y desde lo económico , también es evidente que, todo recorte que se hace al gasto público debería verse reflejado en una mejora de ingresos en el sector privado, traducido en mayores inversiones y sustanciales ascensos salariales. Sin embargo, nada de esto es lo que se observa en el mercado. Por el contrario, no existen nuevas ni mayores inversiones, ni tampoco los salarios exhiben un alza generalizada.

Surge la duda. Entonces. respecto de la realidad de tales quitas. Todo parece indicar que no las hay o, si existen, se tratan de transferencias de un sector del estado/gobierno hacia otros sectores del mismo estado. Con lo cual volvemos al punto de partida: nada de ello tiene que ver con el liberalismo/libertarianismo perorado por ese gobierno.

Menos todavía si, como está circulando en diversos medios, esas reducciones de recursos en el ejecutivo se están destinado a comprar voluntades de legisladores para obtener la aprobación de leyes en las que el ejecutivo se encuentra interesado.

En el ínterin, la población sigue esperando las soluciones mágicas y ''maravillosas'' prometidas por el hoy partido gobernante, las que no se ven por parte alguna de la realidad cotidiana de los argentinos. Ni en lo inmediato, pero tampoco en lo mediato.

Siguiendo el típico cambio de discurso de todo político, cuando ha llegado a la cúspide del poder, lo que en medio de la campaña se prometía como fácil y simple de conseguir, una vez en el gobierno se presenta como algo arduo que requerirá el sacrificio del conjunto de la población. Ni más ni menos que lo mismo que discursean todos los políticos de la tan vilipendiada ‘’casta’’ una vez que acceden al poder.

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