Por Gabriel Boragina ©
La desaceleración de la inflación que exhibe el Gobierno argentino de LLA[1] suele presentarse como uno de los principales indicadores de su gestión económica. La reducción de tasas mensuales extraordinariamente elevadas a registros cercanos al 2 % constituye -de ser real-, sin duda, un dato histórico relevante. Sin embargo, desde la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, tanto su interpretación como las conclusiones que se pretenden extraer de ella merecen algunas precisiones fundamentales.
El primer problema es conceptual. Para los austríacos, la inflación no consiste propiamente en el aumento generalizado de los precios, sino en la expansión de la cantidad de dinero por causas exógenas al proceso espontáneo del mercado. Su origen se encuentra en decisiones de creación monetaria que no responden a las decisiones voluntarias de los individuos que participan en los intercambios. Históricamente, el principal responsable de ese proceso ha sido el Estado, mediante sus privilegios monetarios, la emisión y la expansión crediticia institucionalmente promovida.
Los aumentos de precios son una de las consecuencias de esa expansión, no su definición. Esta distinción, que encontramos particularmente desarrollada en Ludwig von Mises, permite comprender por qué reducir el IPC no equivale necesariamente a haber eliminado las causas de la inflación.
El segundo aspecto fundamental es que la expansión monetaria no afecta uniformemente a todos los precios ni a todos los individuos. Al ingresar el dinero nuevo a través de determinados canales, modifica las relaciones de intercambio, altera los precios relativos y redistribuye poder adquisitivo. Distorsiona, en definitiva, la información que transmiten los precios y sobre la cual los individuos toman sus decisiones económicas.
Por eso, concentrarse exclusivamente en la variación del índice general supone observar una consecuencia agregada y dejar en segundo plano el proceso económico que la produce.
Aquí aparece una segunda limitación: el IPC no representa la experiencia económica de ningún individuo en particular. Es un promedio construido mediante una selección de bienes, servicios, ponderaciones y criterios metodológicos. Quien destina una parte sustancial de sus ingresos al alquiler, quien depende del transporte público o quien consume principalmente alimentos no experimenta necesariamente la misma variación que expresa el índice general.
Pero el problema metodológico no termina allí. El individualismo metodológico también alcanza a quienes elaboran las estadísticas. Los funcionarios y técnicos del INDEC no están fuera del universo de la acción humana ni poseen una posición epistemológica privilegiada por su condición de especialistas. Son individuos que seleccionan información, establecen categorías, determinan ponderaciones y adoptan criterios de clasificación.
Esas decisiones no pueden separarse completamente de los juicios y valoraciones que intervienen en toda construcción metodológica. La elección de una canasta, la determinación de qué consumos representan a la población y la asignación de ponderaciones implican necesariamente decisiones humanas. No existe un observador omnisciente capaz de construir un índice absolutamente neutral, independiente de toda selección conceptual.
Esto no significa que cualquier estadística sea falsa ni que toda metodología sea igualmente arbitraria. Significa que debe reconocerse su carácter convencional y limitado, y que sus resultados no pueden confundirse con una descripción exhaustiva de la realidad económica.
En este punto resulta especialmente pertinente Mises. Un juicio de valor no deja de serlo por el hecho de expresarse mediante cifras, porcentajes o procedimientos matemáticos. La cuantificación no transforma una valoración en una verdad objetiva universal. El índice puede ser técnicamente correcto conforme a sus reglas de construcción, pero las conclusiones que se extraen de él dependen también de los criterios y valoraciones que intervienen en su interpretación.
Los aumentos de alquileres, transporte, servicios públicos, medicina prepaga y alimentos ilustran esta cuestión. Que el IPC general se ubique alrededor del 2 % no significa que todos los individuos experimenten esa variación en sus presupuestos. Tampoco significa que los ingresos hayan recuperado el poder adquisitivo perdido durante los períodos anteriores. Una desaceleración de los precios no devuelve automáticamente lo que la inflación anterior destruyó.
Debe distinguirse, además, entre los aumentos originados por una nueva expansión monetaria y las recomposiciones de precios relativos anteriormente contenidos por regulaciones, subsidios o controles. No todo aumento de precios constituye una nueva inflación monetaria. Pero tampoco toda recomposición de precios significa que el individuo haya recuperado su capacidad económica. Para quien debe afrontar un alquiler actualizado o tarifas más elevadas, la restricción presupuestaria es concreta, independientemente de la clasificación estadística del fenómeno.
Hay otra advertencia epistemológica que Mises desarrolla en Teoría e Historia: los datos históricos describen acontecimientos que efectivamente ocurrieron, pero no contienen por sí mismos una explicación causal ni permiten establecer tendencias irreversibles. Que la inflación haya descendido durante determinados meses no demuestra que esa evolución necesariamente continuará. Una estadística registra resultados pasados; no es una garantía sobre el futuro. La continuidad de un proceso depende de las acciones humanas, las instituciones, las expectativas y las circunstancias que pueden modificarse.
Por consiguiente, pasar de una inflación anual superior al 200 % a otra proyectada cercana al 30 % representa una desaceleración cuantitativamente significativa, pero no equivale a estabilidad monetaria. Una moneda que continúa perdiendo poder adquisitivo a una tasa considerable sigue dificultando el cálculo económico, el ahorro y la planificación de largo plazo.
La cuestión central, entonces, no consiste en negar la reducción del IPC ni en discutir exclusivamente su exactitud estadística. Consiste en evitar que un indicador agregado se convierta en sustituto de la explicación económica.
Desde el individualismo metodológico, la economía no es una entidad colectiva que experimenta una inflación uniforme. Son los individuos quienes producen, intercambian, ahorran, consumen y soportan las consecuencias de las decisiones monetarias. También son individuos quienes construyen las estadísticas con las que luego se pretende describir esos procesos.
La verdadera evaluación de una política de estabilización no debería agotarse en la evolución de un índice, sino examinar si se han eliminado los mecanismos institucionales de expansión monetaria exógena y si se están restableciendo las condiciones para que los precios transmitan información genuina y los individuos puedan realizar cálculos económicos confiables.
La estadística puede demostrar cuánto aumentaron los precios en el pasado; no puede demostrar, por sí sola, que se haya alcanzado la estabilidad monetaria, que la tendencia sea irreversible ni que los individuos hayan recuperado su bienestar económico.
1 Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''.
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