Por Gabriel Boragina ©
Una nueva controversia en torno al Banco Central de la República Argentina (BCRA) vuelve a poner en evidencia la distancia que separa el discurso liberal del gobierno de LLA de su política económica efectiva. Esta vez, el episodio involucra operaciones financieras realizadas con las reservas de oro durante 2025, cuyo resultado negativo alcanzó los 1.023 millones de dólares.
La Auditoría General de la Nación (AGN), al examinar los estados contables de la entidad, comprobó que determinadas operaciones con derivados financieros vinculados al precio internacional del oro ocasionaron pérdidas que debieron cancelarse mediante egresos efectivos de divisas.
El gobierno respondió que tales operaciones constituyeron coberturas destinadas a proteger el valor de las reservas y que, considerando la revalorización del metal, el resultado conjunto fue positivo en 2.505 millones de dólares.
Ambas afirmaciones pueden ser simultáneamente verdaderas. Una cobertura financiera puede generar pérdidas mientras el activo protegido aumenta de valor. Por lo tanto, sería incorrecto deducir automáticamente que la existencia de un resultado negativo demuestra una operación especulativa irresponsable.
Pero esta discusión contable, aunque importante, oculta un problema económico e institucional mucho más profundo.
¿Qué hace un gobierno que se proclama liberal administrando discrecionalmente el oro de las reservas mediante operaciones financieras decididas por funcionarios públicos?
El problema no es solamente cuánto se perdió, sino quién decidió arriesgarlo
Desde la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, la cuestión fundamental no reside en determinar si los funcionarios del Banco Central acertaron o se equivocaron al anticipar la evolución del precio internacional del oro.
El problema consiste en que esos funcionarios disponen de recursos que no han obtenido mediante intercambios voluntarios en el mercado y cuyas consecuencias económicas no recaen directamente sobre sus patrimonios particulares.
Ludwig von Mises explicó que el cálculo económico racional requiere precios surgidos de intercambios de mercado y decisiones empresariales sometidas a pérdidas y ganancias. Su crítica al cálculo socialista no significa que toda operación realizada por una institución estatal sea necesariamente irracional, pero permite identificar una diferencia fundamental entre la administración política de recursos y la actividad empresarial privada.
Un empresario que compromete su capital responde patrimonialmente por sus decisiones. Si se equivoca reiteradamente, el mercado puede expulsarlo.
Un funcionario público, en cambio, puede adoptar decisiones que comprometan millones de dólares sin soportar personalmente las pérdidas que eventualmente produzcan.
Esta asimetría entre el poder de decidir y la responsabilidad de asumir sus consecuencias constituye una de las diferencias esenciales entre la lógica del mercado y la lógica del Estado.
Que una operación financiera sea técnicamente correcta no elimina esa diferencia.
La manipulación monetaria no se vuelve liberal porque la practique un gobierno que se dice liberal
Friedrich Hayek desarrolló una crítica profunda al monopolio estatal de la moneda. En La desnacionalización del dinero (1976), sostuvo que la competencia entre emisores monetarios podía ofrecer una alternativa al privilegio gubernamental de controlar la moneda.
La tesis resulta particularmente incómoda para quienes pretenden presentar al gobierno argentino como representante de la Escuela Austríaca.
Mientras Hayek proponía quitar al poder político su posición privilegiada sobre la moneda, el gobierno argentino mantiene una institución estatal que interviene en el mercado cambiarlo, administra reservas internacionales y decide cómo protegerlas mediante instrumentos financieros.
Es necesario distinguir: contratar una cobertura sobre oro no equivale, por sí mismo, a manipular la cantidad de dinero ni demuestra una alteración artificial de su precio. Sin embargo, constituye una manifestación adicional de la administración centralizada de los activos monetarios.
La contradicción aparece cuando quienes reivindican la libertad económica consideran indispensable conservar una autoridad pública encargada de adoptar decisiones que, en un sistema monetario competitivo, corresponderían a los propietarios de los activos y a las instituciones participantes del mercado.
El problema, por consiguiente, no es el instrumento financiero utilizado, sino el régimen institucional dentro del cual se lo utiliza.
Rothbard y el problema del monopolio monetario
Murray Rothbard fue todavía más radical que Hayek en su oposición a la banca central.
En The Mystery of Banking (1983) y What Has Government Done to Our Money?, desarrolló una crítica al monopolio estatal de emisión, a la expansión fiduciaria y a los privilegios bancarios establecidos por el poder político.
Para Rothbard, una moneda genuinamente libre no necesita una autoridad central que determine su oferta ni que administre discrecionalmente los activos que respaldan el sistema monetario.
Desde esa perspectiva, el debate argentino sobre las coberturas del oro resulta particularmente revelador.
El gobierno sostiene que la operación fue conveniente porque el resultado patrimonial conjunto fue positivo. Pero ese argumento presupone precisamente aquello que la crítica austríaca más radical cuestiona: que corresponde a una autoridad estatal administrar centralizadamente esos recursos.
Si mañana el Banco Central obtuviera ganancias extraordinarias mediante operaciones semejantes, ¿se habría convertido por ello en una institución liberal?
Evidentemente, no.
La rentabilidad de una intervención estatal no determina su compatibilidad con el liberalismo.
Un monopolio público no deja de serlo porque sus administradores presenten balances favorables.
El argumento del seguro y sus límites
El gobierno comparó las coberturas financieras con la contratación de un seguro automotor. Si no ocurre el accidente, el pago de la prima no constituye necesariamente un error.
La comparación resulta válida para explicar el funcionamiento económico de una cobertura. Sin embargo, omite una cuestión decisiva: ¿quién es el propietario del automóvil, quién contrata el seguro y quién paga sus costos?
Cuando un particular asegura voluntariamente sus bienes, dispone de su patrimonio y asume las consecuencias de su elección.
Cuando una institución estatal contrata instrumentos financieros sobre activos públicos, la decisión se adopta mediante mecanismos burocráticos y sus resultados afectan recursos administrados en nombre de terceros.
La diferencia no es menor.
Tampoco puede justificarse automáticamente cualquier cobertura por el solo hecho de que persiga reducir riesgos. Es necesario conocer sus costos, condiciones, alternativas y criterios de contratación.
En este caso, la negativa del Banco Central a identificar públicamente las contrapartes de las operaciones agrega un problema de transparencia. Sin esos datos y sin información suficiente sobre las condiciones pactadas, resulta imposible realizar una evaluación externa completa de su conveniencia.
Invocar la protección de las reservas no debería funcionar como autorización para sustraer las decisiones financieras del escrutinio público.
La verdadera contradicción
La defensa oficial insiste en que estas operaciones se realizan desde 2007.
Pero semejante argumento resulta particularmente desafortunado para un gobierno que asegura representar una ruptura doctrinaria con las políticas económicas anteriores.
Si la práctica viene desarrollándose desde hace casi dos décadas, su continuidad demuestra precisamente la persistencia de los mecanismos de administración monetaria que supuestamente se pretendía superar.
La Escuela Austríaca no sostiene que el problema de la intervención estatal desaparezca cuando sus resultados son positivos, ni que una burocracia se vuelva eficiente porque sus funcionarios invoquen conocimientos técnicos.
Su crítica apunta a la concentración del poder económico, a los incentivos institucionales y a la sustitución de decisiones descentralizadas por decisiones políticas.
Naturalmente, no todas las corrientes austríacas defienden idénticas reformas monetarias. Pero sus principales representantes coinciden en cuestionar, con distintos alcances, la discrecionalidad y los privilegios estatales sobre la moneda.
Conclusión
La discusión sobre los 1.023 millones de dólares puede terminar reducida a una controversia entre funcionarios sobre resultados contables.
Pero la cuestión verdaderamente relevante es otra.
Un gobierno que proclama la superioridad del mercado sobre la planificación estatal continúa confiando a una autoridad monetaria centralizada la administración de activos multimillonarios, sus riesgos y sus coberturas.
Y cuando se cuestionan esas decisiones, las justifica invocando la experiencia técnica de los mismos funcionarios cuya intervención debería, desde una perspectiva liberal consecuente, someterse a una revisión institucional de fondo.
No se puede proclamar la supremacía del mercado y, simultáneamente, considerar indispensable que una burocracia estatal conserve el poder de administrar discrecionalmente los recursos monetarios.
El liberalismo no consiste en reemplazar funcionarios considerados incompetentes por otros supuestamente más capaces. Consiste, ante todo, en limitar el poder que unos y otros pueden ejercer.
Mientras esa distinción siga siendo ignorada, la Escuela Austríaca continuará funcionando como una etiqueta política antes que como una doctrina efectivamente aplicada.
Y el Banco Central, gane o pierda con el oro, seguirá siendo una prueba de esa contradicción.
