Gasto público, Estado y Poder

por Gabriel Boragina ©

Hay quienes parecen creer que un gasto público elevado queda “justificado” cuando los recursos de los que dispone el gobierno son mayores a ese gasto, es decir cuando existe un superávit primario. Una situación que se presentó en algún momento en -por ejemplo- el caso brasileño :

“Para un observador externo, podría parecerle que el gobierno brasileño lleva una vida consistente, ganando más de lo que gasta. Cada día el gobierno cuenta con más y más mecanismos técnicos para recolectar impuestos, y la lucha contra la evasión fiscal es cada vez más eficiente.

Sin embargo, todas estas mejoras en la eficiencia tributaria no parecen verse reflejadas en la calidad del gasto público. Las inversiones en educación básica, infraestructura y salud no han corregido un estilo de vida bastante desigual entre los brasileños.”¹

El autor citado centra su critica en la “mala calidad” del gasto. Lo que permite inferir que, si -a criterio de él- la calidad del gasto fuera mejor, toda la parafernalia tributaria se encontraría -de alguna manera- “justificada”. De ser esta la interpretación correcta del párrafo anterior, ya hemos expresado de nuestro lado la opinión de que el superávit fiscal -cualquiera sea su causa- podría ser considerado un síntoma de “buena salud fiscal”, lo que significará -en todos los casos- otro en sentido contrario O sea, -por contrapartida- ha de ser visto como otro síntoma equivalente pero de mala salud en el sector privado.

La prensa, muchos académicos y -por supuesto- los políticos suelen presentar como una buena noticia la aparición de cualquier superávit fiscal, cuando -nuevamente- representa una buena noticia para el sector público, y la misma noticia sera muy mala para el sector privado. En cualesquier caso significará que se le están quitando a la gente más recursos de los que esa misma gente estaría dispuesta a entregar al gobierno, suponiendo que puedan tomarse los gastos previstos en el presupuesto como una “expresión” del voto de la ciudadanía (cuestión -a nuestro juicio- bastante alejada de la realidad).

“Si Brasil desea establecer un ejemplo exitoso para sus vecinos, deben seguirse algunos puntos:[...] aprobar instrumentos legales para contener el crecimiento del Estado, al tiempo que se fortalece su papel de guardián de la seguridad pública, proveedor de la educación básica y fuente de políticas para combatir problemas relacionados con la pobreza (por ejemplo, reducción del gasto público y/o disminución de la carga tributaria)”²

Un estado mínimo garantizará -en cualquier caso- una mayor eficiencia económica Pero, bien puede ocurrir que la sociedad y sus dirigentes -no especializados precisamente en materia económica- piensen en conjunto que es “misión” de los gobiernos proveer a todas las necesidades de la gente. Esta errónea concepción económica y legal (porque, asimismo, implica una determinada teoría sobre derechos y obligaciones que incluyen tanto al estado-nación como a sus miembros) es la que tiene -como inexorable consecuencia- los gobiernos elefantiásicos que estamos tan acostumbrados a ver. En nuestra opinión, el tamaño del “estado” no ha de medirse tanto por la cantidad de funciones que este cumple, sino más bien por la cuantía de los recursos que los gobiernos destinan a esas actividades.

Otro caso similar al antes analizado de Brasil se presenta en el Ecuador:

“Para que un país alcance una calificación alta, deberá proveer protección segura de la propiedad privada, asegurar el cumplimiento de los contratos y contar con una moneda estable. También debe mantener bajos impuestos, limitarse en la creación de barreras al comercio doméstico e internacional, y depender completamente en los mercados antes que en los gastos del gobierno y las regulaciones en la asignación de recursos y bienes.”³

Lamentablemente, estas sanas recomendaciones -que son enteramente aplicables, no solamente al Ecuador sino, a todos los países del mundo sin distinción de tiempos- son poco atendidas Por su propia naturaleza, los gobiernos tienden a crecer, y cuando esto ocurre el efecto que aparece indefectiblemente es el de una disminución de la actividad económica privada, presentándose el resultado de un juego de suma cero, es decir, un gobierno grande significará siempre un sector privado pequeño. Quienes más se perjudican de esta consecuencia serán las pequeñas y medianas empresas y los particulares, en especial los asalariados.

“En el Ecuador la función judicial ha estado influenciada por los partidos políticos que continuamente han forcejeado para conseguir una cuota de miembros de la Corte Suprema y otras organizaciones del sistema judicial a nivel regional, así como de los tribunales electorales y organismos de control del gasto público”.⁴

Algo similar ha ocurrido en la Argentina y -seguramente- lo indicado ha de ser un problema en varios países de la región. Aquí es oportuno recordar que, la esencia de un sistema republicano reside -precisamente- en la división de poderes. Su vigencia -entre otros efectos- contribuye a mantener un gasto público en niveles reducidos, ya que, en el punto, un poder deberá hacer de balance y contrapeso de los restantes. Pero, cuando los políticos pujan por predominar en todos los poderes (no solamente el judicial, sino también el ejecutivo y el legislativo) el sistema republicano se resiente y se desvirtúa, toma dimensiones crecientes la corrupción y esto -obviamente- eleva a proporciones importantes el gasto estatal.

De alguna forma, la cita siguiente expresa lo anterior:

“La mayor parte de los gobiernos reconoce los nuevos retos pero enfrenta la realidad cotidiana de cotos de poder, presiones por aumentar el gasto público, llamadas a resolver problemas particulares y a aplicar conceptos que ya no operan, pero que siguen dominando el discurso político y el debate burocrático.”⁵

Hay una cierta uniformidad en la acción de todos los gobiernos que desdibuja sus posibles o declamadas diferencias ideológicas. Quien aspira a gobernar se ve -de cierta forma- condicionado por el estado cultural de su pueblo y las inclinaciones ideológicas dominantes dentro de la sociedad. Esto hace que los gobernantes (pese a tener conciencia de lo malo que significa encarar políticas de neto corte estatista) se inclinen, por razones de índole electoral y a pesar de sus intimas convicciones, a adoptarlas.

No estamos seguros que -como dice la cita- sea la situación de “La mayor parte de los gobiernos”. Quizás resulte un tanto exagerada la generalización si tenemos en cuenta que, dentro del vocablo “gobierno” englobamos los tres “poderes” del mismo (ejecutivo, legislativo y judicial). Tal vez fuera más realista decir que muchos miembros de esos poderes reconocen la predicha problemática. 

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1Claudio Djissey Shikida. Instituto Liberdade, Brasil, “Brasil: De la Substitución de Importaciones al siglo XXI: ¿Qué queda por hacer?”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. pag. 23

2Djissey Shikida, C. Ob. Cit. Pág 24.

3Enrique Ampuero Pareja. Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Ecuador.“El Ecuador no puede prosperar con un Estado de Derecho Débil”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. Pág 33

4Ampuero Pareja, E. Op. Cit. Pág 35

5Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC. Pág 3.