Por Gabriel Boragina ©
La lógica del poder reside en su ejercicio, tanto si se lo acepta dócilmente como si se lo resiste. El poder no deja de ser poder porque quienes están sometidos a él lo consideren legítimo, justo o necesario. Precisamente porque consiste en la capacidad de imponer una voluntad sobre otra, su existencia plantea desde siempre un problema fundamental para la libertad: ¿quién limita a quien tiene poder?
La pregunta no es meramente política. Es, en buena medida, el problema central de toda filosofía liberal.
El liberalismo nació, entre otras cosas, de la desconfianza frente al poder. No porque todo poder sea necesariamente ilegítimo, sino porque ningún poder humano debería ser considerado suficientemente virtuoso como para quedar exento de controles. John Locke había formulado, ya en el siglo XVII, una de las premisas fundamentales de esta concepción: los individuos poseen derechos anteriores al gobierno y el poder político sólo puede justificarse en la medida en que protege esos derechos. El gobierno no es dueño de la sociedad; es una institución creada para cumplir una función determinada.
De allí surge una consecuencia decisiva: el problema no consiste solamente en quién ejerce el poder, sino en cuánto poder se le permite ejercer.
La historia política demostró que cambiar a los hombres que ocupan el poder no resuelve necesariamente el problema del poder. Un gobernante virtuoso puede ser reemplazado por uno autoritario; una mayoría bienintencionada puede transformarse en una mayoría opresiva; un gobierno creado para proteger determinadas libertades puede terminar restringiéndolas en nombre de su propia protección.
Por eso Montesquieu comprendió que la libertad política requería algo más que buenas intenciones. Era necesario organizar institucionalmente el poder de modo tal que ningún poder pudiera disponer ilimitadamente de él. La separación de poderes no constituye, entonces, una cuestión meramente administrativa: es un mecanismo destinado a impedir que la autoridad se concentre y pueda convertirse en arbitraria.
James Madison llevaría esta idea todavía más lejos. En The Federalist Papers, al reflexionar sobre la naturaleza humana y el gobierno, sostuvo que si los hombres fueran ángeles no serían necesarios los gobiernos. Pero como tampoco lo son quienes gobiernan, el problema consiste en construir instituciones capaces de controlar a quienes ejercen autoridad. El gobierno debe tener poder suficiente para cumplir sus funciones, pero también debe estar obligado a controlarse mediante otros poderes.
Aquí aparece una paradoja que acompaña a toda organización política: para limitar el poder es necesario disponer de poder suficiente para limitarlo.
No se trata, por lo tanto, de imaginar una sociedad sin poder, sino de impedir su concentración. La dispersión, división y atomización del poder constituyen mecanismos de defensa de la libertad. Cuanto más concentrado se encuentra el poder, mayor es la posibilidad de que quien lo posee pueda imponer su voluntad sin encontrar obstáculos eficaces.
Benjamin Constant comprendió esta cuestión al distinguir la libertad de los antiguos de la libertad de los modernos. Para estos últimos, la libertad no consiste principalmente en participar permanentemente del poder político, sino en disponer de una esfera de existencia individual dentro de la cual el Estado no puede penetrar arbitrariamente.
La cuestión vuelve entonces al individuo.
Una política verdaderamente orientada hacia la libertad debería procurar que el poder colectivo llegue solamente hasta donde resulta indispensable para proteger los derechos de las personas y garantizar la convivencia. Todo aquello que un individuo puede hacer legítimamente por sí mismo, o que puede realizar voluntariamente junto con otros, no necesita convertirse automáticamente en una atribución del Estado.
La diferencia es fundamental. Una sociedad libre no es aquella en la que nadie puede hacer nada sin autorización, sino aquella en la que cada persona conserva una esfera suficientemente amplia para decidir sobre su propia vida.
Frédéric Bastiat expresó esta preocupación desde otra perspectiva cuando advirtió sobre la transformación de la ley en instrumento para organizar la expoliación legal. Su razonamiento apuntaba a una cuestión esencial: cuando el Estado utiliza la fuerza legítima que posee para transferir derechos, bienes o decisiones de unos individuos hacia otros, el poder deja de cumplir su función protectora y comienza a convertirse en instrumento de dominación.
El problema se agrava cuando la sociedad comienza a considerar que todo aquello que puede resolverse políticamente debe resolverse políticamente. En ese punto, el poder deja de ser un instrumento excepcional para convertirse en una presencia permanente.
Y el poder permanente tiende a expandirse.
Lord Acton resumió esta intuición en una frase célebre: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Más allá de la contundencia de la fórmula, su importancia reside en que desplaza la discusión desde la moral individual hacia la estructura institucional. No alcanza con encontrar personas honestas para gobernar. Hay que impedir que incluso las personas honestas dispongan de un poder excesivo.
Porque la cuestión no es solamente quién gobierna hoy. Es qué podrá hacer mañana quien ocupe el mismo lugar.
Hayek desarrollaría posteriormente una crítica todavía más profunda a la concentración del poder. Una sociedad libre necesita límites generales e impersonales que impidan que una autoridad pueda decidir discrecionalmente sobre la vida de los individuos. Allí donde las decisiones particulares del poder sustituyen a reglas generales, la libertad comienza a depender de la voluntad de quien manda.
De ahí la importancia de la dispersión del poder no sólo político, sino también económico y social. Una sociedad libre necesita múltiples centros de decisión: individuos, familias, asociaciones, empresas, municipios, provincias, organizaciones civiles y un Estado nacional limitado por la Constitución. La atomización del poder funciona como una barrera frente a su monopolización.
Alexis de Tocqueville observó algo semejante al estudiar la democracia norteamericana: la libertad no descansaba exclusivamente en las instituciones centrales, sino también en la existencia de asociaciones y poderes locales capaces de actuar autónomamente. La libertad se aprende y se conserva ejerciéndola en espacios concretos de la vida social.
Pero aquí aparece la gran dificultad del liberalismo: ¿cómo lograr que el poder se limite a sí mismo?
La experiencia histórica ofrece pocas razones para confiar en semejante posibilidad. Quien dispone de poder posee también incentivos para conservarlo, ampliarlo y justificar su expansión. Por eso resulta, en cierto sentido, utópica la idea de un Estado que voluntariamente decida reducir sus propias atribuciones cuando éstas ya existen.
Más paradójica todavía es la pretensión de utilizar el poder del Estado para destruir al propio Estado.
La idea puede encontrarse en determinadas corrientes radicales del liberalismo y del libertarismo: utilizar el poder político como instrumento transitorio para alcanzar una sociedad en la cual ese poder deje de existir. Pero allí aparece una contradicción difícil de ignorar: el instrumento que se pretende destruir debe primero ser suficientemente poderoso como para llevar adelante su propia destrucción.
La historia obliga, por ello, a desconfiar de quienes prometen un poder transitorio destinado a desaparecer mañana. Casi siempre el mañana encuentra nuevas razones para justificar su permanencia.
La verdadera tradición liberal ofrece una solución menos espectacular, pero mucho más realista: no confiar en la virtud de quienes gobiernan, sino establecer límites que también alcancen a los virtuosos; no esperar que el poder renuncie espontáneamente a sí mismo, sino dividirlo, enfrentarlo con otros poderes y someterlo a reglas superiores.
La Constitución, en este sentido, no es simplemente el documento que organiza el Estado. Es, fundamentalmente, un instrumento destinado a decirle al poder hasta dónde puede llegar.
La libertad no requiere la inexistencia absoluta del poder. Requiere que ningún poder pueda convertirse en dueño de la sociedad.
Ésa es, quizá, la diferencia esencial entre una sociedad organizada alrededor del poder y una sociedad organizada alrededor de la libertad.
En la primera, el individuo necesita demostrar por qué debería poder hacer algo.
En la segunda, es el poder quien debe demostrar por qué tiene derecho a impedírselo.
Y allí reside, en última instancia, la lógica profunda del liberalismo: no preguntar solamente quién debe gobernar, sino, antes que nada, qué cosas ningún gobierno debería tener permitido hacer.
