El colapso de Ueno Bank y la caída de Santiago Peña exponen los riesgos de la connivencia entre el poder político, la banca privilegiada y la intervención monetaria estatal.
Por Gabriel Boragina ©
El derrumbe de Ueno Bank en Paraguay y sus extraordinarias consecuencias políticas constituyen un episodio que merece ser analizado más allá de sus circunstancias locales. Lo sucedido representa una ilustración particularmente elocuente de los peligros del intervencionismo estatal en materia bancaria y monetaria, especialmente cuando la regulación pública convive con relaciones de privilegio entre empresarios, funcionarios y organismos financieros.
El denominado «efecto Paraguay» debería servir como advertencia para quienes consideran que la estabilidad bancaria puede garantizarse mediante una mayor intervención gubernamental. La experiencia demuestra que la existencia de organismos reguladores, exigencias de capital, controles administrativos y garantías públicas no elimina los riesgos inherentes a la actividad bancaria. En determinadas circunstancias, incluso puede contribuir a agravarlos.
Ueno Bank había experimentado un crecimiento extraordinario hasta alcanzar aproximadamente 2,9 millones de clientes. Sin embargo, a comienzos de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay intervino la entidad después de detectar un deterioro severo de su solvencia: su índice de capital había caído aproximadamente al 5,56 %, frente al mínimo legal del 12 %. Las investigaciones señalaron irregularidades contables, deficiencias crediticias y préstamos a empresas vinculadas con los accionistas.
La crisis adquirió una dimensión todavía más grave al conocerse la exposición de fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social. La inmovilización de cuentas afectó a millones de usuarios y el escándalo terminó desencadenando una crisis institucional que culminó con la destitución del presidente Santiago Peña.
Pero existe una cuestión económica fundamental que no debería quedar sepultada bajo el escándalo político: ¿cómo pudo desarrollarse semejante situación dentro de un sistema financiero sometido a supervisión estatal?
La respuesta no consiste en reclamar simplemente más controles. Esa es, precisamente, la conclusión equivocada que suele extraerse de estos acontecimientos.
La ilusión de la seguridad bancaria estatal
Desde la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, el sistema bancario no puede analizarse independientemente del régimen monetario en el cual funciona.
Ludwig von Mises, en La teoría del dinero y del crédito, y Friedrich A. Hayek, en sus trabajos sobre la desnacionalización del dinero, cuestionaron los fundamentos de los sistemas monetarios sometidos al monopolio estatal y a la discrecionalidad de las autoridades monetarias.
La tradición austríaca advierte que la manipulación del dinero y del crédito distorsiona el sistema de precios, altera las decisiones intertemporales de ahorro e inversión y genera incentivos para emprender proyectos que no necesariamente responden a la disponibilidad efectiva de ahorro voluntario.
Cuando la expansión crediticia se desvincula de un incremento genuino del ahorro, las tasas de interés dejan de transmitir adecuadamente las preferencias temporales de los individuos. Se producen señales artificiales que pueden inducir inversiones equivocadas, acumulación de deudas y estructuras económicas insostenibles.
Este problema también alcanza a las entidades bancarias, cuyos administradores pueden encontrar incentivos para expandir sus operaciones, asumir riesgos excesivos y concentrar créditos en determinados grupos económicos.
El caso Ueno permite observar otra dimensión de esta problemática: la asignación del crédito puede quedar condicionada por relaciones de poder y proximidad política, en lugar de responder a evaluaciones económicas independientes sobre la capacidad de repago y el riesgo asumido.
Los préstamos a empresas vinculadas con los accionistas, si las investigaciones confirman las irregularidades denunciadas, constituyen un ejemplo particularmente grave de esa desviación. No estamos ante un mercado libre funcionando espontáneamente, sino ante una estructura en la cual los incentivos privados pueden quedar distorsionados por la expectativa de protección, influencia o tolerancia estatal.
El riesgo moral y los privilegios bancarios
Uno de los aspectos más cuestionables del intervencionismo bancario es la creación de mecanismos que reducen artificialmente la percepción del riesgo.
Las garantías estatales de depósitos constituyen un ejemplo clásico. Aunque suelen justificarse como instrumentos de protección de los pequeños ahorristas y prevención de corridas bancarias, también pueden producir consecuencias indeseadas.
Si los depositantes consideran que el Estado responderá ante una eventual insolvencia, disminuye su incentivo para evaluar la solidez de las entidades en las cuales colocan sus recursos. Al mismo tiempo, los administradores bancarios pueden asumir mayores riesgos si esperan que una parte de las pérdidas termine siendo absorbida por terceros.
Este fenómeno, conocido como moral hazard o riesgo moral, resulta particularmente peligroso cuando se combina con supervisores que no actúan con independencia o mantienen relaciones políticas con los sectores que deben controlar.
En Paraguay, la controversia adquirió una dimensión institucional extraordinaria por los antecedentes empresariales de Santiago Peña con el grupo propietario de Ueno y por los vínculos del entonces titular del Banco Central con la entidad. Tales circunstancias no prueban por sí mismas responsabilidades penales, pero ponen de manifiesto la importancia de la independencia de los organismos encargados de supervisar el sistema financiero.
La regulación pierde credibilidad cuando quienes deben controlar aparecen vinculados, directa o indirectamente, con quienes son objeto del control. La llamada captura regulatoria convierte al regulador en un potencial instrumento de los mismos intereses que debería limitar.
La socialización de las pérdidas
Hay otra enseñanza fundamental. Cuando una entidad financiera privada acumula pérdidas derivadas de decisiones empresariales equivocadas, sus accionistas y acreedores deberían soportar las consecuencias conforme a los contratos y al régimen jurídico aplicable.
Sin embargo, en los sistemas intervenidos, el Estado suele aparecer como garante de última instancia. Se recurre a fondos de garantía, recursos fiscales, mecanismos extraordinarios de asistencia y, eventualmente, al dinero de los contribuyentes.
De esta manera se produce una asimetría económica y moral: los beneficios de la expansión bancaria pueden quedar concentrados en manos privadas, mientras que una parte de los costos de su fracaso termina trasladándose a la sociedad.
La situación paraguaya resulta especialmente preocupante porque no solamente estaban comprometidos los ahorros de particulares, sino también recursos pertenecientes a organismos públicos y fondos previsionales.
¿Por qué los ciudadanos que no participaron en las decisiones empresariales de Ueno deberían soportar las consecuencias de sus eventuales errores?
Desde una perspectiva liberal, no existe justificación para convertir al contribuyente en asegurador universal de los riesgos asumidos por empresarios privados. La protección de los depositantes no debe confundirse con la protección de los accionistas, administradores o acreedores de una entidad insolvente.
El Estado como fuente de distorsiones
El episodio permite cuestionar una de las premisas más difundidas del intervencionismo: que la autoridad monetaria dispone necesariamente de la información y los incentivos adecuados para administrar los riesgos del sistema financiero.
El conocimiento económico se encuentra disperso entre millones de individuos. Ningún organismo central puede sustituir íntegramente los procesos de descubrimiento, evaluación y coordinación que tienen lugar en un mercado competitivo.
La supervisión burocrática, por sofisticada que parezca, no puede garantizar que los recursos se asignen correctamente ni impedir todas las conductas fraudulentas. Más aún: cuando los organismos estatales concentran facultades regulatorias, monetarias y de supervisión, se crea un espacio propicio para el favoritismo y la utilización política del crédito.
El problema no desaparece aumentando el presupuesto del regulador, multiplicando las exigencias administrativas o creando nuevas instituciones de control. Si los incentivos continúan siendo los mismos, la burocracia puede convertirse en parte del problema.
Una advertencia para Argentina
El denominado «efecto Paraguay» debería ser examinado con atención en Argentina. No porque ambos países tengan idénticos sistemas financieros o monetarios, sino porque comparten un problema institucional recurrente en América Latina: la tendencia a confiar en el poder político para resolver dificultades que, muchas veces, fueron generadas o agravadas por la propia intervención estatal.
La estabilidad monetaria no se consigue mediante discursos, controles administrativos ni decisiones discrecionales de funcionarios. Tampoco la estabilidad bancaria puede descansar exclusivamente en la promesa de que el Estado rescatará a quienes depositaron sus fondos en entidades insolventes.
La tradición austríaca enseña que el dinero, el crédito y las tasas de interés cumplen funciones coordinadoras esenciales. Alterarlas artificialmente tiene consecuencias que tarde o temprano aparecen en la estructura económica.
Por eso, el caso paraguayo debería servir para replantear cuestiones fundamentales: la independencia real de las decisiones financieras, los conflictos de intereses, la responsabilidad de los administradores, los incentivos creados por las garantías estatales y el alcance de los privilegios concedidos a determinadas entidades.
Conclusión: el precio de confiar en el poder político
La caída de Ueno Bank y la destitución de Santiago Peña constituyen una advertencia sobre los riesgos de confundir regulación estatal con seguridad económica.
Un sistema bancario no se vuelve necesariamente más sólido porque acumule organismos de control, exigencias burocráticas y garantías públicas. Puede volverse, por el contrario, más vulnerable cuando esas instituciones generan una falsa sensación de seguridad, distorsionan los incentivos y permiten que las relaciones políticas sustituyan a la disciplina económica.
La lección liberal es inequívoca: los riesgos empresariales deben ser asumidos por quienes los generan, los administradores deben responder por sus decisiones y los recursos de los contribuyentes no deben convertirse en un mecanismo permanente de cobertura de pérdidas privadas.
Paraguay acaba de ofrecer un ejemplo dramático de lo que sucede cuando el poder político, la supervisión bancaria y los intereses privados terminan demasiado próximos.
La verdadera seguridad económica no nace de confiar ciegamente en quienes administran el poder, sino de establecer instituciones que limiten ese poder, respeten la responsabilidad individual y permitan que el mercado discipline a quienes arriesgan recursos ajenos.
El problema no es que el Estado haya dejado de controlar. El problema es creer que el Estado, por el solo hecho de controlar, puede garantizar aquello que sus propias intervenciones contribuyen a poner en peligro.
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