Educación, gasto e incentivos



Por Gabriel Boragina ©

"Como todos los años, el inicio del ciclo lectivo aparece condicionado por la amenaza de paros docentes. Si bien la situación es diversa según la provincia, es altamente probable que para la mayoría de los alumnos el comienzo de las clases no sea dentro de las fechas previstas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el distrito que por su tamaño tiene incidencia en el resto del país, la oferta del gobierno se integra por una recomposición salarial en línea con la meta de inflación del año 2018 más un adicional por presentismo."[1]
El problema de fondo -como tantas veces hemos insistido- es la educación estatal (mal llamada "pública", porque, en realidad, es restrictiva y coercitiva). Los artilugios salariales no han solucionado nunca el problema educativo estatal y, recurrentemente, desde hace décadas la situación que describe el informe se viene repitiendo, al tiempo que las recetas de su posible solución siguen siendo las que el mismo informe sugiere, las que ya se han ensayado, una y otra vez, a lo largo de una extensa experiencia histórica en materia educativa.  La educación estatal presenta un problema doble: tanto de incentivos como de desfinanciamiento. Por un lado, el hecho de estar amparado el maestro estatal por el régimen de la estabilidad del empleado público le asegura que su nivel de "eficiencia" en su desempeño será del todo irrelevante a los fines de continuar percibiendo su estipendio por brindar un servicio malo y de pobrísima "calidad". Por otro lado, al no estar sujeto a la competencia del mercado, el maestro o profesor estatal carecen de estímulos para mejorar y desarrollar sus posibles "potencialidades" en la enseñanza.
"El presentismo es una herramienta rudimentaria y polémica. Se justifica cuando hay un uso abusivo de licencias por enfermedad debido a la permisividad de las normas y de los sistemas de control. Pero si las tasas de ausentismo docente fueran similares al resto de los trabajadores el pago por cumplir con la obligación de ir a trabajar no es necesario."[2]
El "presentismo" no tiene ninguna razón de ser, excepto en un esquema de ineficiencia económica como es el estatal en todos los órdenes que se examinen. Se supone que, cuando se contrata un empleado se le paga lo que acordaron libremente las partes, y que cada una recibe lo pretendido. Pero, en el marco de un acuerdo privado es totalmente válido convenir algún adicional, bonificaciones o premios. Lo que no es tolerable es hacerlo en el ámbito del empleo público, porque con lo que se está "negociando" es con los recursos del contribuyente, es decir, el de todos aquellos padres que envían a sus hijos tanto a escuelas del estado como a las "privadas". Por otro lado, es un despropósito otorgar premios por presentarse a trabajar. Esto tiene sentido cuando la recompensa es por aumento de productividad, lo que nunca puede producirse en la esfera del área estatal en ningún campo.
"Resulta muy sugerente que ninguna provincia publique información sobre presentismo en educación. De todas formas, con datos del Ministerio de Educación de la Nación se puede hacer una aproximación. Según esta fuente, tomando a todas las escuelas primarias del Estado del país entre el 2004 y el 2015 se observa que:
* La cantidad de alumnos matriculados bajó desde 3,66 a 3,31 millones de niños, es decir, hay 350 mil niños matriculados menos.
* La cantidad de cargos docentes frente a alumnos subió desde 244 mil a 285 mil cargos, es decir, hay 41 mil cargos docentes más.
*  Esto significa que la cantidad de alumnos por cargo docente bajó de 15,0 a 11,6.
"Estos datos muestran que las escuelas primarias del Estado tienen cada vez más docentes y menos alumnos. La reducción de la matrícula en las escuelas estatales no es fruto de la deserción escolar (que en primaria es baja), sino de la fuga de los padres hacia las escuelas privadas. Prueba de ello es que en el mismo período la matricula en escuelas privadas subió de 982 mil a 1,24 millones de niños. Estas tendencias sugieren que el ausentismo en las escuelas del Estado es alto y que esto es percibido por las familias que optan por migrar hacia las escuelas privadas. En tanto, se siguen creando cargos en el Estado hasta llegar a la irracionalidad de crearse un nuevo cargo docente por cada 8 niños que dejan las escuelas estatales." [3]
Variaciones en la matrícula y cargos docentes en escuelas primarias del Estado
2004 - 2015

 La circunstancia de que cada vez haya más "docentes" (es una forma benévola de llamarlos) estatales y menos alumnos está indicando a las claras que se están destinando mayores dosis de recursos al área estatal educativa. Esto significa (en términos lisos y llenos) que el sector privado educativo tiene -en esa misma o mayor proporción- menos fondos. Porque, lo que pocas veces se menciona en estos análisis, es que -como explicaba el profesor Ludwig von Mises- por cada centavo que el gobierno gasta significa que hay un centavo menos para gastar por parte del ciudadano de a pie. En otras palabras, se produce un proceso de desinversión en el área educativa privada, y muchos proyectos de padres orientados a financiar escuelas y centros educativos particulares se ven frustrados por la intromisión estatal en el área.
Este es el verdadero problema, que no se cita en el informe ni en muchos otros. El "presentismo" educativo es un incentivo a la vagancia, y a posteriores reclamos por los consabidos "derechos adquiridos" y las falsas "conquistas sociales" que siempre esgrimen los sindicalistas que, amparados por privilegios y prebendas como la legislación fascista de la "personería gremial", se permiten extorsionar a los gobiernos para que succionen más recursos de los contribuyentes, vía impuestos y otras estratagemas y artilugios legales, con tal de ver sus ingresos y arcas sindicales y las de sus afiliados y seguidores cada vez más rebosantes, frente a las más lánguidas de los castigados contribuyentes.
No hay que premiar el "presentismo", sino que hay que castigar el ausentismo de manera ejemplar, con inapelables descuentos de haberes por incumplimientos a las pautas contractuales.

[1] IDESA: "DISMINUYE LA MATRICULA, PERO AUMENTA EL PLANTEL DOCENTE" informe del 25 de febrero de 2018 – Número 745
[2] IDESA, ibidem.
[3] IDESA, ibidem.

El gobierno no debe tener un plan económico



Por Gabriel Boragina ©

Son muchos los economistas que se quejan que el gobierno no tiene un plan económico. Otros, dicen que lo tiene, pero que no es el mejor, otros, que no es bueno, y finalmente, un cuarto grupo afirma que el supuesto plan (existente o no) es malo.
Creo que la pregunta a hacerse es ¿debe el gobierno tener un plan económico? Esta pregunta la respondieron otros economistas, hace mucho tiempo, como Ludwig von Mises y Friedrich A. von Hayek entre los más importantes. Y sus respuestas fueron y siguen siendo contundentes: NO. No debería tenerlo. Y, en el caso de Hayek, dice que no puede tenerlo (aunque quisiera). No podría, por falta de información y la imposibilidad de conseguirla.
Hay varias cuestiones implicadas en esta rotunda respuesta negativa de estos fenomenales economistas. La primera es que, como sustancia el gobierno (cualquier gobierno) en realidad no existe. No hay tal cosa como un "gobierno". Lo que si hay es un grupo de personas que, en virtud de ciertas leyes constitucionales y por medio de ellas, se ha decidido que reciban el nombre de "gobierno", y esas mismas leyes han dotado a esas personas de determinados atributos que detentan exclusivamente ellas y no otras (fuera del gobierno). Esos atributos consisten en especificas potestades, que pueden ejercer legalmente ellas de manera exclusiva.
En suma, y en lo que a nuestro tema interesa, las que toman las decisiones políticas y económicas son esas personas que forman parte de eso que se da en llamar "gobierno", y no ningún "gobierno" como ente fantasmagórico, separado e independiente de las personas que lo integran. Resumiendo: las decisiones y los planes (económicos y no económicos) sólo pueden ser adoptados -y siempre lo son- por seres humanos.
En necesario aclarar siempre el punto anterior, porque estamos tan acostumbrados a manejar conceptos como entelequias tendiendo al antropomorfismo de ideas y percepciones que no tienen sustancia real en el mundo físico que, muchas veces, tenemos propensión a pensar en ciertas instituciones y otro tipo de organizaciones como si fueran seres vivientes independientes de la vida física de las personas que -en contexto- son las que actúan por ellas, y que etiquetan sus acciones personales bajo el rótulo de una entelequia. Esto se lleva hasta el paroxismo, de allí que se enuncia a menudo que el gobierno "dice", el gobierno "piensa", el gobierno "decidió", el gobierno "planea", o "estudia" y cosas así por el estilo, de la misma manera que expresamos Juan piensa, estudia, planea, etc. Y ese uso frecuente y tan arraigado genera, asimismo, la idea errónea de que el gobierno "piensa" una cosa y el presidente puede pensar otra, cuando, la verdad, es que el presidente piensa una cosa y -posiblemente- los miembros de su gabinete o del congreso, probablemente, puedan pensar otra, o lo mismo que él, pero en todos los casos serán siempre más de dos personas las que piensen, y nunca una, como -por ejemplo- el "gobierno", o "el congreso" o peor aún, "la justicia". Detrás de todas estas etiquetas sólo encontramos una sola sustancia: a los seres humanos.
Esto, no significa que dos personas o más no puedan coincidir en una idea. Pero el punto es que no dejan por eso de ser personas diferentes, por más que coincidan en algunos temas, o en todos ellos. No son algo separado de sus personas físicas. Este es mi argumento actual.
Aclarado este punto (que -dicho sea de paso- siempre se debe explicar por las razones apuntadas de ese acostumbramiento social a corporizar entelequias) digamos que los planes, las planificaciones o planeaciones (o como quiera llamárselas) solamente las hacen, y únicamente pueden llevarlas a cabo, las personas. Estas personas, pueden ser los gobernantes o los no gobernantes. Pero siempre serán los individuos que -con un rótulo u otro- planifican.
Es cierto que nuestros lectores advertirán que esto lo dijimos muchas veces, pero persistentemente es necesario recordarlo cada tanto (a veces demasiado seguido).
Y el problema consiste en que los individuos somos naturalmente distintos y, por ende, pensamos distinto, queremos distinto, sentimos distinto, valoramos distinto. Y en lo económico, ahorramos o no, gastamos o no, y nosotros elegimos en qué cosas hacerlo, no hacerlo, y en qué cuantía, para cada una o para todas ellas.
El punto en cuestión es que, si "el gobierno" hace planes económicos por nosotros, nosotros no podemos llevar a cabo los nuestros, porque los recursos con los cuales dichos planes económicos han de materializarse siempre tienen un mismo y común origen: nuestros bolsillos; los míos y los de los lectores. He aquí el problema, el gran dilema que se plantearon los economistas nombrados antes, y otros ¿Quién debe planificar? ¿el gobierno o la gente? Porque, no es posible conjugar ambas planificaciones, dado que los recursos con las que se hacen son de origen y fuente común. Y toda vez que los recursos siempre son de los individuos y nunca de los gobiernos (sus miembros -en rigor- recordemos) lo más justo es que cada uno planifique con lo que es suyo. Entonces, la solución sólo puede ser una sola: el dueño de los recursos con los cuales se planifica debe ser el único planificador. Si los recursos son comunes (por ejemplo, en una sociedad anónima) va de suyo que el principio es el mismo: son los integrantes de la sociedad (los dueños de los recursos) quienes deben planificar. ¿Por qué el gobierno debería hacerlo por ellos, como ocurre con las normativas que regulan las sociedades, sus patrimonios, acciones, modo de repartir los dividendos, etc. si estos recursos no son del gobierno ¿Por qué debería este planificar por sus dueños?
Por ello es que, lo más sano (y, sobre todo, lo más justo) es que los gobiernos no tengan nunca ningún plan económico. Porque -si lo tienen- sus gobernados no podrán ser dueños de su destino, habida cuenta que no disponen de lo que es (por derecho) suyo: sus patrimonios y haciendas. Además, si hubiera acuerdo en esta propuesta, se acabarían los indetenibles debates dirigistas que apuntan a dirimir la sempiterna cuestión de que cómo y cuándo debería planificar económicamente el gobierno la vida de todo el mundo.

El costo del empleo "público"



Por Gabriel Boragina ©

"El gobierno nacional emitió un decreto prohibiendo que los familiares hasta el segundo grado de los funcionarios con cargos de ministro o superior puedan ser designados como empleados de planta en el sector público nacional."[1]
Lo primero que hay que aclarar es una cuestión terminológica. En el tema, hay que hablar estrictamente -y en buen lenguaje- de empleo estatal y de empleados estatales o del estado, porque, en rigor, todo empleo (privado o estatal) es siempre público, porque se trabaja para satisfacer una necesidad, tanto propia (como la del empleado y su empleador) como del resto de la gente (el público), dado que el objeto de todo empleo es remediar una carencia, no solamente laboral sino -fundamentalmente- de consumo. Se trabaja para obtener un ingreso que permita consumir; y se venden bienes y servicios para que otros puedan consumirlos. Por lo que, con el trabajo se satisfacen necesidades públicas. No obstante, en el caso del empleo estatal, solo una de las partes se satisface: la del empleado.
"La medida tiene alta carga simbólica debido a que en la cultura política argentina usar el empleo público como mecanismo para distribuir favores personales, familiares y políticos es una práctica muy arraigada."[2]
Concordamos con el criterio expuesto en el informe que estamos citando y comentando. La incidencia de la medida en el presupuesto nacional es ínfima. y -por lo demás- es absolutamente cierto que el empleo estatal es la perfecta excusa que han tenido y seguirán, sin duda, teniendo todos los políticos de todos los partidos. El empleo estatal es uno de los principales ámbitos que sirve de caldo de cultivo a actos de corrupción. Cabe recordar que el empleo estatal no es propiamente un empleo, sino que en rigurosos términos económicos no es más que un subsidio encubertó al desempleo. Porque el empleo genuino es el que se genera en el sector privado de la economía. En tal sentido cada nuevo "puesto" de trabajo creado en sector publico implicará inexorablemente cierta cantidad de empleo que se pierden en el sector privado de la economía. La diferencia entre unos y otros será el equivalente al subsidio.
"La norma no resuelve los problemas ligados a la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público. En el mejor de los casos, puede ser planteado como un gesto tendiente a romper con las malas prácticas enquistadas. Pero existe el riesgo de que se convierta en un mero acto de oportunismo que desvíe la atención respecto a un tema extremadamente importante."[3]
Es que ninguna norma va a resolverlo, porque no se trata de una cuestión que se solucione con leyes, reglamentaciones, decretos, etc. es decir, con más burocracia, sino que es un problema de incentivos económicos. El estado-nación (y por ende sus agentes-empleados) carecen de incentivos y de parámetros para producir. De hecho, el "estado" como tal no produce nada, los únicos productores son los contribuyentes, que son los que aplican su esfuerzo (mental y/o físico) a la elaboración de bienes y servicios con el objeto de obtener ganancias. Todo lo demás que pueda decirse al respecto es anecdótico.
"¿Cuál es el compromiso que asume el Estado cuando ingresa un nuevo empleado? Tomando como ejemplo un empleado público provincial (66% del empleo público total) que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad y asumiendo que son bajas las probabilidades de renuncia y casi imposible el despido, el costo estimado es el siguiente:
  • ·         Durante su vida activa habrá que pagarle $23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones.
  • ·         Cuando se jubile habrá que pagarle $17 millones más a precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca.
  • ·         Así, designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones."[4]
Costo de nombrar un empleado público con estabilidad


          

            Esto nos da la pauta del descomunal gasto público que representa mantener un ejército de burócratas en todos los niveles, cuya única función es vivir del erario público. Esta vez el vocablo "público" si viene a propósito, por cuanto toda esta inmensa masa de empleados vive del resto del público que somos los que en definitiva solventamos sus vidas y pasares. Si se multiplica esta fenomenal cifra por la cantidad de empleados públicos existentes al día de la fecha se puede tener una noción del nivel de despropósito que existe en materia de empleo estatal y -proyectándonos- en el del resto de los rubros del presupuesto nacional, además del impacto negativo severo que estos guarismos producen en el gasto público total. Fundamentalmente, lo más grave es lo que apuntamos anteriormente, y que es que toda esta gente no produce absolutamente nada, sino que -por el contrario- se dedican a hacernos cumplir tramites administrativos inacabables y costosísimos que hacen pesar sobre las espaldas del sector privado de la economía.

"Estos datos son aproximados pero muy ilustrativos de la magnitud de recursos públicos que quedan comprometidos cuando ingresa un nuevo empleado al Estado. El principal determinante es la rígida aplicación de la estabilidad del empleo público. Aunque en la enorme mayoría de los casos el ingreso es bajo modalidades que no contemplan la estabilidad (pasantías, monotributo, contrato a plazo, etc.), una vez incorporado, prevalece la presión por la permanencia. Lo que inicia como un ingreso transitorio y precario, en los hechos deviene en un empleo de por vida."
El principio de la estabilidad del empleado público es un agravante al cuadro de situación ya descripto antes. No tiene razón de ser, porque no rigen las mismas reglas que se deben enfrentar en el sector privado donde la competencia implacable hace que debamos mejorar cada vez más nuestro desempeño ofreciendo más y mejores bienes y servicios al menor precio posible. El sector estatal no está sujeto a estas reglas ¿cabe premiarlos además con estabilidad en sus asientos de oficina? En realidad, la presión existe en una doble dirección, porque el contratado por el gobierno presiona para quedar efectivo, y que el a fin lograr conseguir la efectividad en su puesto comenzará a presionar para no perderla. Se trata de un circulo vicioso porque ya sea en un sentido o en el otro la presión existirá.


[1] IDESA: "CADA NUEVO EMPLEADO PÚBLICO COMPROMETE $40 MILLONES”. 4 de febrero de 2018 – Número 742
[2] IDESA, Ibidem.
[3] IDESA, Ibidem.
[4] IDESA, Ibidem.

El derecho de propiedad y su violación

Por Gabriel Boragina © Desde todos los ángulos imaginables se reclaman con urgencia "políticas públicas" como supuesta y ú...