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La deuda pública: entre las ilusiones contables y la realidad económica

 Por Gabriel Boragina ©

La deuda pública argentina constituye uno de los problemas económicos más persistentes de nuestra historia. Sin embargo, su análisis suele quedar atrapado en discusiones estadísticas acerca de su magnitud, composición, moneda de denominación o relación con el producto bruto interno. Estas variables pueden resultar útiles para describir una situación financiera, pero son insuficientes para comprender la verdadera naturaleza económica del endeudamiento estatal.

Desde la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, el problema de la deuda pública debe abordarse desde una consideración mucho más elemental: el Estado no produce riqueza por el mero hecho de endeudarse, sino que obtiene recursos que necesariamente han sido generados por terceros y que, de una u otra manera, deberán ser restituidos mediante impuestos futuros, reducción de otros gastos, nuevos endeudamientos o expansión monetaria.

Por consiguiente, la deuda pública no constituye una fuente autónoma de riqueza, sino una transferencia de recursos y obligaciones a través del tiempo.

 

La refinanciación no es una operación económicamente inocua

Una de las explicaciones habituales para justificar el crecimiento de la deuda pública consiste en señalar que buena parte de las nuevas emisiones se destinan exclusivamente a renovar vencimientos anteriores. De acuerdo con esta interpretación, el Tesoro puede emitir enormes cantidades de títulos sin incrementar necesariamente su endeudamiento neto, puesto que simultáneamente cancela obligaciones precedentes.

Desde el punto de vista estrictamente contable, la explicación es correcta. Pero de allí no se desprende que el fenómeno carezca de consecuencias económicas.

La refinanciación permanente significa que el Estado no consigue cancelar sus obligaciones mediante recursos genuinamente disponibles, sino que depende de la disposición de terceros a continuar financiándolo. Que un acreedor sea sustituido por otro, o que el mismo acreedor renueve su colocación, no modifica la naturaleza de la obligación.

El problema fundamental es que la deuda continúa existiendo y que su renovación depende de circunstancias que el Estado no controla completamente: las preferencias temporales de los ahorristas, las expectativas de inflación, las tasas de interés, la confianza institucional y las alternativas de inversión disponibles.

La teoría austríaca del interés, desarrollada especialmente por Eugen von Böhm-Bawerk y posteriormente por Ludwig von Mises, explica que la tasa de interés refleja, entre otras cosas, las preferencias temporales de los individuos. No es una variable arbitraria que pueda manipularse indefinidamente sin consecuencias.

Cuando el Estado absorbe una porción significativa del ahorro disponible, compite con los emprendimientos privados por recursos escasos. En consecuencia, puede desplazar inversiones productivas que, de otro modo, habrían contribuido a incrementar el capital y la productividad de la economía.

La renovación de vencimientos, por lo tanto, no debe confundirse con la solución del problema del endeudamiento. Simplemente posterga su cancelación.

 

El superávit fiscal no garantiza la solvencia

Otro argumento recurrente sostiene que, si el Estado obtiene superávit fiscal, deja de necesitar endeudamiento para financiar sus gastos corrientes.

La afirmación requiere varias precisiones.

En primer lugar, es indispensable distinguir entre superávit primario y superávit financiero. El primero excluye los intereses de la deuda; el segundo los incorpora. Confundir ambos resultados conduce a conclusiones equivocadas sobre la verdadera capacidad del Estado para atender sus compromisos.

En segundo término, incluso un superávit financiero efectivo no demuestra por sí mismo que el endeudamiento acumulado resulte sostenible. Para ello habría que considerar el monto de las obligaciones, sus tasas de interés, sus vencimientos, la evolución de los ingresos fiscales y la capacidad de la economía para generar recursos reales.

Un Estado puede presentar superávit durante determinado ejercicio y, simultáneamente, encontrarse expuesto a una estructura de vencimientos que comprometa sus finanzas en los períodos siguientes.

Además, el superávit no debe considerarse una virtud por sí mismo ya que se obtiene mediante una presión tributaria confiscatoria, impuestos distorsivos o una reducción de gastos que afecta funciones esenciales del Estado.

Desde el liberalismo económico, el objetivo no consiste simplemente en conseguir que el Estado gaste menos de lo que recauda, sino en reducir su intervención y liberar recursos para que sean asignados por los individuos conforme a sus propias valoraciones.

El equilibrio fiscal es una condición importante de estabilidad, pero no sustituye a las reformas estructurales que permitan recuperar el ahorro, la inversión y la acumulación de capital.

 

La deuda intraestatal: una ficción contable con consecuencias reales

El texto oficial analizado también destaca que aproximadamente entre el 40 y el 45 % de la deuda se encuentra en manos de organismos del propio sector público, entre ellos el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Se argumenta que estas obligaciones tienen menor relevancia porque no representan compromisos frente a terceros ajenos al Estado.

Aquí aparece una distinción contable que merece ser examinada con mayor profundidad.

Es cierto que, al consolidar los balances de las distintas dependencias estatales, los créditos y deudas recíprocos pueden eliminarse. Pero esa eliminación no significa que hayan desaparecido los compromisos económicos subyacentes.

Un título público en poder de un organismo estatal puede representar un activo para ese organismo y un pasivo para el Tesoro. Su consolidación elimina el asiento recíproco, pero no crea riqueza ni aumenta la capacidad productiva del país.

Además, esos organismos administran recursos que tienen destinatarios y finalidades concretas. Los fondos previsionales, por ejemplo, no constituyen patrimonio de libre disposición del gobierno.

El hecho de que el Estado sea simultáneamente deudor y acreedor no convierte automáticamente sus obligaciones en irrelevantes.

La cuestión decisiva consiste en determinar quién soportará finalmente el costo económico de esas obligaciones y qué recursos reales estarán disponibles para afrontarlas.

 

El traslado de los pasivos del Banco Central

Particular atención merece el argumento según el cual el traslado de pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro constituye un saneamiento financiero.

La explicación oficial sostiene que los pasivos remunerados del BCRA generaban un déficit cuasifiscal, cuyos intereses terminaban alimentando la emisión monetaria. Al transferir esas obligaciones al Tesoro, el problema habría cambiado de naturaleza, puesto que ahora sería atendido mediante recursos fiscales.

Sin embargo, conviene recordar un principio elemental: cambiar el deudor dentro del mismo sector público no extingue la obligación frente al acreedor privado.

Si el Banco Central debía determinada cantidad de dinero a un particular y el Tesoro asumió esa obligación, el acreedor continúa teniendo un derecho de cobro. Lo que se modificó fue la estructura institucional del pasivo y el mecanismo mediante el cual se pretende atenderlo.

Es posible que la operación tenga ventajas monetarias y financieras. Eliminar determinados pasivos remunerados del Banco Central puede reducir mecanismos de expansión monetaria y mejorar la transparencia de sus balances.

Pero ello no autoriza a presentar la transferencia como una reducción automática del endeudamiento consolidado.

Desde el punto de vista austríaco, lo verdaderamente importante es determinar si se ha reducido el consumo de capital, la intervención monetaria y el gasto improductivo del Estado, o si simplemente se ha cambiado el lugar donde se contabilizan las obligaciones.

La contabilidad puede reorganizarse. Los compromisos económicos, en cambio, no desaparecen por una reclasificación administrativa.

 

Inflación, capitalización de intereses y deuda en pesos

El crecimiento de la deuda también se explica mediante la capitalización de intereses, los ajustes por CER y las variaciones del tipo de cambio.

Estas operaciones pueden incrementar el stock nominal de obligaciones sin que necesariamente se produzcan nuevos desembolsos de dinero.

Pero tampoco debe confundirse la ausencia de un desembolso inmediato con la inexistencia de un costo económico.

Cuando los intereses se capitalizan, el Estado difiere su pago y acumula nuevas obligaciones. La deuda crece por efecto de los intereses devengados, aun cuando no se haya recibido financiamiento adicional durante ese período.

En cuanto a los instrumentos ajustables por inflación, su utilización merece una consideración especial.

Desde la teoría austríaca, la inflación no es simplemente un aumento generalizado de precios considerado como fenómeno estadístico, sino una consecuencia de la expansión monetaria originada en causas ajenas a las decisiones voluntarias del mercado.

Los títulos indexados trasladan parcialmente a los acreedores el efecto de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, pero no eliminan sus consecuencias económicas. Por el contrario, pueden institucionalizar mecanismos mediante los cuales el endeudamiento público se ajusta automáticamente frente a la depreciación monetaria.

Que aproximadamente la mitad de la deuda esté denominada en pesos tampoco significa que el Estado se encuentre protegido de los riesgos cambiarios e inflacionarios. Los instrumentos CER y dollar-linked incorporan mecanismos de actualización que deben ser considerados al evaluar la verdadera exposición financiera.

 

La deuda respecto del PBI: otra relación que puede engañar

Se suele destacar que la relación entre deuda pública y PBI presenta una tendencia descendente, incluso cuando el stock nominal de deuda aumenta.

Pero esta relación requiere cautela.

El PBI es una magnitud agregada que no representa dinero disponible en las arcas del Tesoro. El Estado no puede apropiarse de la totalidad de la producción nacional para pagar sus obligaciones.

Además, la relación deuda/PBI puede modificarse considerablemente por variaciones del tipo de cambio, de los precios nominales y de los criterios de valuación utilizados.

Desde el individualismo metodológico austríaco, debemos recordar que la riqueza no existe como una magnitud homogénea independiente de las valoraciones individuales. El PBI agrega transacciones heterogéneas mediante convenciones estadísticas, pero no demuestra por sí mismo la existencia de recursos líquidos ni la capacidad efectiva de pago del Estado.

Una reducción de ese cociente no equivale necesariamente a una mejora estructural de la solvencia pública.

 

La verdadera solución: menos Estado y más capital privado

La discusión sobre la deuda argentina no debería agotarse en determinar si el stock bruto asciende a 474.000, 487.000 o 532.000 millones de dólares, ni en establecer qué proporción corresponde a acreedores privados, organismos internacionales o dependencias estatales.

Esas cifras son relevantes, pero secundarias frente a una cuestión fundamental: ¿por qué la economía argentina necesita mantener semejante estructura de endeudamiento público?

La respuesta remite al tamaño, las funciones y el financiamiento del Estado.

Mientras el aparato estatal absorba recursos que podrían destinarse a la inversión privada, mantenga estructuras burocráticas improductivas y dependa de una presión tributaria elevada para sostener sus compromisos, la posibilidad de alcanzar una economía genuinamente capitalizada continuará limitada.

La Escuela Austríaca enseña que el crecimiento económico no proviene de la manipulación de agregados monetarios ni de la ingeniería contable de los pasivos públicos. Surge del ahorro voluntario, la inversión productiva, la acumulación de capital y el respeto por los derechos de propiedad.

El superávit fiscal constituye el reverso respecto del déficit crónico financiado mediante emisión monetaria o endeudamiento. Ambos no deben convertirse en una excusa para perpetuar una estructura estatal sobredimensionada.

La Argentina no necesita aprender a refinanciar indefinidamente sus obligaciones. Necesita dejar de depender del endeudamiento como mecanismo habitual de funcionamiento gubernamental.

Porque la deuda pública no desaparece cuando se cambia de acreedor, se traslada de organismo o se modifica su denominación monetaria. Tampoco se extingue porque una relación estadística mejore.

En definitiva, la verdadera solvencia de una nación no se mide por la habilidad de sus gobernantes para administrar pasivos, sino por su capacidad institucional para permitir que los individuos produzcan, ahorren, inviertan y acumulen riqueza sin que el Estado comprometa anticipadamente los frutos de su esfuerzo.

León XIV en la Argentina: una advertencia que el Gobierno debería escuchar

 Por Gabriel Boragina ©

La reciente visita del Papa León XIV a la Argentina dejó algo más que una manifestación religiosa. Sus discursos, pronunciados ante las máximas autoridades del país y representantes de distintos sectores sociales y económicos, contuvieron una serie de definiciones que, deliberadamente o no, constituyeron un llamado de atención sobre la orientación de la política gubernamental argentina. 

El Pontífice no necesitó mencionar a LLA[1] ni a su jefe partidario ni individualizar las decisiones de su administración. Bastó con que expusiera determinados principios económicos, sociales e institucionales para que surgieran evidentes contrastes con algunas de las prácticas del actual gobierno. 

No se trata de convertir al Papa en un economista liberal ni de atribuirle una adhesión a la Escuela Austríaca. Su pensamiento se inscribe en la doctrina social de la Iglesia, que contiene diferencias importantes con el liberalismo clásico. Pero eso no impide advertir que varias de sus afirmaciones pueden ser compartidas desde una perspectiva liberal y, sobre todo, utilizadas como parámetros para juzgar el ejercicio del poder político.

La economía debe servir al hombre

Quizás la frase más significativa de su visita fue aquella pronunciada en el Palacio Libertad: «La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía».

No es una afirmación menor. Implica rechazar cualquier concepción que convierta los indicadores macroeconómicos en objetivos absolutos, independientemente de sus consecuencias sobre las personas concretas.

El equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la estabilidad monetaria son objetivos deseables. Pero no constituyen fines en sí mismos. Son instrumentos que deben contribuir a mejorar las condiciones de vida de los individuos.

Desde la perspectiva de la Escuela Austríaca, el valor económico es subjetivo y las decisiones deben analizarse desde las valoraciones individuales, no desde abstracciones estadísticas. Un superávit fiscal puede ser presentado como un éxito contable, pero no informa por sí solo cuánto sacrificio soportan los contribuyentes, qué oportunidades productivas se pierden ni qué consecuencias padecen quienes dependen de determinados servicios.

El ajuste tampoco adquiere legitimidad económica o moral por el solo hecho de ser denominado liberal.

El Papa destacó expresamente a quienes buscan empleo, a los ancianos, a las familias que viven bajo incertidumbre y a quienes, pese a trabajar, no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares. Es una observación que interpela a cualquier administración que pretenda evaluar su gestión exclusivamente mediante indicadores agregados.

También reconoció la importancia de la iniciativa privada y de quienes emprenden y arriesgan su patrimonio. En este punto, su discurso estuvo lejos de constituir una condena del capitalismo o de la actividad empresarial. Por el contrario, reivindicó su contribución, aunque advirtió contra la absolutización del beneficio económico.

La cuestión es que la libertad económica debe traducirse en oportunidades reales para producir, invertir, trabajar y prosperar, no simplemente en una consigna gubernamental.

El problema social no desaparece con las estadísticas

León XIV puso especial énfasis en el trabajo como medio de realización personal y no solamente como fuente de ingresos.

La desocupación, señaló, no consiste únicamente en la pérdida de una remuneración: también representa una lesión a la dignidad de quien desea aportar a la sociedad.

Esta consideración resulta particularmente relevante en una Argentina donde la precariedad laboral, la informalidad y las dificultades para acceder a empleos productivos siguen siendo problemas estructurales.

El Pontífice también formuló una pregunta incómoda: ¿qué ha fallado en una nación cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños?

No es una cuestión exclusivamente sentimental o patriótica. Es un interrogante económico e institucional. Cuando las personas más capacitadas consideran que su futuro está fuera del país, existe un problema de oportunidades, seguridad jurídica, inversión y perspectivas de desarrollo.

En materia educativa, reclamó robustecer la formación profesional, las universidades y la investigación. La observación tiene particular relevancia frente a las controversias por el financiamiento universitario y la situación presupuestaria de las instituciones científicas.

Una política de reducción del gasto no puede convertirse en una justificación automática para desatender inversiones que contribuyen a formar capital humano y ampliar las posibilidades productivas futuras.

La austeridad, por sí sola, no constituye una doctrina económica.

El poder también necesita límites

Quizás el aspecto institucional del mensaje papal haya sido el más significativo para quienes sostienen una concepción liberal del Estado.

León XIV recordó que la autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio y que quienes gobiernan tienen el deber de reconocer los límites del poder que les ha sido confiado.

También reivindicó la democracia, la división de responsabilidades, el respeto por la ley, la convivencia y el cuidado de la palabra pública.

Estas afirmaciones tienen una importancia que excede las diferencias partidarias.

El liberalismo clásico nunca entendió que la libertad consistiera simplemente en reemplazar a unos gobernantes por otros que prometieran utilizar el poder en beneficio de la sociedad. Desde Locke y Montesquieu hasta Hayek, la preocupación fundamental fue establecer límites institucionales al poder político.

Por eso resulta contradictorio reivindicar la libertad mientras se considera que la concentración de facultades ejecutivas puede justificarse por la bondad de los objetivos perseguidos.

Un gobernante no deja de ser intervencionista porque invoque la libertad. Tampoco adquiere facultades ilimitadas por declarar que las utilizará para reducir el tamaño del Estado.

La democracia requiere algo más que elecciones periódicas: exige respeto por las instituciones, tolerancia hacia el disenso y sometimiento de los gobernantes a las normas que limitan sus atribuciones.

En este sentido, la exhortación papal a cuidar las palabras y reconocer como compatriota a quien piensa diferente constituye también una advertencia frente a la creciente degradación del debate público y la descalificación sistemática de los adversarios.

La libertad de expresión no se limita a permitir que hablen quienes coinciden con el poder.

Una advertencia que no pertenece a la oposición

Sería equivocado, sin embargo, interpretar las palabras de León XIV como una reivindicación de las administraciones que precedieron a LLA[2].

Los problemas sociales, económicos e institucionales que señaló no comenzaron con el actual gobierno. Décadas de inflación, endeudamiento, intervencionismo, corrupción, privilegios corporativos y deterioro institucional contribuyeron a producir la situación que hoy atraviesa el país.

Quienes gobernaron anteriormente tampoco pueden apropiarse selectivamente de las palabras del Pontífice para convertirlas en una impugnación exclusiva de la actual administración.

Pero esa constatación tampoco exonera al gobierno presente.

La responsabilidad política se ejerce desde el momento en que se asume el poder. Las herencias recibidas explican parte de las dificultades, pero no justifican cualquier decisión posterior.

León XIV no ofreció un programa partidario ni una receta económica. Recordó principios que deberían orientar a toda autoridad: dignidad humana, trabajo, iniciativa privada, educación, solidaridad, respeto institucional y límites al poder.

El mensaje tiene, por ello, un alcance mucho mayor que una controversia circunstancial entre el Vaticano y la Casa Rosada.

Un gobierno que se proclama liberal debería ser especialmente receptivo a las advertencias sobre los límites del poder, la importancia de la iniciativa individual y la necesidad de que las decisiones económicas respeten a las personas concretas.

La libertad no puede medirse solamente por la cantidad de regulaciones eliminadas ni por el resultado de una planilla fiscal. También debe evaluarse por la capacidad efectiva de los individuos para desarrollar sus proyectos de vida sin interferencias arbitrarias del poder.

Quizás esa haya sido la principal enseñanza de la visita de León XIV: ningún gobierno, por más nobles que considere sus propósitos, está autorizado a colocar sus propios objetivos por encima de las personas a las que debe servir.

Y esa advertencia, intencional o no, también alcanza a quienes hoy gobiernan la Argentina.


[1] Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''.

[2] Ver nota anterior.

El efecto Paraguay: el fracaso del intervencionismo bancario

 El colapso de Ueno Bank y la caída de Santiago Peña exponen los riesgos de la connivencia entre el poder político, la banca privilegiada y la intervención monetaria estatal.

Por Gabriel Boragina ©

 

El derrumbe de Ueno Bank en Paraguay y sus extraordinarias consecuencias políticas constituyen un episodio que merece ser analizado más allá de sus circunstancias locales. Lo sucedido representa una ilustración particularmente elocuente de los peligros del intervencionismo estatal en materia bancaria y monetaria, especialmente cuando la regulación pública convive con relaciones de privilegio entre empresarios, funcionarios y organismos financieros.

El denominado «efecto Paraguay» debería servir como advertencia para quienes consideran que la estabilidad bancaria puede garantizarse mediante una mayor intervención gubernamental. La experiencia demuestra que la existencia de organismos reguladores, exigencias de capital, controles administrativos y garantías públicas no elimina los riesgos inherentes a la actividad bancaria. En determinadas circunstancias, incluso puede contribuir a agravarlos.

Ueno Bank había experimentado un crecimiento extraordinario hasta alcanzar aproximadamente 2,9 millones de clientes. Sin embargo, a comienzos de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay intervino la entidad después de detectar un deterioro severo de su solvencia: su índice de capital había caído aproximadamente al 5,56 %, frente al mínimo legal del 12 %. Las investigaciones señalaron irregularidades contables, deficiencias crediticias y préstamos a empresas vinculadas con los accionistas.

La crisis adquirió una dimensión todavía más grave al conocerse la exposición de fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social. La inmovilización de cuentas afectó a millones de usuarios y el escándalo terminó desencadenando una crisis institucional que culminó con la destitución del presidente Santiago Peña.

Pero existe una cuestión económica fundamental que no debería quedar sepultada bajo el escándalo político: ¿cómo pudo desarrollarse semejante situación dentro de un sistema financiero sometido a supervisión estatal?

La respuesta no consiste en reclamar simplemente más controles. Esa es, precisamente, la conclusión equivocada que suele extraerse de estos acontecimientos.

La ilusión de la seguridad bancaria estatal

Desde la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, el sistema bancario no puede analizarse independientemente del régimen monetario en el cual funciona.

Ludwig von Mises, en La teoría del dinero y del crédito, y Friedrich A. Hayek, en sus trabajos sobre la desnacionalización del dinero, cuestionaron los fundamentos de los sistemas monetarios sometidos al monopolio estatal y a la discrecionalidad de las autoridades monetarias.

La tradición austríaca advierte que la manipulación del dinero y del crédito distorsiona el sistema de precios, altera las decisiones intertemporales de ahorro e inversión y genera incentivos para emprender proyectos que no necesariamente responden a la disponibilidad efectiva de ahorro voluntario.

Cuando la expansión crediticia se desvincula de un incremento genuino del ahorro, las tasas de interés dejan de transmitir adecuadamente las preferencias temporales de los individuos. Se producen señales artificiales que pueden inducir inversiones equivocadas, acumulación de deudas y estructuras económicas insostenibles.

Este problema también alcanza a las entidades bancarias, cuyos administradores pueden encontrar incentivos para expandir sus operaciones, asumir riesgos excesivos y concentrar créditos en determinados grupos económicos.

El caso Ueno permite observar otra dimensión de esta problemática: la asignación del crédito puede quedar condicionada por relaciones de poder y proximidad política, en lugar de responder a evaluaciones económicas independientes sobre la capacidad de repago y el riesgo asumido.

Los préstamos a empresas vinculadas con los accionistas, si las investigaciones confirman las irregularidades denunciadas, constituyen un ejemplo particularmente grave de esa desviación. No estamos ante un mercado libre funcionando espontáneamente, sino ante una estructura en la cual los incentivos privados pueden quedar distorsionados por la expectativa de protección, influencia o tolerancia estatal.

El riesgo moral y los privilegios bancarios

Uno de los aspectos más cuestionables del intervencionismo bancario es la creación de mecanismos que reducen artificialmente la percepción del riesgo.

Las garantías estatales de depósitos constituyen un ejemplo clásico. Aunque suelen justificarse como instrumentos de protección de los pequeños ahorristas y prevención de corridas bancarias, también pueden producir consecuencias indeseadas.

Si los depositantes consideran que el Estado responderá ante una eventual insolvencia, disminuye su incentivo para evaluar la solidez de las entidades en las cuales colocan sus recursos. Al mismo tiempo, los administradores bancarios pueden asumir mayores riesgos si esperan que una parte de las pérdidas termine siendo absorbida por terceros.

Este fenómeno, conocido como moral hazard o riesgo moral, resulta particularmente peligroso cuando se combina con supervisores que no actúan con independencia o mantienen relaciones políticas con los sectores que deben controlar.

En Paraguay, la controversia adquirió una dimensión institucional extraordinaria por los antecedentes empresariales de Santiago Peña con el grupo propietario de Ueno y por los vínculos del entonces titular del Banco Central con la entidad. Tales circunstancias no prueban por sí mismas responsabilidades penales, pero ponen de manifiesto la importancia de la independencia de los organismos encargados de supervisar el sistema financiero.

La regulación pierde credibilidad cuando quienes deben controlar aparecen vinculados, directa o indirectamente, con quienes son objeto del control. La llamada captura regulatoria convierte al regulador en un potencial instrumento de los mismos intereses que debería limitar.

La socialización de las pérdidas

Hay otra enseñanza fundamental. Cuando una entidad financiera privada acumula pérdidas derivadas de decisiones empresariales equivocadas, sus accionistas y acreedores deberían soportar las consecuencias conforme a los contratos y al régimen jurídico aplicable.

Sin embargo, en los sistemas intervenidos, el Estado suele aparecer como garante de última instancia. Se recurre a fondos de garantía, recursos fiscales, mecanismos extraordinarios de asistencia y, eventualmente, al dinero de los contribuyentes.

De esta manera se produce una asimetría económica y moral: los beneficios de la expansión bancaria pueden quedar concentrados en manos privadas, mientras que una parte de los costos de su fracaso termina trasladándose a la sociedad.

La situación paraguaya resulta especialmente preocupante porque no solamente estaban comprometidos los ahorros de particulares, sino también recursos pertenecientes a organismos públicos y fondos previsionales.

¿Por qué los ciudadanos que no participaron en las decisiones empresariales de Ueno deberían soportar las consecuencias de sus eventuales errores?

Desde una perspectiva liberal, no existe justificación para convertir al contribuyente en asegurador universal de los riesgos asumidos por empresarios privados. La protección de los depositantes no debe confundirse con la protección de los accionistas, administradores o acreedores de una entidad insolvente.

El Estado como fuente de distorsiones

El episodio permite cuestionar una de las premisas más difundidas del intervencionismo: que la autoridad monetaria dispone necesariamente de la información y los incentivos adecuados para administrar los riesgos del sistema financiero.

El conocimiento económico se encuentra disperso entre millones de individuos. Ningún organismo central puede sustituir íntegramente los procesos de descubrimiento, evaluación y coordinación que tienen lugar en un mercado competitivo.

La supervisión burocrática, por sofisticada que parezca, no puede garantizar que los recursos se asignen correctamente ni impedir todas las conductas fraudulentas. Más aún: cuando los organismos estatales concentran facultades regulatorias, monetarias y de supervisión, se crea un espacio propicio para el favoritismo y la utilización política del crédito.

El problema no desaparece aumentando el presupuesto del regulador, multiplicando las exigencias administrativas o creando nuevas instituciones de control. Si los incentivos continúan siendo los mismos, la burocracia puede convertirse en parte del problema.

Una advertencia para Argentina

El denominado «efecto Paraguay» debería ser examinado con atención en Argentina. No porque ambos países tengan idénticos sistemas financieros o monetarios, sino porque comparten un problema institucional recurrente en América Latina: la tendencia a confiar en el poder político para resolver dificultades que, muchas veces, fueron generadas o agravadas por la propia intervención estatal.

La estabilidad monetaria no se consigue mediante discursos, controles administrativos ni decisiones discrecionales de funcionarios. Tampoco la estabilidad bancaria puede descansar exclusivamente en la promesa de que el Estado rescatará a quienes depositaron sus fondos en entidades insolventes.

La tradición austríaca enseña que el dinero, el crédito y las tasas de interés cumplen funciones coordinadoras esenciales. Alterarlas artificialmente tiene consecuencias que tarde o temprano aparecen en la estructura económica.

Por eso, el caso paraguayo debería servir para replantear cuestiones fundamentales: la independencia real de las decisiones financieras, los conflictos de intereses, la responsabilidad de los administradores, los incentivos creados por las garantías estatales y el alcance de los privilegios concedidos a determinadas entidades.

Conclusión: el precio de confiar en el poder político

La caída de Ueno Bank y la destitución de Santiago Peña constituyen una advertencia sobre los riesgos de confundir regulación estatal con seguridad económica.

Un sistema bancario no se vuelve necesariamente más sólido porque acumule organismos de control, exigencias burocráticas y garantías públicas. Puede volverse, por el contrario, más vulnerable cuando esas instituciones generan una falsa sensación de seguridad, distorsionan los incentivos y permiten que las relaciones políticas sustituyan a la disciplina económica.

La lección liberal es inequívoca: los riesgos empresariales deben ser asumidos por quienes los generan, los administradores deben responder por sus decisiones y los recursos de los contribuyentes no deben convertirse en un mecanismo permanente de cobertura de pérdidas privadas.

Paraguay acaba de ofrecer un ejemplo dramático de lo que sucede cuando el poder político, la supervisión bancaria y los intereses privados terminan demasiado próximos.

La verdadera seguridad económica no nace de confiar ciegamente en quienes administran el poder, sino de establecer instituciones que limiten ese poder, respeten la responsabilidad individual y permitan que el mercado discipline a quienes arriesgan recursos ajenos.

El problema no es que el Estado haya dejado de controlar. El problema es creer que el Estado, por el solo hecho de controlar, puede garantizar aquello que sus propias intervenciones contribuyen a poner en peligro.

Inflación, estadísticas e individualismo metodológico: una mirada austríaca sobre la economía argentina

 Por Gabriel Boragina ©

La desaceleración de la inflación que exhibe el Gobierno argentino de LLA[1] suele presentarse como uno de los principales indicadores de su gestión económica. La reducción de tasas mensuales extraordinariamente elevadas a registros cercanos al 2 % constituye -de ser real-, sin duda, un dato histórico relevante. Sin embargo, desde la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, tanto su interpretación como las conclusiones que se pretenden extraer de ella merecen algunas precisiones fundamentales. 

El primer problema es conceptual. Para los austríacos, la inflación no consiste propiamente en el aumento generalizado de los precios, sino en la expansión de la cantidad de dinero por causas exógenas al proceso espontáneo del mercado. Su origen se encuentra en decisiones de creación monetaria que no responden a las decisiones voluntarias de los individuos que participan en los intercambios. Históricamente, el principal responsable de ese proceso ha sido el Estado, mediante sus privilegios monetarios, la emisión y la expansión crediticia institucionalmente promovida.

Los aumentos de precios son una de las consecuencias de esa expansión, no su definición. Esta distinción, que encontramos particularmente desarrollada en Ludwig von Mises, permite comprender por qué reducir el IPC no equivale necesariamente a haber eliminado las causas de la inflación.

El segundo aspecto fundamental es que la expansión monetaria no afecta uniformemente a todos los precios ni a todos los individuos. Al ingresar el dinero nuevo a través de determinados canales, modifica las relaciones de intercambio, altera los precios relativos y redistribuye poder adquisitivo. Distorsiona, en definitiva, la información que transmiten los precios y sobre la cual los individuos toman sus decisiones económicas.

Por eso, concentrarse exclusivamente en la variación del índice general supone observar una consecuencia agregada y dejar en segundo plano el proceso económico que la produce.

Aquí aparece una segunda limitación: el IPC no representa la experiencia económica de ningún individuo en particular. Es un promedio construido mediante una selección de bienes, servicios, ponderaciones y criterios metodológicos. Quien destina una parte sustancial de sus ingresos al alquiler, quien depende del transporte público o quien consume principalmente alimentos no experimenta necesariamente la misma variación que expresa el índice general.

Pero el problema metodológico no termina allí. El individualismo metodológico también alcanza a quienes elaboran las estadísticas. Los funcionarios y técnicos del INDEC no están fuera del universo de la acción humana ni poseen una posición epistemológica privilegiada por su condición de especialistas. Son individuos que seleccionan información, establecen categorías, determinan ponderaciones y adoptan criterios de clasificación.

Esas decisiones no pueden separarse completamente de los juicios y valoraciones que intervienen en toda construcción metodológica. La elección de una canasta, la determinación de qué consumos representan a la población y la asignación de ponderaciones implican necesariamente decisiones humanas. No existe un observador omnisciente capaz de construir un índice absolutamente neutral, independiente de toda selección conceptual.

Esto no significa que cualquier estadística sea falsa ni que toda metodología sea igualmente arbitraria. Significa que debe reconocerse su carácter convencional y limitado, y que sus resultados no pueden confundirse con una descripción exhaustiva de la realidad económica.

En este punto resulta especialmente pertinente Mises. Un juicio de valor no deja de serlo por el hecho de expresarse mediante cifras, porcentajes o procedimientos matemáticos. La cuantificación no transforma una valoración en una verdad objetiva universal. El índice puede ser técnicamente correcto conforme a sus reglas de construcción, pero las conclusiones que se extraen de él dependen también de los criterios y valoraciones que intervienen en su interpretación.

Los aumentos de alquileres, transporte, servicios públicos, medicina prepaga y alimentos ilustran esta cuestión. Que el IPC general se ubique alrededor del 2 % no significa que todos los individuos experimenten esa variación en sus presupuestos. Tampoco significa que los ingresos hayan recuperado el poder adquisitivo perdido durante los períodos anteriores. Una desaceleración de los precios no devuelve automáticamente lo que la inflación anterior destruyó.

Debe distinguirse, además, entre los aumentos originados por una nueva expansión monetaria y las recomposiciones de precios relativos anteriormente contenidos por regulaciones, subsidios o controles. No todo aumento de precios constituye una nueva inflación monetaria. Pero tampoco toda recomposición de precios significa que el individuo haya recuperado su capacidad económica. Para quien debe afrontar un alquiler actualizado o tarifas más elevadas, la restricción presupuestaria es concreta, independientemente de la clasificación estadística del fenómeno.

Hay otra advertencia epistemológica que Mises desarrolla en Teoría e Historia: los datos históricos describen acontecimientos que efectivamente ocurrieron, pero no contienen por sí mismos una explicación causal ni permiten establecer tendencias irreversibles. Que la inflación haya descendido durante determinados meses no demuestra que esa evolución necesariamente continuará. Una estadística registra resultados pasados; no es una garantía sobre el futuro. La continuidad de un proceso depende de las acciones humanas, las instituciones, las expectativas y las circunstancias que pueden modificarse.

Por consiguiente, pasar de una inflación anual superior al 200 % a otra proyectada cercana al 30 % representa una desaceleración cuantitativamente significativa, pero no equivale a estabilidad monetaria. Una moneda que continúa perdiendo poder adquisitivo a una tasa considerable sigue dificultando el cálculo económico, el ahorro y la planificación de largo plazo.

La cuestión central, entonces, no consiste en negar la reducción del IPC ni en discutir exclusivamente su exactitud estadística. Consiste en evitar que un indicador agregado se convierta en sustituto de la explicación económica.

Desde el individualismo metodológico, la economía no es una entidad colectiva que experimenta una inflación uniforme. Son los individuos quienes producen, intercambian, ahorran, consumen y soportan las consecuencias de las decisiones monetarias. También son individuos quienes construyen las estadísticas con las que luego se pretende describir esos procesos.

La verdadera evaluación de una política de estabilización no debería agotarse en la evolución de un índice, sino examinar si se han eliminado los mecanismos institucionales de expansión monetaria exógena y si se están restableciendo las condiciones para que los precios transmitan información genuina y los individuos puedan realizar cálculos económicos confiables.

La estadística puede demostrar cuánto aumentaron los precios en el pasado; no puede demostrar, por sí sola, que se haya alcanzado la estabilidad monetaria, que la tendencia sea irreversible ni que los individuos hayan recuperado su bienestar económico.


1 Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''.

La soberanía como excusa para concentrar el poder

 Por Gabriel Boragina ©

La llamada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentada por el gobierno de LLA al Congreso en septiembre de 2026, constituye un ejemplo particularmente revelador de cómo una causa legítima puede ser utilizada para promover objetivos institucionales difícilmente compatibles con los principios que se invocan para justificarla.

El proyecto, todavía en tratamiento legislativo, se presenta bajo la bandera de la recuperación de las Islas Malvinas y la protección de los recursos naturales argentinos. Sin embargo, sus disposiciones exceden ampliamente esa finalidad, incorporando una profunda reorganización de las funciones de defensa, seguridad, inteligencia y control estatal.  

La cuestión fundamental no consiste en discutir los derechos soberanos argentinos sobre las Malvinas, expresamente reafirmados por la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, sino en determinar si esa reivindicación autoriza a modificar sustancialmente el equilibrio institucional de la República.

La respuesta constitucional y liberal es negativa.

La soberanía no está por encima de la Constitución

El primer equívoco consiste en identificar la soberanía nacional con la ampliación del poder gubernamental. Son conceptos diferentes y, bajo determinadas circunstancias, incluso contradictorios.

La Constitución argentina no organiza un poder ilimitado encargado de proteger intereses colectivos definidos discrecionalmente por los gobernantes. Establece, por el contrario, un sistema de competencias restringidas, división de poderes y garantías individuales que ninguna invocación patriótica puede legítimamente desconocer.

El artículo 1 consagra la forma republicana de gobierno; el 28 establece que los derechos constitucionales no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio; y el 29 prohíbe conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias o la suma del poder público.

Estas disposiciones no constituyen recomendaciones políticas: son límites jurídicos al ejercicio del poder.

Por consiguiente, cualquier legislación que permita al Ejecutivo definir discrecionalmente amenazas, determinar respuestas extraordinarias y concentrar funciones de investigación, inteligencia y ejecución debe examinarse bajo esos principios.

La defensa nacional es una atribución constitucional del Estado. La concentración ilimitada del poder, no.

Un Consejo de Seguridad con atribuciones preocupantes

Uno de los aspectos más cuestionables del proyecto es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente de la Nación, con intervención transversal en materias militares, económicas, diplomáticas, de inteligencia y seguridad.

Su política de seguridad nacional tendría carácter obligatorio para los organismos comprendidos en el sistema, mientras que la amplitud de las amenazas contempladas permitiría extender su actuación mucho más allá de las agresiones militares tradicionales.

La objeción no reside en la existencia de organismos de coordinación, perfectamente admisibles dentro de las competencias constitucionales del Ejecutivo. Reside en la posibilidad de convertir esa coordinación en una instancia superior de decisión política, con atribuciones suficientemente indeterminadas para desplazar los controles institucionales.

El artículo 99 de la Constitución define las competencias presidenciales, pero no autoriza a transformar la seguridad nacional en una fuente autónoma de potestades ilimitadas.

Tampoco una ley ordinaria puede modificar la distribución constitucional de competencias entre la Nación y las provincias, protegida por los artículos 5, 121 y concordantes.

La eventual subordinación de competencias provinciales a directivas nacionales que excedan las facultades federales configuraría un conflicto constitucional concreto.

El liberalismo desconfía precisamente de estas construcciones institucionales: aquellas que, invocando una finalidad superior, procuran concentrar decisiones que deberían permanecer distribuidas entre autoridades independientes.

La criminalización de la desinformación

Todavía más grave resulta la incorporación de figuras penales vinculadas con la influencia extranjera y las campañas coordinadas de desinformación.

Según la información publicada sobre el proyecto, el artículo 225 bis propuesto contempla penas de cinco a doce años de prisión para determinadas conductas realizadas por cuenta, orden o financiamiento de agentes extranjeros, incluyendo la manipulación de la opinión pública mediante campañas de desinformación masiva.

Aquí aparecen problemas constitucionales particularmente serios.

Los artículos 14 y 32 protegen la libertad de expresión y de prensa, mientras que el artículo 18 consagra garantías esenciales del derecho penal, entre ellas el principio de legalidad.

¿Qué constituye desinformación? ¿Quién determina qué información es verdadera? ¿Cuándo una opinión equivocada se transforma en una amenaza para la seguridad nacional?

Si estas cuestiones quedan sujetas a interpretaciones administrativas o políticas, la libertad de expresión deja de ser un derecho oponible al poder y se convierte en una concesión condicionada por él.

La exigencia constitucional de precisión de los tipos penales impide que expresiones ambiguas sean utilizadas para castigar conductas cuya ilicitud no resulte claramente determinada.

No toda sanción contra una operación clandestina extranjera es inconstitucional. Lo inadmisible sería castigar opiniones, investigaciones periodísticas o críticas políticas bajo una categoría penal indeterminada.

Una disposición que permitiera semejante resultado colisionaría frontalmente con las garantías constitucionales.

Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, identificó uno de los peligros fundamentales de las sociedades cerradas: la pretensión de que determinadas autoridades poseen una verdad superior cuya preservación justifica restringir la crítica.

Cuando el gobierno adquiere la facultad de decidir qué puede decirse en nombre de la seguridad, el peligro deja de ser puramente teórico.

Defensa nacional y militarización de la seguridad

Otro aspecto preocupante es la ampliación del concepto de defensa nacional para comprender amenazas no estatales, cibernéticas y otras situaciones que exceden el enfrentamiento militar convencional.

El problema no es reconocer nuevas amenazas, sino utilizar su existencia para desdibujar la distinción entre defensa exterior y seguridad interior.

Esa separación, establecida por las leyes 23.554 y 24.059, constituye una garantía institucional destinada a evitar que las Fuerzas Armadas se conviertan en instrumentos ordinarios de intervención sobre conflictos internos.

Su modificación legislativa no sería automáticamente inconstitucional. Sin embargo, cualquier autorización para emplear capacidades militares contra actividades civiles protegidas, sin garantías suficientes y controles efectivos, podría vulnerar los artículos 14, 18, 19 y 28 de la Constitución.

Lo mismo corresponde señalar respecto de las facultades para emplear fuerza letal contra aeronaves o embarcaciones: su constitucionalidad exige presupuestos estrictos de necesidad, proporcionalidad y protección de la vida.

La seguridad no constituye una excepción permanente al Estado de Derecho.

La contradicción con Alberdi y el liberalismo

Resulta especialmente paradójico que un gobierno que se proclama liberal impulse una arquitectura institucional caracterizada por el fortalecimiento de las potestades estatales.

Juan Bautista Alberdi no concebía la organización constitucional argentina como un instrumento para multiplicar las facultades gubernamentales, sino como un sistema destinado a asegurar la libertad, la propiedad, el comercio y el desarrollo de la sociedad civil.

En Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, su pensamiento se articula alrededor de la subordinación de la política económica a las garantías constitucionales.

La libertad no es una autorización concedida por el Estado. Es el principio que limita sus intervenciones.

En esa misma tradición, Friedrich Hayek advirtió sobre los peligros de sustituir normas generales y previsibles por decisiones discrecionales de las autoridades. Ludwig von Mises defendió un orden social basado en la cooperación voluntaria y la propiedad privada, incompatible con una expansión arbitraria de la coerción estatal.

Desde esta perspectiva, también merecen examen las sanciones económicas contra accionistas, proveedores y financiadores vinculados con actividades en Malvinas.

La defensa de derechos soberanos puede justificar prohibiciones y sanciones legalmente determinadas. Pero no autoriza responsabilidades penales automáticas por la sola condición de accionista o proveedor, sin acreditar los elementos personales y subjetivos exigidos por el derecho penal.

El principio de culpabilidad, el debido proceso y la razonabilidad de las penas siguen siendo exigibles incluso frente a conductas relacionadas con controversias internacionales.

El autoritarismo no necesita declararse

Los proyectos autoritarios rara vez se presentan anunciando la supresión de las libertades. Habitualmente invocan necesidades colectivas, emergencias, amenazas o intereses nacionales que supuestamente requieren mayores poderes gubernamentales.

La historia demuestra que la concentración del poder suele comenzar por mecanismos legales aparentemente excepcionales que, con el tiempo, terminan incorporándose al funcionamiento ordinario del Estado.

James Madison comprendió que la libertad política no puede depender de la virtud personal de quienes gobiernan. Requiere instituciones capaces de limitar sus ambiciones.

Esa enseñanza conserva plena vigencia.

No es suficiente que un gobierno se autodenomine liberal para que sus decisiones adquieran esa naturaleza. Su liberalismo debe juzgarse por su respeto a las garantías individuales, la división de poderes y los límites constitucionales.

Una legislación que facilite la vigilancia política, la criminalización de expresiones ambiguamente calificadas como desinformación y la acumulación de atribuciones en el Ejecutivo se aleja de esos principios.

La recuperación pacífica de las Malvinas constituye un objetivo constitucional legítimo. Convertir esa causa en fundamento para extender indiscriminadamente el poder gubernamental constituye algo muy diferente.

La soberanía de una nación no se fortalece debilitando las libertades de sus habitantes.

Por el contrario, cuanto mayor es el poder que un gobierno reclama para defender a la sociedad, mayor debe ser la exigencia de controles sobre su ejercicio.

Porque el liberalismo no consiste en confiar en que el gobernante utilizará correctamente un poder extraordinario, sino en impedir que disponga de él arbitrariamente.

Y esa es, precisamente, la diferencia entre un gobierno que invoca la libertad y otro que efectivamente la respeta.

El oro del Banco Central y la ficción del liberalismo monetario argentino

 Por Gabriel Boragina ©

Una nueva controversia en torno al Banco Central de la República Argentina (BCRA) vuelve a poner en evidencia la distancia que separa el discurso liberal del gobierno de LLA de su política económica efectiva. Esta vez, el episodio involucra operaciones financieras realizadas con las reservas de oro durante 2025, cuyo resultado negativo alcanzó los 1.023 millones de dólares. 

La Auditoría General de la Nación (AGN), al examinar los estados contables de la entidad, comprobó que determinadas operaciones con derivados financieros vinculados al precio internacional del oro ocasionaron pérdidas que debieron cancelarse mediante egresos efectivos de divisas.

El gobierno respondió que tales operaciones constituyeron coberturas destinadas a proteger el valor de las reservas y que, considerando la revalorización del metal, el resultado conjunto fue positivo en 2.505 millones de dólares.

Ambas afirmaciones pueden ser simultáneamente verdaderas. Una cobertura financiera puede generar pérdidas mientras el activo protegido aumenta de valor. Por lo tanto, sería incorrecto deducir automáticamente que la existencia de un resultado negativo demuestra una operación especulativa irresponsable.

Pero esta discusión contable, aunque importante, oculta un problema económico e institucional mucho más profundo.

¿Qué hace un gobierno que se proclama liberal administrando discrecionalmente el oro de las reservas mediante operaciones financieras decididas por funcionarios públicos?

 

El problema no es solamente cuánto se perdió, sino quién decidió arriesgarlo

Desde la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, la cuestión fundamental no reside en determinar si los funcionarios del Banco Central acertaron o se equivocaron al anticipar la evolución del precio internacional del oro.

El problema consiste en que esos funcionarios disponen de recursos que no han obtenido mediante intercambios voluntarios en el mercado y cuyas consecuencias económicas no recaen directamente sobre sus patrimonios particulares.

Ludwig von Mises explicó que el cálculo económico racional requiere precios surgidos de intercambios de mercado y decisiones empresariales sometidas a pérdidas y ganancias. Su crítica al cálculo socialista no significa que toda operación realizada por una institución estatal sea necesariamente irracional, pero permite identificar una diferencia fundamental entre la administración política de recursos y la actividad empresarial privada.

Un empresario que compromete su capital responde patrimonialmente por sus decisiones. Si se equivoca reiteradamente, el mercado puede expulsarlo.

Un funcionario público, en cambio, puede adoptar decisiones que comprometan millones de dólares sin soportar personalmente las pérdidas que eventualmente produzcan.

Esta asimetría entre el poder de decidir y la responsabilidad de asumir sus consecuencias constituye una de las diferencias esenciales entre la lógica del mercado y la lógica del Estado.

Que una operación financiera sea técnicamente correcta no elimina esa diferencia.

 

La manipulación monetaria no se vuelve liberal porque la practique un gobierno que se dice liberal

Friedrich Hayek desarrolló una crítica profunda al monopolio estatal de la moneda. En La desnacionalización del dinero (1976), sostuvo que la competencia entre emisores monetarios podía ofrecer una alternativa al privilegio gubernamental de controlar la moneda.

La tesis resulta particularmente incómoda para quienes pretenden presentar al gobierno argentino como representante de la Escuela Austríaca.

Mientras Hayek proponía quitar al poder político su posición privilegiada sobre la moneda, el gobierno argentino mantiene una institución estatal que interviene en el mercado cambiarlo, administra reservas internacionales y decide cómo protegerlas mediante instrumentos financieros.

Es necesario distinguir: contratar una cobertura sobre oro no equivale, por sí mismo, a manipular la cantidad de dinero ni demuestra una alteración artificial de su precio. Sin embargo, constituye una manifestación adicional de la administración centralizada de los activos monetarios.

La contradicción aparece cuando quienes reivindican la libertad económica consideran indispensable conservar una autoridad pública encargada de adoptar decisiones que, en un sistema monetario competitivo, corresponderían a los propietarios de los activos y a las instituciones participantes del mercado.

El problema, por consiguiente, no es el instrumento financiero utilizado, sino el régimen institucional dentro del cual se lo utiliza.

 

Rothbard y el problema del monopolio monetario

Murray Rothbard fue todavía más radical que Hayek en su oposición a la banca central.

En The Mystery of Banking (1983) y What Has Government Done to Our Money?, desarrolló una crítica al monopolio estatal de emisión, a la expansión fiduciaria y a los privilegios bancarios establecidos por el poder político.

Para Rothbard, una moneda genuinamente libre no necesita una autoridad central que determine su oferta ni que administre discrecionalmente los activos que respaldan el sistema monetario.

Desde esa perspectiva, el debate argentino sobre las coberturas del oro resulta particularmente revelador.

El gobierno sostiene que la operación fue conveniente porque el resultado patrimonial conjunto fue positivo. Pero ese argumento presupone precisamente aquello que la crítica austríaca más radical cuestiona: que corresponde a una autoridad estatal administrar centralizadamente esos recursos.

Si mañana el Banco Central obtuviera ganancias extraordinarias mediante operaciones semejantes, ¿se habría convertido por ello en una institución liberal?

Evidentemente, no.

La rentabilidad de una intervención estatal no determina su compatibilidad con el liberalismo.

Un monopolio público no deja de serlo porque sus administradores presenten balances favorables.

 

El argumento del seguro y sus límites

El gobierno comparó las coberturas financieras con la contratación de un seguro automotor. Si no ocurre el accidente, el pago de la prima no constituye necesariamente un error.

La comparación resulta válida para explicar el funcionamiento económico de una cobertura. Sin embargo, omite una cuestión decisiva: ¿quién es el propietario del automóvil, quién contrata el seguro y quién paga sus costos?

Cuando un particular asegura voluntariamente sus bienes, dispone de su patrimonio y asume las consecuencias de su elección.

Cuando una institución estatal contrata instrumentos financieros sobre activos públicos, la decisión se adopta mediante mecanismos burocráticos y sus resultados afectan recursos administrados en nombre de terceros.

La diferencia no es menor.

Tampoco puede justificarse automáticamente cualquier cobertura por el solo hecho de que persiga reducir riesgos. Es necesario conocer sus costos, condiciones, alternativas y criterios de contratación.

En este caso, la negativa del Banco Central a identificar públicamente las contrapartes de las operaciones agrega un problema de transparencia. Sin esos datos y sin información suficiente sobre las condiciones pactadas, resulta imposible realizar una evaluación externa completa de su conveniencia.

Invocar la protección de las reservas no debería funcionar como autorización para sustraer las decisiones financieras del escrutinio público.

 

La verdadera contradicción

La defensa oficial insiste en que estas operaciones se realizan desde 2007.

Pero semejante argumento resulta particularmente desafortunado para un gobierno que asegura representar una ruptura doctrinaria con las políticas económicas anteriores.

Si la práctica viene desarrollándose desde hace casi dos décadas, su continuidad demuestra precisamente la persistencia de los mecanismos de administración monetaria que supuestamente se pretendía superar.

La Escuela Austríaca no sostiene que el problema de la intervención estatal desaparezca cuando sus resultados son positivos, ni que una burocracia se vuelva eficiente porque sus funcionarios invoquen conocimientos técnicos.

Su crítica apunta a la concentración del poder económico, a los incentivos institucionales y a la sustitución de decisiones descentralizadas por decisiones políticas.

Naturalmente, no todas las corrientes austríacas defienden idénticas reformas monetarias. Pero sus principales representantes coinciden en cuestionar, con distintos alcances, la discrecionalidad y los privilegios estatales sobre la moneda.

 

Conclusión

La discusión sobre los 1.023 millones de dólares puede terminar reducida a una controversia entre funcionarios sobre resultados contables.

Pero la cuestión verdaderamente relevante es otra.

Un gobierno que proclama la superioridad del mercado sobre la planificación estatal continúa confiando a una autoridad monetaria centralizada la administración de activos multimillonarios, sus riesgos y sus coberturas.

Y cuando se cuestionan esas decisiones, las justifica invocando la experiencia técnica de los mismos funcionarios cuya intervención debería, desde una perspectiva liberal consecuente, someterse a una revisión institucional de fondo.

No se puede proclamar la supremacía del mercado y, simultáneamente, considerar indispensable que una burocracia estatal conserve el poder de administrar discrecionalmente los recursos monetarios.

El liberalismo no consiste en reemplazar funcionarios considerados incompetentes por otros supuestamente más capaces. Consiste, ante todo, en limitar el poder que unos y otros pueden ejercer.

Mientras esa distinción siga siendo ignorada, la Escuela Austríaca continuará funcionando como una etiqueta política antes que como una doctrina efectivamente aplicada.

Y el Banco Central, gane o pierda con el oro, seguirá siendo una prueba de esa contradicción.

 

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