Por Gabriel Boragina ©
La deuda pública argentina constituye uno de los problemas económicos más persistentes de nuestra historia. Sin embargo, su análisis suele quedar atrapado en discusiones estadísticas acerca de su magnitud, composición, moneda de denominación o relación con el producto bruto interno. Estas variables pueden resultar útiles para describir una situación financiera, pero son insuficientes para comprender la verdadera naturaleza económica del endeudamiento estatal.
Desde la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, el problema de la deuda pública debe abordarse desde una consideración mucho más elemental: el Estado no produce riqueza por el mero hecho de endeudarse, sino que obtiene recursos que necesariamente han sido generados por terceros y que, de una u otra manera, deberán ser restituidos mediante impuestos futuros, reducción de otros gastos, nuevos endeudamientos o expansión monetaria.
Por consiguiente, la deuda pública no constituye una fuente autónoma de riqueza, sino una transferencia de recursos y obligaciones a través del tiempo.
La refinanciación no es una operación económicamente inocua
Una de las explicaciones habituales para justificar el crecimiento de la deuda pública consiste en señalar que buena parte de las nuevas emisiones se destinan exclusivamente a renovar vencimientos anteriores. De acuerdo con esta interpretación, el Tesoro puede emitir enormes cantidades de títulos sin incrementar necesariamente su endeudamiento neto, puesto que simultáneamente cancela obligaciones precedentes.
Desde el punto de vista estrictamente contable, la explicación es correcta. Pero de allí no se desprende que el fenómeno carezca de consecuencias económicas.
La refinanciación permanente significa que el Estado no consigue cancelar sus obligaciones mediante recursos genuinamente disponibles, sino que depende de la disposición de terceros a continuar financiándolo. Que un acreedor sea sustituido por otro, o que el mismo acreedor renueve su colocación, no modifica la naturaleza de la obligación.
El problema fundamental es que la deuda continúa existiendo y que su renovación depende de circunstancias que el Estado no controla completamente: las preferencias temporales de los ahorristas, las expectativas de inflación, las tasas de interés, la confianza institucional y las alternativas de inversión disponibles.
La teoría austríaca del interés, desarrollada especialmente por Eugen von Böhm-Bawerk y posteriormente por Ludwig von Mises, explica que la tasa de interés refleja, entre otras cosas, las preferencias temporales de los individuos. No es una variable arbitraria que pueda manipularse indefinidamente sin consecuencias.
Cuando el Estado absorbe una porción significativa del ahorro disponible, compite con los emprendimientos privados por recursos escasos. En consecuencia, puede desplazar inversiones productivas que, de otro modo, habrían contribuido a incrementar el capital y la productividad de la economía.
La renovación de vencimientos, por lo tanto, no debe confundirse con la solución del problema del endeudamiento. Simplemente posterga su cancelación.
El superávit fiscal no garantiza la solvencia
Otro argumento recurrente sostiene que, si el Estado obtiene superávit fiscal, deja de necesitar endeudamiento para financiar sus gastos corrientes.
La afirmación requiere varias precisiones.
En primer lugar, es indispensable distinguir entre superávit primario y superávit financiero. El primero excluye los intereses de la deuda; el segundo los incorpora. Confundir ambos resultados conduce a conclusiones equivocadas sobre la verdadera capacidad del Estado para atender sus compromisos.
En segundo término, incluso un superávit financiero efectivo no demuestra por sí mismo que el endeudamiento acumulado resulte sostenible. Para ello habría que considerar el monto de las obligaciones, sus tasas de interés, sus vencimientos, la evolución de los ingresos fiscales y la capacidad de la economía para generar recursos reales.
Un Estado puede presentar superávit durante determinado ejercicio y, simultáneamente, encontrarse expuesto a una estructura de vencimientos que comprometa sus finanzas en los períodos siguientes.
Además, el superávit no debe considerarse una virtud por sí mismo ya que se obtiene mediante una presión tributaria confiscatoria, impuestos distorsivos o una reducción de gastos que afecta funciones esenciales del Estado.
Desde el liberalismo económico, el objetivo no consiste simplemente en conseguir que el Estado gaste menos de lo que recauda, sino en reducir su intervención y liberar recursos para que sean asignados por los individuos conforme a sus propias valoraciones.
El equilibrio fiscal es una condición importante de estabilidad, pero no sustituye a las reformas estructurales que permitan recuperar el ahorro, la inversión y la acumulación de capital.
La deuda intraestatal: una ficción contable con consecuencias reales
El texto oficial analizado también destaca que aproximadamente entre el 40 y el 45 % de la deuda se encuentra en manos de organismos del propio sector público, entre ellos el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Se argumenta que estas obligaciones tienen menor relevancia porque no representan compromisos frente a terceros ajenos al Estado.
Aquí aparece una distinción contable que merece ser examinada con mayor profundidad.
Es cierto que, al consolidar los balances de las distintas dependencias estatales, los créditos y deudas recíprocos pueden eliminarse. Pero esa eliminación no significa que hayan desaparecido los compromisos económicos subyacentes.
Un título público en poder de un organismo estatal puede representar un activo para ese organismo y un pasivo para el Tesoro. Su consolidación elimina el asiento recíproco, pero no crea riqueza ni aumenta la capacidad productiva del país.
Además, esos organismos administran recursos que tienen destinatarios y finalidades concretas. Los fondos previsionales, por ejemplo, no constituyen patrimonio de libre disposición del gobierno.
El hecho de que el Estado sea simultáneamente deudor y acreedor no convierte automáticamente sus obligaciones en irrelevantes.
La cuestión decisiva consiste en determinar quién soportará finalmente el costo económico de esas obligaciones y qué recursos reales estarán disponibles para afrontarlas.
El traslado de los pasivos del Banco Central
Particular atención merece el argumento según el cual el traslado de pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro constituye un saneamiento financiero.
La explicación oficial sostiene que los pasivos remunerados del BCRA generaban un déficit cuasifiscal, cuyos intereses terminaban alimentando la emisión monetaria. Al transferir esas obligaciones al Tesoro, el problema habría cambiado de naturaleza, puesto que ahora sería atendido mediante recursos fiscales.
Sin embargo, conviene recordar un principio elemental: cambiar el deudor dentro del mismo sector público no extingue la obligación frente al acreedor privado.
Si el Banco Central debía determinada cantidad de dinero a un particular y el Tesoro asumió esa obligación, el acreedor continúa teniendo un derecho de cobro. Lo que se modificó fue la estructura institucional del pasivo y el mecanismo mediante el cual se pretende atenderlo.
Es posible que la operación tenga ventajas monetarias y financieras. Eliminar determinados pasivos remunerados del Banco Central puede reducir mecanismos de expansión monetaria y mejorar la transparencia de sus balances.
Pero ello no autoriza a presentar la transferencia como una reducción automática del endeudamiento consolidado.
Desde el punto de vista austríaco, lo verdaderamente importante es determinar si se ha reducido el consumo de capital, la intervención monetaria y el gasto improductivo del Estado, o si simplemente se ha cambiado el lugar donde se contabilizan las obligaciones.
La contabilidad puede reorganizarse. Los compromisos económicos, en cambio, no desaparecen por una reclasificación administrativa.
Inflación, capitalización de intereses y deuda en pesos
El crecimiento de la deuda también se explica mediante la capitalización de intereses, los ajustes por CER y las variaciones del tipo de cambio.
Estas operaciones pueden incrementar el stock nominal de obligaciones sin que necesariamente se produzcan nuevos desembolsos de dinero.
Pero tampoco debe confundirse la ausencia de un desembolso inmediato con la inexistencia de un costo económico.
Cuando los intereses se capitalizan, el Estado difiere su pago y acumula nuevas obligaciones. La deuda crece por efecto de los intereses devengados, aun cuando no se haya recibido financiamiento adicional durante ese período.
En cuanto a los instrumentos ajustables por inflación, su utilización merece una consideración especial.
Desde la teoría austríaca, la inflación no es simplemente un aumento generalizado de precios considerado como fenómeno estadístico, sino una consecuencia de la expansión monetaria originada en causas ajenas a las decisiones voluntarias del mercado.
Los títulos indexados trasladan parcialmente a los acreedores el efecto de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, pero no eliminan sus consecuencias económicas. Por el contrario, pueden institucionalizar mecanismos mediante los cuales el endeudamiento público se ajusta automáticamente frente a la depreciación monetaria.
Que aproximadamente la mitad de la deuda esté denominada en pesos tampoco significa que el Estado se encuentre protegido de los riesgos cambiarios e inflacionarios. Los instrumentos CER y dollar-linked incorporan mecanismos de actualización que deben ser considerados al evaluar la verdadera exposición financiera.
La deuda respecto del PBI: otra relación que puede engañar
Se suele destacar que la relación entre deuda pública y PBI presenta una tendencia descendente, incluso cuando el stock nominal de deuda aumenta.
Pero esta relación requiere cautela.
El PBI es una magnitud agregada que no representa dinero disponible en las arcas del Tesoro. El Estado no puede apropiarse de la totalidad de la producción nacional para pagar sus obligaciones.
Además, la relación deuda/PBI puede modificarse considerablemente por variaciones del tipo de cambio, de los precios nominales y de los criterios de valuación utilizados.
Desde el individualismo metodológico austríaco, debemos recordar que la riqueza no existe como una magnitud homogénea independiente de las valoraciones individuales. El PBI agrega transacciones heterogéneas mediante convenciones estadísticas, pero no demuestra por sí mismo la existencia de recursos líquidos ni la capacidad efectiva de pago del Estado.
Una reducción de ese cociente no equivale necesariamente a una mejora estructural de la solvencia pública.
La verdadera solución: menos Estado y más capital privado
La discusión sobre la deuda argentina no debería agotarse en determinar si el stock bruto asciende a 474.000, 487.000 o 532.000 millones de dólares, ni en establecer qué proporción corresponde a acreedores privados, organismos internacionales o dependencias estatales.
Esas cifras son relevantes, pero secundarias frente a una cuestión fundamental: ¿por qué la economía argentina necesita mantener semejante estructura de endeudamiento público?
La respuesta remite al tamaño, las funciones y el financiamiento del Estado.
Mientras el aparato estatal absorba recursos que podrían destinarse a la inversión privada, mantenga estructuras burocráticas improductivas y dependa de una presión tributaria elevada para sostener sus compromisos, la posibilidad de alcanzar una economía genuinamente capitalizada continuará limitada.
La Escuela Austríaca enseña que el crecimiento económico no proviene de la manipulación de agregados monetarios ni de la ingeniería contable de los pasivos públicos. Surge del ahorro voluntario, la inversión productiva, la acumulación de capital y el respeto por los derechos de propiedad.
El superávit fiscal constituye el reverso respecto del déficit crónico financiado mediante emisión monetaria o endeudamiento. Ambos no deben convertirse en una excusa para perpetuar una estructura estatal sobredimensionada.
La Argentina no necesita aprender a refinanciar indefinidamente sus obligaciones. Necesita dejar de depender del endeudamiento como mecanismo habitual de funcionamiento gubernamental.
Porque la deuda pública no desaparece cuando se cambia de acreedor, se traslada de organismo o se modifica su denominación monetaria. Tampoco se extingue porque una relación estadística mejore.
En definitiva, la verdadera solvencia de una nación no se mide por la habilidad de sus gobernantes para administrar pasivos, sino por su capacidad institucional para permitir que los individuos produzcan, ahorren, inviertan y acumulen riqueza sin que el Estado comprometa anticipadamente los frutos de su esfuerzo.