Por Gabriel Boragina ©
La Argentina parece condenada a repetir una curiosa experiencia histórica: cambiar los nombres de las políticas sin modificar sustancialmente sus fundamentos. Lo que ayer se presentaba como justicia social o desarrollo nacional, hoy se anuncia como estabilización, saneamiento monetario o reconstrucción del mercado. Los discursos cambian, pero el poder político continúa atribuyéndose facultades para decidir sobre cuestiones que, en una sociedad libre, deberían quedar libradas a las decisiones de los individuos.
La llegada de LLA al gobierno estuvo acompañada por la promesa de un cambio radical. La Libertad Avanza no se presentó simplemente como una alternativa administrativa, sino como la expresión política del liberalismo y, particularmente, de la Escuela Austríaca de Economía.
Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek y Murray Rothbard fueron invocados como inspiradores de una transformación destinada a devolver al individuo las facultades que el intervencionismo estatal le había arrebatado.
Sin embargo, una cosa es invocar a los autores liberales y otra muy diferente aplicar consecuentemente sus enseñanzas.
El liberalismo no se define por la identidad de quien ejerce el poder, sino por los límites impuestos a ese poder.
El Banco Central y la contradicción monetaria
Una de las principales promesas de LLA fue eliminar el Banco Central. Su cuestionamiento encontraba sustento en las críticas austríacas a la manipulación estatal del dinero.
Mises explicó que el dinero surge de procesos de mercado y no necesita ser creado por una autoridad gubernamental. Hayek, en La desnacionalización del dinero, propuso la competencia monetaria frente al monopolio estatal. Rothbard defendió la separación entre el dinero y el poder político.
¿Qué encontramos, en cambio, en la gestión de La Libertad Avanza?
Un Banco Central que continúa funcionando, regulando encajes, administrando instrumentos monetarios e interviniendo en el mercado cambiario.
El gobierno podrá argumentar que su eliminación requiere una transición. Pero una transición no es un resultado, y el carácter transitorio de una intervención no modifica su naturaleza económica.
El Banco Central no se convierte en una institución de mercado porque sus funcionarios declaren compartir las ideas de Mises.
El dólar: un precio que continúa administrándose
El régimen de bandas cambiarias constituye otra contradicción significativa.
El tipo de cambio es un precio y, como cualquier otro, debería surgir de las valoraciones y decisiones de quienes participan en el mercado.
Hayek explicó, en El uso del conocimiento en la sociedad, que los precios transmiten información dispersa que ninguna autoridad central puede reunir íntegramente.
Cuando el gobierno establece límites a las fluctuaciones cambiarias e interviene para sostenerlos, sustituye parcialmente esa información por decisiones administrativas.
Podrá sostenerse que las bandas proporcionan estabilidad o facilitan la desinflación. Pero esos objetivos no convierten al mecanismo en un régimen de libertad cambiaria. Al contrario, son políticas intervencionistas
Un precio administrado con mayor flexibilidad continúa siendo, en mayor o menor medida, un precio administrado.
La contradicción reside en presentar como expresión del libre mercado un procedimiento que conserva facultades políticas sobre la formación del precio de la moneda.
El equilibrio fiscal no es sinónimo de liberalismo
El gobierno destaca la obtención de superávits fiscales como uno de sus principales logros.
Un equilibrio presupuestario genuino constituye una condición favorable para evitar desequilibrios económicos. Pero no equivale, por sí mismo, a una política liberal.
Un Estado puede mantener elevados impuestos, numerosas regulaciones y amplias facultades de intervención mientras presenta cuentas equilibradas.
La cuestión no consiste solamente en cuánto gasta el gobierno, sino en qué actividades interviene y mediante qué procedimientos obtiene sus recursos.
Un Estado que recauda cien y gasta cien está fiscalmente equilibrado. Pero si esos recursos fueron obtenidos mediante impuestos que restringen la inversión, el ahorro y el consumo, el equilibrio contable no habrá eliminado esas restricciones.
Mises sostuvo que la función esencial del gobierno consiste en proteger la propiedad, la cooperación pacífica y las condiciones institucionales de la convivencia.
Por consiguiente, la austeridad estatal y la libertad individual no son conceptos equivalentes.
Un gobierno puede ordenar sus finanzas y continuar restringiendo severamente las finanzas de los gobernados.
Impuestos, deuda e intervencionismo
La política tributaria ofrece otra contradicción.
La Libertad Avanza ha reducido o eliminado impuestos intrascendentes, pero conserva gravámenes significativos, entre ellos diversas retenciones a las exportaciones.
Una reducción impositiva (si existiera) disminuye la intervención, pero no supone necesariamente su desaparición.
Cada recurso transferido compulsivamente al Estado deja de estar disponible para los proyectos que sus propietarios habrían elegido libremente.
Tampoco la continuidad del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional constituye una manifestación de economía de mercado.
Los préstamos entre particulares, bajo responsabilidad patrimonial de sus contratantes, son institucionalmente diferentes del endeudamiento público, cuyas consecuencias pueden recaer sobre generaciones que no participaron de esas decisiones.
El problema no es desconocer las obligaciones heredadas, sino confundir las necesidades financieras del Estado con los principios de una economía libre.
Mises advirtió, en Crítica del intervencionismo, que las intervenciones parciales pueden generar distorsiones que inducen a nuevas intervenciones destinadas a corregirlas.
Así, el gobierno pretende liberar determinados mercados mientras conserva instrumentos para corregir sus resultados cuando los considera inconvenientes.
La libertad termina operando dentro de límites definidos por los mismos funcionarios que proclaman defenderla.
El problema político: limitar el poder desde el poder
Existe una contradicción todavía más profunda.
La Libertad Avanza propone reducir el poder estatal, pero pretende hacerlo mediante el ejercicio de ese mismo poder.
La tradición liberal, desde Locke y Montesquieu hasta Hayek, ha insistido en que la libertad no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de los gobernantes.
El amplio recurso a instrumentos ejecutivos, como el DNU 70/2023, plantea precisamente la tensión entre los objetivos de liberalización y los procedimientos institucionales utilizados para alcanzarlos.
El liberalismo no consiste exclusivamente en defender la propiedad privada y la libertad contractual. Comprende también la división de poderes, la seguridad jurídica y la sujeción del gobierno a reglas generales.
Un gobernante no adquiere facultades ilimitadas por declarar que las utilizará para ampliar la libertad.
La pretensión de reducir el poder estatal mediante su concentración encierra una paradoja que el liberalismo clásico procuró resolver mediante límites institucionales, no mediante la confianza en determinados dirigentes.
La doctrina no pertenece a un partido
Las ideas liberales preceden a La Libertad Avanza y continuarán existiendo independientemente de su destino político.
No pertenecen al jefe partidario, a sus funcionarios ni a ninguna organización partidaria.
Confundir la defensa del liberalismo con la defensa de un gobierno transforma una doctrina destinada a limitar el poder en un instrumento para justificarlo.
Mises, Hayek y Rothbard no elaboraron sus teorías para proporcionar argumentos circunstanciales a los gobernantes.
Sus enseñanzas deben servir para examinar críticamente las decisiones políticas, no para legitimarlas automáticamente.
La reducción de la inflación, el equilibrio fiscal y la eliminación de determinadas regulaciones constituirían (de llevarse a cabo algún día) resultados relevantes. Pero no autorizarían a ignorar las intervenciones que permanecen.
La disminución de algunas intervenciones estatales no equivale a la desaparición del intervencionismo como principio de organización económica. Máxime cuando solo se las traslada a otros sectores.
La verdadera prueba de una reforma liberal no consiste en comprobar si el gobernante utiliza sus atribuciones para adoptar decisiones que considera correctas, sino en verificar si, después de la reforma, dispone de menos facultades para imponer sus decisiones a los demás.
Porque una economía no se vuelve libre simplemente porque sus gobernantes invoquen la libertad.
Y una sociedad no deja de estar sometida al poder político porque quienes lo ejercen aseguren que desean reducirlo.
